Con la creación de contralorías ciudadanas del agua, las personas se han propuesto impulsar políticas públicas e incidir para el mejor uso del agua ante la crisis que se vive en todo el país por este recurso natural

Texto: Jaime Armendáriz / Raíchali
Fotos: Raúl F. Pérez

CHIHUAHUA.- Personas de comunidades, pueblos originarios, académicas, de organizaciones sociales, ambientalistas, investigadoras, científicas, y demás, se han sumado por todo el país para iniciar un gran movimiento de vigilancia del agua, ante la sobreexplotación, contaminación y el acaparamiento de este recurso, problemas originados por omisiones y hasta complicidad de las autoridades.

Para ello se creó el llamado “Grupo Promotor de la Contraloría Nacional Autónoma del Agua”, iniciada a partir de varias contralorías y grupos promotores ya existentes en varias regiones del país, entre estos un capítulo de Chihuahua, que se encuentra en proceso de reconocimiento formal.

Si bien este trabajo ciudadano a nivel nacional impulsa como un tema principal la creación de una nueva Ley de Aguas, petición que lleva más de 12 años y el paso de por lo menos 4 legislaturas federales, también se han puesto como directriz la vigilancia día a día del uso de este recurso natural, dadas las condiciones de crisis que hay por todo el país, y los conflictos generados a partir de la escasez del agua.

María Eugenia Ochoa, vocera del grupo promotor, explicó a Raíchali que desde la ciudadanía se tienen ópticas distintas a las que hay desde los gobiernos en el manejo del agua. Por ejemplo, detalló, se ha visto el problema de la sequía como el principal, y que si bien es cierto es un tema toral, se ha dejado de lado atender el saqueo que hay del recurso por grandes acaparadores, llámese empresarios, terratenientes y otros.

“El tema de la sequía no es el central, si es un tema, pero el tema es el saqueo del recurso, es ver la distribución equitativa del agua”, dijo.

Como dato para sustentar eso, refirió que el 7 por ciento de las personas o empresas que tienen concesionada el agua, acaparan un 70 por ciento de la disponibilidad de este recurso a nivel nacional. “Entonces, ¿cómo vamos a hablar de equidad con esas condiciones?”, cuestionó.

En este sentido, precisó que desde hace varios años se impulsa una nueva Ley de Aguas para sustituir la actual, considerada obsoleta, a fin de ver el agua como un bien común, como un bien público y poder garantizar así su propio ciclo de vida que permita, entre otras cosas, la regeneración de los acuíferos, que se encuentran hoy en día con bajos niveles.

Además de la regeneración de los mantos acuíferos, debe existir una política pública adecuada de tratamiento y saneamiento del agua que se contamina, sobre todo por empresas como las embotelladoras y de alguna otra producción, como las mineras, planteó Ochoa.

Por eso es importante que con el nacimiento de esta alternativa del gobierno del agua, estén las miradas de los pueblos, las personas productoras, vecinas y vecinos en las comunidades velan por el recurso, abundó.

Consideró que no se necesita esperar a que se genere una nueva ley, añadió. “Sí es necesaria, pero antes hay que irnos preparando y exigir el buen uso del agua, y por eso requerimos cada vez el esfuerzo de la organización social a nivel de colonias, de barrios, de comunidades”.

En Chihuahua, el primer grupo; es de Ascensión

Con el apoyo de productores y la autoridad municipal, en Ascensión, al noroeste de la entidad, se creó el primer grupo promotor de Chihuahua para la vigilancia del agua. Sólo están a la espera de las acreditaciones desde la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para establecerse como una contraloría ciudadana.

Este iniciativa surge desde hace varios años por los problemas de esa zona con el recurso hídrico, que va desde la sobreexplotación de los mantos acuíferos, hasta la contaminación del agua que actualmente es utilizada para los cultivos y para el consumo humano.

De ahí surgió la idea de organizarse mejor para defender a la comunidad de intereses externos, así como de la falta de capacidad de las autoridades para regular la apertura de cientos de pozos ilegales. Según datos oficiales, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sólo tiene 5 inspectores a nivel estatal para hacer las supervisiones correspondientes.

