A casi tres años de la implementación del Protocolo Universitario de Acoso y Hostigamiento y la creación de la Defensoría de los Derechos Universitarios, en la Universidad de Guadalajara la mitad de los casos siguen sin resolverse y las denuncias, pese a la pandemia, se siguen acumulando

Texto:  Aletse Torres Flores / Zona Docs

Fotos: Zona Docs

JALISCO.- Pese al cambio de la modalidad presencial a la virtual, las denuncias por acoso y hostigamiento sexual en la Universidad de Guadalajara no cesaron, pues entre el periodo de enero a octubre del 2020, la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad recibió 98 denuncias de acoso y hostigamiento, aumentando un 21 por ciento en contraste con el 2019, periodo en el cual se reportaron 78 casos (40 de acoso y 38 de hostigamiento).

En 2020, las agresiones por parte de los académicos aumentaron de 60 a 70 por ciento. Además, 25 por ciento de los acosos y hostigamientos provinieron de alumnos y 5 por ciento de trabajadores administrativos. 

La gran mayoría de las denunciantes fueron alumnas, 96 por ciento, 2.5 por ciento trabajadoras administrativas y el 1.5 por ciento estudiantes egresadas. Lo más grave es que el 65 por ciento de las denunciantes son menores de edad pertenecientes al Sistema de Educación Media Superior (SEMS) y diversos centros regionales de la Red Universitaria. 

Hasta el mes de octubre de 2020, de acuerdo con información de la UdeG, sólo 27 de 98 por ciento de las denuncias presentadas en la Defensoría de los Derechos Universitarios se resolvieron.

El 73 por ciento de los casos son reportados como “en proceso”; es decir, aún no son analizados y resueltos en algunas de las cinco instancias que se encargan de investigar el acoso y/o hostigamiento: la DDU, la oficina del Abogado General, la comisión de responsabilidades del Consejo Universitario y, finalmente, el Consejo Universitario. 

La política de “cero tolerancia”, ineficaz 

Con la pandemia, el confinamiento, los cierres de oficinas y salones de clases para evitar los contagios de covid-19, los procesos alrededor de las denuncias por acoso y hostigamiento en la UdeG se han vuelto más lentos y largos, esto ha dejado a las alumnas solas, sin respuesta y expuestas a seguir desarrollándose en un entorno inseguro y violento. 

Al menos así se encuentran 73 denunciantes que no han obtenido respuesta alguna de la DDU de la UdeG, instancia que emite recomendaciones y reconoce la existencia de actos violatorios de los derechos universitarios, pero que por sí sola no puede cesar o suspender a los agresores. 

Al respecto, Alejandra Cartagena, abogada feminista y coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), señala que las recomendaciones tienen un impacto mínimo, ya que el agresor puede o no obedecer lo que dicte la DDU:

“Si no se deja claro que la UdeG está en contra de esta situación, pues de nada sirven las recomendaciones, pues no sirve que se tomen la foto y que hagan pronunciamientos. Seguimos teniendo a estos agresores dentro de la universidad, dejando en un contexto de vulnerabilidad a las mujeres que estaban frente a estas personas”.

De igual manera, páginas como “MeToo UDG” y “La UDG no me cuida” han denunciado en redes sociales que los procesos por los que pasan las alumnas son revictimizantes, fallidos, largos y sólo han dejado a los agresores sin ninguna represalia.

En apoyo a las compañeras, ambas colectivas de apoyo siguen compartiendo los casos que llevan más de un año en la DDU, exigiendo al Rector General de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, un protocolo funcional, personal capacitado y una respuesta a los casos que siguen en espera.  

A la fecha, han pasado casi tres años de la aprobación del actual Protocolo Universitario para Atender los Casos de Acoso y Hostigamiento de la Universidad de Guadalajara; aún así sigue prevaleciendo la impunidad en los casos, pues dicha instancia no ha mostrado ser una instancia eficaz ni para prevenir estas agresiones ni para realmente incidir en el castigo para quienes violentaron los derechos de las universitarias.

“La única recomendación viable es que sus agresores queden fuera de la UdeG”, comentó Alejandra Cartagena, quien hizo referencia al caso del ex coordinador de la carrera de antropología del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), Horacio Hernández Castillo, quien luego de ser acusado de acoso y hostigamiento por una profesora y alumnas, fue retirado del cargo, pero nunca fue destituido, la universidad sólo lo jubiló antes de tiempo.  

Las alumnas se cuidan solas y entre ellas

En el mes de marzo del 2020, el alumnado de la UdeG comenzó a protestar a través de tendederos, pegando carteles en sus centros universitarios y hasta confrontando al rector general, Ricardo Villanueva, sobre el acoso y hostigamiento del que son víctimas.

No obstante, debido a la pandemia de covid-19, las alumnas mudaron sus clases a la virtualidad, pero no pararon las denuncias. En sus redes sociales personales o anónimamente en páginas de apoyo siguieron levantando la voz con la esperanza de ser escuchadas. 

Una alumna de la licenciatura de Derecho, expuso que “era terrible que un profesor con denuncias siguiera dando clases”, ya que, aunque sean virtuales: “la incomodidad y el miedo no se van”. 

Las estudiantes ya no confían en su universidad, puesto que, viven cansadas de que sus agresores no tengan represalias y sigan paseando impunemente ahora por las clases virtuales.

Este trabajo fue publicado originalmente en ZONA DOCS que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.