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El sistema anticorrupción de CDMX, entre los más rezagados del país

La maquinaria del sistema anticorrupción en la Ciudad de México calienta motores, pero sigue en los pits: falta instalar el Comité de Participación Ciudadana, nombrar fiscal y asignar presupuesto a la Secretaría Ejecutiva. Legisladores aseguran que el rezago quedará saldado antes de diciembre

Por Maurizio Montes de Oca / Ethos Laboratorio de Políticas Públicas [*]

Fotos: Arturo Contreras, Fernando Santillán y Ernesto Álvarez

Después de casi dos años de estar paralizado por intereses políticos, el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México empieza a dar sus primeros pasos en un entorno en el que uno de cada tres trámites oficiales son afectados por actos de corrupción, según el INEGI.

Para instalar esta maquinaria falta crear dos instancias: el Comité de Participación Ciudadana –cuya designación depende de la Comisión de Selección, que está en proceso de conformación ahora– y la Fiscalía Anticorrupción de la capital.

Las otras siete sillas o instancias que integrarían el Comité Coordinador (máxima autoridad del Sistema Anticorrupción local) ya cuentan con sus titulares: la Auditoría Superior de la CDMX (David Vega Vera), el Instituto de Transparencia capitalino (Julio César Bonilla Gutiérrez), la Contraloría General de la ciudad (Juan José Serrano Mendoza), el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México (Araceli Damián González), el Consejo de la Judicatura (Rafael Guerra Álvarez), el Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX (Estela Fuentes Jiménez) y el Órgano de Control del Congreso local (Rodolfo Hurtado Salazar).

Distintas opiniones calculan que antes de diciembre de este año quedará listo el Sistema, si no se repiten vicios a nivel legislativo y de gobierno que han impedido su operación.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017 del INEGI, los capitalinos consideran que la corrupción es el segundo problema más importante de la ciudad; no obstante, su proyecto de sistema es uno de los dos más atrasados en la República: sin presupuesto asignado, sin Comité de Participación Ciudadana (CPC), sin fiscal anticorrupción, sin Comité Coordinador, sin Secretaría Ejecutiva y con versiones de que el Congreso de la CDMX, cuyo periodo va de 2018 a 2021, continuará haciendo modificaciones al marco normativo que da sustento al sistema.

Los primeros intentos por instalar el sistema fracasaron por los sismos de 2017, la víspera del periodo electoral, los escándalos de corrupción de la clase política y la falta de acuerdo en la última Asamblea Legislativa (ALDF, que se extinguió en septiembre de 2018 para dar paso al Congreso de la CDMX) y de éstos con los anteriores jefes de Gobierno, el perredista Miguel Ángel Mancera (2012-2018) y su sucesor interino, José Ramón Amieva (marzo-diciembre 2018). Ambos se fueron sin dejar encaminado el nombramiento de varias de las principales autoridades del Sistema Anticorrupción que, en teoría, vigilaría su actuación y desempeño, así como los de la mandataria actual, Claudia Sheinbaum (Morena).

La Ciudad de México, al no contar con Secretaría Ejecutiva, es una de las siete entidades cuyas Secretarías Ejecutivas de sus Sistemas Anticorrupción no tienen presupuesto asignado para 2019. Las otras son: Chiapas, Guerrero, San Luis Potosí, Campeche, Morelos y Tlaxcala, de acuerdo con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA).

El diputado Carlos Castillo (Morena), quien preside la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso, confirmó en entrevista que aún no hay presupuesto para el Sistema Anticorrupción. Sin embargo, dijo que una vez que se instale se buscará tomar recursos de las instancias que lo integren para destinarlos a su operación.

En cuanto a la adecuación de su marco normativo con el del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), la Ciudad de México emitió su reforma constitucional en la materia y sus ocho leyes secundarias, incluida la de extinción de dominio, desde 2017, de acuerdo con la SESNA. Sin embargo, legisladores de la capital plantean que habrá modificaciones a varias de ellas.

La obra de Aztecas 215, suspendida, es dímbolo de la corrupción en la alcaldía de Coyoacán. Foto: Ernesto Álvarez.

La tormenta perfecta

La ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México fue promulgada el 1 de septiembre de 2017, un par de semanas antes del sismo de magnitud 7.1 que sacudió al centro del país y que dejó más de 200 víctimas mortales y cientos de familias sin hogar.

“Las reglas del juego las cambió el terremoto, cambió nuestras agendas”, dice Josefina MacGregor, dirigente de Suma Urbana, una organización dedicada al combate a la corrupción inmobiliaria, que ha estado presente en las exigencias para crear el sistema anticorrupción local.

