Tras la muerte de la niña Chuyita en San Luis Potosí y la opacidad de las autoridades, las familias de víctimas de muertes violentas exigieron nuevamente una fiscalía especializada en feminicidios. Pero el gobernador Ricardo Gallardo Cardona responde con la propuesta de pena de muerte a asesinos y castración química a violadores, calificada como perversa, donde solo se utiliza el dolor de las víctimas

Texto: Marcela Del Muro

Foto: Fabiola Rodríguez

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.- Frente a la Fiscalía General del Estado en la capital de San Luis Potosí, el pasado 21 de septiembre el papá de Chuyita Lelixia Rodríguez Rodríguez, niña de 14 años víctima de feminicidio, denunció que duda de la investigación de las autoridades; quienes no le permitieron reconocer el cuerpo de su hija, no le están dando acompañamiento y no le han informado sobre su proceso, aunque ya tienen un detenido. 

Chuyita desapareció el pasado 14 de septiembre cuando se dirigía a su secundaria en la comunidad de Derramaderos, en el municipio Villa de Arista. La familia no pudo levantar la denuncia cuando se percató de la ausencia de la niña porque las autoridades municipales argumentaron que ya volvería, que seguramente “se había ido con el novio”. 

Al día siguiente, sin embargo, la policía municipal informó que encontró el cuerpo de Chuyita. Luis y Blas Rodríguez, tíos de la menor, relatan que les mostraron el baño del centro deportivo donde, supuestamente, encontraron a su sobrina, pero se sorprendieron que ya no estaba el cuerpo. Dos horas antes, la policía y la familia se encontraban buscando a la niña en el monte. 

“Ya no había nada ahí, ya no estaba el cuerpo. Lo hicieron tan rápido que nosotros dudamos de que verdaderamente la hubieran encontrado en ese lugar. Nosotros sabemos cuánto se tardan los levantamientos de cuerpos porque hemos visto accidentes en las carreteras y para los peritajes se tardan entre 3 y 4 horas”, explicó Luis.

El 20 de septiembre, la Fiscalía anunció la vinculación a proceso de Jorge N, un indigente de 33 años del estado de Guerrero, señalado como probable asesino de Chuyita. Pero la familia y sus defensores temen que sea un chivo expiatorio.

“¿Qué hay en la carpeta? No sabemos, la víctima no sabe y no tiene la certeza de que la persona que está vinculada sea la culpable”, especificó el abogado de la familia Rodríguez afuera de la Fiscalía. 

Las siete familias de mujeres víctimas de feminicidio que integran la colectiva Por ellas, por nosotras y por todas expresaron su preocupación ante la falta de claridad de la Fiscalía con la familia de Chuyita y reiteraron su exigencia para la creación de una fiscalía especializada en feminicidios. 

Una fiscalía “que concentre todos los casos de muertes violentas de mujeres en el estado, que cuente con los recursos necesarios y con el personal preparado, que atienda con dignidad a las y los familiares de víctimas y que su proceso de creación se haga de manera transparente, abierta y con participación de familiares de víctimas y de la sociedad civil organizada”, especifica la colectiva en su posicionamiento.

Lamentablemente, esta parte de la historia y la exigencia de las familias no trascendieron, el discurso que se posicionó en la opinión pública nacional e internacional fue el del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, que anunció que propondrá la pena de muerte para asesinos y la castración química para los violadores, esto el mismo día que la Fiscalía comunicó al imputado por el feminicidio de Chuyita.

“Exigimos la escucha efectiva por parte de todos los niveles de gobierno hacia los familiares de víctimas, incluyendo a quien encabeza al Poder Ejecutivo: proponer la pena de muerte para los feminicidas y la castración por violación son medidas punitivistas que van en contra de las reformas constitucionales. Se necesitan medidas que ayuden a la reparación del daño, a la escucha efectiva de las víctimas y a dar garantía de justicia para nuestras hijas y nuestras familias”, dijo la colectiva.  

