En la jornada electoral del 28 de noviembre los militares también estaban presentes, pero supeditados a un proceso vigilado por la ciudadanía y observado por más de 400 observadores internacionales

Texto y fotos: Heriberto Paredes

COLÓN, HONDURAS.- La noche del domingo 28 de noviembre de 2021 las calles de Honduras comenzaron a llenarse de personas que salían a festejar que Xiomara Castro de Zelaya estaba en la delantera de la carrera presidencial. La tendencia era contundente y colocaba a la candidata del Partido Libre con una ventaja de casi 20 por ciento respecto de su más cercano competidor, el nacionalista Nasry Asfura, mejor conocido como Papi a la orden.

Doce años

Doce años antes, la madrugada del 28 de junio de 2009, no eran cláxones o cohetes los que sonaban en las calles. No era alegría popular la que se respiraba en el ambiente; era el miedo y la confusión de ver tantos militares en las calles.

Aquel amargo despertar no era sino el golpe de Estado contra el entonces presidente Manuel Zelaya, quien, aunque intentó resistir en la embajada de Brasil, tuvo que abandonar el país para salvar la vida y restablecer cierta calma en las calles. Así comenzó una pesadilla de más de una década. Un periodo terrible que dejó defensoras del territorio asesinadas, activistas y militantes en prisión, pobreza extrema en más del 75 por ciento de la población y un éxodo que supera el millón de personas.

En 2009, la gente veía incrédula desde las ventanas de sus casas la creciente presencia de las fuerzas armadas, cerrando calles, deteniendo personas, atemorizando. También hubo contingentes enormes de manifestantes que resistieron en las calles, con lo que tenían a mano, para impedir que se impusiera un régimen militar. 

En la jornada del 28 de noviembre los militares también estaban presentes, pero supeditados a un proceso vigilado por la ciudadanía y observado por más de 400 observadores internacionales que llegaron de Estados Unidos, México, Colombia y España. El ejército ya no apuntaban sus armas contra las personas, en esta ocasión vigilaba que los materiales electorales llegaran bien. Discretamente y en silencio, los militares permanecían en los centros de votación. Algo ya había empezado a cambiar.

Resistir, el reto

Berta Cáceres fue asesinada el 3 de marzo de 2016, y la justicia no se ha cumplido del todo en su caso. Lo que sí es claro es el golpe que provocó su asesinato a la defensa del territorio, no sólo en el departamento de Lempira sino en todo Honduras. Estos cinco años han sido un desafío para sostener los procesos sociales generados por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y frenar proyectos económicos. Aunque hay victorias —una de ellas es la cancelación de la hidroeléctrica Agua Zarca, la cual pretendía construirse en el río Gualcarque por la empresa Desarrollos Energéticos (Desa)— aún falta mucho por cambiar.

Tal vez el otro polo de resistencia sea el pueblo garífuna, que ha logrado mantener la lucha por la tierra, pese a desapariciones forzadas y violencia desatada por terratenientes.

“Muchas organizaciones han perdido a buena parte de su militancia por la migración tan grande que ha habido. Estos años han sido muy difíciles en términos de organización. Los asesinatos de liderazgos importantes como el de mi mami, se han sentido mucho en las organizaciones sociales”, dice Berta Zúñiga, hija de Berta Cáceres.

Reconstruir Honduras

Poco antes de las elecciones, la ahora coordinadora del Copinh manifestó la disposición de la organización de responder a distintos escenarios posibles: la defensa del voto, contra un posible fraude electoral, o la celebración de una transición pacífica que abre las puertas al fortalecimiento de la defensa territorial y la identidad del pueblo lenca. «A pesar de que nuestra apuesta no es electoral, hemos estado y estaremos en las calles para defender la decisión de la gente».

En esta ocasión no hubo fraude, no hubo violencia, no pasó el peor de los escenarios posibles.

