Los pueblos originarios de Cholula, en Puebla, resisten al despojo y a los megaproyectos urbanos que secan sus tierras, se roban su agua y envenenan sus cultivos. Además, denuncian que el gobierno prioriza el ‘desarrollo’ sobre sus derechos

Texto y fotos: Laura Buconi

CHOLULA, PUEBLA. – “¡Mira! Todos estos son nopales. El nopal es uno de los alimentos que más cultivamos aquí, junto al maíz, el frijol y el jitomate. Es parte de nuestros ingresos; vivimos del cultivo”, explica Juan, mientras, entre el polvo de los caminos sin cemento y bajo un sol abrasador, recorremos las afueras de San Bernardino Tlaxcalancingo, uno de los pueblos originarios de San Andrés Cholula.

“Nos están quitando nuestros terrenos para construir complejos residenciales y torres de departamentos, oficinas. Aquí hace 20 años era todo campo, pero ahora solo nos queda este cachito”, prosigue, señalando con el dedo por la ventanilla del coche.

En efecto, el contraste es asombroso: detrás de las nopaleras se extiende una línea de torres rectangulares y grises. Más allá, todo es urbanización.

“Todos nosotros nos dedicamos a la agricultura. Antes nos daba para todo el año, pero ahora las sequías son más frecuentes y no tenemos agua para el riego. Nos toca buscar otros trabajos para sacar adelante a nuestras familias”, suspira Arturo.

En pocas y sencillas palabras, los compañeros de Cholultecas Unidos en Resistencia acaban de delinear las problemáticas fundamentales de los pueblos originarios de Cholula: falta de agua, desplazamiento de sus territorios, urbanización desmedida. La CHUR nació en 2018 como agrupación de resistencia hacia los planes de desarrollo urbano que afectan a sus comunidades. Cuenta con integrantes de los siete pueblos originarios del municipio de San Andrés Cholula.

“Hace 20 años éramos 100 mil aquí en San Andrés Cholula. Hoy somos 250 mil”.

Paramos a comer y los compañeros, emocionados, se alternan para tomar la palabra y compartirnos su historia de resistencia.

Una historia de resistencia

“Desde 2018, el ayuntamiento ha propuesto programas de desarrollo urbano bastante agresivos, que fueron redactados desde detrás del escritorio sin tomarnos en cuenta como gente originaria. Nos quieren invadir haciendo caminos de 30 metros, 40 metros, que van a cruzar todos los pueblos del municipio de San Andrés Cholula”, cuenta Facundo, mientras se ajusta el sombrero y toma un sorbo de agua. La fonda en la que nos encontramos ofrece un resguardo al calor sofocante.

“Entonces, los pueblos se unieron porque nos afectaba a todos, y creamos el organismo CHUR, Cholultecas Unidos en Resistencia. Desde 2018, el ayuntamiento ha realizado planes de desarrollo para cambiar el uso de suelo, que era predominantemente agrícola, a uso urbano. Ahí entramos los pueblos: nos organizamos para conseguir asesores profesionistas que acrediten nuestras tierras como zonas protegidas y de valor ambiental, y compartimos estos estudios con el ayuntamiento. Eso nos ayuda a vislumbrar una vida sana para el desarrollo del municipio de San Andrés”, explica Angélica, una de las compañeras. Bajo su fleco rizado, su mirada es apasionada y decidida.

“El ayuntamiento no tiene infraestructura de agua potable; el 90% de la población no tiene tubería, no tiene nada. De aquí nos están sacando agua para Puebla; tenemos siete pozos en una carretera. Hay otras comunidades que están trayendo agua para acá, pero sus ríos ya se están secando”, lamenta Arturo. Los compañeros se sienten muy afectados por la escasez de agua, que no les permite regar sus cultivos ni tener acceso a este preciado líquido en su vida cotidiana.

