14 marzo, 2023
El fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, acudió a comparecer ante el congreso del estado, pero evitó responder sobre violencia y desaparición de mujeres.
Texto: Carmen Pizano, con información de Edith Domínguez y Fabián Sánchez / Pop Lab
Ilustración: Pinche Einnar
GUANAJUATO. – Ni las tres masacres que se registraron durante la semana en el estado, ni la incontenible violencia contra las mujeres que incluye desapariciones y feminicidios, inmutaron a Carlos Zamarripa Aguirre durante el encuentro que, en teoría, sería un ejercicio de rendición de cuentas ante el Legislativo. Para la oposición que hizo cuestionamientos críticos hubo respuestas cantinflescas; para los afines que alabaron el trabajo de la Fiscalía General del Estado hubo extensos comentarios.
Bajo el cobijo que mantiene de la bancada panista en el Congreso local, Carlos Zamarripa Aguirre asistió a la mesa de trabajo con diputadas y diputados a propósito de su cuarto informe como fiscal general del estado, aunque suman ya 14 años como responsable de la procuración de justicia en Guanajuato.
«Un reconocimiento a la realización de su función con perspectiva de género», lanzó la panista Cristina Márquez Alcalá, presidenta de la comisión de Justicia al inicio de la reunión, para luego preguntarle si creía necesaria la creación de una fiscalía especializada que brinde atención a las mujeres víctimas de violencia, propuesta que está en su comisión por iniciativa de la bancada de Morena.
Tan solo en la última semana se reportó la desaparición de seis mujeres el mismo día, en la misma zona: Sandra Daniela Paredes, Paulina Berenice Reséndiz, Yoselin Daniela Zamorano, Mariana Gutiérrez, Rosa Maria Ramírez y Gabriela Barbosa. El martes 7 de marzo fueron vistas por última vez en el camino a San José de Guanajuato, en el municipio de Celaya, se presume que estaban juntas.
También Guanajuato tiene el registro más alto del país en homicidios de mujeres: 434 asesinatos violentos en 2022, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aunque únicamente 21 de éstos fueron tipificados como feminicidios.
Los asesinatos de mujeres se han recrudecido en las últimas semanas en el estado: Abril Guadalupe Zárate López, 22 años de edad, pasó al menos cuatro meses buscando mantener alejado a su agresor: Guillermo, quien le doblaba la edad, y con quien mantuvo una relación durante más de cinco años. Las instituciones y sus protocolos no salvaron la vida de la joven leonesa.
La madrugada del 15 de febrero el cuerpo calcinado de Abril fue localizado al interior de la casa que habitaba con su agresor y sus dos hijos. Previo al incendio que su pareja intentó hacer parecer como un accidente, ella recibió al menos dos puñaladas.
Desde octubre de 2022, Abril había pedido el apoyo de las instituciones, incluida la Fiscalía General del Estado, ante las agresiones de su pareja, pero las medidas de protección de la Fiscalía fueron insuficientes para prevenir el feminicidio.
«Caso Abril: ¿qué medidas de protección se otorgaron?, puesto que no funcionaron porque a Abril la mataron. La Fiscalía asegura que sí hubo un peritaje para reconocer el nivel de riesgo que presentaba Abril ¿cuál fue ese nivel de riesgo para saber si la medida de protección fue proporcional al riesgo que padecía Abril?», preguntó la diputada priista Yulma Rocha Aguilar a Carlos Zamarripa; sin embargo, el fiscal no respondió a ninguno de los cuestionamientos.
«Habla usted de un caso de este año, de la… del… lamentable fallecimiento, asesinato de la… de Abril. Habla de algunos supuestos que desconozco cuál sea el sustento porque se hablaban de medidas, como se sabe bien, lo diré de manera genérica: en la tramitación de las carpetas que tenemos de investigación y cuyo estatus está en trámite, ésta carpeta no existe un antecedente con una medida que se haya otorgado, con una orden de protección que se haya otorgado a favor de una víctima y que a la postre haya desencadenado en la comisión de un ilícito como el de feminicidio», dijo Carlos Zamarripa, mientras Yulma Rocha y la diputada Dessire Ángel Rocha se veían entre sí negando con la cabeza.
En los últimos días León se ha convertido en epicentro de asesinatos violentos de mujeres.
