Ellas nos alimentan, empresarios y gobiernos las acosan

22 febrero, 2021

Las familias jornaleras indígenas migran en condiciones deplorables que ponen en riesgo su integridad; las empresas que las emplean incumplen su obligación de bindarles seguridad en el transporte; y cualquier irregularidad es pretexto para que agentes públicos multen y extorsionen a estas personas jornaleras, aprovechando su vulnerabilidad

Por Ariane Assemat*

Cada año, miles de familias indígenas atraviesan el país de sur a norte para emplearse por temporadas en los campos agrícolas del norte y bajío del país. Son migrantes económicos que huyen del hambre en sus comunidades de origen, en las que no existe salud, ni educación, ni fuentes de trabajo digno, con la esperanza de un futuro mejor para sus hijas e hijos.

A este sector, la Ley Federal del Trabajo le dedica un capítulo y enlista una serie de obligaciones para quienes les emplean, entre las cuales se encuentra el brindar servicios cómodos, gratuitos y seguros de transporte entre sus viviendas y su lugar de trabajo, así como un seguro de vida para los traslados entre sus comunidades y las zonas agrícolas[1]. Sin embargo, en el marco de la precarización e informalización creciente del mercado laboral propia del neoliberalismo, quienes emplean a la población jornalera agrícola se deslindan por completo de cualquier obligación hacia ellas y ellos, dejándoles en una grave situación de indefensión.

Ante esta omisión por parte de las empresas, muchas familias jornaleras se ven obligadas a usar sus propios medios de transporte para trasladarse de sus comunidades a las zonas agrícolas, y dentro de ellas. Al hacerlo, se enfrentan a múltiples riesgos, tanto a su integridad física como a repetidos abusos de autoridad, sin que en ningún momento se finquen responsabilidades a las empresas sino a la población jornalera, muestra de la discriminación histórica de la que sufre.

Un ejemplo paradigmático de ello ocurrió en el 2014, cuando un grupo de personas jornaleras originarias del municipio de Cochoapa el Grande, uno de los más pobres del país, sufrió un accidente mientras se trasladaban en su vehículo propio hacia su lugar de trabajo, resultando en la muerte de cuatro personas, entre ellas dos niños, y graves heridas a 18 personas[2]. Frente a ello, la empresa empleadora buscó deslindarse de toda responsabilidad, mientras el chofer de la unidad fue detenido y pasó varios meses en la cárcel. Fue apenas el año pasado que, después de un largo juicio, la empresa fue obligada a pagar una indemnización por el accidente[3], la cual aún no se ha cobrado.

Otra violación cotidiana a los derechos de la población jornalera son los abusos de autoridad por parte de las corporaciones de seguridad pública, policías estatales, ministeriales y de tránsitos viales que verifican las unidades de las personas jornaleras. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, así como la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, reciben de manera constante denuncias, detectando desde el año 2019 el reforzamiento de un modus operandi por parte de las autoridades de seguridad pública de los tres niveles de gobierno que incurren en prácticas como la extorsión, el abuso de autoridad, multas excesivas, infracciones y detenciones durante sus traslados en contra de las personas jornaleras.

Se presentan durante todo el trayecto migratorio que realizan las personas jornaleras, desde sus comunidades de origen, hasta en las zonas agrícolas en las que diariamente usan vehículos propios para trasladarse de sus viviendas hasta sus lugares de trabajo. Los agentes se colocan estratégicamente en puntos en los que pasan todos los días las camionetas de las personas jornaleras, y cobran diariamente su cuota. Si las personas protestan, se les amenaza con retirarles sus vehículos o multarles por cualquier irregularidad que puedan presentar, llegando a infligir multas de más de 80,000 pesos para poder recuperar sus unidades. Estos abusos no son actos aislados por parte de algunos agentes, sino que configuran un patrón de actuación por parte de diferentes autoridades que los ven como presas fáciles de extorsionar, violando su derecho al libre tránsito y sus derechos humanos en general.

La dureza con la que se usa cualquier irregularidad para extorsionar e imponer multas exorbitantes a la población jornalera, contrasta brutalmente con la impunidad total de la que gozan las empresas que violan sistemáticamente los derechos de sus trabajadores. En un reportaje reciente, se reveló que, de los 14 mdp de multas impuestas por la delegación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en Sinaloa a empresas agrícolas en la entidad entre los años 2007 y 2017, no se había pagado ni 1 peso, debido a que el 97,5% de las multas habían sido canceladas ante tribunales y el otro 2,5% simplemente no había recibido respuesta[4].

Es urgente cambiar de enfoque si queremos transitar hacia la justicia social en México. Desde la Alianza Campo Justo, hacemos un llamado urgente a las instituciones para que, en vez de castigar a la población jornalera por su pobreza, tomen las medidas necesarias para que las empresas agrícolas cumplan con las obligaciones que de ley les corresponden.

*Por parte del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, para la Alianza Campo Justo.


[1] Artículo 283 fracc. VII y XI de la Ley Federal del Trabajo, disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_110121.pdf

[2] Exigen reparación del daño a jornaleros accidentados en SLP, Verónica Espinoza, Proceso, 9 de julio 2015. Disponible en https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2015/7/9/exigen-reparacion-del-dano-jornaleros-accidentados-en-slp-149548.html

[3] Jornaleros serán indemnizados por accidente ocurrido en SLP hace 5 años, María Medrano, El Universal, 23 de mayo 2019. Disponible en https://sanluis.eluniversal.com.mx/metropoli/23-05-2019/jornaleros-seran-indemnizados-por-accidente-ocurrido-en-slp-hace-5-anos

[4]  Pizcar entre plaguicidas. Los jornaleros sin protección a la salud. Reportaje especial para El País de Zorayda Gallegos, 2018. Disponible en https://elpais.com/especiales/2018/campo-mexicano/sinaloa/pizcar-entre-plagicidas.html

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