La urgencia de denunciar la situación los lleva a hablar unos encima de otros:

«No tenemos servicios, no tenemos agua potable, no tenemos un drenaje bueno, no hay tratamiento de aguas negras, pero las autoridades nos incrementan los impuestos cobrándonos todos estos servicios, aunque no nos los dan.

«Los pueblos estamos inconformes. No es justo que paguemos más dinero cuando nosotros somos dueños de las tierras, dueños del territorio, y no nos piden permiso para excavar pozos profundos y extraer agua para mandarla a otros lugares.

«El agua potable que mandan a Puebla es agua tratada. Primero la sacan de los pozos, la llevan a una cisterna y la descontaminan. Para eso, le ponen un porcentaje de cloro. Estamos tomando agua con cloro todo el tiempo, y eso puede causar hasta cáncer».

Crisis de vivienda

Retomamos el recorrido y nos enseñan las casas de las comunidades originarias de San Antonio Cacalotepec: el contraste entre las viviendas bajitas, de un solo piso, de los compañeros, con sus pequeños patios donde corren gallinas y guajolotes, y las torres grises de departamentos de lujo a pocas decenas de metros, es radical.

Los compañeros nos muestran sus pozos noria, excavados a entre 15 y 30 metros de profundidad, con los que las familias se abastecen de agua potable. “Aquí atrás, una empresa privada colocó un pozo profundo. Como es una extracción muy grande, el agua se va bajando y seca nuestros pozos. Esa es la forma de saqueo del agua de nuestras comunidades. Es un robo que nos hacen a todas las comunidades, y el ayuntamiento no se preocupa por si tenemos forma de sobrevivir o no”.

Pero el saqueo no termina aquí. Apuntando a sus viviendas, el compañero Facundo nos señala:

«En un terreno de 1000 metros cuadrados antes vivía una familia. Ahora, en el mismo terreno viven 50. Nos cobran impuestos anuales por el uso agrícola de nuestras tierras, acordes a la magnitud del lote, que representan aproximadamente un mes de sueldo de una familia entera. Nosotros ganamos entre mil 500 y mil 800 pesos por semana por familia. Además, para poder heredar nuestras propiedades a nuestros hijos, nos piden escrituras carísimas: de 300 mil a 400 mil pesos por terreno de 500 metros cuadrados. De esta manera, coartan nuestro derecho a la propiedad. Con la imposición de estos impuestos, han orillado a mucha gente a vender».

Facundo, sentado en el suelo, acaricia el pasto mientras nos comparte:

2Por estas razones luchamos, y queremos que la sociedad civil entienda que la escasez de agua, la viabilidad y el acceso a la vivienda no solo nos afectan a las comunidades indígenas. Pronto empezarán a afectar a todos los habitantes del municipio. Queremos que nuestros hijos puedan tener una vida sana y digna».

En este marco, los compañeros cuentan que habitantes de poblados cercanos se han estado enfermando debido a los lixiviados y a la contaminación del suelo que dedican a sus cultivos. La causa: el basurero municipal de San Andrés Cholula.

La lucha contra el basurero

Un caso ejemplar de resistencia ha sido la lucha que los pueblos originarios de la zona han emprendido para lograr el cierre del basurero de Cholula.

Llegamos en coche con Ernesto, quien antes decide hacer un par de paradas estratégicas para enseñarnos el socavón de Santa María Zacatepec, causado probablemente por la extracción masiva de agua de la planta de Bonafont, que lograron tomar y cerrar en 2021. Pasamos a saludar también a compañeros que están trabajando en las numerosas radios comunitarias de la zona.

Llegando a nuestro destino, lo primero que notamos es una pintada gigantesca sobre la carretera: “No al basurero de la muerte”. La pared que cerca el basurero está decorada con murales y frases que dicen: “Clausurado por ley del pueblo”, “Contra todas las guerras, todo el arte, la resistencia y la rebeldía” y “¡Viva el CNI!”.

