Después de 40 días de desaparecido, el cuerpo del activista fue encontrado sobre la carretera Tlapa- Igualita en noviembre pasado. La Fiscalía de Guerrero no descarta que su desaparición y asesinato sea producto de una acción consensuada por el gobierno municipal.

Texto: Vania Pigeonutt

Fotos: Lenin Mosso

El asesinato del activista Arnulfo Cerón Soriano, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 20 de noviembre al interior de una fosa clandestina en Tlapa de Comonfort, destapó un problema de inseguridad en el corazón de la región indígena de Guerrero: en un año se presentaron al menos 27 casos de desapariciones forzadas y homicidios.

Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, asegura que este homicidio pone en vulnerabilidad a toda la lucha social en el país.

Durante todo el 2019, Cerón había tenido confrontaciones con el alcalde del extracción morenista, Dionicio Pichardo, porque le exigía cuentas de los recursos ejercidos y obras para comunidades de donde era gestor comunitario. Lo persiguieron y lo amenazaron.

Después de 40 días de desaparecido, el cuerpo de Cerón Soriano fue encontrado sobre la carretera Tlapa- Igualita. Desapareció en Tlapa de Comonfort el 11 de octubre de 2019. El activista de 47 años de edad fue visto por su esposa minutos antes de las 8 de la noche cuando salió de su casa rumbo a Alcohólicos Anónimos. No llegó a su junta.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero, un mes posterior al hallazgo, destapó que era probable que, desde el gobierno de Tlapa, alguien tomó la decisión de quitarle la vida. O al menos, el caso se vinculaba con el jefe de Gabinete de ese municipio, Marco Antonio García Morales.

Este miércoles, un juez de control vinculó a proceso a Marco Antonio, alias El Tony, por el delito de desaparición de personas cometido por particulares en agravio del activista. Es decir, la acusación no fue tipificada como desaparición forzada.

Exigen investigar líneas políticas

Tlachinollan ha solicitado que se revise todo el contexto previo a la desaparición de Cerón. Por ejemplo, los bloqueos carreteros que él organizó, así como los emplazamientos públicos hacia al actual alcalde y al anterior, Jesús Abundio. Dichos emplazamientos los hizo en protesta por obras que no los alcaldes no han llevado a cabo.

Barrera Hernández explicó sobre la vinculación a proceso que: “no hemos estado adentro del proceso, solamente sabemos lo que ya publicó la Fiscalía en el sentido de que se vinculó a proceso al Tony, pero adentro de toda esta defensa en la audiencia no estuvimos, no participamos, solamente estuvo personal de la Fiscalía, la defensa de Marco Antonio, eso en términos del proceso, no estamos ahorita adentro del proceso” precisó. 

“Vemos que el caso de Arnulfo muestra un contexto de alta vulnerabilidad para quienes defendemos los derechos humanos en la región, máxime que Arnulfo el trabajo que realizaba desde hace unos cinco años, sobre todo cuando asumió una postura clara en defensa de los 43 (desaparecidos de Ayotzinapa)”, puntualiza.

El conflicto creciente con el alcalde

Contó que desde el 2018, tras el relevo de autoridades municipales, habitantes de varias comunidades –sobre todo Na Savi (mixtecas) y colonias de Tlapa– pidieron apoyo a Arnulfo, quien pertenecía al Frente Popular de la Montaña (FPM), para tener obras públicas comprometidas. El FPM cobró fuerza desde 2015, cuando hubo cambio de gobierno y entró Héctor Astudillo Flores. La agrupación protestaba para exigir con vida de los 43 normalistas.

Pero desde entonces Cerón tenía comunicación con las autoridades de Ayuntamiento. 

“Para hacer la gestión de obras emplazaba a alcaldes. Y eso generó animadversión en las autoridades municipales; porque las emplazaba a que informaran sobre el ejercicio de recursos financieros que estaban destinados a la obra pública, de que se cumpliera con los compromisos que se había asumido con las comunidades, para hacer las obras que se habían planeado y que se atendieran de manera efectiva los planteamientos y demandas de las comunidades” . 

Barrera narra que esto llevó a Arnulfo a una confrontación muy fuerte cuando se da el cambio de gobierno hace un año. “Se quedaban con la idea de que iban a poder mantener una relación más fluida, de mayor participación y entendimiento. Sin embargo, se dio una relación muy ríspida con la autoridad municipal”.

