El gobierno federal reitera que el Tren Maya buscará evitar replicar ‘el modelo de Cancún’ —extendido ya en gran parte de la Riviera Maya— y ciertamente orienta políticas públicas a un ‘desarrollo con justicia’ en ciudades y comunidades del sur y sureste del país. Pero, en lo que al desarrollo turístico se refiere, el proyecto parece haber dado la espalda a su más natural aliado: el turismo comunitario

Tw: @etiennista

En la Península de Yucatán no es difícil apreciar la naturaleza depredadora del turismo convencional, sobre todo por parte de quienes habitan el territorio y padecen el despojo de sus tierras, la privatización de los bienes comunes, la contaminación, o la mercantilización, por parte de actores externos, de tradiciones y de su cultura. Pero el turismo no tiene que ser así. O por lo menos, no únicamente así. En la región, desde hace más de veinte años emergen y se desarrollan esfuerzos colectivos para ‘adaptar’ la actividad turística a formas menos dañinas para la naturaleza y para las propias comunidades. Se trata de comunidades que deciden involucrarse con el turismo en sus propios términos, de forma complementaria a sus actividades tradicionales.

Muchas de estas comunidades encuentran en la economía social una vía para proponer y gestionar iniciativas de turismo con base en la organización colectiva, mediante asambleas y decisiones consensuadas, y para lograrlo forman empresas sociales. A diferencia de las empresas de capital privado, éstas permiten mejorar de forma equitativa las condiciones de vida de las familias que participan en la actividad, al tiempo que inciden en el desarrollo de sus localidades. Y no son pocas. Un censo de 2013 reveló la existencia de 153 empresas de economía social dedicadas al turismo comunitario en los estados de Yucatán, Quintana Roo y Campeche.

Sin embargo, y como es recogido en el referido estudio —publicado como el Atlas de Turismo Alternativo en la Península de Yucatán— estas empresas enfrentan problemas como la falta de respaldo institucional, capacitación insuficiente, falta de acceso a mercados y dependencia de intermediarios, entre otros. De hecho, para su publicación en 2015, una cuarta parte de las empresas censadas habían dejado de operar. Posteriormente vino la pandemia y los desafíos propios de la prolongada contingencia sanitaria. Frente a todo ello el proyecto Tren Maya, con su pretensión de privilegiar no sólo a los mismos de siempre, despertó el interés —no sin escepticismo— de actores del sector social involucrados con el turismo.

En el marco de una investigación académica sobre el Tren Maya nos acercamos a este ‘otro turismo posible’ con el fin de conocer sus méritos, aportes y desafíos. Fue así como conocimos la Alianza Peninsular para el Turismo Comunitario (APTC), una alianza creada en 2018 por tres redes colaborativas (Co’ox Mayab en Yucatán, Consejo de Turismo Rural Campeche y Red Caminos Sagrados Kili’ich Bejo’ob de Quintana Roo) que en conjunto agrupa a 24 empresas sociales (cooperativas y ejidos). Personalmente, tuve la oportunidad de visitar varias de estas cooperativas en paisajes costeros, milperos, forestales y rurales de los tres estados, viviendo experiencias profundas y maravillándome de sus iniciativas (cuyas trayectorias recoge el libro Cuando Uno Somos Varios). En este proceso supimos de la existencia de un muy prometedor convenio en el marco del Tren Maya. Un convenio que se encuentra, penosamente, en el limbo.

Fue hace poco más de dos años, el 17 de junio de 2021, cuando en la comunidad de Ek Balam, en Yucatán, Fonatur y el Instituto Nacional de la Economía Social (Inaes) firmaron un convenio con la Alianza con el fin de promover y fortalecer a las empresas sociales dedicadas al turismo en el área de influencia del Tren Maya. El proceso de diálogo había iniciado tiempo atrás, con acercamientos de Semarnat y Fonatur a las redes estatales. Para las cooperativas y sus aliados —la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)— era un reconocimiento al sector social y una promesa frente a la llegada del Tren Maya. A las cooperativas les llevó un año analizar y discutir lo que estaba en ciernes. No era menor lo que estaba en juego y tampoco fue fácil el proceso interno (según compartieron algunos participantes, la decisión de firmar el convenio implicó incluso la escisión de algunos miembros).

