Santiago Aguirre Espinosa, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, admite que como organizaciones defensoras del caso Ayotzinapa cometieron errores. También, que algunas asociaciones presenciaron interrogatorios a los inculpados

Texto: Vania Pigeonutt
Fotos: María Ruiz

CIUDAD DE MÉXICO.-Han pasado mil 825 días de que supuestos policías municipales desaparecieron a 43 normalistas y asesinaron a seis personas, tres de ellas también estudiantes, el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Por insólito que parezca, en estas centenas de días y una búsqueda incansable, no están los 43.

En la víspera de que se conmemore el quinto aniversario de la desaparición forzada que destapó uno de los problemas más graves que enfrenta México: el de los más de 40 mil desaparecidos, Santiago Aguirre Espinosa, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), admite que como organizaciones defensoras del caso también cometieron errores.

“Nos faltó tener más solidez en el acompañamiento psicosocial con las familias, más constancia, más presencia. Nos faltó abarcar a un universo tan amplio de víctimas. Nunca pudimos acercarnos a las familias de Los Avispones. Hay esposas de normalistas que nunca pudimos incorporar en el proceso de cómo iban los casos. Yo creo que allí estaría la principal autocrítica del proceso”, admite Aguirre.

Las instalaciones del Centro Prodh en estos días parecen un hotel: entran y salen periodistas, activistas, y están por los pasillos algunos padres y madres de los 43 desaparecidos que tienen reuniones con las autoridades federales. La semana pasada se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuya primera acción de gobierno consistió en firmar el decreto para esta Comisión de la Verdad.

El abogado principal del caso, junto a Vidulfo Rosales Sierra del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, asumió hace cinco meses la dirección del Prodh, que desde hace tres décadas ha dado seguimiento y defensa a víctimas de violaciones a los derechos humanos. Hoy lamenta no saber el paradero de los 43. 

Septiembre ha sido un mes muy agitado para los que integran el movimiento por la presentación con vida de los normalistas de la Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. El 2, Gildardo López Astudillo apodado ‘El Gil’, supuesto autor material y uno de los líderes del grupo criminal Guerreros Unidos, salió libre aún teniendo un papel preponderante en la llamada “Verdad histórica” dada a conocer por el ex procurador, Jesús Murillo Karam en enero de 2015.

Un juez desestimó más de la mitad de las pruebas en su contra y la actual Fiscalía General no presentó nuevas evidencias. El delito de secuestro no pudo configurarse, y sólo días después un juez otorgó la libertad a otros 24 inculpados en el caso, que ha tenido señalamientos de tortura y detenciones arbitrarias.

El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, ventiló que fue Samuel Ventura Ramos, juez Primero de Distrito de Procesos Penales en Tamaulipas, quien aprovechó el “sabadazo” y otorgó las liberaciones. Con estos imputados puestos en libertad, los 142 detenidos que Murillo Karam aseguró que capturaron en estos años se convirtieron en 65.

De los 142 que fueron hace cinco años han sido liberados 77. Siguen tras las rejas el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, acusados de delincuencia organizada.

–¿Cuál es el estatus jurídico del caso Ayotzinapa?

–Entre septiembre 26 de 2014 y los primeros meses de 2015, la Procuraduría General de la República (PGR) a través de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada integró una serie de averiguaciones previas en las cuales encuadró los hechos de 26 de septiembre como secuestro, y le atribuyó ese secuestro a varias personas. Contabilizamos que de esa acusación de secuestro en contra de los estudiantes, serían un poco más de 70 personas detenidas de tres distintos núcleos de grupos: los civiles, los policías de Iguala, los de Cocula, a esas personas se les imputó el secuestro de los normalistas.

La teoría del caso fue que todos los estudiantes habían sido privados de la libertad en la calle de Juan N. Álvarez y Periférico, en un mismo grupo, en un mismo evento. Esa fue la tesis que se presentó en los tribunales, fundamentalmente ésa tesis se basaba en declaraciones que hoy se sabe, muchas, se obtuvieron con tortura y detenciones arbitrarias.

“La PGR, hoy Fiscalía General de la República (FGR), mantuvo una averiguación previa abierta en la que fue reuniéndose más evidencia.  Aunque se ha dicho que la Verdad histórica es lo que está en el expediente oficial, en realidad ante los juzgados federales, la teoría de caso que se presenta concluye con la privación ilegal de los estudiantes encuadrada como secuestro”, narra el abogado.

Para el Prodh, toda la prueba vinculada con la llamada verdad histórica sobre el basurero de Cocula –que sostiene que los normalistas fueron quemados allí– no fue elevado ante los tribunales. Esto es lo relacionado a peritajes de fuego, peritajes de biología, análisis de la evidencia que se recabó, dictámenes de antropología forense.

No se hizo la acusación por el homicidio de los estudiantes, pese a que públicamente la verdad histórica es que los estudiantes fueron privados de la vida. 

“Si la PGR sostenía que ese había sido el paradero de los estudiantes, lo lógico, lo conducente y lo legal, era que también planteara acusaciones que reflejaban ese extremo y hasta ahora no ha ocurrido; entonces, lo primero que te diría es que tienes un fuerte desfase entre la versión judicializada de lo que ocurrió y lo que públicamente se ha dicho del caso”, puntualiza.

Otro elemento importante es que esa investigación que realizó la PGR fue sujeta a un amplio escrutinio internacional.

Por un lado, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que estuvo en México entre 2015 y 2016; después por el Mecanismo Especial de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que estuvo en México en 2017 y 2018. También, la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que publicó el informe: doble injusticia, que es muy relevante sobre el tema de tortura. La investigación oficial fue reporbada.

