Dos detenidos y uno de ellos prófugo, el magro resultado de la procuración de justicia para los cientos de denunciantes; “no vamos a parar hasta que la autoridad haga lo suyo”, advierten

Texto: Fabián Sánchez / Pop Lab

Ilustración: Pinche Einnar

GUANAJUATO. – Desesperadas por la falta de resultados y la actuación de la Fiscalía general del estado, decenas de víctimas de un mega fraude inmobiliario orquestado entre abogados y notarías en León destaparon con diversas protestas y movilizaciones este delito cometido masivamente, así como el hecho de que, desde hace por lo menos de dos años a la fecha, la FGE ha recibido 300 denuncias que incluyen al menos a 418 personas afectadas. Solo 3 de ellas han sido judicializadas por el ministerio público.

“Este caso es conocido por la Fiscalía y por el gobernador, hay denuncias desde hace dos años y no se ha hecho nada, existen argumentos y pruebas suficientes, estamos un montón de gente ofendida; no creemos que no sea bastante para que tomen medidas”, expresó Arturo Vázquez, uno de los muchos afectados.

Con todo y este cúmulo de carpetas de investigación iniciadas por la instancia, fue la protesta pública lo que presionó para que se avanzara con órdenes de aprehensión, por las cuales fueron detenidas solamente dos de los indiciados: el abogado Edgar Francisco, quien después de ser detenido salió en libertad tras pagar una fianza de 5 mil pesos, y al día de hoy se encuentra prófugo, y su hermano Fernando “N”, quien fue presentado ante un juez pero lleva su proceso en libertad.

Esto dejó una sensación amarga entre los afectados.

Con indignación, las víctimas revelaron que los fraudes fueron consumados de esta manera: los imputados ofertaban las propiedades a precios atractivos, los compradores los contactaban y acordaban la compra. El pago y la firma de la compraventa se realizaba en las notarías 47, 48 y 102, con la promesa de que siete meses después les entregarían los inmuebles, pero esto jamás sucedió.

Fue así que, ante la pasividad de la fiscalía y motivados por recuperar su patrimonio, los afectados optaron por conformar un grupo que con manifestaciones y marchas ha logrado dar a conocer su caso ante la opinión pública.

Las protestas llegaron a oídos del gobernador durante un evento con notarios en la Alhóndiga de Granaditas, en Guanajuato capital; un día después fueron recibidos por el fiscal Carlos Zamarripa, quien les prometió ayudarlos. Sin embargo, estas reuniones no abonaron en nada para agilizar las denuncias de las víctimas.

La presión de las víctimas no cesó, y el 25 abril una nueva manifestación conformada por más de 50 personas marchó desde la central de abastos en León hasta llegar a las instalaciones de la fiscalía, en donde al grito de “¡Justicia! ¡Justicia!” exigieron ser atendidos por Juan Manuel Zapata, jefe del departamento de investigación de Delitos Patrimoniales.

“El fiscal nos prometió asesoría jurídica, pero no la hemos visto, mucha gente ha tenido que vender sus autos y sus cosas para poder pagar un abogado penalista porque no son nada baratos“, detalló Alejandra Gómez.

Fraude llega a los 418 casos y 300 denuncias

A finales del mes de marzo, un grupo de personas denunció públicamente que estaban siendo víctimas de una estafa a gran escala, de la que responsabilizaron al abogado Édgar Francisco Franco. El fraude se habría cometido a través de la venta de supuestos remates bancarios.

Pronto, más casos se darían a conocer, así como los montos por los cuales eran ofertadas las viviendas, que iban desde los 270 mil pesos hasta el millón de pesos. Algunos de los denunciantes señalaron que hubo personas que pagaron más de una propiedad, como Patricia, quien explicó que adquirió dos viviendas con la esperanza de vivir de la renta de estas propiedades, pues a sus 56 años de edad, la opción de conseguir trabajo es casi imposible.

“Pagué 410 mil por dos propiedades, mi esposo se enfermó y tuve que pedir dinero prestado para pagar las cirugías, si hubiese tenido ese dinero no estaría en ceros como lo estoy ahora”, relató la afectada.

Estas gangas eran ofertadas a través de Facebook, los precios eran atractivos para las víctimas y los trámites más que sencillos. Solo debían realizar el pago en efectivo y siete meses después les entregarían su nuevo hogar. Pero esto nunca sucedió y en su lugar vinieron excusas y amenazas para los defraudados.

De acuerdo con información de las víctimas, el abogado Édgar Francisco los atendía en el despacho “Punto Legal”, para luego trasladarse a las notarías 47, la 48 y la 102, en donde los estafados entregaban el dinero y realizaban la firma de los supuestos contratos de compraventa, cuando en realidad éstos eran de prestación de servicios. Por este motivo le fue revocado su FIAT a Enrique Macías Chávez, titular de la notaría pública 47, mientras el resto permanece bajo investigación.