Se trata de un convenio marco de colaboración entre las entidades referidas que tiene como finalidad “generar mecanismos que permitan fortalecer el turismo comunitario y colectivo en la zona de influencia del Tren Maya”. Como lo puso en su momento Fonatur, se trataba de “la culminación de una colaboración estratégica entre gobierno y sociedad civil, con el objetivo común de generar condiciones de bienestar e inclusión socio-económica para las comunidades”. La nota de prensa recoge las palabras del entonces director Rogelio Jiménez Pons: “más allá de discursos o firmas de convenios, lo más importante serán las acciones que se den en los próximos meses para el beneficio de las comunidades de influencia del proyecto”. Aquel día, ante los presentes en Ek Balam, añadió: “Les anuncio que habrá en cada estación y paradero del Tren Maya un espacio para la promoción y la vinculación entre oferta y demanda y encuentro con el turista, específicamente de turismo comunitario”. Por su parte Juan Manuel Martínez Louvier, director general del Inaes, enfatizó la importancia de que dicha obra de infraestructura, así como la estrategia de turismo a impulsar, se basara en la economía social. Firmaron en calidad de testigos de honor la UADY y el PNUD, así como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

Sin embargo, nadie en ese momento esperaba lo que se vendría. Siete meses después cambió la dirección de Fonatur y con ello la encomienda: enfocarse exclusivamente en la construcción de las vías, trenes, estaciones y paraderos, para cumplir con el compromiso de terminar el Tren Maya antes de que terminase el sexenio. Así, con la nueva administración en Fonatur, dejó de haber seguimiento al convenio marco, mismo que, como establece en su documento, derivaría en convenios específicos basados en diecinueve áreas de colaboración.

He tratado de entender por qué dejó de darse seguimiento a este convenio y sólo encuentro explicaciones que no justifican el abandono a las cooperativas (incluso se hablaba de ayudar a crear nuevas empresas sociales para llegar a 100 en la ruta del tren). Ciertamente el Tren Maya no avanzaba al paso requerido, no menos debido a la pandemia y a los más de 50 juicios de amparo. Pero ¿cómo es posible que ninguna dependencia del gobierno federal retomara el compromiso establecido y continuara el trabajo interinstitucional con las cooperativas de turismo comunitario en la región?

Hoy nadie parece tener una respuesta, al menos no una satisfactoria. En los últimos meses la gobernadora Mara Lezama ha dado pincelazos de una estrategia de apoyo a la economía social en Quintana Roo, incluyendo a cooperativas de turismo comunitario. Pero se desconocen los detalles y las cooperativas —al menos aquellas con quienes Fonatur firmó el convenio— no parecen estar involucradas. En todo caso si la encomienda se pasó a los gobiernos estatales, ¿qué hay del resto de los estados?

Frente a la empresa de Sedena que operará el Tren Maya han prosperado otros acuerdos, como el del Fondo de Cultura Económica (FCE) para tener una librería en cada estación, un gran acierto para fortalecer su misión de promoción de la lectura en el país. Sin embargo, y sobre todo frente al paso acelerado para inaugurar en Tren Maya en diciembre, ¿qué pueden esperar las empresas sociales de turismo comunitario de la región? Lo que en su momento se vio como un voto de confianza para que las comunidades formen parte del proyecto, hoy, para algunas cooperativas, el incumplimiento es “una gran falta a la palabra”. Personas de varias instituciones y organizaciones han intentado reactivar los procesos con Fonatur pero se enfrentan con cerrazón para dialogar y dar seguimiento al convenio.

De continuar así las cosas, la comunidad de Ek Balam verá terminar la estación de Valladolid (la más cercana) y ésta no tendrá ni información sobre la sociedad cooperativa U Najil Ek Balam ni la señalética integral prometida. Pero más allá de este caso específico, lo que está en juego es la certidumbre sobre una estrategia de ordenamiento turístico que privilegie emprendimientos como los del sector social al tiempo que limite los más depredadores y abusivos hacia las sociedades locales. Esta invisibilidad de facto del sector social, y la exclusión en la toma de decisiones, probablemente la ven ejidos y cooperativas a lo largo de la ruta del tren, lo cual es, además de un desacierto del gobierno federal, algo muy lamentable para quienes buscan un turismo más justo y solidario y a su vez defienden el territorio —ese espacio de vida crecientemente amenazado en la región. Esto no beneficia a nadie que desee que el Tren Maya llegue a buen puerto.