Sin disposición para dialogar con las víctimas

La colectiva lleva un año, lo que lleva el gobierno, solicitando una reunión con el gobernador Gallardo Cardona. Las familias no buscan increpar al gobernante, ellas quieren compartir las diversas experiencias que tienen como víctimas de un sistema que las ha violentado, para poder construir junto al Estado una fiscalía robusta que vele por sus derechos a la verdad, a la justicia, a la memoria y a la reparación por el feminicidio de sus hijas. 

“Recordemos que el estado cuenta con una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el caso de Karla. Una sentencia que es de todas las mujeres víctimas de feminicidio y tenemos que hacerla valer”.

Esperanza Lucciotto, mamá de Karla Pontigo Lucciotto.

En el 2019, la SCJN concluyó que el ministerio público potosino construyó la acusación de homicidio culposo o accidental por el feminicidio de Karla Pontigo sin sustento legal, científico o de lógica común.

Karla fue asesinada hace casi 10 años, el 29 de octubre del 2012, en su lugar de trabajo: el Play Club. El principal sospechoso es uno de los empresarios nocturnos más exitosos -hasta la fecha-, quien era jefe de la joven estudiante de 22 años. La necropsia reveló que había 39 lesiones distribuidas por todo su cuerpo. Karla también había sido víctima de agresión sexual.

La Corte dictó una sentencia contra todos los servidores públicos que formaron parte del caso, desestimó la investigación y el auto de formal prisión por homicidio culposo. Así reabrió el caso y ordenó que sea investigado con perspectiva de género. 

Yesenia Valdez, representante legal de Esperanza Lucciotto y coordinadora del área de Litigio Estratégico de la Fundación para la Justicia (FJEDD), explica que la sentencia determina que el feminicidio es un fenómeno delictivo que afecta a todo el estado y la Fiscalía está obligada a investigar todas las muertes violentas de mujeres con perspectiva de género, eso implica tener personal especializado.

En el 2020, se creó la Unidad Especializada Multidisciplinaria e Itinerante en Materia de Género (UEMI), pero fue hecha con un candado que redujo su actuación a la investigación del caso de Karla. La colectiva de familias pidió que se reformara esa cláusula para convertir a la unidad en un organismo que realmente velara por los derechos de todas las potosinas víctimas de feminicidio y  cumpliera con la sentencia. 

Con la entrada del gobierno actual y tras el nombramiento de José Luis Ruiz Contreras como fiscal general del estado, la UEMI denunció un conflicto de interés y la investigación de Karla Pontigo fue atraída por la Fiscalía General de la República (FGR). 

El fiscal del estado es hermano de Julián Ruiz Contreras, el primer juez que llevó el caso de Karla y quien calificó el feminicidio como no intencional o por accidente. El propio José Luis Ruiz Contreras es parte del conflicto, pues era secretario particular del procurador Miguel Ángel Covarrubias, durante la integración de la averiguación previa.

Con la atracción del caso, las familias pidieron que se robusteciera la UEMI, cuyo equipo trabajó diligentemente siempre acompañado por la familia Pontigo Lucciotto.  Sin embargo, la Fiscalía disolvió la unidad a principios de este año. 

La unidad contaba con una facultad extraordinaria entre las instancias de procuración de justicia en el estado: la sentencia de la Suprema Corte la obligó a investigar a los funcionarios públicos corruptos que violan los derechos de las víctimas de feminicidio y sus familias. La UEMI trabajó en la investigación de algunos funcionarios implicados en la primera investigación y sentencia del caso de Karla, muchos de ellos aún siguen en activo y ocupando posiciones jerárquicas en el gobierno.  