Del lado opuesto de la carretera, justo enfrente, se encuentra el plantón de los compañeros. Nos invitan a sentarnos a una larga mesa de madera y, entre sonrisas y apretones de manos, nos ofrecen desayunar huevos con frijoles.

El basurero municipal de San Pedro Cholula es propiedad del senador morenista Cuauhtémoc Ochoa Fernández. Abrió en 2016 y fue concesionado a la empresa privada Pro Faj Hidro Limpieza por 20 años. Sin embargo, ya en 2024 había rebasado su vida útil al atender entre 600 y 900 toneladas de basura por día, provenientes de 21 municipios y los estados de la Ciudad de México, Estado de México y Oaxaca, cuando su capacidad era solo para 150 toneladas.

Desde el 21 de marzo de 2024, después de haber organizado varias movilizaciones sin lograr la atención de las instituciones, los pueblos de la región decidieron cerrar de manera definitiva el basurero. El 9 de abril del mismo año, la PROFEPA colocó los sellos para la clausura definitiva del lugar.

Sin embargo, los compañeros se siguen turnando para resguardar un plantón que colocaron justo frente al basurero, para monitorear que este permanezca cerrado.

«El 30 de abril del año pasado llegaron la Guardia Nacional y policías para meter a la fuerza camiones llenos de basura. Hubo detonaciones de armas de fuego en contra de nuestros compañeros, golpes, destrucción de vehículos, pero logramos que los camiones no entraran al área».

La resistencia

Juan, un compañero de la tercera edad, resiste al sol abrasador, al polvo y a los olores de los lixiviados tóxicos. Cuenta que desde que se instaló el plantón hace dos años, ha pasado mucho más tiempo ahí que en su casa.

«Ahora vamos por el plan de cierre; o sea, que quede bien conformada la montaña de basura, que los lixiviados no se estén desparramando. Pero ahora la empresa, junto con la PROFEPA, dijeron que para el plan de cierre necesitan meter más basura: 10 meses de basura o 30 mil toneladas.

«Los pueblos históricamente nos hemos organizado para defender nuestra agua, la tierra y la vida, y aquí vamos a seguir hasta que tengamos la certeza de que no se va a volver a recibir basura y que empiece a sanar la tierra. Se va a empezar a recuperar a través de reforestaciones, pero sobre todo a través de la generación de conciencia en la población, porque ya no podemos vivir en un mundo así, generando tanta basura.

«Siempre decimos que este basurero es la imagen del capitalismo: una montaña putrefacta de muerte. Nosotros tenemos la certeza de que el gobierno de la Cuarta Transformación significa la muerte para los pueblos. Tuvimos al primer preso político, nuestro compañero Miguel López Vega, que fue encarcelado por la defensa del río Metlapanapa por parte del gobierno de la 4T. En esa misma ocasión fuimos reprimidos por la recién creada Guardia Nacional, que también participó en el desalojo de la Bonafont y nos agredió el 30 de abril del año pasado aquí en el basurero».

Ernesto concluye:

«Conocemos la guerra que este gobierno de la 4T está imponiendo en contra de los pueblos, no solamente nosotros de la región cholulteca. También lo estamos viendo con nuestros hermanos zapatistas, con nuestros hermanos de Querétaro; lo estamos viendo en todos los territorios donde están matando a nuestros compañeros. Lo estamos viendo con nuestras hermanas de Eloxochitlán de Flores Magón, que están siendo criminalizadas. Por todas estas razones seguimos en resistencia».

El pasado domingo 18 de mayo, el Congreso Nacional Indígena, junto con los colectivos Campamento de la Resistencia en Defensa de la Tierra y el Agua de Malacatepec, Cholultecas Unidxs en Resistencia, Comité en Defensa del Agua de Santa María Acuexcomac y Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero y en Defensa del Agua, organizaron un foro de encuentro y de compartición de luchas en San Antonio Cacalotepec.