La ONU publicó un informe mundial sobre trata de personas. Un problema que México enfrenta con rezagos históricos, y un debate politiquero que profundiza la vulnerabilidad de las víctimas

Twitter: @anajarnajar

Casi siempre el debate político o la conversación pública se concentran en los temas menos importantes.

Eso parece ocurrir ahora. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC) publicaron esta semana el séptimo Informe mundial sobre trata de personas.

La investigación abarca a 141 países y contiene un análisis de casos detectados entre 2017 y 2021, además de una serie de recomendaciones para los gobiernos de las naciones involucradas.

En términos generales la ONUDC reconoce una detección menor de víctimas de toda clase de trata debido, sobre todo, a que el sondeo se hizo en el período más intenso de la pandemia de covid-19, cuando el planeta entró en un largo período de confinamiento.

Esto significa, por un lado, que muchos casos no fueron detectados en la elaboración del informe, y por el otro que muchas víctimas, sobre todo de esclavitud sexual, fueron liberadas por sus explotadores por la caída del negocio.

El impacto de la pandemia se nota en el informe que, de hecho, registra una caída de 11 por ciento en el número de casos con respecto a años previos a la pandemia.

Pero eso no significa que el problema haya disminuido. Por el contrario. 

La oficina de la ONU encontró elementos de extrema gravedad en los patrones de comportamiento de la esclavitud -como es el término más adecuado para este delito- en todo el planeta.

Uno de ellos es que el 41 por ciento de las denuncias que se presentaron por trata provienen de personas “autorrescatadas”, como las define la ONUDC.

Es decir, son casos de personas que escaparon de sus captores o bien fueron liberadas. 

Su libertad, en todo caso, no se debe a la participación de alguna autoridad lo cual, en los hechos, representa un serio problema:

Por un lado, evidencia el debilitamiento de policías o agencias de seguridad para combatir uno de los delitos más graves del planeta.

Muestra, además, el desinterés por las víctimas de redes trasnacionales de esclavitud, e inclusive los datos advierten una altísima probabilidad de colusión de las distintas autoridades con estos delincuentes.

Es una situación “alarmante”, advierte la ONU. Muchas de las víctimas de trata no aceptan su condición de esclavas, o temen demasiado a sus captores como para pensar siquiera en escapar.

Es decir, son personas en peligro de muerte que necesitan apoyo para salir de su condición, porque no tienen capacidad de intentar hacerlo por ellas mismas.

Una ayuda que, revela el informe, está cada vez más lejos de presentarse. La ONUDC reconoce que la pandemia redujo sensiblemente la capacidad de las autoridades “para rescatar a las víctimas y llevar a los delincuentes ante la justicia”.

Otro elemento de preocupación es el trato desigual que reciben las personas esclavizadas.

De acuerdo con el Informe, “las mujeres víctimas son sometidas a violencia física o extrema a manos de los tratantes en una proporción tres veces mayor que los hombres, y los niños casi dos veces más a menudo que los adultos”.

En el caso de los menores esclavizados, las niñas o adolescentes son sometidas a tratos más violentos y de crueldad que los varones.

Una situación parecida se presenta en los procesos judiciales que enfrentan -cuando eso ocurre- los detenidos por trata de personas.

La ONUDC encontró que las mujeres investigadas “tienen muchas más probabilidades de ser condenadas que los hombres”.

Esto sugiere, añade el informe, que el sistema judicial de los países analizados discrimina a las mujeres.

Los resultados del Informe, reconoce la directora de la Oficina, Ghada Waly, “sugieren que nuestras instituciones muy frecuentemente fallan en detectar y proteger a las víctimas, e impartir justicia”.

Ciertamente, muchos de los patrones revelados por la ONUDC se repiten en México.

En el primer semestre del año pasado el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó 494 casos de personas víctimas de trata.

Sin embargo, de acuerdo con organizaciones civiles, las denuncias ante el Ministerio Público, que representan la base de la información estadística del Sistema, no reflejan la realidad del problema.

Por ejemplo, en marzo de 2022 el Centro Fray Julián Garcés, derechos humanos y desarrollo local de Tlaxcala presentó un diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México.

En esa fecha el organismo documentó tres mil 896 víctimas de ese delito: ocho veces más que las cifras del SESNSP.

La disparidad en las cifras tiene su origen no sólo en la histórica incapacidad o desdén de las autoridades hacia el tema o el terror de las víctimas para denunciar.

En el caso de México, como documentó la ONUDC, hay un impacto por la pandemia. Lo reconocen organizaciones como la Brigada callejera de apoyo a la mujer Elisa Martínez.

México está incluido en la revisión para el Informe mundial sobre trata de personas, y por lo mismo está obligado a atender las recomendaciones de la ONU para combatir la esclavitud en todas sus modalidades.

La ONUDC sugiere, por ejemplo, aplicar acciones decisivas de política pública para combatir el delito que incluyan la sanción a los perpetradores.

En ese camino nuestro país se encuentra rezagado. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) advierte que sólo el 6 por ciento de las carpetas de investigación por este delito se inician de oficio.

Es decir -como lo revela el Informe de ONUDC- la mayor parte de las víctimas en México enfrentan en soledad el camino para encontrar justicia, sin el respaldo de las autoridades.

Esto se traduce en un reducido número de sentencias condenatorias por este delito, y de las que se aplican algunas están equivocadas.

El gobierno federal lo reconoce en el decreto para implementar el Programa nacional para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas.

El diagnóstico publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 27 de diciembre se reconocen dificultades para “la adecuada identificación, investigación y sanción del fenómeno delictivo”.

Eso provoca “dos posibles consecuencias desafortunadas: la primera de ellas es que existan sentencias contra personas que no cometieron Trata de Personas sino otros delitos relacionados”, señala el documento.

“Y la segunda es la dificultad para acreditar el delito de Trata de Personas en casos que lo ameritan, por lo que no siempre se emiten sentencias condenatorias”.

De hecho, no existe un panorama completo sobre el tema. Un ejemplo, dice la Secretaría de Gobernación, responsable del Programa, es que existen varios modelos y protocolos de actuación frente al delito.

Pero “se desconoce si han sido aplicados, así como sus resultados”. Además, aunque existen algunas cifras oficiales sobre el delito y las acciones de las dependencias involucradas en el tema, “las mismas no permiten contar con un diagnóstico confiable”.

A esto se suma el histórico retraso para implementar una estrategia nacional contra la esclavitud de personas.

Un dato: apenas este año empezó a aplicarse el Programa para prevenir y sancionar los delitos de trata de personas.

El proyecto contempla acciones coordinadas de los distintos gobiernos e incluye estrategias de prevención.

No es momento de evaluar los resultados de un programa con unos días de aplicación. Pero sí lo es de advertir, a tiempo, el riesgo de que la estrategia se pierda en el debate de los últimos años.

Naciones Unidas advierte que la pandemia dejó en una mayor vulnerabilidad a las víctimas de esclavitud.

También ocurre en México donde, además, se suma el clima de polarización y miseria política quienes pretenden aprovechar cualquier problema para beneficiar sus intereses.

Ojalá que, en este tema, la politiquería permita una excepción. Pero con el comportamiento de los protagonistas del debate -sobre todo los opositores- hacen difícil que eso ocurra.

Es una esperanza en vano.