Empresario ligado a Borge recibe beneficios en Cancún durante la pandemia

14 diciembre, 2020

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El llamado Zar de la gasolina, Ricardo Antonio Vega Serrador, cercano al exgobernador preso Roberto Borge Angulo, ha recibido contratos del ayuntamiento de Benito Juárez por 10 millones de pesos en la pandemia pese a no cumplir el requisito de ser uno de los proveedores oficiales

Texto y fotos: Ricardo Hernández Ruiz

QUINTANA ROO.- Sistema Inteligente de Administración del Sureste, empresa de Ricardo Antonio Vega Serrador, conocido como «Zar de la gasolina», investigado en más de una ocasión por lavado de dinero, defraudación fiscal y huachicol y beneficiado por la administración del exgobernador Roberto Borge, recibió de manera irregular al menos 10 millones de pesos del Ayuntamiento de Cancún durante la emergencia sanitaria por covid-19.

El municipio de Cancún ha erogado, del 1 de marzo al 31 de octubre, 58.9 millones de pesos para atender las necesidades derivadas de la pandemia del coronavirus, según reportó al Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo (Idaipqroo). Del total, 16.9 por ciento fue entregado al llamado “Zar de la gasolina” a cambio de suministrar tarjetas electrónicas para abastecer de combustible a unidades operativas municipales.

“Es muy grave. Una de las cosas que ya debería estar viendo el gobierno, cualquier ente público, es exigir la integridad corporativa, lo cual ya está contemplado en el Sistema Nacional Anticorrupción, particularmente, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, donde hay todo un capítulo sobre la integridad de las personas morales”, dice en entrevista Raúl Cázares, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

“Porque son solo a las empresas que tengan solvencia moral las que se debieran de estar contratando, para apegarse a la cultura del cumplimiento sobre lo que ya marca la ley. No es algo inventado”, insiste. 

El 19 de marzo pasado el Ayuntamiento adjudicó de manera directa dos contratos para suministrar combustible a unidades operativas a través del sistema de tarjetas electrónicas por un monto conjunto de 8 millones 50 mil pesos. 

Ambos contratos fueron autorizados, firmados y pagados pese a que la empresa no cumplía con los requisitos indispensables para ofrecer bienes o servicios al Ayuntamiento, pues ésta no estaba inscrito como proveedor autorizado.

La empresa de Ricardo Antonio Vega no fue dada de alta en el sistema sino hasta el 23 de junio pasado, tres meses después de recibidos los contratos y dos meses fuera del límite máximo permitido. El Reglamento municipal de Adquisiciones, arrendamientos y prestación y de servicios sí permite celebrar contratos con proveedores no habituales, sin embargo, establece que tendrán que darse de alta en el padrón de proveedores en un tiempo no mayor a 30 días naturales después de celebrado el contrato, lo cual no sucedió. 

Meses antes había ocurrido la misma irregularidad: se le concedió un contrato sin ser proveedor autorizado. En enero de 2020, previo a la pandemia de coronavirus, la empresa ganó una licitación pública para el mismo fin, suministrar tarjetas de gasolina al Ayuntamiento durante todo el año. Entre marzo y junio la autoridad municipal destinó parte de las tarjetas para suministrar de gasolina a las unidades usadas para atender asuntos derivados de la emergencia sanitaria y el gasto se reportó como tal, como erogaciones-COVID: del 15 de marzo al 15 de abril de 2020 se le pagó a la empresa 722 mil 948 pesos, en mayo 710 mil 307 pesos y entre junio y julio otros 606 mil 542 pesos.

En total, de enero a julio se pagaron 10 millones 89 mil 797 pesos a la empresa del Zar de la gasolina.

También urge, enfatiza Raúl Cázarez, añadir la integralidad de las personas físicas y morales al Reglamento municipal.

Polémico personaje

Ricardo Antonio Vega Serrador es un empresario conocido en Quintana Roo, dueño de una amplia red de gasolineras, supuestamente abastecidas con huachicol, y de varias empresas señaladas por haber sido beneficiadas durante la administración de Roberto Borge Angulo, exgobernador, hoy preso por desempeño irregular de la función pública y peculado.

Este personaje ha sido investigado desde 2014 por la entonces Procuraduría General de la República por lavado de dinero. El periódico Reforma dio a conocer en abril de 2017 que la PGR indagaba las cuentas bancarias de las empresas de este y otros ocho personajes incondicionales de Borge –entre los que se encontraba su propia madre–, por haber adquirido 24 terrenos a precio de remate, los cuales se extienden por más de 7 millones de metros cuadrados y están valuados en más de 5 mil millones de pesos.

Sistema Inteligente de Administración del Sureste, la empresa ahora beneficiada por el Ayuntamiento de Cancún, gobernada por la morenista “Mara” Lezama, fue creada en febrero de 2004 por Adolfo Dacasa Otero y Ricardo Antonio Vega Serrador, este último quedó en calidad de socio mayoritario, de acuerdo con el acta constitutiva de la empresa. 

Niega alcaldesa explicaciones

Alcaldesa Mara Lezama. Foto: Especial.

El Comité de Participación Ciudadana del SEA invitó a la alcaldesa “Mara” Lezama a un ejercicio de rendición de cuentas de lo erogado desde marzo a la fecha para la atención de la emergencia sanitaria.

El ejercicio consistía en responder las preguntas o dudas previamente elaboradas por ciudadanos y reporteros sobre los gastos realizados en el periodo. Este medio formuló dos cuestionamientos; requirió explicaciones sobre el proceso de compra, tipo de unidades operativas abastecidas y el uso que se les dio, así como la justificación de haber otorgado al menos tres contratos al polémico personaje.

A diferencia de otros funcionarios estatales, Lezama, autoadscrita a la Cuarta Transformación pública del país y que en reiteradas ocasiones pregona el discurso del combate a la corrupción y de la transparencia, así como su acercamiento a la sociedad civil, se negó a participar o siquiera contestar por escrito la batería de dudas.

A pregunta expresa al término del evento llamado Firma del Pacto estatal de Reactivación Económica Responsable, celebrado el pasado 2 de diciembre, la funcionaria evitó nuevamente responder a los cuestionamientos.

“No sé de qué me hablas. No, no, no sé. No tengo los datos aquí, no los tengo”, dijo antes de subirse a la suburban que la llevaba, a ella y sus guaruras.

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