Un grupo de empresarios y políticos ligados al PRI demandaron a habitantes rarámuri en la sierra de Chihuahua por «despojo» de las tierras en las que han vivido históricamente

Texto: Reyna Haydee Ramírez / Raíchali

CIUDAD DE MÉXICO.- Un grupo de 5 empresarios ligados al Partido Revolucionario Institucional (PRI) denunciaron por despojo de unas 154 hectáreas a la comunidad rarámuri de Mogótavo, ubicada en las barrancas del Cobre, en el municipio de Urique, Chihuahua.

La ubicación de la comunidad, su paisaje y la vista que tiene hacia las barrancas es un atractivo para los inversionistas que buscan desarrollar un mayor complejo turístico, aledaño al parque Aventura Barrancas, que les ha costado más de dos décadas de resistencia y lucha contra el despojo y contaminación del agua a esa comunidad y otras dos vecinas, también rarámuri: Bacajípare y Huetosachi.

Los pobladores de Mogótavo tienen evidencia de que la comunidad existe desde por lo menos principios del siglo XX en una extensión de 1,500 hectáreas, y a pesar de que las autoridades no les han entregado escrituras, conservan su derecho ancestral por el que luchan en tribunales agrarios.

Recientemente, el Tribunal Superior Agrario falló en contra de la comunidad porque ésta supuestamente no respondió una demanda de la que no fue notificada, y determinó que los dueños de ese territorio son los empresarios: Ricardo Orviz Blake (exdiputado local), Omar Bazán Flores (expresidente del PRI estatal y actual diputado local en busca de su reelección), Agustín López Daumas, Ricardo Valles Alvelais y Jesús Alberto Cano Vélez.

Después del fallo, los empresarios demandaron penalmente por despojo a los representantes de la comunidad, ante la Fiscalía General del Estado.

El jueves pasado, acompañados de abogados en derechos humanos que les apoyan, como la asociación civil Awé Tibúame, un grupo rarámuri de Mogótavo viajó a Ciudad de México a promover un amparo, a fin de responder a la demanda sin riesgo de ser detenidos.

Las autoridades tradicionales dieron a conocer en entrevista que un grupo de personas mestizas han querido ocupar sus tierras, legadas por sus ancestros, pero están dispuestos a defenderlas.

Uno de los representantes de la comunidad dijo que desde que empezó este conflicto han vivido en la incertidumbre, entre el sobresalto y la incertidumbre de que lleguen estos empresarios a despojarlos de sus tierras en Mogótavo, poblado que se encuentra cerca de la estación del tren Chepe del Divisadero.

“Les han ofrecido casas, reubicarlos, pero han resistido. Ellos no salieron de ahí, seguirán ahí y no van a salir de ahí, pues de ahí son”, agregó el abogado Horacio Lagunas.

Otro de los representantes de la comunidad agrega:

“Al presidente le pedimos que nos atienda para seguir adelante con el trabajo, que no nos molesten. Así cada rato andamos apurados, para allá, para acá. Cada vez que amanece, piensa uno: ‘¿ahora qué seguirá?, a ver si vienen otra vez a molestarnos”, externó uno de los gobernadores de Mogótavo, sentado con su cubrebocas en un sitio ubicado frente al Zócalo capitalino.

La comunidad ha interpuesto varias denuncias en los tribunales agrarios, han presentado pruebas para demostrar que sus derechos ancestrales ahí vivieron y que son posesionarios de esas tierras, pero advierten que algunos magistrados podrían estar favoreciendo a los empresarios.

“La comunidad es invisible para todos ellos, la comunidad tiene ahí cientos de años, está probado con documentos. La Diócesis nos dio constancias de bautismo de 1915, desde entonces ya se conocía como Mogótavo”.

“Hay registros de 1930, el Inegi ya tenía registrada como comunidad a Mogótavo y ellos (los empresarios) dicen que apenas acaban de llegar y ya los están acusando de despojo”, explica Lagunas.

