Organizaciones descubrieron una operación encubierta que vigilaba a Leónidas Iza, dirigente indígena de Ecuador. El caso revela chats secretos, un periodista falso y la sombra del Estado en el espionaje político

Texto: Gabriela Ruiz

Foto: MICC – Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi

ECUADOR. – La calma de San Ignacio se quebró de golpe la tarde del 18 de agosto. — Pásale por encima— se escuchó. Una camioneta paró en seco. En medio del camino estaba Leonidas Iza, ex presidente de la CONAIE, enfrentando un atropellamiento inminente. Algunos aseguran que alcanzó a levantar los brazos; otros dicen que dio un paso atrás con la calma de quien ha visto estas cosas antes.

 —Qué hacen acá? ¿Cómo se llaman? ¿Por qué pasan tres veces filmando? — Leonidas buscaba respuestas. —¡Aquí vivo yo! ¿Qué es lo que pasa?—

La camioneta no logró escapar. Entre el miedo y los gritos, quedó arrinconado por la comunidad. Amenazar a Leonidas es amenazar a todo el pueblo. Cuando los sospechosos bajaron de la camioneta se les encontró sosteniendo cámaras y celulares. ¿Qué hacían? ¿De dónde eran? ¿Quién los envió?

En una comunidad como San Ignacio, todos se conocen. Hay más de 550 familias  descendientes de Panzaleos que aún visten su poncho rojo y trabajan la tierra. Muchos de ellos han participado en los paros nacionales de 2019 y 2022. Son valientes. 

Por eso se les hizo extraño, así como al propio Leonidas, que esta camioneta apareciera tantas veces, y se acercara. 

En esas horas, mientras en Quito se vivían los estragos políticos después de la marcha que encabezó el presidente Daniel Noboa contra la decisión de la Corte Constitucional de suspender parcialmente algunas leyes por posibles violaciones derechos fundamentales, en San Ignacio se vivía una historia que pondría en evidencia la vigilancia oficial, amparada en esas nuevas leyes que prometen seguridad pero son evidencia del abuso de poder contra dirigentes sociales  y sus detractores políticos.

Justicia Indígena

Dentro de la camioneta estaban Carlos Uvidia, Bryan Díaz y Kevin Guamán, agentes de inteligencia de la Policía Nacional. Tenían placas del Ministerio del Interior, documentos oficiales, celulares con miles de imágenes. No eran comerciantes, no eran viajeros. Eran espías en las tierras comunales de San Ignacio y parte del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC).

Al ser confrontados por la comunidad sobre las razones de su presencia, los agentes respondieron con lo que Iza describió como un intento de huida a “alta velocidad”, lo que casi provocó su atropellamiento.

La comunidad reaccionó con rapidez y organizó una audiencia pública donde los tres implicados, se someterían a la justicia indígena. Esto fue debidamente comunicado a través de las redes sociales del MICC, con el respaldo a la Unión de Organizaciones Campesinas del Norte de Cotopaxi (UNOCANC).

Llamaron a las 510 comunidades y a las 33 organizaciones filiales de nuestra estructura organizativa, “así como a todas las fuerzas hermanas de lucha, a sumarse con decisión y unidad a este proceso histórico de defensa de la vida, el territorio y la justicia indígena”.

En el imaginario y la deformación de la opinión pública, la justicia indígena se aplica con ortiga y chicotazos contra ladrones y quienes perjudican a las comunidad. En este caso, la organización indígena demostraría que tiene un proceso más efectivo de investigación y que liberó a los agentes de inteligencia tras el ejercicio legítimo de su autonomía. 

¿Quiénes están detrás de la cámara?

En el patio de la escuela intercultural de Planchaloma, la comunidad esperaba. Habían pasado ya horas desde que la camioneta fue acorralada y los tres agentes bajaron. El rumor corría entre la gente: había entre tres mil y cinco mil archivos guardados en sus celulares —fotos, videos, mapas, registros del domicilio de Iza, su esposa y sus hijos, sus hermanos, otros dirigentes. 

También llegaron desde Quito corresponsales de medios locales y extranjeros. 

Los tres policías, sentados, miraban hacia abajo. Se dio inicio a la audiencia que tenía tres puntos: Primero; Acto de Ñawinchina, o espacio para poner de frente a los implicados con la audiencia; segundo, Allichina, presentación y resolución sobre la infiltración de agentes de inteligencia en la comunidad de San Ignacio; tercero, Acto de Paktachina y Kunak, lectura y aprobación de la sentencia indígena. 

Al abrir los celulares que portaban los agentes de inteligencia se evidenció un seguimiento que inició el pasado viernes 15 de agosto, denominado Operación “asadero de cuy” donde se referían a Leonidas Iza como “Capibara” o “Cuy”. De la misma forma, encontraron otros chats denominados “Operación Jaque” o  “Gran Maito” que evidenciaron la infiltración en las recientes elecciones de la CONAIE y la vigilancia a la dirigencia del movimiento indígena.

Creación de un medio digital, el mejor disfraz

Cuando se les preguntó quién les había ordenado vigilar al líder indígena, el cabo primero Bryan Díaz respondió, con voz medida:

“No sé, yo solo soy un agente operativo. El que sabe es Jorge Guzmán, de Wilar TV. Él es el que hace todas las actividades.”

Un pausado murmullo recorrió el círculo. Ante la insistencia:

“Sí, porque él es un periodista de profesión, y él ha tenido acceso para ingresar a todas las organizaciones indígenas”, explicó Carlos Uvidia, con un dejo de resignación.

