La caída del ex presidente Otto Pérez no detuvo la violencia que permea en Guatemala. En 2015 se documentaron 9 asesinatos de activistas y 337 agresiones en contra de comunidades que se oponen a la construcción de megaproyectos. “Pasamos de una guerra a otra”, dicen aquí

Texto: Fernando Santillán y José Ignacio De Alba. Fotos: Ximena Natera y Fernando Santillán

CIUDAD DE GUATEMALA.- “No dispares tus armas. Niños estudiando”, dice el cartel pegado en una barda de la universidad de San Carlos.

El póster forma parte de una campaña en escuelas de educación básica para promover el no uso de armas, explica Luis Ventura, estudiante de agronomía, a los sorprendidos periodistas que acompañan el recorrido de la Caravana por la Paz, la Vida y la Justicia y que hacen de las oficinas estudiantiles de esta universidad una improvisada sala de prensa.

Los universitarios, que durante 2015 convocaron y encabezaron las manifestaciones populares que llevaron a la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, son el enlace en este país de la Caravana de activistas que busca abrir la discusión sobre la política de drogas en la región y llevar un mensaje antiguerra a la Asamblea General de la ONU.

Agrupados en la Coordinadora Estudiantil Universitaria de Guatemala, los universitarios consiguieron el transporte y hospedaje de los activistas, organizaron un encuentro artístico-musical y una reunión con el rector de la Universidad de San Carlos. Su activismo recuerda al que tuvieron los jóvenes mexicanos del movimiento #yosoyde132 en 2012.

“La sociedad se movilizó a tal grado que el proceso se adelantó y ellos (se refiere al presidente y la vicepresidente) terminaron por renunciar para ser investigados”, resume Ventura, sobre la participación de los jóvenes en la crisis política del año pasado.

Pero Ventura es precavido con los resultados: “No llegó la paz. Pasamos de una guerra a otra”.

Guatemala vive en dos tiempos que parecen traslapados. El primero es del pasado reciente, pues aún no termina de cicatrizar la herida de la Guerra Civil más larga del continente que dejó, al menos, 45 mil desaparecidos y 200 mil asesinados, en su mayoría indígenas mayas. (El conflicto armado duró más de tres décadas, aunque el momento más álgido fue a principios de los 80, con la instalación de la Junta Militar y el mandato del general Efraín Ríos Montt, que ahora enfrenta cargos de genocidio).

En las calles de la capital, todavía se ven carteles con fotografías de los desaparecidos de la Guerra, que formalmente terminó hace 20 años.

El segundo tiempo es del presente. Guatemala es el país más poblado de Centroamérica. Tiene 15 millones de personas, de las cuales, más de la mitad es indígena y 7 de cada 10 viven en la pobreza. Forma, con Honduras y El Salvador, lo que se conoce como el “triángulo norte” de Centroamérica, por su integración económica. Y aunque son los tres países que más migrantes expulsan hacia el norte, los acuerdos comerciales con Mexico y Estados Unidos no alcanzan a establecer acuerdos juridicos que garanticen los mínimos derechos de los migrantes.

La efervescencia política que vivió en 2015 llevó a la renuncia y detención del presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidente Roxana Baldetti, acusados de dirigir una red de corrupción en las aduanas conocida como «La Línea”, que ayudó a empresas extranjeras a evadir el sistema tributario guatemalteco y en el que están implicados más de 40 funcionarios.

Pero la caída del presidente no detuvo la violencia criminal, ni la violencia política –derivada, sobre todo, del despojo de tierras– que son los componentes comunes en la región. Un informe del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala documentó, sólo en 2015, el asesinato de 9 activistas y otros 337 casos de agresión en contra de comunidades que se oponen a la construcción de megaproyectos.

“Los acuerdos de paz no lograron a hacer una refundación del estado. Las formas de funcionar del estado quedaron igual. Se generó una mayor institucionalidad de la paz y de los derechos pero la lógica del estado, un estado racista, un estado excluyente, eso no cambió”, dice Susana Navarro, directora ejecutiva del Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP).