“Nos citaban en las notarías para firmar los documentos, ahí entregamos el dinero y se firmaban los papeles para dentro de 7 meses entregarnos nuestras casas”, recordó Angélica Frías.

Asimismo, los afectados denunciaron que fue bajo este esquema que el abogado vendió más de 400 propiedades, las cuales están habitadas y tienen dueño. Según información proporcionada por las víctimas, la suma del fraude supera los 150 millones de pesos, aunque esta cifra podría crecer.

“Ya son 418 las familias afectadas, es el conteo que llevamos ahorita pero podrían ser más, cada vez salen más casos a la luz”, explicó Blanca Ríos.

La versión de los denunciantes señala que los trabajadores del despacho se hacían pasar por notarios; esto hizo que los afectados confrontaran a Édgar Francisco, pero este los amenazaba.

“Él nos decía que siempre estaba armado, llegábamos a su oficina y tenía la pistola sobre el escritorio, así uno qué le decía, ni cómo reclamar”, relató Antonia Méndez.

Hoy las víctimas ascienden a más de 400 personas, de las cuales 300 han interpuesto su denuncia ante la FGE.

“Constantemente íbamos a las notarías y fue así que nos dimos cuenta que éramos varias las personas que nos encontrábamos en la misma situación, incluso algunos tenían más tiempo batallando con el abogado”, expresó la señora Marina.

Mientras esto sucedía, los defraudados advertían sobre el desalojo de las oficinas Punto de Legal, ubicadas en la calle Luis Cabrera 111, de la colonia La Alameda y en Juan Alonso de Torres 1816 Poniente, Interior 102, así como la probable fuga del abogado Édgar Francisco Franco, presunto responsable.

Por fin, el 1 de abril, la FGEG anunció la detención del abogado en la ciudad de Monterrey, para enseguida ser trasladado a la ciudad de León, en donde el 3 de abril comenzaría su proceso legal.

Sin embargo, horas más tarde el inculpado era dejado en libertad por la jueza María Lourdes Rincón, pues había solicitado con anterioridad un amparo y pagado la cantidad de 5 mil pesos como medida cautelar, a fin de llevar su proceso en libertad.

Dos días después, la Fiscalía emprendió una nueva búsqueda para dar con él, sin que hasta el momento haya sido localizado, lo que generó molestia e indignación de los defraudados.

“Son demasiadas denuncias y lo liberan por 5 mil pesos, esto es una burla, sólo sus derechos valen”, reclamó Arturo Vázquez.

Promesas sin consecuencias

Los pobres resultados, sumado al coraje de las víctimas, trajo consigo una serie de movilizaciones que iniciaron el 27 de marzo, durante durante la toma de protesta del Colegio de Notarios, en donde fueron atendidos por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez, pero esto no bastaría, pues la reunión no se tradujo en avances por parte de la Fiscalía.

Por ello, de nueva cuenta los defraudados salieron a las calles el 28 de marzo, esta vez para solicitar una audiencia con el fiscal Carlos Zamarripa, pero el discurso fue el mismo, más promesas que no se cumplieron.

“Solo han sido promesas vacías, no hay resultados, tampoco la ayuda jurídica que nos prometieron”, expresó Nayeli García.

El 12 de abril, las víctimas tomaron las calles de la zona centro de León hasta llegar al salón de Cabildos de la Presidencia Municipal. Ahí, los inconformes expresaron su molestia y su incredulidad ante la incapacidad de la fiscalía de atender sus denuncias, al tiempo que la alcaldesa Alejandra Gutiérrez les ofrecía canalizarlos a la misma instancia.

“No queremos promesas, queremos que agarren a los delincuentes, nos reunimos con Carlos Zamarripa, detuvieron a Edgar y luego lo soltaron, ahora ya no saben ni en dónde está”, reprochó José Luis.

La noticia de la audiencia de Fernando “N”, hermano del principal acusado como presunto responsable del fraude, provocó una nueva manifestación a las afueras del Cereso, previo a que fuera presentado ante un juez.

Con la vinculación a proceso de Fernando y una ligera sensación de avance en sus demandas, un contingente de más de 50 personas partió de la central de abasto de León hasta llegar a la entrada principal de la fiscalía de León.

Bajo el rayo del sol y con pancartas en mano, los afectados exclamaron: “¡Zapata, en dónde está la rata!” y “¡No más corrupción!” para después exigir una nueva audiencia con Juan Manuel Zapata.