En el marco del décimo aniversario de la muerte de Karla Pontigo y con el arranque de la campaña #10AñosSinKarla, la organización Amnistía Internacional, que acompaña la lucha de Esperanza desde hace varios años, nos recuerda que el fiscal general se comprometió a crear una fiscalía especializada en feminicidios para el 2023, acordado en una reunión entre la organización, la FJEDD y las familias de Por ellas, por nosotras y por todas, celebrada el julio pasado. 

Aún con el compromiso, el gobierno estatal ha negado la necesidad de una fiscalía especializada, también ha criminalizado a las víctimas de desaparición y feminicidios, y filtrado pruebas y datos sobre algunos casos a la prensa. 

La última declaración fue del secretario general de gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez: “Con todo respeto, eso lo único que generaría sería más burocracia, hay ya una fiscalía especializada en materia de derechos humanos, que es funcional y que ha estado dando resultados y lo que tenemos que hacer es acercarnos para que se le dé seguimiento al trámite de todos los casos”.

Las omisiones de las instituciones que investigan desapariciones y feminicidio

“La fiscalía de derechos humanos fue negligente en el caso de mi hija. En mi carpeta se demuestra que no sirven para hacer investigaciones. La última localización de Fer daba en Granate y a mí me traían haciendo búsqueda en el eje 140 (a 19 kilómetros de distancia)”, comenta la señora Jazmín Rodríguez, mamá de Fernanda Morán, víctima de feminicidio el 8 de septiembre del 2020 y desaparecida casi siete meses. 

En la primera declaración que dio la señora Jazmín a la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos dijo que sospechaba de Marco, un muchacho que tenía un par de semanas saliendo con Fer. El 29 de marzo de 2021, en el patio de la casa del señalado, un albañil halló el cuerpo de la joven de 21 años enterrado a 50 centímetros de profundidad, supuestamente la fiscalía ya había cateado esa casa. 

Las autoridades no investigaron profundamente a Marco porque sospechaban de otra persona, del exnovio de Fer, a quien se vinculó a proceso el 7 de octubre de 2020 y estuvo 6 meses preso. 

“A nosotros, en el caso de Fer, sí nos pasó lo del chivo expiatorio”, comenta la señora Jazmín, quien también forma parte de Por ellas, por nosotras y por todas, y cree que antes de proponer la pena de muerte, se debe de trabajar en crear una fiscalía especializada que realmente investigue y vele por los derechos humanos de las víctimas de feminicidio y sus familias, además de exigir capacitación y empatía del Poder Judicial. 

Se abrió proceso y se vinculó a Marco el 12 de abril de 2021. Durante 9 meses, la familia ha esperado que el abogado del imputado, que es de oficio,  se presente a las audiencias. Este 29 de septiembre estaba programada la audiencia intermedia, pero nuevamente se pospuso, es la octava vez que sucede. 

La señora Jazmín denuncia que en los juzgados se están realizando audiencias combo y explica: “Me tocó que mi carpeta fuera la última en la audiencia. Yo era la tercera y antes de eso me tocó escuchar la audiencia de un feminicida y de un violador. El violador describió su crimen fríamente y a mí me dio ansiedad”, todo este proceso para que la audiencia por el feminicidio de su hija se aplazara.

¿El gobierno está utilizando a las víctimas de feminicidio?

La tarde del 21 de septiembre, la página de Facebook del gobernador Gallardo publicó una encuesta: “San Luis Potosí, ¿ustedes qué piensan sobre la propuesta de castración para quienes cometan viol@ción, y pena de muerte a feminicidas y asesinos?”, que fue acompañada con una imagen de fondo verde con la pregunta: “¿Catraci*n a quienes cometan vi*lación?”, y tres reacciones: like para votar por “está bien”; me encanta para votar por “necesitamos penas más severas” y me asombra para “es demasiado”. 

Esta fue la publicación más popular de la página del gobernador en el mes de septiembre: tuvo 17 mil reacciones, más de 15 mil a favor de la propuesta. Habitualmente, una publicación popular del gobernante tiene, aproximadamente,  3 mil reacciones. 