Martín Palomares es habitante de Ascensión y es parte del grupo que se ha formado en esa localidad para defender el agua. Junto a varios de sus colegas han realizado manifestaciones para impedir el acaparamiento del recurso.

La defensa del agua es apoyada también por el Ayuntamiento, que con su alcaldesa Ivonne de la Hoya respaldó la conformación oficial de un comité de defensa del agua, órgano que está en espera de la respuesta de aprobación de la Controlaría, por parte de la Profepa.

“Necesitamos llevar desde la ciudadanía esta defensa, porque la comunidad está en alto riesgo por la crisis del agua”, manifestó Palomares en entrevista con Raíchali.

En un sentido similar, de la necesidad del impulso ciudadano, se pronunció Alfonso Cortés Lara, investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef) e integrante del Grupo Promotor de la Contraloría Nacional Autónoma del Agua, quien estuvo durante un par de días con las personas de Ascensión para explicar el funcionamiento de ese esquema de participación ciudadana.

“Lo que ustedes están buscando es justicia hídrica, y que mejor que hacerlo mediante mecanismos de participación colectiva, que debe acompañarse con acciones legales y permanentes para vigilar el buen uso del agua”, planteó.

En el caso de este primer grupo promotor creado en Chihuahua, se integra a los esfuerzos que hay desde otras entidades, como Baja California, Querétaro, Coahuila, Puebla, Yucatán, Durango, San Luis Potosí, Edomex, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, entre otras.

¿Cómo funciona esta Contraloría del Agua?

El grupo promotor a nivel nacional está conformado por lo menos por otros 19 grupos o contralorías regionales, algunas con reconocimiento formal, para poder incidir en las políticas públicas, es decir, que por ley pueden llegar ante las autoridades y presentar propuestas de ley y constantemente llevar las opiniones para fomentar el mejor uso del agua.

Todas se encuentran integradas por personas de la sociedad, ya sea con experiencia o no, en el tema, pero que coinciden en la necesidad de cambios para el manejo del recurso.

Las bases legales para el funcionamiento de estos mecanismos las establecen en los artículos 1, 2, 4 y 9 de la Constitución Política de México, que se refieren a la participación ciudadana y la atención que deben tener desde los gobiernos, además de algunos otros mecanismos jurídicos internacionales vinculantes.

Como ejemplo de uno de estos grupos ya reconocidos legalmente se encuentra la Contraloría de la Cuenca de la Ciudad de México. Este fue aceptado constitucionalmente en la capital del país y se le tomó la protesta formal a todas sus integrantes. Asimismo, en el Estado de México (Edomex) existe la Secretaría del Agua, con una oficina dedicada específicamente a las contralorías ciudadanas.

“Se está abriendo camino en varias entidades del país”, celebró el grupo promotor a nivel nacional mediante un comunicado de prensa emitido el pasado 21 de marzo, en el marco del Día Mundial del Agua.

La idea del grupo es presentar propuestas de leyes, proyectos y políticas públicas, técnicamente fundamentadas y socialmente avaladas; garantizar la participación pública y efectiva en las decisiones gubernamentales sobre el agua; documentar y denunciar las violaciones de la normatividad hídrica y ambiental; evaluar el desempeño de servidores públicos responsables del agua y del medio ambiente.

Algunos de los objetivos planteados, además del reemplazo de la Ley de Aguas Nacionales con una Ley General de Aguas, es lograr el reconocimiento de los derechos al agua de los pueblos originarios, los núcleos agrarios y los sistemas comunitarios, despojados bajo la actual ley.

También buscan poner fin a la contaminación, terminar con el sobre las concesiones de los ríos y acuíferos, la compraventa de concesiones, así como las extracciones ilícitas; lograr la desprivatización; prohibir la minería tóxica, el fracking y megaproyectos destructivos, entre otras.

Esta nota fue publicada originalmente en RAÍCHALI, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes ver la publicación original.