Con el alcalde Dionicio Pichardo se confrontó, porque Arnulfo le pedía cumplir con el compromiso de hacer obras en comunidades. Pero aquél se negó. Los integrantes del FPM bloquearon carreteras en febrero de este año, se plantaron frente al ayuntamiento y nada cambió. El gobernador tuvo que intervenir para que no bloquearan más las carreteras y no hubo realmente un arreglo.

“No sabemos cómo estuvo la jugada, si realmente, hablaban de 26 millones que iban a ejercer por cada administración de los últimos meses del año, pero  que eso no lo manejaba él, pero que asumía el compromiso de que parte de esos recursos se iban a destinar en dos obras que habían negociado con el Frente Popular, creo que eran aulas para escuelas del municipio. Ya quedaba el compromiso del nuevo presidente. Todo fue de palabra, nunca hubo una reunión entre los dos presidentes mucho menos un documento”, explica.

La relación entre Arnulfo y Pichardo siempre fue dura. Él lo emplazaba a cumplir con estos compromisos, además de que la nueva política era que se atendiera directamente a las comunidades, que se beneficiara con esos recursos. No hubo entendimiento y eso hizo que el FPM planteó una asamblea para poder resolver la problemática con las comunidades que tenían relación con el frente y con el presidente.

El alcalde sí llegó.

Crispación

Lo que hizo el presidente, más bien fue convocar a todos los comisarios del municipio y eso hizo que en esta asamblea de diciembre del año pasado, llegara más gente de la que estaba esperando el FPM. “La postura del presidente fue decirles: ‘el frente no puede poner sus condiciones al ayuntamiento. El frente trabaja con algunas comunidades, pero las comunidades no están supeditadas al frente’. Pero más bien el planteamiento era que los comisarios hablaran en la Asamblea y dijeran qué obras estaban planeando y cuáles podían cumplir”.

Desde entonces Pichardo demostró que no le importan las demandas del movimiento, afirma Barrera. Intentó exhibir ante unas 300 personas que estaban en la asamblea del año pasado, que Arnulfo cobraba en el ayuntamiento. «Lo cual era una verdad a medias porque aunque sí cobró como asesor para un regidor de migración, nunca estuvo de manera permanente en la nómina pasada.» 

Pichardo dijo en la asamblea de hace un año: “acá tengo una nómina del ayuntamiento de la administración pasada, donde está el nombre de Arnulfo registrado. Él tiene un sueldo, él trabajaba para el ayuntamiento y él no devengaba. Le dio por el otro lado de descalificarlo, la mostró públicamente. Y eso hizo que la reunión se complicara más. Entonces, Arnulfo dijo: ‘yo trabajé en el ayuntamiento unos meses como asesor del regidor de migrantes, pero no quiere decir que yo estuve cobrando de aviador; pero eso no quiere decir que yo estuve cobrando los tres años, porque yo solo estuve como un año y si aparece mi  nombre, yo quisiera saber por qué, si yo no tengo ninguna relación”.

“Se planteó que era una salida para desviar la atención y desprestigiar a  Arnulfo: las gente se dividió. Algunos protestaron por cómo el presidente estaba llevando la reunión y otra gente más bien decía que se siguiera la reunión y que esos temas se enfocaran en otro momento. Pero al final ya estaban las posturas tomadas y se truncó la reunión. Terminó, ya no hubo nada”, narró Barrera.

Pichardo rompió relaciones con el FPM. Entonces, éstos, determinaron realizar acciones de protesta: hacer marchas, bloqueos. La organización hizo un bloqueo en febrero pasado: tres días y tres noches, exigiendo que cumplieran con las obras que se habían comprometido y se tomaran en cuenta las propuestas.

Primera amenaza

En este tiempo recibió la primera amenaza. Fue una llamada amenazante donde le decían que ya le baje, si no iba a atenerse a las consecuencias. Con el gobernador, Héctor Astudillo, a cambio de levantar el bloqueo, tuvieron una reunión el pasado 19 de febrero. “Como decir el primer aviso fuerte, porque si fue una acción fuerte de tres días y tres noches, estuvo bloqueada la entrada de Tlapa del lado de Puebla y Chilpancingo. El mismo gobernador me dijo que ya se quitaran, porque esto no puede seguir así, entonces en esos días fue cuando manifiestan los compañeros del frente que Pichardo no quería hablar con ellos. Que sí hablaba pero sólo con dos compañeros que tenía enfrente, que sí se sentaba a hablar con ellos, pero sin Arnulfo. Los del Frente platicaron, pero dijeron, no, no podemos hablar solo con algunos».