Como lo expresó Berta en su cuenta de Twitter: “¡Se fueron, por fin, carajo! Ahora a reconstruir a nuestra Honduras para que nunca más personas sean asesinadas o encarceladas por defender la naturaleza y los derechos de los pueblos indígenas”.

Ciudades Modelo: quitar al pobre para darle al rico

El proyecto más representativo del actual régimen de Juan Orlando Hernández, es conocido como Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES) o Ciudades Modelo. Se trata, fundamentalmente, de la construcción de espacios territoriales fuera de la ley hondureña, que permiten la evasión fiscal y en los que no tienen injerencia ninguna de las instituciones de gobierno, seguridad o justicia de Honduras. De concretarse este proyecto, cualquier criminal puede irse a vivir a una de estas ZEDES y no ser buscado por la policía, no pagar impuestos, o incluso ser parte de proyectos económicos. 

Aprobada en 2013, la ley orgánica de las ZEDES implicó modificaciones sustanciales a la Constitución hondureña en el primer mandato de Hernández: cambiaron al menos tres artículos, movieron magistrados, amoldaron todo para que no hubiera contradicción en el establecimiento de estos lugares.

Esta iniciativa, liderada por empresarios y políticos nacionales y extranjeros, representa uno de losdesafíos más importantes a los que se enfrentan las organizaciones como el Copinh y la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), situada en territorio garífuna. Ambas han caminado durante muchos años en la construcción de un poder popular de base sin objetivos electorales.

La idea es adueñarse, con expropiaciones o con despojos, de territorios ricos energéticamente o situados geoestratégicamente para construir estos espacios diferenciados. A decir de Óscar Hendrix, del Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD): «es lo contrario a Robin Hood, quitarle al pobre para dárselo al rico».

Momento crítico

La presidenta electa, Xiomara Castro, dio a conocer 30 puntos que su gobierno impulsará en los primeros 100 días de gobierno. Entre esos puntos, y de manera destacada, está la derogación de la ley de ZEDES, la aplicación de la justicia a los autores intelectuales y materiales de Berta Cáceres y Margarita Murillo, y la reparación de los daños causados por las violaciones a las víctimas de la violencia política del gobierno de Juan Orlando. 

Para las organizaciones de base, la moneda está en el aire y no es momento de bajar la guardia. Como dice Berta Zúñiga: «Sabemos que no todos los cambios van a venir desde aquí [elecciones], como hemos visto en América Latina, que independientemente de lo que pase nos va a tocar estar en la lucha porque el poder de facto siempre lo tienen los poderes económicos. Es un momento muy crítico».

Los jóvenes

Esta fue una de las elecciones con mayor índice de concurrencia en la historia reciente de Honduras, donde lo común es que 60 por ciento de la población se abstenga de votar.

Un teniente del ejército –quien prefirió no dar su nombre–, en el departamento de Colón, valoró así la situación: «Estas elecciones fueron diferentes porque ahora está participando mucha gente joven. Están vigilando cada paso. Hay mucha organización y preocupación por el futuro del país y el futuro de la juventud».

En efecto, la participación de muchas organizaciones de la sociedad civil estuvo encabezada por personas de menos de 30 años.

Los observadores

El Centro de Estudios para la Democracia organizó una misión de observación en la que participaron 237 personas de Honduras, Estados Unidos, México, Colombia y España. 

La misión se capacitó previamente. Preparó formularios para organizar la observación desde un día antes de la elección hasta un día después. Previno las formas en las que era posible cometer fraude, desde la compra de votos hasta la filtración de boletas previamente llenadas y fallos del sistema de identificación biométrica que se estrenó en este proceso.

Además, los observadores pudieron reunirse con distintos actores políticos y sociales. Esto significa un cambio sustancial en el proceso electoral, pues Juan Orlando se había mantenido en el poder tras un golpe de Estado y dos elecciones con amplias pruebas de fraude.

