12 octubre, 2024
A pesar de que 5 de los compromisos presidenciales de Claudia Sheinbaum hablan sobre el acceso al agua, en ninguno de ellos toma en cuenta a las organizaciones sociales que desde hace años han tomado cartas sobre el acceso al agua en decenas de territorios en el país
Texto: Víctor Pérez y Arturo Contreras Camero
Foto: Duilio Rodríguez
CIUDAD DE MÉXICO.- En cinco de los 100 compromisos de Claudia Sheinbaum como presidenta se habla del derecho y el acceso al agua. Su discurso incluye palabras como tecnificación, saneamiento de ríos y revisión de concesiones, todas necesarias, pero hay un problema, parece dejar fuera a las organizaciones comunitarias que luchan por un mejor uso y distribución del agua.
Desde 2012 la Constitución mexicana reconoce el acceso al agua como un derecho humano, sin embargo, el entramado legal que existe para su gestión, impide que comunidades organizadas puedan gestionar autónomamente su acceso al agua. Tampoco contempla mecanismos para que la ciudadanía pueda tener una opinión sobre cómo se gestiona el agua en el territorio que habitan.
En el país hay cerca de 25 millones de personas, cerca de una quinta parte de la población, que recibe agua gracias a organismos ciudadanos. Fuera de las grandes ciudades, donde hay organismos gubernamentales que construyen tuberías y plantas de bombeo, hay cientos de poblaciones en las que, por un olvido sistémico, sus pobladores han tenido que arreglárselas como han podido para llevar agua a sus hogares y no tener que acarrearla de pozos u arroyos cercanos.
El pasado 9 de octubre organizaciones comunitarias, indígenas y civiles de Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Oaxaca, Querétaro, Morelos y Veracruz pidieron incorporar el reconocimiento a este tipo de organismos de gestión comunitaria del agua en los 100 compromisos de este sexenio.
El 15 de agosto las comisiones de la cámara de diputados aprobaron un dictamen de reforma constitucional conocida como el paquete de reformas medioambientales, en la que, entre otras cosas, se reconocía a este tipo de organizaciones, siempre y cuando el gobierno municipal de ese territorio esté de acuerdo, aunque históricamente han sido los gobiernos municipales quienes han relegado este tipo de organizaciones.
Para cambiar eso, estas organizaciones pidieron una audiencia con la mismísima presidenta así como el establecimiento de una mesa técnica para la corrección del dictamen.
Este tipo de organizaciones no reciben ningún apoyo de ningún nivel de gobierno en su tarea para dotar de agua sana.
“Colocamos a las comunidades en el centro de la gestión con nuestra práctica cotidiana demostramos que el agua y el saneamiento debe ser derechos humanos garantizados, ni bienes, ni servicios mercantilizados, ni privatizados”
Estas organizaciones comunitarias de agua fortalecen el tejido social colectivo y hacen del agua un bien común entre todas las familias y pueblos. Sostienen el acceso al agua sin fines de lucro, priorizan los derechos humanos y son transparentes en los recursos comunitarios porque rinden cuentas a las asambleas que son las que eligen para dirigir. Esta forma de organización ha sido la herramienta para que los habitantes de zonas rurales e indígenas de México accedan de manera digna al derecho al agua y saneamiento.
Además de este tipo de organizaciones, hay otros modelos para incluir a la sociedad en la gestión del agua, incluso su existe un organismo del gobierno que se encargue de esa tarea.
“La ciudadanía y las comunidades tienen propuestas para la buena gestión del agua en diferentes localidades, nada más es cuestión de impulsarlas y colocarlas en las instancias que deban ser y a través de tener una capacitación, un asesoramiento de expertos, recuperar estos esfuerzos”, comentó al respecto Carlos Vargas, integrante de Agua Para Todos, una federación de organizaciones ciudadanas que buscan ser escuchadas sobre el manejo del agua en el país.
Este tipo de propuestas se han conformado en contralorías autónomas del agua, instancias de composición múltiple, que integran investigadores, vecinos y pueblos originarios, que se van articulando de forma local. Estas son instancias de diagnóstico de planeación y de aprendizaje desde el territorio y la experiencia de quienes usan el agua en un lugar determinado.
“Este tipo de contralorías promueven la idea de que los gobiernos van y vienen, pero en el territorio, el reservorio de conocimiento y compromiso con el agua está en la población, es un cambio radical. No estamos aquí todos esperando y yendo a la ventanilla a quejarnos, sino que hay una ciudadanía que está desarrollando un conocimiento muy complejo de la problemática y son actores que deberían ser tomados en cuenta”, asegura en entrevista Elena Burns, parte del grupo promotor de la Contraloría Nacional Autónoma del Agua, organismo que reúne a decenas de contralorías autónomas locales a lo largo y ancho del país.
Elena Burns trabajó como subdirectora en la Comisión Nacional del Agua durante el sexenio de Andrés Manuela López Obrador, pero por presiones internas dejó el cargo. Después pasó a ser asesora presidencial en temas de agua y ha dedicado gran parte de su carrera a la promoción, creación y organización de grupos ciudadanos que tomen el cuidado y la gestión del agua en sus manos.
Este tipo de grupos piden ser escuchados a la par que empresas y gobiernos sobre la gestión del agua. Elena Burns considera que de parte de la presidencia de la república ya hay conocimiento de este tipo de organizaciones y una buena disposición para trabajar con ellos; lo mismo que con la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez y con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Burgada.
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