Levantaron, se tuvo una reunión con el gobernador. El interés del gobernador y el FPM fue tener una reunión para que haya un acercamiento. Igual en Huamuxtitlán, se tuvo una reunión informal con el gobernador en los pasillos se le dijo que todavía el presidente y el Frente el gobernador se ofrecía a platicar. Se tuvo en Palacio de Gobierno, se llevó el compromiso que se sentarían a platicar los del Frente, con el presidente, a partir de una agenda de trabajo y que el gobernador iba a estar pendiente para darle seguimiento con el interés de que las relaciones no se siguieran zanjando.

El alcalde siempre pidió que desalojara el comercio informal de la ciudad de Tlapa, como un punto número 1. Cuando el FPM le indicaba que sólo el 10 por ciento de sus integrantes tenían negocios allí. Que lo que les preocupaba más era la inseguridad y las obras públicas que hacían falta de sus comunidades. 

“Se vuelve a truncar la relación, se suspende el diálogo. Estamos hablando de los meses de julio, agosto, el frente bloquea otra vez y se da a confrontación con la autoridad, se va subiendo de todo la animadversión, ellos negocian en México, posteriormente están a la espera del fertilizante que nunca llegó; el presidente insistió mucho en la reubicación, esto fue en septiembre. El presidente ordena que se libere la calle Guerrero de los ambulantes, llegan policías muy temprano con limpia, luego tomaron la calle los policías para que no tomaran los ambulantes. La gente tomó las calles del ayuntamiento”, recuerda.

El presidente confrontó al FPM con transportistas locales.

Desapariciones en Tlapa

Antes de que tomara protesta como alcalde, Daniel Esteban fue desaparecido en Tlapa en 2018. El presidente de Cochoapa sigue sin aparecer, no hay indicios sobre su caso: “fue difícil porque en ese tiempo las familias pidieron que vinieran la policía ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), y de pueblos fundadores. Hicieron recorridos, detenciones, encontraron a chavos con drogas y armas. La gente en Tlapa pedía la salida de la UPOEG, los transportistas. Diciendo que  ellos venían con otro fin a instalarse para ayudar a algún grupo de la delincuencia”.

Pichardo decía que se fuera la UPOEG, se tenía que instar la Guardia Nacional. Los casos de desaparición y asesinato continuaron. Algunas personas fueron desaparecidas desde los centros comerciales.

“Justicia en el caso de Arnulfo, que se investigue a fondo. Hay un patrón de delincuencia que está organizado, que no está tomando en cuenta la autoridad. Algunos han puesto denuncias, otros no se animaron. El tema de las denuncias es complicado porque había una captura de las instituciones de justicia de aquí”, exige Barrera.

Amenazas desde la política. Amenazas de la «delincuencia»

Abel Barrera se cuestiona varias cosas. Por ejemplo  si las llamadas de amenaza venían directamente de la delincuencia organizada. Esos “ya bájale” o la sensación de estar vigilados todo el tiempo. “Recibían llamadas de grupos organizados. ¿En qué les afecta una protesta a grupos de la delincuencia?”.

Lo cierto, insiste, es que hay un hilo conductor de impunidad. Le preocupa que en menos de un año hayan documentado tantos casos, y además es importante se realicen más búsquedas en fosas clandestinas, en Tlapa. El caso de Arnulfo logró destapar dos casos más. Dos cuerpos fueron encontrados en fosas clandestinas como el suyo y ya son analizados genéticamente, para poderlos entregar con sus familias.

“Aparte de esa lucha hay un ambiente de inseguridad. La autoridad permitió que los grupos de la delincuencia se posicionaran mejor, en el sentido de que había más asesinatos, más secuestros, más extorsiones, y no se veía que actuaran, de ahí esa sospecha, ese temor de la población de que hubiese un acuerdo con el crimen organizado”, dice.

Es importante investigar a fondo y que no sólo sean autores materiales los que paguen por el asesinato orquestado.