Antecedentes

Los cinco empresarios adquirieron 154 hectáreas de la comunidad de Mogótavo en 2008, a la empresaria Odile Sandoval.

“Les vendió a los inversionistas que tienen mucho interés en negocios de turismo (…) curiosamente, la señora les vendió precisamente el pueblo principal, la escuela, el dispensario médico, la iglesia, precisamente uno de los lugares más ricos (en recursos naturales)”, detalla el abogado.

Los empresarios esperaban que Sandoval desalojara el territorio. En 2011 que intentaron reubicar a la comunidad de unos 400 habitantes, no pudieron y Mogótavo inició los litigios para obtener el reconocimiento ancestral y las escrituras.

Los Sandoval dividieron el terreno de la comunidad en tres lotes en la extensión de la comunidad, 1,500 hectáreas, desde 1985, cuando se hizo la primera adjudicación. En 2011 la controversia entre las partes ya estaba en marcha.

“Pues a raíz de todos esos acontecimientos, hizo un intento de reubicar a un grupo de ellos ahí en Mogotavo. Les hicieron casas en otro lado con material de ladrillo, casi los convencieron, pero no quisieron. ‘¿Cómo nos vamos a ir de nuestra tierra?, dijeron. Odile Sandoval acudió a la SEP para recuperar lo que supuestamente era de ella, pero educación indígena no aprobó la solicitud porque había antecedentes del derecho ancestral”, acotó el abogado Lagunas.

Finalmente frenaron la reubicación de la escuela y en 2011 promovieron el primer juicio de nulidad de la compraventa y de adjudicaciones, demandaron al estado y al Fideicomiso Barrancas del Cobre, porque el gobierno estatal le compró una superficie similar de la misma comunidad, a Ivonne Sandoval, hermana de Odile y propietaria del hotel más importante de esa zona.

En las hectáreas que adquirieron en los terrenos de Mogótavo, pretendían construir una nueva estación del tren, pero las comunidades no estaban enteradas. “Todo eso se hizo en lo oscuro, en lo alto, cuando empezó todo y se movieron más”, dijo el abogado rarámuri, Miguel Parra.

Y es que en la región de Barrancas del Cobre en el área turística, ofrecían a 100 pesos la hectárea, pero la familia Sandoval vendió las hectáreas a los empresarios-políticos, en 2 mil 250 dólares, aseguraron los representantes de la comunidad.

“Es un abismo porque por la situación turística nosotros lo hemos comprobado, por eso ellos están muy interesados. Si ellos invirtieron toda esa cantidad, es porque piensan que están avanzando, pero la comunidad está luchando. Vamos a defender con acciones legales, civiles, ante todas las instancias”, advirtieron.

“Lo que reclamamos son tres fracciones que se repartieron”, dijo otro de los representantes, respecto de la demanda que recibieron por despojo y que se encuentra radicada en Cuauhtémoc, en la Fiscalía Zona Occidente.

La otra comunidad vecina, Bacajípare, interpuso un amparo y realizó acciones de carácter civil y Mogótavo promovió el juicio de nulidad ante el Tribunal Agrario del Distrito 5 en 2011.

“Entonces durante varios años se estuvo litigando bastante, presentamos pruebas, peritajes, varios años”, acotaron.

Han emprendido varias batallas legales, los empresarios contrataron despachos de abogados para afectar a la comunidad y lograron que el juicio se siguiera hasta el final.

“Por las presiones que hubo, llega la resolución en 2018 y se dicta, declarando que no procede la acción, porque presentaron su demanda extemporáneamente, que porque pasó mucho tiempo, reclamando hechos de tiempo atrás, pero que a ellos nunca les notificaron”, detalla el abogado Horacio Lagunas.

La comunidad interpuso un recurso de revisión ante el Tribunal Superior Agrario contra la sentencia que salió en agosto o septiembre pasado, en plena pandemia, pero la comunidad desconocía esa demanda.

