En el Estado de México, la justicia se niega a dar la reparación que, por ley, debe dar a la víctima de un secuestro y asesinato. 

Por: Lydiette Carrión / @lydicar

La familia de Bárbara Reyes Muñiz pasó más de 12 años buscando justicia para su hija, secuestrada cuando tenía 16 años en Izcalli el 8 de agosto de 2011. El agresor fue sentenciado en enero de 2022. Parte de la sentencia determina que la familia de la adolescente tiene derecho a una reparación del daño que el Estado debe proporcionar. Sin embargo, éste se ha negado.

Alejando Reyes es padre de Bárbara. Él explica: “Por ley, cuando exista  cualquier delito, en la sentencia siempre debe estar incluida la reparación del daño. Todo tiene que ser proporcional y alguien tiene que hacer un estudio”. 

El secuestrador fue detenido. Pero pasaron más de 10 años y un periplo legal, de investigaciones y búsquedas,  para una sentencia: 70 años y lo que inicialmente fue un pequeño monto de reparación del daño. El sentenciado interpuso un amparo, pero  un segundo juez concluyó que fue  juzgado correctamente. Ratificó la sentencia a 70 años, y además aumentó el monto de la reparación  de daño. 

Como todos los familiares de víctimas saben, cuando una persona es asesinada, no sólo queda un enorme dolor emocional, un duelo. Hay también la interrupción de un proyecto de vida. No sólo mataron a Bárbara. Su madre, su padre y hermanas tuvieron que detener sus proyectos, sus sueños. Se dedicaron primero a buscarla en vida, y luego a investigar para aportar evidencias e insumos para detener al secuestrador y asesino. 

El secuestrador se declaró insolvente. Dijo no poder pagar. Entonces la familia realizó un procedimiento administrativo que implicó otro año de espera, para que también legalmente procediera que el asesino es insolvente. Entonces, por ley, la Comisión de Víctimas del Estado de México debería pagar el monto determinado por el juez.

“La ley dice que si el sentenciado no puede cumplir, el Estado mexicano es obligado solidario. Y son las comisiones de víctimas las encargadas de hacer esto. Según la ley, ellos son los encargados de atender, pero no dice explícitamente que son los encargados de pagar”, explica el padre de Bárbara.

Así que la familia entregó toda la documentación solicitad. Y la Comisio´n determinó que sí tiene derecho a la solicitud, pero que no pagaría  porque anteriormente, años atrás, la comisión otorgó un apoyo económico.

“Ese apoyo económico que nos dieron, yo creo que fue con muy buena intención de la encargada de la comisión en ese entonces, María Isabel Sánchez”, explica. Se trató de una octava parte del monto determinado por el juez. 

ella nos incluye en un programa de atención a víctimas de feminicidio. Sin embargo, todo el caso de Bárbara, hasta llegar a la sentencia, no se declara feminicidio.

Con ese apoyo, la Comisión alegó  una cláusula en su reglamento  que determina  que se dará el apoyo “siempre y cuando no se haya dado apoyo anteriormente”. 

La familia incluso trató de negociar que, al menos le dieran lo faltante (un monto siete veces mayor al recibido como “ayuda”), aunque esto sería inconstitutcional, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero ni aún así la Comisión de Víctimas del Estado de México aceptó. 

“Nos duele mucho, porque sentimos que (al denunciar) le pegamos a la comisión, y las comisiones fueron algo que muchas familias construimos. Pero esto es incorrecto, concluye Alejandro Reyes.

La familia solicitó audiencia el pasado 9 de agosto con la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, pero hasta la fecha no ha habido respuesta. Por lo que la familia emitió un comunicado público, en el que advierte: 

Es importante presentar y subrayar que no hay valor económico que realmente nos otorgue la paz y tranquilidad de perder una hija, pero en estos 14 años hemos perdido tanto; en estabilidad emocional, estabilidad laboral y económica, en  cuestiones de salud, en pérdidas patrimoniales y mucho más… realizando el trabajo que el Gobierno Mexicano debió evitar, en primera instancia; y no lo logró o investigar y resolver el y/o los actos delictivos de los que fuimos víctimas y tampoco lo logró en tiempo y forma o no les interesó lograrlo. Y por ello considero que lo más importante hoy es sentar precedentes que sirvan para inhibir actos delincuenciales y omisiones gubernamentales en actos similares, la ejecución de la sentencia de manera integral es lo correcto y puede allanar el camino de otros casos similares”. 

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