El asesinato de Ángela Joseline el pasado 3 de marzo fue el primero de cuatro homicidios en donde mujeres fallecieron de manera violenta en León.
Fue la madrugada del pasado sábado tres de marzo en la colonia Torre Dorada que se registró el deceso de Ángela Joseline. Originaria de Veracruz, la joven de 23 años era madre de dos niños y empleada en una tienda Oxxo. La pareja de Ángela Joseline, se encuentra detenido como presunto responsable de la muerte de la joven.
Tan solo seis días después, una mujer identificada como Reina Guadalupe, de 25 años, fue asesinada durante un ataque directo. Reina Guadalupe se encontraba laborando en su negocio, cuando un sujeto tocó a la puerta, preguntó por ella y le disparó. Aunque fue auxiliada la joven falleció minutos más tarde, dejando así en orfandad a dos niños.
El 12 de marzo, tres días después del homicidio de Reina Guadalupe, se registró un nuevo ataque contra dos mujeres en la colonia Brisas del Campestre. Fue en la calle Circuito Évora, donde las víctimas estaban reunidas momentos antes de ser agredidas por un grupo de sujetos armados.
En León la violencia contra mujeres no solo no ha disminuido, sino que ha presentado un incremento del 37.10 por ciento en comparación al año anterior en León, esto de acuerdo con datos del Observatorio Ciudadano de León.
Gabriela Barbosa de 48 años, Rosa María Ramírez de 42 años, Mariana Gutiérrez de 19 años, Yoselin Daniela Zamorano de 20 años, Paulina Berenice Reséndiz de 25 años y Sandra Daniela Paredes de 24 años de edad están desaparecidas desde el 7 de marzo, el día previo a la movilización en Guanajuato de miles de mujeres que protestaron para que se frene la violencia de género y se respeten los derechos de todas.
Tras las denuncias que presentaron las familias de las seis mujeres celayenses, a partir del 9 de marzo comenzaron a circular las fichas del protocolo Alba; es decir, dos días después de su desaparición.
Familiares de Sandra Daniela Paredes denunciaron la desaparición de la hermana de la joven de 24 años, se trata de Cecilia Paredes, de quien no saben nada desde el jueves 9 de marzo cuando acudió al Ministerio Público a declarar por la desaparición de su hermana. Salió de las instalaciones de la Fiscalía esa noche, mandó un mensaje a su familia diciendo que iba camino a casa pero no llegó. Hasta el momento no se ha activado su ficha de protocolo Alba.
El caso de las seis mujeres celayenses también fue abordado durante la mesa de trabajo con Carlos Zamarripa. Una vez más, la diputada Yulma Rocha Aguilar preguntó cómo es que la Fiscalía General del Estado descarta que la desaparición de mujeres pueda estar relacionada con otros delitos como la trata de personas.
«La Fiscalía dice que la desaparición de mujeres no está relacionada con ningún delito, ni con la trata de personas, lo que se contradice con declaraciones que usted ha dado en medios de comunicación y declaraciones del gobierno federal que la desaparición de mujeres está relacionada con trata de personas, la respuesta de la Fiscalía dice que no», reprochó la legisladora priista a Carlos Zamarripa durante la mesa de trabajo que se realizó con motivo del cuarto informe de actividades del fiscal del estado.
Sin responder a Yulma Rocha sobre las causas por las que las mujeres en Guanajuato están siendo víctimas de desaparición, Zamarripa se refirió a la desaparición de personas de manera general.
«En un poco más del 90 por ciento se ha podido localizar a la víctima, inclusive en los primeros tres días».
En entrevista ante medios de comunicación, Carlos Zamarripa Aguirre dijo que este lunes personal de la Fiscalía General del Estado realizó trabajos en dos «hallazgos» -fosas clandestinas-, resultado de las investigaciones para dar con el paradero de las seis celayenses.
«Hemos localizado dos lugares diferentes… unos lugares de hallazgo. El equipo de búsqueda de investigación está ahora mismo en una zona donde tenemos información que pudieran encontrarse. Se sigue atendiendo bajo el protocolo respectivo porque queremos encontrarlas con vida».
Después de reunirse con diputadas y diputados locales para una mesa de trabajo, el fiscal general del estado aseguró que tienen claro el móvil de la desaparición de las seis mujeres, pero no quiso revelar detalles porque, dijo, las investigaciones siguen su curso.
