Textos: Miguel Ángel León Carmona

Imágenes: María Fernanda Ruiz

CIUDAD DE MÉXICO.- “Ni perdón ni olvido”, dijo Bernardo Benítez Herrera desde el Museo de Memoria y Tolerancia, en representación de cinco familias a quienes el gobierno de Veracruz ofreció una disculpa pública por la desaparición forzada de sus hijos, ocurrida en enero de 2016.

Fueron dos padres y una madre -víctimas indirectas- quienes usaron la voz frente a autoridades federales y estatales comandadas por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, y el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Las voces de los afectados transportaron a un centenar de asistentes hasta el Ministerio Público de Tierra Blanca, donde los padres acamparon durante 87 días y allí se dividieron roles y asignaron tareas para soportar una protesta que llevó al gobierno de Veracruz –luego de mil 158 días y tres administraciones- a reconocer que sus hijos eran inocentes y que fueron víctimas de un contubernio entre la policía estatal y la delincuencia organizada.

El primero en hablar fue Bernardo Benítez, quien también era el primero en despertar en el campamento y preparaba café para una veintena de familiares; un empresario cervecero, diplomático frente a autoridades, pero también un padre que imploró a comerciantes de la Cuenca del Papaloapan y obtuvo la videograbación de la detención arbitraria de Susana Tapia Garibo, Mario Arturo Orozco Sánchez, José Alfredo González Díaz, José Benítez de la O y Bernardo Benítez Arroniz.

“En memoria de mi hijo, mis sobrinos y sus amigos (…) Mi intención era hablar sobre la justicia, pero después de dar vueltas, concluí que no soy quién para hablar de justicia. Tengo razón para no creer en ésta. Si existiera, mis hijos vivirían, estarían trabajando, estudiando. No creo en la justicia del Estado mexicano”, consignó.

Recordó que los cinco jóvenes fueron “levantados” por policías estatales a plena luz del día y posteriormente entregados a criminales quienes los asesinaron e incineraron en el rancho El Limón, en el municipio de Tlalixcoyan, solo por ser sospechosos.

Bernardo enfatizó que aunque por estos hechos hay 21 personas detenidas: ocho exelementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y 13 civiles, todos cumplen tres años sin haber recibido una sentencia. “Las familias de los desaparecidos decimos, ¡ni perdón ni olvido! Que se juzgue a los culpables de estos crímenes. ¿Qué esperan los jueces? ¿Que salgan?”, preguntó.

Asimismo el vocero de las cinco familias se dirigió al mandatario veracruzano, a quien le dijo, “Señor gobernador, recibió un estado con instituciones dinamitadas. Solo puede hacer justicia diciendo la verdad. De no hacerlo corre el riesgo de convertirse en un cómplice”.

‘Buscar justicia es un acto de amor’

La segunda en tomar el micrófono fue Carmen Garibo Maciel, madre de Susana Tapia Garibo, quien fue ultimada a los 16 años de edad. La madre venció el temor a las cámaras y la vergüenza que le provocan las entrevistas y, enérgica, dijo, “buscar justicia no es ninguna necedad, es un acto de amor. Solo así mi hija descansara y yo encontraré algo de paz”.

La postura de “doña Carmen”, como la llama el resto del grupo, contrastó con la mujer de pocas palabras, encargada de mantener limpio el estacionamiento del Ministerio Público donde acamparon, y quien rezaba en el altar que improvisaron en el centro de ese lugar; una mujer tímida, que este 4 de febrero se solidarizó con miles de madres en Veracruz con problemas similares al suyo.

“Cómo mamá no quiero que esto vuelva a pasar. Nos duele mucho que sean tantas mujeres en Veracruz que buscan a sus hijos. Señor gobernador, no puede permitir nunca más que la policía trabaje para la delincuencia. Hemos escuchado hablar de cambios, hoy queremos decirle que ese cambio debe justificarse con que haya justicia. Solamente así les vamos a creer”, dijo Garibo Maciel.

