El ex titular del Consejo para la Cultura y las Artes en Puebla solicitó un pagó de 133 mil pesos por la colaboración en un proyecto que es parte de sus obligaciones, por lo que tuvo que devolver el dinero

Texto: Ernesto Aroche Aguilar / LadoB

Alianza de Medios

En 2016 con 133 mil pesos se hubiera podido pagar el salario mínimo mensual de 60 personas, pero lo que decidió el Consejo para la Cultura y las Artes de Puebla (CECAP) –el organismo que sustituyó a la Secretaría de Cultura durante el sexenio de Rafael Moreno Valle– fue pagar esa cantidad al entonces titular de ese organismo, Jorge Alberto Lozoya Legorreta, por “colaboración en el proyecto del Museo Internacional Barroco (MIB)”. Pequeño detalle, en ese entonces el MIB formaba parte de las responsabilidades que tenía encomendadas Lozoya Legorreta como titular del CECAP, por lo que no se justifica un pago extra. 

El pago se hizo en medio de irregularidades pues se entregó días antes de que la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) autorizara el recurso. 

Y tan fue irregular que, tras las solicitudes de información que hizo LADO B para conocer los documentos de dicho pago, la Secretaría de Cultura y Turismo (creada en 2017 tras la disolución del CECAP) ordenó que se le pidiera a Lozoya Legorreta, que para ese momento fungía como director del MIB, devolviera el dinero (ver copia de los recibos al final de la nota).

LADO B documentó en años anteriores que el CECAP fue usado por el gobierno de Moreno Valle para triangular pagos a medios para las campañas de promoción del panista.

Así fue el pago

El 11 de febrero de 2016, el entonces encargado de la administración del Consejo para la Cultura y las Artes de Puebla (CECAP), Miguel R. Herrera López, firmó una solicitud para que la Secretaría de Finanzas del gobierno de Puebla le autorizara un incremento de su gasto por 133 mil 133 pesos.

El funcionario tenía la instrucción de gestionar el recurso para pagar una “colaboración en el proyecto del Museo Internacional Barroco” (MIB) que había realizado su jefe, el entonces titular del CECAP.

En respuesta a una solicitud de información que presentó LADO B a principios de este año, el organismo descentalizado Museos de Puebla argumentó que el pago se hizo para cubrir los viáticos del funcionario en un par de viajes a España, la India y Filipinas.

Lo que no cuadra en la justificación del gasto hecha por Museos de Puebla es que al día siguiente de la petición del pago por la colaboración de Lozoya Legorreta con el MIB, el titular del CECAP recibió dos pagos. 

El primero fue por 133 mil 133 pesos, “por el desempeño de las funciones encomendadas para la consecución de los objetivos para el proyecto del Museo Internacional Barroco”. Y se pagó aunque la autorización de la SFA se firmó cinco días después, el 17 de febrero. 

Es decir, se pidió que se autorizara el pago el 11 de febrero, y al día siguiente, aún sin tener la autorización, se firmó el recibo de que el pago ya se había efectuado.

El segundo fue por 33 mil 530 pesos “por concepto de pasajes y viáticos como reposición de gastos generados en el 2015 por la comisión a la Cd. de Madrid”.

LADO B tiene copias de los dos recibos, que fueron obtenidas usando la Ley de Transparencia, y están fechados el 12 de febrero de 2016. Los dos llevan la firma de Lozoya Legorreta.

De acuerdo con la justificación que el organismo Museos de Puebla dio a este portal, a Lozoya Legorreta se le pagó dos veces por el mismo viaje, pero además se trataron de acciones realizadas para el funcionamiento de un museo que en 2016 dependía directamente del CECAP, esto es, era parte de las responsabilidades de Lozoya Legorreta.

Para este trabajo se buscó entrevista con Lozoya Legorreta, pero el área de prensa de la Secretaría de Cultura y Turismo informó que había renunciado al cargo en mayo pasado y no tenían forma de contactarlo.

Lozoya Legorreta llegó a Puebla como titular del Fondo de Fomento Cultural Poblano, una entidad que formaba parte de la estructura del CECAP. 

En abril de 2013 fue nombrado titular de la Secretaría de Educación Pública en donde tuvo un paso fugaz –menos de un año–, pues en febrero de 2014 fue nombrado titular del CECAP, cargo en el que terminó el sexenio. Después pasó a dirigir el MIB.

Le obligan a regresar el recurso

El 15 de marzo de 2017, cuando Lozoya había dejado ya el CECAP para dirigir el MIB y el gobierno de Moreno Valle había dado paso a la minigubernatura que encabezó Antonio Gali Fayad, el Comité de Transparencia de la recién creada Secretaría de Cultura y Turismo (SCT), ente que sustituyó al CECAP, se reunió para revisar algunos casos pendientes.

En la lista de temas a discutir estaba una solicitud de información presentada por LADO B referente al autopago de Lozoya Legorreta.

Guillermo Silva Galindo, presidente del Comité de Transparencia de la SCT, informó que “después de haber realizado una puntual revisión de la documentación proporcionada por la Dirección General Administrativa referente a la partida presupuesta 3850 del ejercicio fiscal 2016, por la cantidad de 133,133.88, se encontraron inconsistencias en la aplicación del recurso en cuestión”.

En la reunión acordaron pedir, a través de la dirección jurídica de la SCT, información sobre el pago efectuado a Lozoya Legorreta.

La respuesta vino del responsable del proceso de desaparición de la CECAP, José Octavio Ferrer Burgos, quien en abril de 2017 pidió a Lozoya Legorreta que devolviera el recurso:

“Habiéndose hecho un análisis detallado de la aplicación de la partida presupuestal 3850 (gastos de representación) del ejercicio fiscal 2016, solicito a usted tenga a bien reintegrar de manera inmediata la cantidad de $133,133.88, que le fue otorgada el día 12 de febrero de 2016 como pago por el desempeño de sus funciones encomendadas para la consecución de los objetivos para el proyecto del Museo Internacional del Barroco”.

Finalmente, el 1 de junio de 2017, Lozoya Legorreta se presentó en las oficinas de Ferrer Burgos para devolver el dinero, de acuerdo con el recibo que LADO B tiene en su poder.

Un atorón que llegó hasta la SCJN

Las primeras solicitudes de información que sustentan este trabajo se presentaron a finales febrero de 2017, pero las negativas a entregar la información obligaron a buscar la intervención, primero, del órgano de transparencia, entonces Comisión de Acceso a la Información de Puebla (CAIP), y luego del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).

La ruta jurídica no terminó ahí, hubo que tramitar amparos que llegaron a discusión incluso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La Secretaría de Cultura y Turismo durante el gobierno de Gali Fayad ocultó la documentación solicitada y retrasó, hasta donde pudo, el acceso a los datos.