Una nueva investigación de Mediapart pone el ojo al Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado, una de las redes de investigación más influyentes del mundo, quienes desde su creación han recibido más de 47 millones de dólares del gobierno de los Estados Unidos

Texto: Luciana Oliver Barragán

Foto: Gage Skidmore / Wikimedia

CIUDAD DE MÉXICO. – La OCCRP (Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado) es una de las redes de investigación más influyentes del mundo, conocida por proyectos como los Panama Papers, Pandora Papers y Pegasus Project.

Sin embargo, una nueva investigación de Mediapart cuestiona su independencia editorial por el importante financiamiento que recibe del gobierno de los Estados Unidos. Esto, porque a través de agencias como el Departamento de Estado y la USAID, la OCCRP ha recibido más de 47 millones de dólares desde su creación, lo que la convierte en el mayor receptor de fondos gubernamentales, por encima de otros financiamientos privados o de consultorías.

Periodismo de investigación para promover los intereses de Estados Unidos

El vínculo entre la OCCRP y el gobierno estadounidense no se limita a un financiamiento marginal. Según la investigación de Mediapart, elaborada por Yann Philippin y Stefan Candea, en un inicio a la red la financió la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado, cuyo objetivo es «combatir la delincuencia internacional y las drogas ilícitas». Este respaldo financiero tiene implicaciones claras sobre la orientación de las investigaciones realizadas por la red, precisa la investigación.

Entrevistado por Mediapart, Drew Sullivan, cofundador de la OCCRP, defendió la independencia editorial de la red, asegurando que los fondos no influyen en su trabajo.

No obstante, como señala el trabajo de Yann Philippin y Stefan Candea, el financiamiento está sujeto a la Ley de Asistencia Exterior de los Estados Unidos, que estipula que los fondos deben alinearse «con la política exterior y los intereses económicos de Estados Unidos y promoverlos».

Esto implica que las investigaciones financiadas por el gobierno estadounidense tienden a centrarse en temas y países clave para su política exterior.

El caso venezuela

Según la investigación de Mediapart, los fondos del gobierno de Estados Unidos han dirigido la atención de la OCCRP hacia países considerados enemigos o adversarios de Washington, especialmente Venezuela y Rusia.

Por ejemplo, en 2021 y 2022, el Departamento de Estado destinó 173 mil 324 dólares a la OCCRP para investigar el caso venezolano, en un contexto de creciente apoyo a la oposición política en ese país, liderada por figuras como María Corina Machado.

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Este financiamiento está vinculado con esfuerzos más amplios de Estados Unidos para presionar por un cambio de régimen en Venezuela, a través de informes académicos como los del Wilson Center –del que es parte Antony Blinken, actual secretario de Estado de los Estados Unidos– que presentan a la oposición como la única alternativa viable para superar la crisis.

Medios y ONG al centro de la estrategia

La ruta que recomendó el Wilson Center es que la oposición venezolana debía entrar en un proceso de «negociación» para «el cambio de régimen». En este proceso de negociación, la recomendación era contender en las elecciones para recuperar «la gobernabilidad» y no apostar a la violencia en las calles, aunque sí a protestas que denunciaran al gobierno. 

La idea central era presentar una fuerza política que, de la mano de los organismos internacionales, propusieran «alentar negociaciones, construir coexistencia, proteger los derechos humanos, facilitar una gobernabilidad democrática efectiva y promover la recuperación económica», dice el informe.

Para esto, según recomienda el informe del Wilson Center, es necesario «fortalecer a la sociedad civil», y dice a la oposición que «diseñen y acuerden sobre los procesos que documenten violaciones sistemáticas a los derechos humanos, la supresión de las libertades democráticas y la grotesca corrupción».

En esta estrategia, la OCCRP ha sido clave en producir documentos que critican al gobierno de Nicolás Maduro, a quien de hecho, recientemente nombraron como el «Lord of misrule», es decir, el señor de la corrupción, una lista que anualmente elabora la OCCRP para reconocer a las personas que, en su lectura, promueven la actividad criminal organizada y la corrupción en el mundo.

En la lista de este año, también aparecen el presidente ruso, Vladimir Putin, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, y el presidente sirio, Bashar Al-Assad, países que sostienen claras diferencias con el gobierno de los Estados Unidos.

El financiamiento a debate

Aunque la OCCRP se presenta como una red independiente, los investigadores y periodistas de la organización son conscientes de que su financiamiento por parte de agencias gubernamentales puede generar tensiones, especialmente si el gobierno de los Estados Unidos no recibe bien sus investigaciones, como reconoció Drew Sullivan con la emisora alemana NDR, donde aceptó que existe la posibilidad de que les retiren los fondos si una investigación coordinada por la OCCRP causa descontento al gobierno estadounidense.

La investigación de Mediapart pone de manifiesto la delicada relación entre el financiamiento gubernamental y la independencia editorial. El caso de la OCCRP es ejemplo de ello, pues a pesar de los esfuerzos por garantizar la autonomía en las investigaciones, el control de los fondos por parte de actores estatales influye en la dirección de las narrativas producidas, especialmente cuando se trata de temas que afectan los intereses económicos y políticos de Estados Unidos.

Mediapart es un medio digital independiente y de investigación que se financia a través de un modelo de suscripciones. Su sede es Francia, y fue fundado en 2008 por Edwy Plenel, exdirector de información de Le Monde.