«Tenemos la línea de investigación muy clara, pero no se la puedo compartir», acotó Carlos Zamarripa.
En la misma ciudad, pero tres días después, también desapareció Sandra Martínez Cruz de 31 años de edad. La noche del lunes se informó que la mujer había sido localizada.
Según los datos que presumió Zamarripa en el informe de actividades que corresponde al año 2022, el 82 por ciento de las alertas por Protocolo Alba están inactivas, aunque no precisó si se desactivaron porque las mujeres fueron localizadas con vida o muertas.
Celaya, como otros municipios del estado de Guanajuato, se ha convertido desde hace años en tierra fértil de las y los desaparecidos. El móvil, en algunos casos, podría ser la trata de personas.
¿Si eres víctima de trata de personas y denuncias, cómo la autoridad te garantiza tu seguridad o seguir viva?, a esta pregunta no hay respuesta
Nataly Alejandra Ángel Sáenz de 32 años de edad desapareció en el municipio de Celaya en junio del 2021, desde ese día no ha sido localizada.
Es originaria de Colombia y buscaba mejores oportunidades, por lo que viajó en enero del 2020 a Celaya, donde durante un tiempo trabajo vendiendo boletos para rifas en el mercado de abastos Benito Juárez. El 18 de junio se comunicó con sus familiares en Colombia y prometió hablarles al día siguiente, pero no lo hizo.
El 22 de junio, una mujer que se identificó como amiga de Nataly informó a sus familiares que estaba desaparecida. La familia buscó al consulado de Colombia en México quien los enlazó con la Fiscalía General de Guanajuato para poder iniciar la búsqueda.
La denuncia quedó en la carpeta de investigación 65522/2021 en la agencia de investigación número 7 especializada en personas desaparecidas en Celaya.
“Con su desaparición sabemos que fue usada por una red de trata de personas con fines de explotación sexual…captadas por mafias como en el caso de ella”, dijo un familiar de la joven en entrevista.
En Marzo del 2022 los familiares de Nataly hicieron un plantón en la embajada de México en Colombia para exigir al Estado Mexicano la búsqueda en vida.
Pocas son los familiares de extranjeras desaparecidas que llegan hasta el estado de Guanajuato a realizar la búsqueda. El colectivo Hasta Encontrarte informó que no es que los familiares no quieran buscar a sus hijas, madres o hermanas desaparecidas, sino que muchas veces las autoridades de sus países las revictimizan al justificar un delito.
De acuerdo con datos de colectivos de búsqueda como Hasta Encontrarte, desde hace años Celaya se ha convertido en el centro de trata de personas.
En la última semana se registraron tres masacres en tres municipios distintos de Guanajuato, en las que 17 personas fueron asesinadas y al menos otras 15 personas heridas. Además de otros 53 asesinatos violentos en distintos hechos.
Guanajuato volvió a ser tema este lunes en la conferencia de prensa mañanera del presidente, Andrés Manuel López Obrador, por ser el estado con el mayor número de homicidios durante el fin de semana, en total se registraron 36, que representa el 15 por ciento del total de asesinatos violentos del país.
De acuerdo con el presidente, Guanajuato se mantiene en los primeros lugares de homicidios por el elevado consumo de drogas entre la población.
«¿Por qué Guanajuato más?, que es lo que nos preocupa, que es por lo que hablo de atender las causas, sobre todo, el consumo de fentanilo. Acá es cristal, pero —pon Guanajuato— ¿cómo es posible que un estado industrializado donde hay empleos se tenga —no, la del fin de semana— tantos homicidios? Tiene que ver con el consumo interno».
El martes 7 de marzo un comando armado irrumpió en el conjunto turístico La Palapa, ubicada en la comunidad Santa María del Refugio, en Celaya, dejó cinco personas muertas y ocho más heridas.
Hasta el momento ninguna autoridad ha brindado información oficial sobre el atentado, así como la identidad de las víctimas o si estas eran clientes o empleados del sitio.
