En una elección de 3 mil 500 cargos públicos, son miles las oportunidades para que el “partido de la delincuencia” trate de imponer su ley de plata o plomo. De ese tamaño es el desafío para las instituciones en este 2021

Twitter: @chamanesco

El presidente, cuyo pecho no es bodega, lo ha dicho con todas sus letras: en México opera un partido de la delincuencia organizada que quita y pone candidatos, que amedrenta y extorsiona a la clase política y que le dice: “éste va a ser; si no, atente a las consecuencias”.

Lo dijo el jueves, antes de que la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, diera a conocer la Estrategia de Protección en Contexto Electoral, un documento de sólo nueve cuartillas, pero rico en revelaciones y datos preocupantes.

No es que no lo supusiéramos (los comicios de 2018 fueron los más violentos de la historia, con más de 150 asesinatos presuntamente relacionados con la política), pero nunca un gobierno había puesto en blanco y negro, en un documento público, el delicado tema de la infiltración del crimen en la política.

“Hay regiones donde ellos decidían y buscan seguir controlando mediante campañas de miedo. Imponían candidatos y amenazaban o asesinaban a sus contendientes”, dice el diagnóstico de la SSPC.

El modus operandi del “partido de la delincuencia” incluye un variado repertorio de acciones que, según la dependencia, se agrupan en cuatro grandes ejes: los asesinatos y amenazas, la cooptación, la imposición, y el financiamiento y la complicidad.

En el documento se dan cifras de lo que la SSPC ha monitoreado desde septiembre, fecha del arranque formal del proceso electoral que habrá de culminar con la jornada del 6 de junio:

“Desde septiembre 2020 a febrero de 2021, se han registrado 73 crímenes políticos, en los cuales hubo 64 víctimas de homicidios. A los estados con violencia política histórica, como Veracruz, Guerrero y Oaxaca, se suman estados de alto riesgo como Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Michoacán y Zacatecas”.

De todos esos casos, la Secretaría ubica 11 asesinatos directamente relacionados con la contienda política de este 2021, ocurridos en Chihuahua, Guanajuato, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Jalisco.

Ahí no lo especifica, pero una revisión hemerográfica permite visualizar 12 homicidios en los últimos cuatro meses:

Noviembre de 2020: Florisel Ríos Delfín, alcaldesa de Jamapa, Veracruz, y Antonio Hernández Godínez, precandidato a la presidencia municipal de Chilapa, Guerrero. Ambos, del PRD.

Diciembre: Aristóteles Sandoval, exgobernador de Jalisco (PRI), y Efrén Valois Morales, precandidato a la alcaldía de Pilcaya, Guerrero (Morena).

Enero de 2021: Juan Hernández Ramírez, expresidente municipal de Aquila, Michoacán (PRI), y Juan Antonio Acosta Cano, precandidato a la presidencia municipal de Juventino Rosas, Guanajuato (PAN). 

Febrero: Leobardo Ramos Lázaro, presidente municipal de Chahuites, Oaxaca (MC); Carlos Fernández Rocha, aspirante a la alcaldía de San Andrés Tuxtla, Veracruz (PAN); Juan Gilberto Ortiz Parra, precandidato a la alcaldía de Úrsulo Galván, Veracruz (Morena); Gladys Merlín Castro, exalcaldesa de Cosoleacaque, Veracruz (PRI); Carla Enríquez Merlín, precandidata a la alcaldía de Cosoleacaque (Morena), e Ignacio Sánchez Cordero, aspirante a la alcaldía de Puerto Morelos, Quintana Roo (PVEM).

Vinculados o no con el proceso electoral, la cantidad y variedad de estos asesinatos describen un panorama crítico, o incluso dramático si se considera que el mismo jueves, en el que la secretaria Rosa Icela Rodríguez presentaba la estrategia de protección, dos políticos más fueron eliminados:

José Melquiades Vázquez, precandidato al ayuntamiento de La Perla, Veracruz, y Yuriel González Lara, aspirante a la alcaldía de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Ambos, priistas.

Dice el documento de la SSPC que, además de homicidio, la delincuencia organizada ha recurrido al secuestro, la quema de domicilios, la extorsión y la intimidación de familiares.

Y advierte que el “partido de la delincuencia” no sólo busca cooptar gobernantes y representantes por la fuerza, sino también por medio del financiamiento y la complicidad.

El gobierno de la 4T, si nos atenemos al diagnóstico presentado por Rosa Icela Rodríguez, ha detectado acercamientos a aspirantes durante los procesos electorales, colusión entre actores políticos, delincuencia organizada y los llamados delincuentes “de cuello blanco”.

Algo sabe el gobierno, pues en su documento afirma que durante los procesos electorales se destinan recursos económicos y materiales para financiar campañas, así como otorgamiento de protección y personal de los cárteles al servicio de candidatos, gobernantes y dirigentes políticos.

Todo esto, en la lógica del diagnóstico, lleva a la designación directa de candidatos y servidores públicos cómplices a áreas estratégicas del gobierno, así como al control de las finanzas y la obra pública.

Se menciona, además, que el “partido de la delincuencia” no sólo impone candidaturas, sino que bloquea la reelección de funcionarios públicos cuando se trata de perfiles que no convienen a sus intereses.

Algo intuye o teme el gobierno de la 4T en este proceso electoral, pues el anuncio del blindaje que pretende llevar a cabo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no es un hecho aislado.

El 24 de febrero, la Secretaría de Hacienda presentó una “Guía de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita durante Procesos Electorales”, que pretende evitar el financiamiento oscuro de las campañas.

La guía contiene una serie de medidas que echarán a andar la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, para detectar y prevenir casos de lavado de dinero asociados al proceso electoral.

Los esfuerzos de la UIF y de la CNBV vendrán a complementar los trabajos de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, que este año deberá fiscalizar en tiempo real las campañas de miles de candidaturas federales y locales, y supervisar con lupa enormes flujos de dinero.

Los partidos recibirán más de 7 mil 100 millones de pesos en este año, a los que podrían sumarse los recursos aportados por el “partido de la delincuencia”.

Si nos atenemos a los cargos de elección directa (500 diputaciones federales, mil 63 diputaciones locales, 15 gubernaturas y mil 925 alcaldías), y si hubiera en promedio seis candidaturas por cargo, estamos hablando de aproximadamente 20 mil personas que estarán en campaña en todo el territorio nacional.

Se trata de una renovación casi total del poder político en México.

Son miles de oportunidades para que el “partido de la delincuencia” trate de imponer su ley de plata o plomo.

De ese tamaño es el desafío para las instituciones en este 2021.