La Suprema Corte de Justicia tiene que resolver la impugnación de una ley minera que, entre otras cosas, no considera la consulta a los pueblos indígenas como requisito para obtener una concesión. En entrevista, el director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que envió a la Corte una opinión en contra de la ley, dice que el gran reto que enfrenta la actual administración es formar “ciudadanos de tiempo completo” para defender su entorno

Texto: Daniela Pastrana

Foto: Moisés Pablo / Cuartoscuro

Adelfo Regino Montes tiene el encargo de fortalecer a los mexicanos que nadie veía en este país hasta que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se alzó en armas en enero de 1994: los indígenas.  Su tarea no podía haber llegado en un momento más difícil: cuando decenas de proyectos de desarrollo derivados de la reforma energética que se impuso en 2013 y que violan derechos de los pueblos ya se instalaron, avanzaron, y consiguieron legalidad.

El propio gobierno en el que participa tiene proyectos de desarrollo que causan escozor entre defensores de la tierra y pobladores de comunidades indígenas que han sido engañados y atacados tantas veces que ya no creen más. Su modelo de consultas rápidas y apuradas ha sido cuestionado por la relatoría para los pueblos indígenas de la ONU.

Pero este abogado mixe, que en noviembre de 1996 tuvo el encargo del movimiento indígena de llevar la voz de los pueblos al Congreso de la Unión -junto con la comandanta Esther y María de Jesús Patricio-, está convencido de que va en el camino correcto.

Acepta una entrevista telefónica para responder preguntas de Pie de Página sobre la opinión que el INPI hizo llegar a la Suprema Corte la semana pasada, sobre la inconstitucionalidad de la Ley Minera que existe en México desde 1992.

Es un juicio promovido desde 2015 por tres comunidades macehualas y nahuas de la Sierra de Puebla, que pasó por varias instancias hasta llegar a la Corte. El proyecto de resolución a cargo del ministro Javier Láynez Potisek se iba a discutir la semana pasada pero fue aplazado en el último momento, tras la alerta entre comunidades por un posible fallo en contra.

“La Suprema Corte tiene que valorar muy bien, a la luz del derecho internacional, el criterio de la consulta previa, libre e informada”, dice ahora Regino Montes. “Nosotros pensamos que una ley tiene que ver con los pueblos, que no es consultada con ellos, no es válida”.

Ese fue el sentido del Amicus y de la opinión que el INPI aportó a la discusión jurídica. Regino Montes explica que hay un antecedente en Guerrero, en el que la Corte invalidó las normas constitucionales y legales que habían aprobado los legisladores locales, porque para aprobarlas, el Congreso debió haber hecho la consulta.

Ahora, en este caso de Puebla, dice, las concesiones mineras que provocaron la controversia “están en un papel pero las comunidades nunca se enteraron”. 

—El presidente ha asegurado que no habrá nuevas concesiones mineras, pero hay miles que se dieron en las últimas administraciones (hasta el 2018  había más de 25 mil) y muchas comunidades están en la misma situación. 

— En la actual administración no se ha emitido ninguna concesión nueva a una empresa minera. Es importante decirlo. Y las que ya están dadas, los pueblos tienen derecho a acudir a los tribunales para impugnar esas concesiones, porque fueron hechas en abierta violación a los derechos humanos de los pueblos.

—¿Por eso es importante el precedente que dejaría esta resolución?

—Por eso. Una ley general como ésta afecta a todas las comunidades, que tienen el derecho a ser consultadas.  Por eso emitimos una opinión a la Suprema Corte en contra. Y esperamos que los juzgadores actúen respetando los derechos y no dejándose someter a los intereses económicos de las empresas trasnacionales. 

Ciudadanos de “tiempo completo”

—Las cuatro consultas que se han realizado en este gobierno para decidir el futuro de proyectos que tendrán implicaciones enormes para mucha gente han sido cuestionadas, justamente porque no cumplen, o cumplen a medias, los criterios de “previa, libre e informada”. ¿Se puede conciliar la prisa que tiene esta administración con los tiempos que requieren los pueblos para decidir cosas fundamentales para su vida? 