“Yo pienso que las declaraciones de Gallardo solo dejan ver su falta de empatía hacia las víctimas. Nos muestra que tiene un gran interés en subir su popularidad con una alternativa inalcanzable, él debe de conocer que su propuesta es contraria a los derechos humanos”.

Susana Cruz, mamá de Lupita Viramontes, jovencita de 15 años que fue víctima de feminicidio el 29 de junio de 2012.

Un día después, en la conferencia mañanera del 22 de septiembre, un reportero preguntó al presidente sobre la propuesta del gobernador potosino. López Obrador no quiso responder y agregó: “Eso tiene que ver más con el sensacionalismo, el amarillismo y con la politiquería”. 

La noticia se extendió como incendio en la mayoría de los medios nacionales y uno que otro internacional; colectivas, influencers y medios feministas publicaron en las redes sociales sus opiniones respecto a la propuesta, todas las publicaciones fueron exitosas; desencadenaron decenas, cientos y miles de reacciones y comentarios. 

Para Arely Torres Miranda, la propuesta de Gallardo y el momento en que se lanzó no es una casualidad. “Me parece que utilizar a las víctimas de feminicidio para que todos los focos volteen a verlo, justo una semana antes del informe de gobierno, no es casualidad. Sobre todo viniendo de él que tiene un equipo extraordinario de mercadotecnia que saben lo que hacen”, opina la comunicóloga, abogada y activista feminista potosina. 

Para la activista que ha vigilado el trabajo impulsado a raíz de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género en seis municipios del estado, es importante que el gobierno estatal comprenda la crisis de seguridad y derechos humanos que viven las potosinas y que se acerque a las familias para entender el problema que atraviesan las instituciones, para poder crear propuestas que sí beneficiarán a la población.

Torres Miranda señala que es necesario crear la fiscalía especializada que las familias piden, pero también se necesita fortalecer a las instituciones existentes que velan por los derechos de las mujeres. Y enlista: “Es una constante que cuando hay una víctima, usualmente ya había recurrido a presentar una denuncia, se hacen llamadas al 911 que nadie contesta; también en el tema de las desaparecidas que son una constante y se ha tratado de negar que existen”. 

La impunidad y los errores de las autoridades

Seis meses antes del feminicidio de Lupita Viramontes, sus papás recibieron una amenaza, donde les pedían dinero a cambio de no dañar a ninguno de sus tres hijos.

“Pero describían las actividades mías y de mi esposo de todo a todo. Decían dónde trabajábamos, cuánto ganábamos, en qué escuela estudiaban los niños, horarios. Cuando damos aviso a las autoridades nos dicen que los secuestradores no avisan. Y me salí de trabajar para cuidarlos”, relata Susana. Sacaron a Lupita y a su hermano mayor de la secundaria, pero aún con toda la protección de los padres, la cruel muerte de su hija impactó a la familia. 

El asesino de Lupita era su exnovio, el hermano de éste fue su cómplice en el feminicidio y el secuestro; dos amigos de los hermanos también participaron, enviaron mensajes pidiendo recompensa por la adolescente. Esos cuatro jóvenes eran amigos de Pal, el hermano mayor de los Viramontes Cruz, todos eran vecinos de la familia. 

Susana no llevó un abogado, ella defendió a su hija y a su familia en un proceso muy desgastante, mientras atravesaban por un duelo muy doloroso. Ella se sentía aterrada por la seguridad de sus hijos y logró que se le dictara una sentencia de 37 años a Raúl, el autor intelectual y material del feminicidio; y 18 años a Guillermo, cómplice del asesinato y secuestro. Esta última sentencia es una de las más largas obtenidas para un menor de edad infractor en el estado. 

Lamentablemente, un error del ministerio público provocó que Guillermo, el cómplice, huyera. Hasta la fecha sigue prófugo. La impunidad es una constante, ningún familiar de la colectiva ha tenido justicia ni una reparación integral del daño; y el caso de Lupita, donde se estuvo a punto de llegar gracias a la persistencia de su madre, lo demuestra. 