Durante el último trimestre de 2017, el sistema anticorrupción se mantuvo congelado. Nada dentro de la entonces ALDF se movió para ponerlo en marcha. La prioridad era la reconstrucción y se avecinaban las elecciones para presidente, jefe de gobierno, alcaldes, diputados federales y locales.

Entre diciembre de 2017 y febrero del siguiente año, dos escándalos protagonizados por los tres legisladores locales más poderosos, Leonel Luna (PRD), Mauricio Toledo (PRD) y Jorge Romero (PAN), contribuyeron a frenar la instalación del sistema.

El 28 de diciembre de 2017, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se publicó una convocatoria para elegir a cuatro nuevos comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (antes InfoDF, hoy INFO), pieza clave en el combate a la corrupción.

Al revisar los perfiles postulados, las organizaciones civiles notaron que había actores muy cercanos a Luna y Toledo. “Sabían que cuando se fueran, el InfoDF iba a ser nuestra fuente de información. Querían tener a su gente para bloquear el acceso a muchas de las investigaciones que estamos trabajando”, recuerda Josefina MacGregor.

Entre los aspirantes se encontraba Gustavo Figueroa, quien trabajó en la administración de Luna en la delegación Álvaro Obregón y al momento de postularse se desempeñaba como jefe de la oficina delegacional de la entonces delegada María Antonieta Hidalgo, identificada como una de las operadoras de Luna.

“La postulación de Figueroa significaba para Leonel seguir controlando al Instituto, pues ya había logrado poner ahí a gente cercana a él, como el comisionado Mucio Hernández”, reconoció un exempleado de Luna que prefirió el anonimato.

Otro de los aspirantes era Salvador Frausto Navarro, entonces director Jurídico y de Gobierno de la delegación Coyoacán, gobernada por Valentín Maldonado, candidato impuesto por Mauricio Toledo.

“La banda de Romero, Toledo y Luna venía con todo, pero la movilización de las organizaciones estaba muy coordinada y no encontraron un hueco fácil. Fue una presencia constante de 30 organizaciones en el Congreso, de ir, venir, hablar con los diputados”, dice MacGregor.

Gracias a la presión social, los operadores de Luna y Toledo no fueron nombrados, pero las organizaciones civiles coinciden en que ahí tuvieron una primera señal de alerta sobre cómo podría ser el proceso de nombramiento de los integrantes del Sistema Anticorrupción.

Con el sismo se evidenció que la corrupción mata. Además, durante el periodo de reconstrucción, nuevamente la corrupción impidió la atención oportuna a los damnificados. Foto: Fernando Santillán.

El discreto intento fue opacado por escándalos

El 16 de febrero de 2018, los tres hombres fuertes del Congreso capitalino se vieron inmersos en una nueva crisis. Ricardo Becerra, comisionado para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, renunció a su cargo, a la par del académico Mauricio Merino y la periodista Katia D’Artigues, quienes formaban parte del organismo.

Los tres acusaron a Toledo, Luna y Romero de malos manejos del dinero destinado a reconstruir la ciudad después de los sismos.

En su carta de renuncia, D’Artigues señaló que otorgar a tres diputados la decisión de autorizar, supervisar, vigilar y proponer recursos por más de 8 mil 200 millones de pesos para la reconstrucción dejaría a la comisión en un limbo sin certeza jurídica.

A diferencia de 2017, en enero de 2018 sí hubo un discreto intento por instalar la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana de la capital, pero –además de tener un procedimiento improvisado– terminó opacado por los escándalos de corrupción de la legislatura que estaba a unas semanas de terminar su periodo.

El desarrollo inmobiliario, asociado a la corrupción en la Ciudad de México. Foto: Arturo Contreras.

Un primer proceso improvisado y fallido

A mediados de enero de 2018, mientras se preparaba para dar una conferencia en Quintana Roo, el doctor Fernando Nieto Morales, investigador del Colegio de México especializado en el combate a la corrupción, recibió una llamada intempestiva.

Tras una convocatoria emitida el 15 de enero, Nieto Morales se postuló como candidato para integrar la Comisión de Selección del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. Este organismo estaría encargado de elegir a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, la instancia colegiada que debería estar compuesta por cinco personas destacadas por sus contribuciones a la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

“Me llaman un día sin previo aviso y me dicen ‘mañana te toca una comparecencia con la comisión’. Yo le dije ‘Oye, mano, la verdad es que no puedo porque estoy del otro lado del país’ y dijo ‘entonces no hay bronca, ¿sabes qué? manda un video”, recuerda el doctor Nieto Morales.