En Copán, Colón, Lempira, Yoro y Choluteca observadores internacionales y nacionales hicieron un amplio registro y denuncia simultánea de irregularidades durante la jornada. Las más frecuentes: compra de votos por parte del Partido Nacional, falla en algunas de las máquinas de identificación biométrica y proselitismo partidista afuera de los centros de votación.

Cachurecos

En Honduras a lo que está torcido o deformado se le llama cachureco, en México un equivalente a esta voz es la palabra chueco. A las personas partidarias del Partido Nacional o quienes son parte del régimen de hernández se les llama así, cachurecos, y en estas elecciones la consigna en las calles, la voz corriente, el rumor, era: ¡ya no seas cachureco, ya no seamos cachurecos!

En esta jornada, a pesar de tener un contexto adverso, se logró tener conteos a boca de urna y conteos preliminares que permitieron certificar la legalidad y la legitimidad del proceso. En las calles, tras los primeros resultados y de manera creciente en los días que siguieron, la voz popular recordaba que el pueblo hondureño no sería nunca más cachureco.

La agenda social, el reto

«Sin verdad y justicia no puede haber una sociedad mejor», señaló tajante, la directora del Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Honduras (COFADEH), Bertha Oliva de Nativí, en un encuentro previo a las elecciones.

Hemos agotado el derecho interno y llevamos nuestros casos a las cortes internacionales para conseguir verdad y justicia en los casos de desaparición forzada que tenemos desde la dictadura militar, pero también llevamos los casos de los asesinatos ocurridos tras el fraude de 2017″.

A pesar del resultado de las elecciones –tal vez gracias a ello–, la agenda social y política en Honduras se perfila como uno de los desafíos más complejos a los que se enfrentará el gobierno de Xiomara Castro, inclusive si tiene la legitimidad de la población y el reconocimiento de las fuerzas políticas que perdieron.

Hasta ahora, los candidatos de los otros dos partidos principales en Honduras, el Nacional y el Liberal han reconocido la victoria de Castro, también lo hizo el gobierno estadounidense a través del secretario de Estado, Antony Blinken. Queda entonces la agenda social, la cuál deberá atender demandas complejas.

Porque revertir las causas del éxodo masivo comprende la atención a casos de desaparición forzada, al menos en los términos que plantea el COFADEH y su propuesta de Ley de Memoria y Justicia.

¿Y los Cachiros?

También queda pendiente la cuenta con la clase política saliente y que está acusada de asociarse con grupos del narcotráfico. En específico el actual presidente y su hermano, Tony Hernández, sentenciado en Estados Unidos a cadena perpetua más 30 años por tráfico de drogas.

Muchos funcionarios más, particularmente de la zona de la costa atlántica, están señalados de ser parte de la banda conocida como los Cachiros, un cártel local que opera para el Cártel de Sinaloa. Hasta el momento no se ha dicho nada de cómo lidiará el nuevo gobierno con los crímenes y la corrupción del régimen que acaba.

Primeros 100 días…

Los 30 puntos que propone Xiomara Castro en los primeros 100 días de gobierno comprenden retos grandes. Entre ellos está la convocatoria a una consulta popular para organizar una asamblea constituyente que proponga una nueva Constitución, la recuperación de empresas estatales que han sido privatizadas, la reducción de impuestos a sectores pobres, la cancelación de monopolios y oligopolios, y la amnistía a los presos políticos.

Pero iniciar un gobierno en un país como Honduras, donde 52 por ciento del presupuesto es para las fuerzas armadas, 33 para educación y 27 para salud, donde el subempleo toca el 70 por ciento, donde el crimen organizado aporta 12 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), hay 37.4 asesinatos por cada 100 mil habitantes, y que tiene la identidad indígena lenca y la afroindígena garífuna, es un reto.

Desandar el laberinto hondureño no podrá lograrse sin la participación de las organizaciones sociales que han demostrado que «es la lucha y resistencia comunitarias las únicas que han dado resultado en la transformación de las condiciones de vida».