Según información oficial, de las 112 carpetas asignadas a la Unidad de Acceso a la Justicia y Feminicidios en el estado, al 80 por ciento les faltan informes periciales básicos o cuentan con informes periciales insuficientes; provocando que solo el 3.5 por ciento de los casos tengan una orden de aprehensión ejecutada y se encuentren judicializados.

Es importante aclarar que existe un universo de carpetas que se encuentran en otras áreas y quedan en un limbo jurídico. Por eso las familias piden una fiscalía especializada que concentre la investigación de todas las muertes violentas de mujeres, así se puede tener un panorama más completo de la complejidad del feminicidio en el estado y números más certeros sobre el acceso a la justicia. 

Se necesita una revisión profunda y prevención primaria

La experta en violencia de género y feminismo jurídico, la doctora Lucía Núñez Rebolledo, explica que la propuesta del gobernador Ricardo Gallardo Cardona utiliza demagogía punitivista, es decir, el político hace uso del dolor de las víctimas para capitalizar su producto o proyecto político.  

“Da una solución fácil a una problemática muy compleja que solo refleja una profunda ignorancia o una gran perversidad, porque está ofreciendo algo, la pena de muerte, que en México se abolió desde la Constitución de 1857”.

Lucía Núñez Rebolledo, académica del Centro de Investigación y Estudios de Género de la UNAM.

La especialista explica que las familias atraviesan por tanto dolor cuando asesinan a sus hijas que puede llegar a desear,  legítimamente, la pena máxima para los asesinos. Es ahí donde se encuentra la perversión que ella señala: da expectativas a la familia que, constitucionalmente, son imposibles en el país. 

“Tenemos el derecho de señalarlo, porque el gobernador es la cabeza de un proyecto político y sus propuestas tienen efectos materiales en la vida de todos los ciudadanos”, explica la experta. “La violación, por ejemplo, no se puede solucionar con medidas individuales. En esta propuesta se piensa que hay un gen de la violación, un impulso sexual que tienen los hombres y la solución es inmunizando a una persona. Pero la violación es social. Venimos de una historia de violencia y violaciones que se ven como el orden natural de las cosas, antes a las mujeres violadas se les obligaba a casarse para que no hubiera delito. Se ha demostrado que los violadores son personas cercanas a la víctima”. 

Para la experta “la violencia no es el problema de un sujeto” y ver el castigo como una medida de prevención es un error porque solo el 3 por ciento de los casos llegan a tener justicia, la justicia en el país es selectiva. “Se necesitan políticas públicas alejadas de lo delictivo, desde la prevención primaria. No hablar de delitos sino hablar de derechos”, crear políticas públicas que atiendan la violencia estructural, eso que está arraigado en la sociedad. 

“La propuesta de una fiscalía especializada en feminicidios es correcta, pero se necesita vigilar quién será la fiscal encargada, tiene que ser una mujer de intachable reputación; vigilar cuántos policías de investigación tendrá, cuántos investigadores forenses; que el presupuesto sea el necesario. No solo se trata de capacitación del personal, es necesario analizar los perfiles. Revisar qué se tiene y hacer un rediseño. Revisar y entender la situación y crear políticas más amplias que no se reduzcan sólo a la procuración de justicia”, dice la doctora Núñez Rebolledo. 

Las familias de Por ellas, por nosotras y por todas buscan que ninguna madre, padre, hijo, hermana vuelva a pasar por el dolor de un feminicidio. Para ellas, la solución más viable es la creación de una fiscalía especializada en feminicidios. “Lo que buscamos con nuestra lucha es verdad, justicia, memoria y reparación por los feminicidios de nuestras hijas, hermanas y todas las mujeres víctimas de feminicidio en el estado”, dice la colectiva.