La solución del problema de la vivienda en México, va más allá de la propuesta, requiere un análisis integral que considere las condiciones históricas que han ido determinando el devenir del mismo.

Por: Rogelio López Gómez*

En el aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una serie de iniciativas para reformar nuestra Carta Magna, en materia de: Vivienda, Animales, Pueblos Indígenas, Guardia Nacional, Prisión Preventiva Oficiosa y Poder Judicial y Amparo. En este texto hablamos de la propuesta de reforma que se refiere a la vivienda

A manera de contexto, el documento plantea una breve revisión histórica sobre cómo se fue construyendo el concepto de la vivienda social como un derecho de la clase trabajadora. Destaca por ejemplo, la propuesta que hicieron los hermanos Flores Magón en el Programa del Partido Liberal Mexicano, documento que sería una de las banderas del movimiento revolucionario de 1910 y en el cual se hace referencia a la obligación de los patrones a dar alojamiento higiénico a los trabajadores. El espíritu del documento sería incorporado en el artículo 123 de la Constitución de 1917 como parte del derecho a la vivienda.

Aunque el documento de López Obrador también hace referencia a las dificultades para hacer valer este derecho. Entre las causas destacan la imposibilidad de los patrones de cumplir con este mandato, debido a los altos costos que ello implicaba; aunado a la presión que significó la migración campo-ciudad  a los principales centros urbanos del país, pero en particular a la Ciudad de México, durante la década de los cuarenta del siglo pasado.

Durante muchas décadas, este derecho fue letra muerta, si bien desde los gobiernos posrevolucionarios  se impulsaron algunos paliativos, naturalmente, enmarcados en una política corporativa y clientelar del gobierno mexicano., Fueron los casos del polémico decreto de las Rentas Congeladas en el en el año de 1942, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y en un “Estado de guerra”, que hizo el presidente Manuel Avila Camacho, bajo el cual se mantuvo el precio de las rentas las viviendas sin alteraciones por un tiempo se extendió hasta la década de los ochenta; o bien a través de la creación de la Ley del Servicio Público de Habitaciones Populares (1946), un tímido esfuerzo para construir vivienda para los trabajadores del Estado mexicano, y que se materializó en la edificación algunas unidades habitacionales para los burócratas. Bajo estas limitaciones, las personas tenían que resolver el acceso a la vivienda a través de distintas formas, tomando como ejemplo el caso de la Ciudad de México, la solución al problema fueron las invasiones (paracaidismo) y con ello la proliferación de asentamientos irregulares. Sin embargo, es importante establecer que muchas de estas acciones estuvieron mediadas por elementos que tenían alguna cercanía al partido oficial -caciques, líderes sindicales, funcionarios, diputados, etcétera-, es por esto que se dice que estas acciones formaban parte de la política habitacional del Estado mexicano. Está demás hablar de las consecuencias ambientales y sociales que esta política habitacional y urbana provocaron. En el otro extremo estaba el urbanismo popular autogestivo.

Un cambio importante en las políticas –y que consignan los argumentos de la propuesta de reforma–, es la creación del Fondo Nacional de Vivienda en 1972, del cual se desprende la creación del Infonavit, institución que gestiona las aportaciones de los patrones, los trabajadores y el estado, para la construcción de parque habitacional y para la creación de reservas de suelo. Ejemplo de esto son las unidades habitacionales construidas por el instituto: CTM Culhuacán, El Rosario, por mencionar dos de las más representativas–. Para ese momento, la responsabilidad de los patrones se reduce a aportar dinero al fondo. Si bien, la propuesta de reforma resalta la importancia del Infonavit al “fomentar el derecho a que la vivienda sea ejercido con mayor facilidad conforme a las necesidades de las familias», en términos reales, el avance que esto representó ha sido mínimo, pues de 1972 a 1992 la institución apenas construyó  256 conjuntos habitacionales con 228 mil 806 viviendas (Kochen,2016:37). Este número es insuficiente para reducir de forma importante el rezago del sector de la población al que atiende -la economía formal-.