La Comisión de Selección debía ser constituida por dos órganos del Congreso capitalino: la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, y la Comisión de Rendición de Cuentas y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México.

Un secretario técnico de la ALDF fue quien se comunicó con Nieto Morales y le dijo que si no podía llegar a la capital a su comparecencia, podía enviar un video para que fuera evaluado por los diputados de las dos comisiones antes mencionadas. “Así lo han hecho otros”, le comentó. El resultado fue un fracaso.

“Yo mandé mi video exponiendo mis intenciones de formar parte de la comisión y al final hubo un problema técnico, que no se podía ver el video y los diputados dijeron ‘no, entonces no, si no se puede, pues mejor lo descartamos’ y ya”, dice Nieto Morales, quien luego intentó mandar una carta a los legisladores para poder comparecer y nunca recibió respuesta.

“Fue improvisado, se sacaron un poco de la manga la convocatoria. Es falta de seriedad que te avisen con 24 horas de anticipación de las comparecencias, ¿quién no tiene una agenda?”.

“Las preguntas fueron de cosas muy triviales, a los que entrevistaron les preguntaban como si fueran a ser comisionados de transparencia o fueran a ser el fiscal anticorrupción, como que no entendían la lógica de la Comisión de Selección”, sostiene.

“Hacían preguntas como ‘¿y usted qué haría para resolver la corrupción de la delegación Gustavo A. Madero?’, cosas así. Ese no era el punto de la Comisión de Selección. Hubo improvisación y al final no hubo un resultado, no tenemos comisión”.

Como afirma Nieto Morales, el proceso terminó sin ningún resultado: la Comisión de Selección no fue integrada por los diputados y, por tanto, no se pudo iniciar el proceso para elegir a los perfiles que compondrían el Comité de Participación Ciudadana. Es hasta estos días que se ve claridad en el proceso, pues el Congreso ya se disponía a entrevistar a los aspirantes a formar parte de dicha Comisión.

“En la legislatura pasada no hubo la intención de sacar las cosas en tiempo y forma porque debió haber sacado las leyes y los nombramientos antes de haber acabado su periodo y además hicieron un proceso bastante desaseado, con unos tintes partidistas importantes que no ayudaron a la transparencia”, dice Leonor Gómez Otegui (PT), diputada de la actual legislatura del Congreso capitalino.

La legislatura pasada en la entonces ALDF será recordada como una de las más corruptas de la Ciudad de México. Foto: Arturo Contreras.

El eslabón que queda débil

Para Obdulio Ávila Mayo, político panista y académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, la administración pública de la Ciudad de México es un sistema de extorsión al ciudadano. “Cualquier trámite en una alcaldía prácticamente está ‘tarifado’, se pide dinero por todo, estamos hablando de un fracaso absoluto del combate a la corrupción”.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental realizada por el INEGI en 2017, nueve de cada diez capitalinos consideran que la corrupción es un problema frecuente.

El doctor Fernando Nieto Morales dice que la capital tiene áreas de oportunidad importantes en el combate a la corrupción “no sólo en la política inmobiliaria y de desarrollo urbano, sino también, por ejemplo, en las concesiones de transporte, hay indicadores altísimos de sobornos en el ámbito de seguridad pública y en los trámites que tienen que ver con propiedad; es decir, manifestaciones de construcción, usos de suelo”.

Los activistas y académicos consultados para este reportaje coinciden en que hay un primer eslabón en la cadena de atención de denuncias contra hechos de corrupción al que le falta profesionalización. Se trata de los órganos internos de control en las instancias públicas locales, también conocidos como contralorías internas y que se encargan de atender las quejas y denuncias de ciudadanos.

Aunque la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México faculta a los órganos internos de control (que están presentes en las alcaldías, dependencias, entidades del gobierno capitalino y organismos autónomos) para “promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento” de los entes de la administración pública local, la realidad es otra.

La activista Josefina MacGregor, por ejemplo, asegura haber presentado a través de su organización civil 42 denuncias por usos de suelo irregular en la colonia San Ángel desde hace tres meses, sin que las autoridades del órgano interno de la Alcaldía de Álvaro Obregón hayan dado alguna respuesta.

El político y académico Obdulio Ávila comenta que los casos que sí atienden los órganos internos de control tienen numerosos errores cometidos por quienes ahí trabajan, tales como la aplicación de viejas leyes administrativas por la falta de actualización y profesionalización de los funcionarios.