“No nos notifican a la comunidad, se supone que es obligación hacerlo, pero no fue así. Llegó el expediente de regreso a Chihuahua y el magistrado del Tribunal Unitario declara ejecutoriada la sentencia. Comienzan a atemorizar a la comunidad con la demanda penal por despojo y el 9 de junio es la audiencia, por eso promovimos un amparo porque puede ser una trampa”, agregó otro de los representantes indígenas de Mogótavo.

El jueves acudieron a la Ciudad de México para presentarse ante el Tribunal Superior Agrario para darse por notificados por la sentencia, de manera oficial e impugnar la sentencia, detalló el abogado.

AMLO ofrece atender a Mogótavo

En la conferencia matutina del jueves 20 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a atender este caso y cuestionó por qué un grupo de empresarios estaría interesado en sus tierras.

“Que el procurador agrario los atienda hoy mismo y a lo mejor alguien puede preguntar: ¿Y por qué tanto interés en esas mil 500 hectáreas en Urique que está allá en El Espinazo de la Sierra Tarahumara?”, dijo cuando se le preguntó sobre la postura del gobierno federal ante la problemática de los pueblos que tienen derecho ancestral pero no cuentan con escrituras de su territorio.

López Obrador retomó el contexto del “periodo neoliberal” y recordó que en ese municipio se explotó la mina de oro más rica, cuyo proyecto lo terminaron en 15 años. “Seguro que se trata de eso. Entonces, lo vamos a ver”.

Opinó que el interés no puede ser el turismo porque es una zona muy apartada, pero la zona que está en disputa, se encuentra alrededor de una hora del pueblo mágico y turístico de Creel, del municipio de Bocoyna y a unos minutos del principal parque turístico localizado en barrancas del Cobre, que es visitado históricamente por turistas europeos, americanos y nacionales.

Esa zona es un complejo turístico bastante desarrollado, con hotel cinco estrellas, tirolesa y teleférico, que lo convierte en uno de los sitios más demandados por vacacionistas. Hay carretera en buen estado y ahí mismo llega el Chepe. La cabecera municipal, de la que habla el presidente, se ubica a 4 horas en vehículo.

“Yo creo que lo del turismo no, porque yo conozco Urique y sí está bastante apartado, sólo se puede llegar ahí por un camino de terracería y avioneta. La pista de aviación está en medio del pueblo también en medio de los cañones, entonces ahí entra la avioneta y tienen que -es una calle casi del pueblo- tienen que avisar para quitar los animales cuando va a aterrizar la avioneta. Entonces, sí está muy apartado Urique, pero vamos a atenderlos”, aseguro López Obrador.

El presidente ofreció presentar un informe del avance en tribunales agrarios donde dijo poco a poco se avanza, se está haciendo limpia y cambio de funcionarios y se están revisando procesos y haciendo justicia.

“Se están haciendo cambios, porque también eso se abandonó. Se nombraron personas no afines a la propiedad social, no afín a los ejidos, a las comunidades, a las pequeñas propiedades, sino negociantes, funcionarios negociantes.

“Hemos recuperado millones de hectáreas sólo en concesiones mineras que se cancelaron, no porque nosotros las hayamos cancelado, sino porque como tienen que pagar impuestos y antes les condonaban los impuestos, ahora las están devolviendo para no pagar los impuestos porque no las van a usar para la explotación minera, hicieron el trámite, les dieron las concesiones y en muchos casos utilizaron las concesiones para especular en lo financiero”, expuso.

Recordó que en sexenios anteriores se entregaron 120 millones de hectáreas para la explotación minera.

“El país tiene 200 millones de hectáreas, entregaron casi el 60 por ciento del territorio nacional. Muchos ejidatarios, pequeños propietarios, comuneros ni siquiera saben que ya lo que está debajo de sus tierras está concesionado, en Sonora, en Chihuahua, en Durango, pero también en Oaxaca, en todos lados”, aseveró.

Este trabajo fue realizado por RAÍCHALI, que forma parte de la alianza de medios de la Red de Periodistas de A Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.