La CICIG

Desde 1996, cuando se firmaron los Acuerdos de Paz, el gobierno guatemalteco se comprometió a desarticular los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (CIACS), usados por el Estado y el sector privado para la eliminación de opositores políticos. Pero eso no ocurrió. Los grupos siguieron operando como redes informales que hacían uso de relaciones con los sectores públicos y privados.

En enero de 2004, ante la presión de la sociedad civil, se formalizó la firma de un acuerdo inédito entre las Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala para crear una Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS), que en un primer momento la Corte guatemalteca consideró inconstitucional.

Dos años después, en diciembre de 2006, Guatemala firmó con la ONU el Acuerdo el establecimiento de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que fue ratificado por el Congreso en agosto de 2007, y entró en vigor el 4 de setiembre de ese año.

A partir de entonces, las CICIG cambió la vida de muchos guatemaltecos. Sus investigaciones han trastocado en todos los ámbitos políticos del país: desde el tráfico de influencias en el sistema penitenciario operado, desde la cárcel, por el ex Kaibil Byron Lima Oliva, hasta las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por operadores de seguridad del alto nivel, entre ellos el ex director de la Policía Nacional Civil, Erwin Sperisen, el ex Director del Sistema Penitenciario, Alejandro Giammattei y el ex Ministro de Gobernación, Carlos Vielmann.

“La Cicig lo que aporta es la profesionalización, investigación, de pasar de una sumatoria de delitos a crear patrones de investigación, sobre fenómenos […] ya se animan a investigar a altas autoridades políticas, esto no ocurría en el país, igual con el narcotráfico. Pero sobre todo en el tema de los políticos, nadie se animaba a tocarlos”, dice la directora del ECAP.

El pasado 26 de febrero, un tribunal condenó a 120 años de cárcel al teniente coronel Esteelmer Reyes Girón, y a 240 años al ex comisionado militar Heriberto Valdez Asij, por desapariciones forzadas y abusos sexuales cometidos contra 15 mujeres indígenas q’eqchís en un destacamento militar en Alta Verapaz e Izabal entre 1982 y 1983. El destacamento era utilizado como área de descanso y recreación de militares, durante la guerra.

Un mes antes, 14 militares fueron detenidos por su involucramiento en el entierro de más de 500 cuerpos hallados en 2013 en fosas clandestinas de un cuartel militar de Cobán, a 300 kilómetros de la capital.

La Guerra, dicen aquí, no se ha ido.

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“Este trabajo forma parte del proyecto Pie de Página, realizado por la Red de Periodistas de a Pie. Conoce más del proyecto aquí: https://piedepagina.mx«.

Fernando Santillán

Integrante de la Red de Periodistas de A Pie y Pie de Página, Sociólogo por la UAM-X, fotógrafo y comunicador de oficio.

Ha participado en las exposiciones de fotografía: 1985-2017 de los Escombros a la Esperanza y en el Festival Internacional Tierra Beat 2019.

José Ignacio De Alba

Cronista interesado en la historia y autor de la columna Cartohistoria que se publica en Pie de Página, medio del que es reportero fundador. Desde 2014 ha recorrido el país para contar historias de desigualdad, despojo y sobre víctimas de la violencia derivada del conflicto armado interno. Integrante de los equipos ganadores del Premio Nacional Rostros de la Discriminación (2016); Premio Gabriel García Márquez (2017); y el Premio Nacional de Periodismo (2019).

Ximena Natera

Periodista visual especializada en temas de violaciones a derechos humanos, migración y procesos de memoria histórica en la región. Es parte del equipo de Pie de Página desde 2015 y fue editora del periódico gratuito En el Camino hasta 2016. Becaria de la International Women’s Media Foundation, Fundación Gabo y la Universidad Iberoamericana en su programa Prensa y Democracia.