Los hijos de Marisela Escobedo reiteraron su exigencia de justicia al gobierno mexicano por el asesinato de su madre: Andy Barraza, identificado como el verdadero asesino material de Marisela, está detenido en Estados Unidos por robo agravado y podría ser extraditado

Texto y foto: Jaime Armendáriz / Raíchali

CHIHUAHUA.- El gobierno mexicano tiene ahorita la oportunidad de resolver el crimen de la activista Marisela Escobedo, porque Andy Barraza, identificado por testigos y familiares como el verdadero asesino material, se encuentra detenido en una prisión en Estados Unidos por robo agravado y puede ser extraditado. Pero la oportunidad podría esfumarse en noviembre del 2021, cuando Barraza concluya su sentencia.

Esa es la preocupación de los hijos de Marisela y del abogado Carlos Spector, de la organización Mexicanos en el Exilio y acompañante de la familia. Por eso, este 16 de diciembre, justo al cumplirse 10 años del asesinato de Escobedo frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua mientras exigía justicia por el homicidio de su hija Rubí, entregaron tres oficios al Consulado Mexicano en Austin, Texas, dirigidos a autoridades mexicanas para procesar a Andy y hacer justicia en ese crimen.

Uno de los documentos se dirige a la Fiscalía General del Estado y otro al presidente Andrés Manuel López Obrador, para reiterar la exigencia de justicia. Estos dos van a título de la familia y las organizaciones que han acompañado el caso. El tercer escrito es de manera personal de Juan Fraire, hijo de Marisela, dirigido a López Obrador para pedirle que se investigue toda la información que se tiene sobre ese homicidio y que no abandonen el caso.

“Este gobierno tiene la oportunidad de resolver el crimen. Ni siquiera lo tienen que buscar (a Andy Barraza). Ahorita es el tiempo si en verdad quieren investigar”, dijo Juan en rueda de prensa de manera virtual, en conjunto con las agrupaciones Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), Mexicanos en el Exilio y Centro por el Derecho y la Justicia Internacional.

Andy es hermano de Sergio Barraza, el asesino confeso de Rubí, pero quien resultó absuelto por no existir las pruebas suficientes contra él. Sergio fue asesinado en 2012 durante un enfrentamiento con Militares en Zacatecas.

Para Juan, no solo se trata de enjuiciar a Andy, sino de que se realice una investigación completa para alcanzar a los autores intelectuales, en los que se pudieran encontrar el exfiscal de Chihuahua, Carlos Manuel Salas, y el exgobernador César Duarte, ambos en funciones al momento del crimen.

“No es solo llevar a la justicia al que jaló el gatillo, es llevar a quien permitió desde adentro del gobierno, que filtraron información al crimen organizado, que se llevara el ataque. No es un secreto que, una semana antes de su asesinato, mi mamá declaró en la oficina del exfiscal, y a la semana la mataron. Y el exgobernador permitió que sucediera. Durante 15 a 20 minutos, el día del asesinato, no había ninguna autoridad alrededor de Palacio (de Gobierno). Se permitió que se hiciera el ataque”.

Jessica, también hija de Marisela, coincide en ese nivel de culpabilidad del gobierno. “Mi mamá creyó hasta el último momento en las autoridades, en que le iban a hacer justicia. Confió en ese mismo gobierno que ayudó a que la asesinaran. Nosotros no vamos a parar de pedir justicia”.

Un caso abierto pero desdeñado por la Fiscalía actual

Luego del asesinato de Marisela en 2010, el gobierno de César Duarte (hoy encarcelado en Miami a espera de ser extraditado a México por presunto enriquecimiento ilícito durante su mandato) detuvo a José Enrique Jiménez Zavala, alias “El Wicked”, y lo presentó como asesino de la activista, sin embargo esta versión nunca fue aceptada por la familia.

Uno de los hijos de Marisela vio a la persona que le disparó a su madre frente al Palacio de Gobierno, y en todo momento rechazó que fuera “El Wicked”.

La Fiscalía en ese entonces buscó la anuencia de la familia y las organizaciones para llevar un procedimiento abreviado contra Jiménez Zavala, en el cual él imputado reconoce los hechos, pero no consiguieron la aceptación.

“La familia se opuso porque era facilitarle las cosas al gobierno y respaldar el hecho de que sembró a un culpable”, recordó Ruth Fierro, directora del Cedehm.

A “el Wicked” lo detuvieron en octubre del 2012 y lo asesinaron en enero del 2015 al interior del Cereso de Aquiles Serdán, una zona cercana a Chihuahua capital. Aparte del crimen de Marisela, le adjudicaban la autoría de una masacre al interior de un bar en 2011 y algunos delitos más. En manos de la Fiscalía se había convertido en orador de un programa del gobierno dirigido a jóvenes para conocer las consecuencias de delinquir.

Desde que la autoridad estatal intentó hacerle el juicio abreviado a Jiménez Zavala, no volvieron a comunicarse con la familia de Marisela ni las organizaciones que llevaban la representación legal del caso.

El gobierno de Javier Corral, en funciones desde octubre del 2016, tampoco ha tenido contacto con los afectados.

Formalmente el caso se mantiene abierto, pues nunca se notificó de manera oficial que se había cerrado la carpeta. “Hemos solicitado copias del expediente y tampoco se nos ha entregado. En términos estrictos no está cerrado”, añadió la directora del Cedehm.

Ruth Fierro adelantó que buscarán una reunión con la Fiscalía para hablar del caso. Existe esperanza porque el hoy titular de esa dependencia, César Augusto Peniche Espejel, conoce el asunto debido a que al momento del crimen de Marisela ocupaba la delegación de la entonces Procuraduría General de la República (hoy FGR).

El propio Juan Fraire lamenta que la autoridad no se comunique con ellos, mientras que para el abogado Carlos Spector, el gobierno de Corral no puede deslindarse y debe actuar.  

Al ser entrevistado sobre el tema este 16 de diciembre, el Fiscal Peniche aseguró que “habrá de revisarse el caso” para ver si existen datos para llevar una nueva línea de investigación. “Vale la pena retomarlo”, dijo ante medios de comunicación.

“Este gobierno tiene la oportunidad de hacer las investigaciones adecuadas para determinar quienes participaron en el asesinato y establecer las omisiones que pudieron haberse cometido, que también levan responsabilidad”, subrayó Ruth Fierro.

Este trabajo fue realizado por el equipo de RAÍCHALI. Lo reproducimos con su autorización como parte de una alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.