Las comunidades afectadas por la minería rechazan a la clase política por negarse a defender a la comunidad zapoteca y ponerse del lado de las empresas extractivistas.
Texto y fotos: Pedro Matías para Página 3
MAGDALENA YAUTEPEC, OAXACA.- Después de una hora de camino, río abajo, llegamos a La Magdalena, Yautepec, donde nos esperaban las autoridades.
Ahí tomó la palabra don Juan Reyes Zárate para compartir que se dedican a la pesca.
Relata que el problema de la contaminación por la minera El Águila, filial de la empresa estadounidense Gold Resource Corporation, ha venido lentamente.
Mientras cuenta la situación, otros comuneros sacaban de una hielera unas mojarras que recién pescaron en el río Grande.
«Ya se empiezan a ver los efectos de la contaminación del agua. Nuestro alimento lo obtenemos del río», asegura.
Nos dedicamos a la pesca de mojarras, bagres y sardinitas, pero hoy ya están contaminados y aquí tenemos la prueba de unos pececitos contaminados.
Muestran unas mojarras pequeñas que ya no crecieron, pero que además presentan unas ámpulas o granos en sus aletas y colas. -Desde hace cinco a seis años que se empezaron a ver esas deformaciones. Se ven raros y tienen como granitos en el cuerpo.
Y “no tomamos agua del río, tenemos unos manantiales, tal vez por eso estamos resistiendo.
“También el cultivo ya no se da igual, sentimos que el agua está muy salada y hay mucha gente enferma”.
“Este problema nos preocupa mucho porque toda esa agua que sale de la mina la descargan en el río con una tubería de seis pulgadas de agua.
“Y toda esa contaminación desemboca en la presa de Jalapa del Marqués”, lamentó.
Es por ello que pidieron al corresponsal que este mensaje se difunda porque “de qué nos sirve tener una casa de salud muy bonita y por otro lado hay mucha contaminación y muchos enfermos”.
Lo que más les preocupa es que hay muchas comunidades y rancherías a orillas del río.
A unos 15 kilómetros está Santo Domingo, Santa María Nizaviguiti, Santiago Quiavicuzas, Lachixila, y ellos se alimentan del pescado.
Juan Reyes Zárate recuerda:
“Ya no es como antes que pescaba uno y comía uno sabroso, a llenarse, pero ahora ya no se puede. Además, el agua está salada, como si fuera de mar y el río ha bajado mucho, tiene un olor muy feo. Huele a podrido o como animal muerto”.
El 29 de enero de 2023 las autoridades municipales y agrarias de San Pedro Quiatoni advirtieron que si no se cancelaban las 12 concesiones mineras a favor de las empresas Don David Gold y Minerales El Prado que afectan su territorio, realizarían acciones contundentes que definirán “políticamente el estado en los próximos años”.
De entrada, “la asamblea comunitaria San Pedro Quiatoni determinó su rechazo a toda la clase política que solamente en periodos electorales se acuerdan de nuestra comunidad” y advirtió que “no serán bien recibidos, sean del color que sean”.
Su determinante acuerdo es porque han solicitado el apoyo a sus representantes populares federales y estatales y ninguno han hecho eco de su demanda.
En su asamblea comunitaria tomaron la determinación de “defender con todos nuestros esfuerzos físicos, materiales y legales nuestras tierras y territorio, esto para impedir que siga la explotación desmedida e irracional de nuestros recursos naturales y minerales”.
Aseguraron que las autoridades federales, representantes populares y Poder Judicial federal se han mostrado insensibles a sus legítimas demandas.
Por ello, “el pueblo está decidido a hacer marchas, a realizar bloqueos y a tomar otras acciones que no nos gustaría afectar a la ciudadanía, pero si no nos dejan otro camino a eso vamos a llegar.
“No sabemos cuándo, en un mes, dos meses, tres meses, un año”, advierte.
El presidente municipal de San Pedro Quiatoni, Marcelo García Sánchez; el comisariado de Bienes Comunales, Martín López López, y el presidente del Comité Pro Defensa de la Tierra y el Territorio, Raymundo López García, ofrecieron una conferencia de prensa.
Ahí, los representantes jurídicos Simitrio Ruiz y Elías López Martínez recodaron que el 13 de febrero de 2023 se cumplieron tres años que presentaron una demanda de amparo.
Resaltaron que aunque ganaron la suspensión de plano, las empresas mineras no la acatan.
Detallaron que la demanda de amparo promovida en los Juzgados Federales y radicada con el número 178/2020, del índice del Juzgado Primero de Distrito, se señalaron como actos reclamados:
La entrega de 12 concesiones mineras a favor de las empresas mineras Don David Gold, S.A de C.V (11 concesiones) y Minerales El Prado S.A de C.V (1 concesión), esto sin que las autoridades federales los hayan consultado.
Y es que la Secretaría de Economía, Subsecretaría de Mina y Dirección General de Minas nunca implementó previamente a dicha expedición la consulta previa, libre e informada para lograr el consentimiento de la comunidad agraria e indígena zapoteca de San Pedro Quiatoni, Tlacolula, Oaxaca.
Así violentaron flagrantemente el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Asimismo, se denunció como acto reclamado el proceder fraudulento de la empresa minera Don David Gold S.A de C.V.
Construyó una bocamina en la localidad de San José de Gracia, perteneciente a los terrenos de San Pedro Totolapam.
Sin embargo, la explotación de los recursos minerales están realizándose bajo el subsuelo de San Pedro Quiatoni.
“Es preciso manifestar que desde la admisión de la demanda de amparo se concedió a nuestra comunidad agraria quejosa la suspensión de plano.
“Para el efecto de que la tercera interesada Don David Gold se abstenga de extraer los recursos minerales bajo el subsuelo de nuestro territorio.
Denunciaron que “la empresa minera ha incurrido en actitudes dilatorias procesales, pues por cada acuerdo favorable a nuestra comunidad ha interpuestos recursos de quejas frívolas e improcedentes.
Aseveraron que el único afán es entorpecer y retardar el proceso, pero que han sido desechadas por el Tribunal Colegiado.
“Son más de 8 quejas las que han sido declaradas improcedentes”, manifestaron.
Se quejaron que “el 03 de marzo del 2020 se presentó el escrito de ofrecimiento de pruebas por parte de la comunidad quejosa, entre las que destacan las periciales en topografía, producción minera, contabilidad y avalúo, mismas que fueron admitidas en su totalidad por el Tribunal Federal.
“Sin embargo, dado las políticas presupuestales del Consejo de la Judicatura Federal, ha sido muy complicado la designación de peritos oficiales en la materia, lo que ha retardado aún más el proceso”, explicaron.
San Pedro Quiatoni, sus seis agencias municipales y 32 rancherías no han recibido ningún apoyo de la empresa y no quieren ni un solo peso.
Lo único que quieren es la cancelación definitiva de esa mina que continúa saqueando sus recursos naturales y ha provocado la contaminación del río.
Sin olvidar que ahora los peces de la región tienen malformaciones.
También ha secado por lo menos 11 pozos naturales o veneros, se han cuarteado viviendas, desgajado cerros, contaminado pozos y originado enfermedades como el cáncer.
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