Tan solo cuatro días después, el 11 de marzo, una nueva escena de violencia se repitió en Apaseo El Grande, municipio colindante con Celaya. Cerca de las 11:30 de la noche, el centro nocturno “El Estadio” quedaría en silencio tras la masacre que dejó 10 muertos, siete hombres y 3 mujeres, entre ellos un joven de 16 años de edad. Además de cinco personas lesionadas, algunas de ellas heridas de gravedad.
Por su parte la fiscalía anunció en sus redes sociales que la investigación del ataque se encuentra en curso para detener a los agresores.
El domingo, un bar de Valle de Santiago fue escenario de otro ataque: hombres armados llegaron hasta el establecimiento ubicado en la zona centro y dispararon a los asistentes. El saldo fue de dos hombres muertos y otros dos heridos.
Según el fiscal, Carlos Zamarripa Aguirre, una persona se encuentra detenida por las masacres en Celaya y Apaseo el Grande, hechos que estarían relacionados, aunque no quiso entrar en detalles porque, dijo, forman parte de la investigación.
«Señor fiscal, quiero reconocer el trabajo que realiza usted y todo el equipo de la Fiscalía de Guanajuato por combatir el delito y la impunidad», fue uno de los varios elogios que llegaron a Carlos Zamarripa desde la bancada panista. Este comentario fue del irapuatense Víctor Zanella Huerta, quien en su intervención destacó que Guanajuato figura en primer lugar nacional por el número de armas decomisadas.
Sin embargo, fueron las preguntas de Alma Alcaraz Hernández y David Martínez Medizábal las que provocaron que desde el PAN salieran a defender al fiscal Carlos Zamarripa.
El recién nombrado coordinador de la bancada de Morena, David Martínez, preguntó al fiscal sobre los fondos para procuración de justicia y de víctimas -ambos suman más de 120 millones de pesos- que no ha ejercido la Fiscalía del Estado, pese a las múltiples carencias que viven víctimas del delito. «No se gastó un solo peso, y las familias mendigando apoyos aquí, por allá y por acullá».
La defensa por la expresión de David Martínez llegó en voz de la panista Susana Bermúdez: «más allá de hacer señalamientos como mendigar apoyos, que significa carecer de honra o ser infame, quiero reconocer el trabajo que se ha realizado en el tema del delito a la extorsión con seis células desarticuladas…» y así siguió repitiendo la numeralia que Zamarripa expuso en la primera parte de la mesa de trabajo.
Fueron las preguntas de Alma Alcaraz las que propiciaron uno de los momentos más incómodos para Carlos Zamarripa, aunque después llegaría la defensa a cargo de Miguel Ángel Salim.
El limitado y acartonado formato que salió de la Junta de Gobierno y Coordinación Política que preside el panista Luis Ernesto Ayala Torres, dejó a diputadas y diputados de oposición sin respuestas.
«El Partido Acción Nacional siempre coloca las formas de manera que salga beneficiado -Carlos Zamarripa- no sirve para dialogar, y cada día es más restrictivo», reclamó frente al fiscal el coordinador de Morena, David Martínez.
De Morena participaron en la mesa cuatro de las ocho personas que integran la bancada, según el coordinador tres de ellas: Hades Aguilar, Martha Edith Moreno y Ernesto Millán se ausentaron por motivos de salud, mientras que Ernesto Prieto Gallardo no quiso asistir a cuestionar directamente al fiscal.
Sin respuestas a sus cuestionamientos, la priista Yulma Rocha Aguilar también reprobó el formato que consistió en dos minutos para que cada diputado y diputada pudiera preguntar de manera directa a Zamarripa, y éste tenía cuatro minutos para responder a cada intervención a través de cuatro rondas, sin oportunidad de diálogo o réplica de legisladoras y legisladores.
«El hecho de que la propia Fiscalía no tenga tiempo para contestar las preguntas consultando a su equipo, también provoca que no se dé respuesta a la pregunta… el formato no ayuda. En mi caso no contestó, se las mandé nuevamente por escrito», señaló Yulma Rocha Aguilar.
La bancada del PVEM, integrada por Gerardo Fernández y Martha Lourdes Ortega, decidieron no ser parte de la mesa de trabajo, renunciando a la oportunidad de cuestionar directa y públicamente al fiscal Carlos Zamarripa. La decisión la tomaron en protesta por el formato, según explicaron.
Esta nota fue realizada por POPLAB, integrante de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes ver la original.
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