‘Pudimos presenciar algunas entrevistas’

–¿Pero es por el mal proceso que salen libres los imputados?

–Sí. A nosotros nos parece que cuando un juez está ante un caso donde hay prueba ilícita, tiene que dejar la prueba de lado y se tiene que resolver o juzgar en consecuencia, y nos parece que en esos casos, cuando eso ocurre, a quien hay que pedirle que rinda cuentas no es al juez que absuelve, sino a los investigadores, a los policías, ministerios públicos y procuradores que integraron esas investigaciones que luego no prosperaron.

–¿Cuáles fueron las fallas de Murillo Karam?

–Es una investigación que podía anticiparse, que iba a hacer muy observada, que uno consideraría que eso tendría que haber tenido por consecuencia, debió ser muy escrupulosa, muy cuidadosamente, acudiendo a las mejores tecnologías, y la respuesta que dio PGR para cerrar el caso con precipitación por la indignación que había surgido en todo el país, fue una respuesta que se basó en los peores métodos de investigación. 

La PGR detuvo de manera arbitraria a personas, declararon sin tener defensa adecuada; incurrió en actos de tortura, y consolidaron una línea de investigación que afirmaba que el paradero de todos los estudiantes era en el basurero de Cocula, aunque la evidencia no daba para afirmar o para llegar a esa conclusión de que los 43 habían sido quemados.

–¿De manera autocrítica consideran que como organizaciones acompañantes tuvieron fallas en el acompañamiento?

–El caso Ayotzinapa nos puso en un nivel de exigencia muy alto. En el plano jurídico, el hecho de que la PGR se haya llevado por una decisión, basada en la ley, pero arbitraria en el sentido de llevarse los casos a Tamaulipas, yo no diría que nos enfrentó con una deficiencia nuestra en el seguimiento de los juicios, pero sí nos dificultó mucho acceder momento a momento, de forma oportuna y de forma precisa a las causas penales, y a lo que el Poder Judicial iba integrando.

– ¿Se fue alentado la integración de todos los procesos?

– Los juicios fueron avanzando tropicones, y nos era muy difícil estar yendo cada 15 días a Matamoros, no tenemos ni siquiera los recursos para hacerlo; entonces, probablemente allí, habrá un recurso que en su momento podríamos interponer. No lo sé. Tampoco creemos que eso habría sido determinante. Pero no hicimos el seguimiento que hubiésemos querido hacer en Matamoros porque se llevaron lejísimos la causa.

– Nos llama la atención conocer, en los interrogatorios más importantes que hubo dentro del caso, por ejemplo el de Abarca, ¿quiénes tuvieron la oportunidad de participar? Y nos gustaría que nos compartieran qué se planteó en esos interrogatorios…

–Nosotros no estuvimos presentes en los principales interrogatorios.

–¿Que fue el de Abarca el más importante, cuál más me puedes decir?

–Sería el de Abarca, serían el de las personas a las que vincularon con la verdad histórica, etcétera. 

–¿El Gil, Sidronio Casarrubias?

–Sí tuvimos presencia, pero lo que pasa es que formalmente el momento en el que el Ministerio Público interroga a un detenido es cuando declara, y no estuvimos presentes en ninguna declaración ministerial inicial. Pudimos presenciar algunas entrevistas, en el caso del Prodh estuvimos en algunas.

–¿En cuáles?

–Ahí sí preferiría, por seguridad, no.

–¿Pero no estuvieron en el interrogatorio de Abarca?

–En el interrogatorio de Abarca si no mal recuerdo a él lo detienen supuestamente en Iztapalapa, a finales de noviembre de 2014, lo detienen, avisan que está detenido, y si no mal recuerdo, acuden dos papás y un abogado de Tlachinollan, lo ven en barandillas por unos minutos y después sale. Los familiares lo que pedían no era tanto escuchar el interrogatorio, sino tener la certidumbre visual que era Abarca y estaba detenido.

–¿Qué le faltó a la investigación del GIEI?

–Creo que hicieron un gran trabajo, no diría que les faltó nada.  Sí, le habrá faltado tiempo y profundizar. Ellos pidieron mucho los mensajes de Chicago de las blackberry de Guerreros Unidos, y esos llegaron a la investigación, aunque el GIEI intuía que existían y los pedían, llegaron a la investigación si no mal recuerdo, en diciembre de 2017, el GIEI ya llevaba tiempo fuera.

Aguirre se sabe en deuda con los padres y madres del caso. Dice que no puede dar fechas fatales para dar con nuevos resultados. Hay líneas pendientes por investigar, y admite que aunque ha habido voluntad del gobierno lopezobradorista, los tiempos burocráticos no empatan con los legales.

“Estamos en un momento peculiar, en un esquema, que ya nos conocíamos, que era el de la PGR, a partir de enero de este año estamos en el esquema de Fiscalía Federal autónoma y todavía todo mundo ha estado aprendiendo en los términos de la coordinación; por ejemplo, ponerlo en este caso entre Segob y Fiscalía. Qué se puede y qué no se puede”.

A mil 825 días de la desaparición forzada, dice, la exigencia es la misma: justicia integral. La presentación con vida de los 43. Castigo a los asesinos de los normalistas Julio César Mondragón Fontes, Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo; así como la pasajera de taxi Blanca Montiel,  el chofer Miguel Lugo y el futbolista David Evangelista. Y reparación del daño a decenas de familias y a los 17 heridos.

Contenido relacionado:

Mi noche de Iguala: David Flores, normalista criminalizado