Un dato importante es precisamente que, hasta el año de 1992 este instituto deja de construir vivienda y adquirir reservas territoriales, resultado de la implantación del modelo neoliberal en la política habitacional del estado mexicano esta institución se transforma en un promotor financiero, el derecho a la vivienda se convierte en el derecho al crédito.

La gestión neoliberal se mantendría 26 años más, con la llegada de López Obrador a la presidencia en 2018, cuasi por decreto presidencial, el neoliberalismo fue exorcizado de la administración pública. Sin embargo, revertir esta situación no ha sido nada sencillo, la herencia que se arrastra es un lastre muy pesado, a lo que hay que sumarle el impacto que tuvo la pandemia de COVID-19 en la industria de la vivienda.

Bajo la presente administración se impulsan algunos cambios importantes, como es la posibilidad de que los trabajadores independientes, migrantes y trabajadoras del hogar o accedan a créditos de vivienda; otro de los cambios, es el apoyo a la Producción Social de Vivienda (PSV) con apoyos para la adquisición de terrenos y para la autoproducción.

Es bajo este complicado panorama que se plantea el fortalecimiento del Infonavit, el cual se busca dotarlo de mayores capacidades que incentiven la producción de vivienda así como la regeneración del parque habitacional existente. Otra de las propuestas de esta iniciativa, es la posibilidad de que el Infonavit construya vivienda para su arrendamiento, con la salvedad de que al paso de este lapso de tiempo la vivienda, podrá ser comprada por las personas que la arrendan. Está por demás decir que todo esto se haría bajo precios accesibles: “la mensualidad que se le cobre al trabajado no podrá exceder el 30% de su salario”.

Y si bien en términos generales, estas propuestas han despertado simpatías, estas tampoco han estado exentas de críticas. Veamos.

En lo que respecta a dotar al Infonavit de “nuevas capacidades”, en realidad es devolverle algunas de las capacidades que el instituto tuvo antes de la imposición de la gestión neoliberal. En la propuesta se habla de la capacidad de construir vivienda y de hacerse de reservas de suelo, es importante recordar que en su origen el Infonavit  fue creado no sólo para gestionar créditos, sino para abordar de forma integral el problema de la vivienda. Por esta razón en su estructura organizativa se desarrollaron áreas como la Oficina de Ingeniería y Proyectos Especiales y el Centro de Experimentación de Vivienda Infonavit, orientada a la investigación de procesos, tecnologías,  materiales, estudios de mercado, relacionados a la vivienda. etcétera. Si bien algunas de las áreas se mantuvieron durante la gestión neoliberal o bien se crearon otras más acordes a este modelo de gestión, en el mejor de los casos estas actividades fueron marginales, y en el peor de los casos, las plazas de estás áreas eran asignadas como botín político, pago de favores y reducto de juniors^[1].

Es muy importante devolverle al Infonavit no sólo la capacidad de construir vivienda, sino esa visión integral del problema de la vivienda con el que nació la institución, porqué sin esta, se podría caer nuevamente en atender el problema de una forma parcial, tal como ocurrió en la gestión neoliberal donde la política habitacional se limitó a apostar por la construcción de vivienda nueva como la principal forma de atender el rezago habitacional, dejando a un lado los programas de mejoramiento, ampliación, rehabilitación y mantenimiento, así como la construcción de vivienda progresiva, aspectos estrechamente relacionados con la producción social de la vivienda. Sin embargo, en los hechos esta política agudizó la crisis de la vivienda, misma que hoy en día se ve reflejada en los millones de viviendas construidas con créditos del Infonavit y que hoy están abandonadas (a principios de la administración actual SEDATU^[2] hablaba de la existencia de 5 millones de viviendas).

La actual administración ha sido muy crítica a esta política habitacional, y ha enarbolado la defensa y el apoyo a la PSV. Debemos tener presente que muchos de los funcionarios que hoy tienen puestos directivos en Sedatu, Conavi y que en otro momento fueron luchadores sociales que impulsaron la Producción Social de Vivienda. Tal fue el caso de David Cervantes Pedrero quien ocupará hasta su fallecimiento en 2022 la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Agrario –Sedatu-. También es el caso de Edna Vega Rangel quien durante mucho años trabajó en Cenvi y Casa y Ciudad, organizaciones con largo historial en la lucha por la vivienda. Con todo y esto, no ha sido fácil impulsar la producción social de vivienda. Las resistencias a los cambios se pueden atribuir a la descomposición de las instituciones producto de por lo menos 30 años de neoliberalismo en la política habitacional.