El tercero en hablar fue José Benítez Herrera, padre de José Benítez de la O. El más duro del grupo. Con su estilo enérgico, que plasmó en entrevistas y ruedas de prensa, dijo: “Estoy harto de mentar madres y de juzgar a las autoridades por atrás para que caminen (…) hoy quiero sensibilizar a jueces, fiscales para que se llegue a la justicia. Quiero exigir la finalización de nuestro caso positivamente”.

‘Una disculpa por el sufrimiento que vivieron sus hijos’

“El día de hoy les ofrecemos una disculpa pública. Elementos que debían protegerlos sin ninguna causa entregaron a sus hijos con presuntos miembros de la delincuencia organizada. (…) Bernardo, José, Susana, José Alfredo y Mario Arturo eran inocentes y nunca debieron vivir los hechos que sufrieron”, dijo el gobernador de Veracruz.

Con lo anterior, quedó cumplimentado un rubro solicitado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), asentado en recomendación 5VG/2017.

El mandatario estatal solicitó al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quien no acudió al evento, y al fiscal general de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, quien no fue incluido en la mesa del presídium, presionar con investigaciones sólidas y conseguir las sentencias contra 21 detenidos por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada, respectivamente.

Además, prometió exigir a la Fiscalía de Veracruz una investigación contra quienes fueron los mandos superiores de los ocho policías estatales enjuiciados, siendo uno ellos Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario de Seguridad Pública.

“Una disculpa por el sufrimiento que vivieron sus hijos. Una disculpa por la impunidad que enfrentaron. Hoy, y frente a la opinión pública, damos una disculpa por las veces en que se intentó criminalizar a sus hijos” expresó García Jiménez.

‘Nos comprometemos a acompañar las investigaciones federales pendientes’

El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas se comprometió a acompañar las investigaciones federales que se encuentren pendientes: tanto las relacionadas con la delincuencia organizada como aquellas por violación a la Ley del Sistema Nacional de Seguridad.

José Benítez Herrera, uno de los padres afectados, presentó una denuncia en octubre de 2016, ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, contra seis funcionarios y ex funcionarios de la SSP por haber expedido nombramientos a los policías que desaparecieron a sus hijos, pese a no haber acreditado los estándares de control y confianza.

Con base en los argumentos presentados por el padre, Arturo Bermúdez habría violado el Artículo 139 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al haber dado de alta a cinco de los ocho elementos detenidos de la SSP, incluido el subdelegado regional de Tierra Blanca, Marcos Conde Hernández.

Se trata de los ex policías estatales: René Pelayo Vidal, Omar Cruz Santos, Luis Rey Landeche, Edgar Omar Ruíz Tecalco y Marcos Conde Hernández, este último recluido en el penal de Cosamaloapan.

De acuerdo con el oficio SSPO/055/2016, los cinco acusados de desaparición forzada fueron contratados desde el año de 2013 por Arturo Bermúdez, no obstante que hasta el 11 de enero de 2016 aparecían como No Certificados.

De igual manera, los padres evidenciaron con el documento 0003/2016, que los cinco detenidos presentaban órdenes de captura desde el año de 1999. Se ignora por qué continuaban laborando, pues según dicta el Estatus de los Centros de Evaluación y Control de Confianza, debieron haber sido dados de baja.

Al respecto, Encinas Rodríguez, dijo, “nos comprometemos, con pleno respeto a la autonomía de la Fiscalía General de la República, a acompañar las investigaciones federales que se encuentren pendientes: tanto las relacionadas con la delincuencia organizada como aquellas por violación a la Ley del Sistema Nacional de Seguridad”.

“En este lamentable caso, como en miles que lastiman al país, sabemos bien que la delincuencia organizada aún opera en colusión con autoridades de todos los niveles. El día de hoy enviamos un mensaje claro de que esto no seguirá sucediendo en este nuevo gobierno”, concluyó.

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