En entrevista, Netzaí Sandoval, titular del Instituto Federal de Defensoría Pública, explica que suprimir la prisión preventiva oficiosa no significa que una personas acusada de cometer un delito van a estar en libertad, sino que se tendrá que demostrar que es peligrosa para las víctimas, los testigos o el proceso judicial. Cárceles llenas y penas largas no significan menos violencia, añade

Texto: Daniela Rea

Foto: Gabriela Pérez Montiel / Archivo Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO.- El 30 de agosto Netzaí Sandoval, titular del Instituto Federal de Defensoría Pública tuiteó, con motivo de la liberación de una mujer que estuvo presa por casi 5 años acusada de robo:

“Tener cárceles llenas no soluciona ningún problema. Al contrario, incrementa la conflictividad social al destruir núcleos familiares. Gladys es madre de 2 niños que perdieron el sustento por la injusta acusación a su mamá por robo de un celular. Condena: 4 años 9 meses de prisión”.

Tener cárceles llenas no soluciona ningún problema. Al contrario, incrementa la conflictividad social al destruir núcleos familiares. Gladys es madre de 2 niños que perdieron el sustento por la injusta acusación a su mamá por robo de un celular. Condena: 4 años 9 meses de prisión pic.twitter.com/6aFoihhUcn

— Netzaí Sandoval (@Netzai_Sandoval) August 31, 2022

—”La prisión no es la solución porque incrementa el conflicto social”, escribiste en Twitter. ¿Nos puedes desarrollar esta idea?

—La pregunta es muy compleja e implica reflexiones muy amplias. En realidad el castigo es una práctica que ha cambiado. Hace muchos años, durante siglos, era normal en las sociedades colgar a alguien en una plaza pública, arrancarle la cabeza frente a niños para que la gente aprendiera, se desincentivaran ciertas conductas y hoy eso nos parece absurdo, bárbaro, casi increíble. Pero durante mucho tiempo fue muy normal. Yo esperaría que dentro de unos siglos la gente piense «qué bárbaros eran antes, cómo encerraban a las personas en una cárcel, qué absurdos, qué incivilizados», porque en el fondo no está solucionando nada. Estás generando un problema para todos, por supuesto para las personas que están privadas de la libertad, también evidentemente su familia, pero también para el propio gobierno. Y temas presupuestales.

Algo que nos pasa mucho es que cuando hablamos con las autoridades penitenciarias y les decimos «Oigan, por favor pongan médicos y enfermeras; en las cárceles de mujeres que haya un pediatra porque hay niños ahí»; la gente nos dice cosas como «no hay presupuesto». Si el Estado no tiene condiciones para garantizar una vida digna, entonces no tengan a las personas en la cárcel. 

En primera hay otras formas de enfrentar un proceso, en el mundo hay muchas experiencias, en los países más seguros del mundo, en los países con mayores condiciones de seguridad, son los países donde la gente enfrenta sus procesos en libertad. Si a ti te acusan de un delito, tú te tienes que defender en la calle, tienes que ir a buscar pruebas para poder ofrecer evidencia, De otra forma si tú estás privado de la libertad enfrentando un proceso en el fondo te están dejando en un estado de indefensión porque no hay forma de que tú recabes evidencia.

Netzaí Sandoval.

Netzaí Sandoval llegó a dirigir el Instituto Federal de Defensoría Pública en el 2019. Encontró, con su equipo, un edificio lleno de expedientes sin revisar y  casos donde las personas tuvieron una defensa totalmente pasiva o prácticamente no tuvieron defensa.  Prácticamente, porque había abogados que sólo se presentaban ante el juez y decían que la persona detenida tenía derecho a la presunción de inocencia.

“¿Qué defensa es eso? No es realmente un esfuerzo para tratar de tener una resolución favorable”, ataja. El Instituto tiene 3 mil trabajadores en todo el país para atender la causa penal y asesoría jurídica (temas civiles, mercantiles, migratorios, administrativos). Para la causa penal (defender personas por delitos federales) son 800 abogados con 800 colaboradores. Cada uno de ellos tiene una carga de trabajo anual de 120 casos por defensor. Una cifra optimista, si se compara con la carga de trabajo de las defensorías locales, de mil casos al año por defensor. 

“Nos hemos encontrado casos en donde la defensoría local o los defensores locales no ofrecieron evidencias para tratar de desvirtuar la teoría del caso de la fiscalía. Incluso me decían mis abogados ‘es que tenemos que tratar de que nos vuelvan a abrir el período probatorio, porque no tenemos pruebas, no tenemos argumentos, datos, para poder convencer’”.

Para tratar de aminorar este problema el Instituto creó “la policía de investigación de la defensa”, que en realidad “no es policía porque no realizamos actos de molestia”, sino que se encarga de hacer investigación: van al lugar de los hechos, entrevistan gente, hace un croquis, obtienen videos. Además de que se creó un  área de ciencias forenses para acceder a pruebas periciales y confrontar pruebas de las fiscalías».

La prisión preventiva, sumada a la falta de una adecuada defensa, ha sido una mala fórmula que tiene, en su mayoría, a personas sin sentencia presas, 4 de cada 10. Y en su mayoría, son personas sin recursos y sin capacidad de defenderse en la cárcel, mientras que afuera los delitos aumentan.

Cárceles llena y penas altas no reducen la violencia

—¿Tener gente presa disminuye la criminalidad?