Por otro lado, el tema de la regeneración de vivienda, otro de los puntos que busca impulsar la reforma, es otro punto polémico, como ha quedado demostrado en los numerosos estudios de carácter periodístico^[3] o académico en los que se expone el fracaso de la política habitacional neoliberal que dan cuenta con datos duros la infinidad de casos y descripciones de desarrollos habitacionales en estado ruinoso,  hechos por empresas fraudulentas, -algunas de la cuales cotizaban en la bolsa de valores Nueva York y que se declararon en quiebra-,  y que construyeron vivienda en zonas de riego, esto es sobre fallas geológicas activas^[4] o bien sobre pantanos; en zonas incomunicadas, o simplemente construyeron sin servicios: drenaje, luz, agua, electricidad. A todo esto habría que agregar el elevado costo de las viviendas, con hipotecas impagables producto de los esquemas financieros y el factor violencia.  Para el caso de la propuesta enviada, el deterioro de muchos de estos desarrollos nos hacen dudar seriamente de la posibilidad real de una “regeneración”, pues muchos de estos simplemente nunca debieron de construirse, quiero imaginarme que esta regeneración se centrará en los desarrollos que, fundamentados en estudios serios y rigurosos tengan alguna viabilidad.

Otro de los puntos que necesitan discutirse con seriedad es la posibilidad de que el arrendatario pueda comprar la vivienda después de 10 años. En una sociedad en la que se ha impuesto la idea de que la propiedad privada es la única forma valida de propiedad, las personas han quedado incapacitadas para pensar en la existencia de otras formas, no por culpa de las mismas personas, sino como resultado de una acción concertada e instrumentalizada desde el mismo el mismo Estado a través de su gobierno e instituciones al mismo tiempo sometidas a los intereses del capital privado. Y aunque desde cierto punto de vista la propuesta es loable, desde otra perspectiva por que no no se puede pensar en que el Estado mantenga y fortalezca el banco viviendas orientadas a su renta bajo una gestión pública, como una forma de justicia social en lugar de apostarle  al individualismo después de 10 años, la propuesta pone como ejemplo, el caso de la gestión de vivienda propiedad pública en Viena Austria, sin embargo, en este ejemplo, no se habla de un esquema distinto a la renta, sería interesante conocer un ejemplo concreto en el cual basen su propuesta, ambos planteamientos -la venta o la renta- implican importantes desafíos, procesos de preparación.

La propuesta enviada, como hemos visto, tiene pros y contras. Esta debe ser objeto de un análisis crítico, la solución del problema de la vivienda en México, va más allá de la propuesta, requiere un análisis integral que considere las condiciones históricas que han ido determinando el devenir del mismo. Porque si, como es costumbre, nos enfocamos en las cosas urgentes sin darle respuesta al mismo tiempo a las importantes el tiempo se nos ira tapar baches en lugar de asfaltar la carretera.

*Candidato a doctor en Urbanismo por la UNAM. Maestro en Geografía. 

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^[1] Sólo por mencionar dos ejemplos, Carlos Zedillo, hijo del expresidente, durante la administración de Peña Nieto fue director del Centro de Investigación para el Desarrollo Sostenible del Infonavit. Mientras que Ajejandro Murat, hijo del exgobernador de Oaxaca y dirigente del PRI, José Murat, fue director del INFONAVIT de 2012-2015 en la misma administración.

^[2] https://www.gob.mx/sedatu/prensa/impulsara-sedatu-nuevo-modelo-de-vivienda-roman-meyer-ante-rezago-de-la-administracion-pasada

^[3] https://gatopardo.com/author/lydiette-carrion/

^[4] https://piedepagina.mx/11-mil-viviendas-sobre-suelo-de-riesgo/