“En los procedimientos administrativos iniciados contra servidores públicos ni siquiera les adjuntan en el citatorio el expediente para que conozcan la imputación. ¿Eso qué costo tiene? Que cualquiera con un amparo se los va a tumbar”.

Nieto Morales, por otro lado, asegura que el personal de los Órganos Internos de Control está completamente rebasado por las cargas de trabajo. “No necesariamente tienen los instrumentos técnicos para cumplir con su trabajo: conocimiento de estadística, acceso a computadoras, herramientas bancarias”.

¿Qué sigue?

El pasado 14 de marzo, el Congreso de la capital dio un primer paso para repetir el proceso en el que falló la pasada legislatura para integrar a la Comisión de Selección que conformará al Comité de Participación Ciudadana, aunque los mismos legisladores reconocen que no será fácil.

“El sistema anticorrupción ha avanzado muy lento porque tiene una normatividad difícil de entender y difícil de hacer, son muchos organismos, son muchas cosas las que hay que hacer para que el sistema funcione”, dice Leonor Gómez Otegui, diputada local del PT e integrante de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso.

Para elaborar la convocatoria para integrar la Comisión de Selección hubo reuniones de trabajo en marzo con organizaciones de la sociedad civil y cámaras empresariales, como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, COPARMEX-CDMX, Espacio Progresista A.C. y Arkemetria.

“En la legislatura pasada quisieron elegir a los integrantes del Sistema Anticorrupción como lo hacían siempre, a través de cuotas políticas. Al final no se pusieron de acuerdo y nos dejaron todo a medias”, comenta el diputado Carlos Castillo.

El legislador aseguró que durante la última semana de abril estaría lista la convocatoria para elegir a los integrantes de la Comisión de Selección. “Le vamos a dar un aproximado de dos meses para que nombre al Comité de Participación Ciudadana (CPC) local. Terminando de nombrarlo, ya tendríamos todo listo para instalar el sistema, lo único que estaría faltando sería el fiscal anticorrupción que, de acuerdo con los tiempos que se dio el Congreso, lo estaremos teniendo a más tardar el 5 de diciembre”.

A pesar de que el proceso para designar a los integrantes de la Comisión de Selección que elegirá al Comité de Participación Ciudadana volverá a realizarse, no será igual que en la legislatura pasada, ahora serán dos las convocatorias para integrar la Comisión de Selección: una para escoger a cinco académicos y otra para escoger a cuatro ciudadanos especializados en el tema.

El 6 de mayo fueron publicadas ambas convocatorias, la dirigida a instituciones de educación superior y la de organizaciones de la sociedad civil. No obstante, al parecer debido a la falta de postulaciones, el pasado 28 de mayo se repuso la convocatoria dirigida exclusivamente a representantes de organizaciones civiles, ya que en el primer intento no se recibieron suficientes perfiles.

“Estamos buscando que sean perfiles honorables, comprometidos”, sostiene Gómez Otegui.

El pasado 18 de marzo, Claudia Sheinbaum dio una muestra de sus intenciones de combatir la corrupción: en conjunto con el Colegio de México y las organizaciones civiles Transparencia Mexicana, Poverty Action Lab y el Instituto Mexicano para la Competitividad, ella y la Agencia Digital de Innovación Pública anunciaron la creación de un laboratorio anticorrupción.

Al día siguiente, el Congreso capitalino –de mayoría morenista– aprobó una reserva a la Ley del Sistema Anticorrupción de la CDMX interpuesta por el PAN, que acortó el periodo del fiscal anticorrupción de siete a cuatro años en el cargo, con la posibilidad de ocupar un nuevo periodo.

El sistema es algo inédito en México y en el mundo. A nivel federal y a nivel estatal están casi completamente instalados; en la ciudad va tarde y será una prueba de fuego para las promesas de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum (2018-2024).

[*] Este reportaje forma parte de “¿Qué nos frena? El bloqueo político del combate a la corrupción”, un proyecto de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, que contó con la coordinación general de Salvador Frausto, Dalia Toledo, Isaak Pacheco, César Sánchez y Silvia Márquez. Investigación sobre los SEA: Inés García Ramos (Baja California), Maurizio Montes de Oca (Ciudad de México), Gabriela Coutiño (Chiapas), Marco Antonio López (Chihuahua), David Espino (Guerrero), Melva Frutos (Nuevo León), Adriana Varillas (Quintana Roo), Alejandro Torres (San Luis Potosí), Alexis Pérez (Tabasco) e Israel Hernández (Veracruz). Verificación de datos: Osvaldo Anaya. https://ethos.org.mx

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