—Una de las características de los pueblos indígenas de este país es la amplia diversidad de contextos en los que viven los pueblos. Las consultas que han realizado han tratado de tomar en cuenta esa gran diversidad. Ese es uno de los desafíos más importantes: salvaguardar los derechos de todas las partes. Ahora estamos trabajando conscientes de que cualquier obra es perfectible. Todo se puede perfeccionar y las consultas son herramientas que también tiene que perfeccionarse. El desafío que tenemos enfrente es cómo construir la participación ciudadana más allá de las elecciones y del voto, y cómo incluir la participación ciudadana en la toma de decisiones. 

Desde su perspectiva, esto sólo puede lograrse a partir de una reforma constitucional: “No hay una ley para la consulta indígena. Lo hemos hecho con protocolos que construimos, pero vemos necesario avanzar en la reforma constitucional de los pueblos, eso es parte de los desafíos: poner estas propuestas en manos del poder Legislativo, para que se puede mejorar la herramienta y consolidar los instrumentos de democracia participativa para que seamos ciudadanos de tiempo completo, no solo el día de las elecciones. Pero se tienen que normar, para que los cambios sean duraderos”.

—Parece una tarea titánica en un país tan desigual, donde hay pueblos que están muy organizados y politizados y otros que tienen prioridades más básicas que la democracia, como comer. 

— La marginación es una ignominia. Lo puedes ver en Baja California, donde están los kiliwas y los pa ipai o los jornaleros de San Quintín, que van de los pueblos indígenas de Oaxaca y Guerrero. Y de ahí a la península de Yucatán: un lamentable común denominador es la pobreza y la exclusión de los pueblos. Las consultas que se están celebrando buscan eso: ¿cómo procurar que, a partir de las instituciones representativas, se puedan generar mecanismos de desarrollo local?

¿Desarrollo desde abajo? Sólo si se involucran

—¿Cómo evitar, en este sistema, que el desarrollo económico no termine imponiendo su lógica sobre la vida de los pueblos? Lo pregunto porque cada vez que el Presidente dice que con el Tren Maya va a llegar mucho turismo o que con el Transístimico llegará todo el comercio del mundo, pues cualquiera que tenga conciencia de lo que eso implica se pone a temblar…

—La única respuesta posible es que participe la gente. Lo que ya no es posible es que se siga imponiendo una visión desarrollista foránea. Necesitamos que sean los propios pueblos los que planteen su propio desarrollo. Aquí mismo en Oaxaca tenemos el ejemplo de las eólicas, impulsadas por empresas sobre todo españolas, que se instalaron pasando por encima de todos los derechos. Pero tenemos también el ejemplo de los proyectos locales de ecoturismo, aquí en la Sierra Norte. Eso no está lejano a lo que se puede plantear desde las comunidades para esos proyectos de los que hablas (del Tren Maya y el Tren Transístimico), si la gente se involucra, si participa con una concepción de desarrollo desde abajo. Eso necesitamos: que las perspectivas de desarrollo sean de los pueblos y que los propios beneficiarios sean de los pueblos. Pero que se involucren. En esa medida se va a poder hacer el contrapeso a cualquier intención de proyecto impuesto. 

Casas de la Mujer Indígena no cierran 

—No quisiera dejar pasar la pregunta sobre las Casas de la Mujer Indígena, a las que se les está recortando el presupuesto… 

—Sí. Se trata de una reserva de recursos que se han destinado para enfrentar la pandemia y están afectado a algunos proyectos como las Casas de la Mujer Indígena, que hacen un trabajo muy importante. Tenemos 35 en todo el país y el año pasado abrimos cuatro: en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Yucatán.  Estamos viendo cómo apoyamos en el INPI desde nuestros limitados recursos.

— ¿Van a seguir?

— ¡Tienen que seguir! Algo que nos han enseñado nuestros pueblos es que cuando hay un verdadero compromiso esto va más allá del dinero, depende de la voluntad. Por eso nosotros tenemos nuestro tequio y muchas otras actividades comunitarias. Pero el INPI va a seguir aportando su granito de maíz a las casas, con lo elemental, y estamos en pláticas con la Secretaría de Hacienda para ver de qué manera los podemos apoyar.