—Un dato que viene nuestro informe anual de labores dice que está aumentando la gente que está en la cárcel. ¿Y eso disminuye la delictividad? Por supuesto que no. No funciona. Tú puedes tener cárceles muy llenas, penas muy altas, puedes vestirte de militar. Y eso no va a disminuir la violencia en el país, no funciona.

—¿Por qué hay un afán punitivista?

—En otros países del mundo donde hay condiciones de seguridad la gente enfrenta sus procesos en libertad. Ya no hablemos de la prisión preventiva oficiosa, sino de incluso la prisión preventiva. En realidad eso es una figura excepcional en el mundo. Insisto, en los lugares más civilizados. Pero en nuestro país nos parece casi necesario, obligatorio, que la gente vaya a la cárcel porque está acusada de haber cometido un delito. Tendríamos que cambiar la visión, tendríamos que empezar a pensar estas cosas basados en evidencia, no solo en evidencia individual en los asuntos, sino también en evidencia estadística sobre cómo vamos a enfrentar estos problemas.

Hace poquito estaba oyendo un spot del Senado de la República que decía «estamos combatiendo el feminicidio, aumentamos la pena y no sé qué… y mano dura y»… ¿Ha bajado el feminicidio en México? Realmente no. En los últimos 30 años las penas y los delitos que más se cometen en México, los delitos federales, se han duplicado: delincuencia organizada, delitos contra la salud, portación de arma de fuego, lo más sonado. Y los delitos no bajaron, todo lo contrario, aumentaron.

¿Entonces vamos a insistir en lo que no ha funcionado? Eso es lo que siguen diciendo los tomadores de decisiones en el país: tomar decisiones basados en el populismo penal, basados en ganar votos, basados en esperar que la gente les aplauda. Aunque eso vaya en contra de la evidencia. Aunque eso vaya en contra de la realidad. Porque ni ha funcionado ni va a funcionar. Siempre pongo el ejemplo de la medicina, que se basa mucho en la evidencia estadística y no en qué le va a gustar a la gente. El problema es que en materia penal no actuamos así. No hay, no existe el derecho penal basado en evidencia o legislación basada en evidencia. 

Netzaí Sandoval.

—¿Qué nos dice que después de esta evidencia se vuelva a poner atención en la prisión preventiva oficiosa y vuelva a ser interés incrementarla? 

—Hay algunos avances. Algo que me parece positivo es que hoy ya nadie defiende el arraigo. Hay gente que está defendiendo la prisión preventiva oficiosa pero nadie se atreve a decir que el arraigo está bien. Eso habla de que esas figuras punitivistas que dejan en estado de indefensión a las personas. Es evidente que no sirven y que violan derechos.  El arraigo es una figura de privación de la libertad para investigar para ver si de casualidad encuentran algo.

Miedo y prejuicios

—En términos prácticos, ¿cuál sería la diferencia entre arraigo y prisión preventiva oficiosa?

—El arraigo a pesar de que formalmente tiene un control judicial en realidad no hay evidencia que tengas que presentar, en cambio en la prisión preventiva aun en la oficiosa tiene que haber evidencia de que existe un delito. En el otro caso no, sólo es mera investigación. En la prisión preventiva tiene que haber una vinculación a proceso, tiene que haber un auto de vinculación a proceso y entonces hay un estándar muy bajo mínimo probatorio, en el arraigo no.  En el arraigo hay casas de seguridad y te pueden arraigar donde les dé la gana a la institución y por lo tanto existe en todas las condiciones para que te puedan torturar. Hoy ya nadie puede defender eso. Aunque supongo que hay gente a la que le gustaría, pero no se atreven porque obviamente no sirvió y no es razonable.

Sobre la prisión preventiva oficiosa lo que ocurre es que falta mucha información y que se tendría que debatir un poco más otra vez con datos, con información con estadística y no a partir de una cosa emotiva. Porque claro que si a ti te dicen «van a poner en libertad a un asesino, secuestrador, el más malo del mundo», pues claro qué tú dices «No, qué triste, qué grave». Pero eliminar la prisión preventiva oficiosa no es eso. Suprimir la prisión preventiva oficiosa no significa que cualquier persona acusada de cometer un delito va a estar en libertad, quiere decir que se tendrá que demostrar que esa persona es peligrosa para las víctimas, para los testigos o para el proceso mismo. Pero ahí hay un problema también. La prisión preventiva oficiosa es una prisión automática que en el fondo lo que hace es facilitarle el trabajo a las fiscalías. Pero hacemos eso en México porque o no queremos o no podemos o no nos atrevemos a tener buenas fiscalías. En lugar de mejorar el trabajo de las fiscalías y que puedan investigar y tener evidencia y  puedan convencer a los jueces, no. Regalales el caso, casi casi: “a quien la fiscalía acuse, ya condena automática”. 

—Decías que quizá en algunos años la gente cuestionará que nosotros encerrábamos a las personas en cárceles. ¿Cómo te explicas tú este deseo de castigo que tenemos socialmente, qué lo nutre, a qué se debe, qué lo hace posible?

—Creo que hay varias cosas. Sí hay una educación, una forma de costumbre, una especie de herencia. Y también estos prejuicios, estos miedos. Muchas decisiones absurdas que se toman tienen que ver con el miedo. Entonces la sociedad y ciertos políticos fomentan el miedo Incluso en sus discursos y en su propaganda gubernamental. ¿Cómo justificamos este discurso de que los encierren muchos años?  Porque lo vemos algo muy lejano, el día que te toque, que es tu sobrino o que es tu hermano, tu primo o tu familiar, tu amigo, entonces te das cuenta de que es una cosa absurda, un poco bestial.