Luego que la Fiscalía General de la República se desistió de detener a 16 militares por su presunta implicación en el caso Ayotzinapa, se vislumbra la intención de victimizar al Ejército ante el crimen de Estado, analizan los abogados David Peña y Federico Anaya. El presidente López Obrador respaldó la decisión y argumentó que los militares exonerados no estaban señalados en el informe presidencial sobre el caso

Texto: Arturo Contreras Camero

Foto: Alexis Rojas

CIUDAD DE MÉXICO.- Las filtraciones periodísticas y desistimientos por parte de la Fiscalía General de la República sobre militares que habrían participado en los ataques contra los estudiantes de Ayotzinapa significaría una confrontación explícita del Ejército y el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, en contra del informe de la comisión especial creada por la Presidencia de la República para investigar el caso.

Así lo explicó este lunes el abogado David Peña en la mesa de análisis del noticiario Momentum, quien añadió que entre las dos narrativas acerca del caso -la contenida en la llamada “verdad histórica” y la reconstruida con la reciente investigación de la comisión presidencial- la participación de los militares está generado una división dentro del gobierno federal.

“Desde mi perspectiva, el Ejército no solo se está separando de esa narrativa, está desconociendo un informe presidencial, enfrentando a un informe presidencial. Y el enfrentamiento de un informe presidencial es bastante riesgoso en términos de seguridad, de gobernabilidad, por donde lo quieran ver. El Ejército está tomando la afrenta con el apoyo de Gertz Manero y con estas dos fuerzas, estos grupos de poder históricos dentro del Ejército, no todo el Ejército, en contubernio con la FGR, entre ambos están torpedeando el informe presidencial”, advirtió el abogado Peña.

El tema principal desde una óptica jurídica es la forma de operar de la Fiscalía a través de filtraciones, añadió.

“La Unidad Especializada del caso Ayotzinapa judicializa un paquete de personas, 83 personas para solicitar orden de aprehensión”, contó al respecto el abogado David Peña, en la mesa de análisis de Momentum. “Un área (Asuntos Internos) –la que integra el caso contra el exprocurador Murillo Karam– pide al juez que ya había entregado 83 órdenes de aprehensión y que se desista en 21, 16 de ellos son militares”. 

David Peña habla de la Unidad Especial para el Caso Ayotzinapa, un área especial en la FGR creada expedito para el caso, la que solicitó la aprehensión; y de la Unidad de Asuntos Internos, un área diferente, bajo la orden del fiscal Gertz Manero que fue la que pidió la detención del exprocurador Murillo Karam por su implicación en el caso y la misma que pidió retirar las órdenes de aprehensión en contra de los militares.

“El efecto que se tiene en esta semana sobre la reacción a esa detención, el desistimiento de 16 órdenes de aprehensión contra militares por parte de la Fiscalía GEneral y la aparición de nueva cuenta de actos violentos en las protestas de Ayotzinapa, me parece que es un discurso de nueva cuenta construido con estos intereses no sólo de criminalizar a los jóvenes, sino de volver víctima al Ejército”, añadió.

Por su parte, el abogado Federico Anaya Gallardo opinó que los militares están protestando por ser llamados a cuenta por la Presidencia por su actuación en el caso.

“Lo que creo que estamos viendo, como lo sugieren, es que están los civiles diciendo: ‘tienes que asumir tu responsabilidad en la noche de Iguala y decir quiénes fueron’, pero hay otra parte, la del Ejército, que dicen no, porque somos inocentes”.

Hasta ahora la investigación que había hecho el Poder Ejecutivo, no la Fiscalía, había sido increíblemente respetuosa del dolor de las víctimas, pero eso cambió con las filtraciones periodísticas de la FGR.

“La verdadera noticia es que la Fiscalía General de la República se separa, se arrepiente de órdenes de aprehensión ya solicitadas y ya concebidas”, destacó Anaya Gallardo.

AMLO se deslinda

El presidente Andrés Manuel López Obrador argumentó que el informe elaborado por la comisión presidencial creada para investigar los crímenes de Ayotzinapa no señaló a los 16 miembros del Ejército sobre los que pesaba una orden de aprehensión por su presunta corresponsabilidad en el crimen de Estado. 

“Nosotros estamos actuando a partir de la investigación que llevó a cabo la comisión especial”, dijo por la mañana de este 26 de septiembre durante su conferencia diaria, después de reconocer la fecha como luto nacional. ¿Por qué cancelaron las órdenes de aprehensión? “Porque no estaban en el informe. Se actuó a partir de las personas que aparecen como responsables en el informe”.

El 18 de agosto pasado la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, creada por petición presidencial a inicios del sexenio, presentó un informe que desmintió la llamada “verdad histórica”, la versión de los hechos reconocida por el gobierno de Peña Nieto. Además reconoció la responsabilidad de miembros del Ejército y de la Marina. 

“Ya los que están en el informe y se les comprueba que participaron o que son presuntamente responsables van a dar a conocer su versión y van a aclarar si participaron o no participaron”, dijo López Obrador sobre el conocimiento del caso de estos militares. “No vamos a dar carpetazo al asunto, pienso que se dio un paso importante y que de esas detenciones que se hicieron y del proceso que se abre va a salir más información”.

Cinco días después de dar a conocer el informe presidencial, la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, un área especial en la FGR creada expedito para el caso, emitió una orden de aprehensión por 83 personas, entre ellos los 16 militares en cuestión.

El revuelo en torno al caso estalló el sábado, con las filtraciones hechas por la columnista de Reforma, Peniley Ramírez, quien publicó una parte testada del informe presidencial en agosto, mismas que el presidente calificó como un intento de argucia legaloide para vulnerar la justicia. Sin embargo, desde el viernes inició un cúmulo de sucesos que podrían revelar una trama más amplia.

Ese viernes 23 de septiembre madres y padres de los 43 visitaron las instalaciones del Campo Militar número 1 para pedir al Ejército que les revele toda la información que tienen del caso, como parte de sus jornadas de protesta por el aniversario del caso.

La solicitud quedó opacada por la cobertura mediática, que en vez de enfocarse en la petición de “desacuartelar” la información, centraron su mirada en las imágenes de los jóvenes normalistas aventándose piedras con integrantes del Ejército. 

Esa misma noche, el canal 40 de TV Azteca transmitió una entrevista con el general José Rodríguez Pérez, uno de los señalados en el caso por presuntamente ordenar los asesinatos de seis de los estudiantes, y quien estuvo a cargo de las comunicaciones en Iguala el día de los hechos. La entrevista fue exclusiva, grabada desde el interior del Campo Militar 1, un lugar normalmente inalcanzable para los reporteros. 

Ante la cámara, el general Rodríguez cuenta que él mismo se entregó a las autoridades. “Cuando supimos que había una orden de aprehensión, de inmediato nos presentamos para señalar nuestra inocencia; para eso nos presentamos”, dice en defensa de la corporación a la que pertenece.

Finalmente, el domingo, el periódico español El País publicó una nota, también exclusiva, en la que afirmó que por lo menos 21 de las órdenes de detención derivadas de la investigación de la comisión presidencial serían canceladas, a petición de la Fiscalía General de la República, misma que había hecho la petición. La decisión, sin embargo, no vino de la misma oficina que las emitió.