El punto era claro: El sargento Jorge Guzmán, ejerció como periodista durante más de 10 años teniendo como fachada un medio digital, Wilar RTV, que hacía funcionar como un caballito de Troya, para dar cobertura a todos los eventos relevantes, ruedas de prensa, eventos y hasta los paros nacionales de 2019 y 2022. Esto le aseguró a Guzmán la entrada a la estructura del movimiento indígena.

Wilar RTV publicó un comunicado donde informó que desvinculó a Jorge Guzmán de su medio pero no aclaró nada respecto a sus vínculos con la Policía. En otro episodio similar, un “policía encubierto” dijo ser reportero de Wilar TV mientras se llevaba a cabo la inspección por parte de la Comisión de Investigación del femicidio de la abogada María Belén Bernal. Presentó una identificación falsa y ante la confrontación, usó esta coartada.

Los vigilados y la paranoia de la prensa

A medida que avanzaba la audiencia comenzó a revelarse el alcance de la operación de espionaje. Eran miles de archivos: imágenes, audios, documentos —unos 5 mil archivos en total— extraídos de los celulares incautados. No era solo la vida de Leonidas Iza lo que estaba bajo observación, sino todo un entramado de dirigentes y estructuras políticas indígenas.

La comisión investigadora del MICC, integrada por comuneros y dirigentes, descubrió que la vigilancia alcanzaba a múltiples líderes y voceras de organizaciones sociales: desde la Unión de Organizaciones Campesinas del Norte de Cotopaxi (UNOCANC) —una de las 33 organizaciones del MICC que agrupa unas 510 comunidades— hasta redes emergentes en coordinación con Pachakutik y CONAIE.

Aquellos archivos digitales eran evidencia tangible de un seguimiento sistemático: chats que registraban entradas y salidas de reuniones, listas con nombres de contactos, direcciones, modelos de vehículos. Textos de planificación de protestas y notas sobre “movimientos estratégicos” que, en el lenguaje crudo de los agentes, parecían amenazas. “Matar al capibara” —una referencia velada a Iza— apareció en uno de los chats, y para la comunidad fue el indicio más brutal de las intenciones detrás de la vigilancia.

Tras las revelaciones, la paranoia en la prensa hizo correr como pólvora los nombres de los agentes infiltrados. Se expulsó a Jorge Guzmán de más de 30 chats de prensa, de organizaciones sociales y políticas donde tenía al menos dos números públicos, y a sus colaboradores que se presentaron con más de un nombre y seudónimo. “Siempre se tomaban fotos con nosotros en la coberturas” —recordó un periodista. ¡Qué mejor disfraz! 

La Fiscalía reconoció que los agentes estaban en una “investigación previa” y solicitó diálogo entre justicia indígena y estatal. La Fiscalía abrió una investigación contra Iza por presunto secuestro. Comunidades señalaron que esto desconoce la justicia indígena y responde a persecución política.

Entrega de los tres policías retenidos

Durante una audiencia pública en Planchaloma, el tribunal indígena (UNOCANC) expresó que los policías —Carlos Uvidia, Bryan Díaz y Kevin Guamán— eran culpables de haber “invadido territorio indígena” sin contar con una orden judicial. Se les requirió:

• Aceptar públicamente que no habían sido secuestrados por Leonidas Iza.
• Admitir que no tenían documento legal que autorizara su presencia.
• Presentar disculpas públicas al líder indígena.

Se les impuso una prohibición de ingreso a los territorios de la comunidad por un periodo de diez años. Tras expresar sus disculpas, los policías fueron liberados esa misma tarde, declarados «sanos y salvos» por el tribunal indígena

Los agentes insistían en que no habían sido maltratados. “Nos han dado alimentación y descanso adecuados,” expresó otro de los retenidos —Carlos Uvidia— durante la audiencia.

Pero esto no era una comisaría. Era un tribunal investido con la resistencia de los pueblos. Los agentes fueron entregados bajo supervisión del delegado de la Defensoría del Pueblo, representantes de la Cruz Roja, y el teniente político de la parroquia Toacaso. No se aplicó ningún rito tradicional (como baños purificadores) durante la entrega.

¿Quién es responsable de esta operación de vigilancia?

La liberación de los policías el 21 de agosto marcó el final físico de un episodio, pero no cerró sus consecuencias. La comisión indígena planteó que aquello no fue un caso aislado, sino parte de un patrón de espionaje político persistente. Así lo declaró la CONAIE, exigiendo al gobierno que el hostigamiento cese —“que cese el espionaje, la persecución y el amedrentamiento” a líderes sociales— y advirtiendo sobre la posible existencia de una “oficina de espionaje político desde las instituciones estatales”.

El impacto fue inmediato. Las organizaciones rechazaron estas acciones y “periodistas” sospechosos —como los vinculados a Wilar RTV— expulsándolos de redes sociales comunitarias y tomando distancia de medios que pudieran actuar como puertas traseras para el Estado.

Los policías se comprometían a no presentar ninguna denuncia contra la comunidad por secuestro pero paralelamente, la Policía Nacional presentó un recurso de habeas corpus, y un juez del cantón Latacunga lo concedió esa misma noche (pasadas las 21:27), formalizando así también la liberación desde la vía judicial ordinaria.

La Conaie y el Movimiento Indígena de Cotopaxi (MICC) responsabilizaron al Estado ecuatoriano de cualquier atentado contra la integridad de sus líderes. Señalaron que el espionaje forma parte de un patrón sistemático de persecución política, incluso cuestionaron la posible existencia de una «oficina de espionaje político» dentro de instituciones estatales.