A la pregunta expresa del motivo de la marcha, las víctimas explicaron que la causa fue la falta del apoyo jurídico y de agilizar la judicialización de las carpetas.

“Es triste decirlo y un tanto vergonzoso, definitivamente no habíamos visto respuesta por parte de ellos; fue necesario que se manifestara el grupo en el Cereso y fue necesario que hiciéramos las marchas, plantones, bloqueo y también nos desplazamos a Guanajuato solicitar el apoyo del gobierno”, expresó Ubaldo Magallanes.

Los afectados señalaron que el personal del Ministerio Público trata de desalentarlos cuando interponen sus denuncias, argumentando que el abogado Edgar Francisco “es una buena persona”.

“Sigue habiendo anormalidades, al momento de levantar un acta la persona que nos recibe la denuncia nos cuestiona por qué lo demandamos, si Edgar es una buena persona, además de que sigue habiendo obstaculizaciones de las investigaciones”, explicó María de la Rosa.

Fue así que tras media hora, un representante de la fiscalía salió a indicarle a los manifestantes que nombraran a una comisión de 8 personas para que se reunieran con el jefe del departamento de investigación de Delitos Patrimoniales.

Al salir de la reunión, el grupo se reunió con el resto de los manifestantes para explicarles que Manuel Zapata se había comprometido a agilizar la judicialización de las carpetas, además de dar seguimiento a las quejas contra los funcionarios que han tratado de manera prepotente a los denunciantes.

“Son más promesas, esperemos que sí las cumplan, si no, aquí nos volveremos a ver, no dejaremos de presionar”, advirtió Margarita Robles.

“Continuaremos presionando”

Para las poco más de 400 víctimas, la vinculación a proceso de Fernando “N”, hermano del presunto responsable de los fraudes Édgar Francisco Franco, durante su audiencia del 1 de abril, es para ellos un gran avance logrado gracias a las protestas.

Los 8 demandantes que estuvieron presentes durante la audiencia revelaron que si bien Fernando llevará su proceso en libertad, tiene como medida cautelar presentarse cada 15 días a firmar, así como cubrir un pago de 50 mil pesos.

Sin embargo, aseguraron que durante la audiencia, la defensa del inculpado solicitó el desalojo de los afectados, argumentando que estaba recibiendo amenazas por parte de las víctimas, pero el juez no accedió a su petición.

“Nos querían sacar ¿para qué? esta vez no nos vamos a dejar y estaremos muy cerca del proceso”, aseguró Armando Cisneros.

Pese a que a Fernando “N”, le esperan dos audiencias más, las víctimas se dicen conscientes de que aún faltan 297 demandas más que atender.

“No puede ser que la Fiscalía no tome cartas en el asunto, o les faltan más pruebas, eso lo saben ellos y ¿qué han hecho?”, exclamó Lorena Olivares.

Mientras que el señor Arturo Vázquez, otro de los afectados, reprochó al fiscal y al gobernador su poca voluntad de ayudarlos, pues las promesas nunca se cumplieron.

“Hace 15 días el licenciado Zamarripa tuvo una reunión con todos los afectados y nos dijo que nos iba a apoyar, que nos iba a dar abogados de oficio, pero no han hecho nada; de hecho, en el ministerio Público ni siquiera nos quiere recibir y tampoco quieren judicializar las carpetas”, reprochó José Luis.

“Que el fiscal Carlos Zamarripa haga su chamba como debería ser, que se preocupe porque las carpetas se judicialicen, porque el proceso es larguísimo para que una carpeta se pueda judicializar”, pidió Arturo Vázquez. De esta manera los afectados son violentados en su derecho de acceso a la justicia.

“Nos dicen que nos esperemos y que ellos nos van a llamar, pero no lo hacen, el que vengan los representantes del gobierno estatal no cambia nada, no nos van a dar solución”, relató Juana Hérnandez.

Mientras que otros señalaban a la jueza por haber dejado en libertad a Édgar Francisco, pese a contar con más de 200 denuncias en contra.

“Nos dice la jueza que fue un error, según ella, ¿200 denuncias no se le hacen suficientes para saber que es tipo que nos ha defraudado? No vamos a parar aquí, yo sé que es un proceso largo, pero ni modo”, sentenció Mayra Alejandra.

Los manifestantes continuarán con las movilizaciones ante la falta de avances en sus demandas, ahora buscan presionar para que detengan de nueva cuenta al abogado.

“Continuaremos, no vamos a parar hasta que las autoridades hagan lo suyo, ya no podemos estar solo esperando a que nos llamen”, explicó Francisco Gómez.

*Los nombres de algunos denunciantes fueron cambiados para proteger su identidad.

Este trabajo fue realizado por POPLAB, integrante de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes ver la original.