Desde 2001, la empresa Aguas de Barcelona llegó a México para administrar el agua en Saltillo, Coahuila, con la promesa de garantizar la accesibilidad del líquido entre los pobladores; desde entonces las leyes, incluida la Constitución estatal fue modificada para favorecer a la empresa, que ahora controla tres cuencas en el territorio mexicano hasta por tres décadas

Por: Ricardo Balderas y Eduard Martín-Borregón

El agua, en diferentes cuencas de México ha sido tomada por la empresa Aguas de Barcelona (Agbar), que pasó de ganar una concesión municipal a la expansión de sus ingresos en tres cuencas del territorio nacional.

En torno a la presencia de Agbar en México hay denuncias por proyectos inconclusos, modificaciones a modo de las legislaciones locales, estudios de explotación acuífera a empresas cuestionables, relaciones con compañías señaladas de sobornos, y el encubrimiento de sus propietarios.

Además, de cortes definitivos, pese a que se según se lee en la Carta Magna en su Artículo 4°: “El Estado garantizará el derecho al agua y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para cumplir con el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos”. Empero, los pobladores de Saltillo, Veracruz y Medellín jamás han probado esta garantía.

Las tres localidades donde se presentaron estas denuncias a las que PODER tuvo acceso vía Méxicoleaks son Saltillo, en Coahuila; y Veracruz y Medellín de Veracruz. Su crecimiento, de acuerdo con pobladores y defensores del agua, es inexplicable.

La historia de las sequías de Coahuila y Veracruz se narra desde las, ahora áridas, tierras de Saltillo donde los habitantes de las comunidades ejidales de Parras de la Fuente y General Cepeda libran una batalla desigual en contra de las grandes industrias manufactureras que convirtieron al municipio de Ramos Arizpe en una “Ciudad Modelo”, pero con ambiciones de despojo.

Cuando Aguas de Barcelona llegó a la municipalidad en 2001, lo hizo con la promesa de mejorar “la accesibilidad del agua para los saltillences”. En ese entonces, el presidente municipal era el priista Óscar Pimentel González. Seis años después, la empresa ya era señalada como un “Millonario Fraude”, por la Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo (AUAS), quienes aseguraban que Agbar realizaba extracciones mucho mayores a las que reportaba.

Según se lee en la Carta Magna en su Artículo 4°: “El Estado garantizará el derecho al agua y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para cumplir con el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos”. Pero, los pobladores de Saltillo, Veracruz y Medellín jamás han probado esta garantía.

El negocio que enturbia el agua

El negocio comenzó cuando Pimentel González ocupó el cargo como alcalde en un momento en que (al igual que ahora) se padecía de una preocupante escasez de agua. Ante esta situación, Pimentel González aprovechó para plantear un reordenamiento de los servicios públicos, quedando él mismo como parte del Consejo de Administración de la empresa. Y el negocio fue el siguiente: según el mandatario, el municipio debía asociarse con una empresa extranjera para «fortalecer sin privatizar» (sic) el ahora extinto Sistema de Aguas de Saltillo (Simas). Para ello, Pimientel González contrató a la firma Freese Nichols (FN) para que estableciera las bases de la licitación.

FN propuso que el juez de la misma concesión fuera la auditora Arthur Andersen (que desapareció en 2002 tras el escándalo de Enron por cometer los delitos de obstrucción a la justicia y de destrucción y alteración de documentos relacionados con la quiebra de Enron), misma que trabajaba como asesora contable de Agbar durante el periodo en que fue juzgada.

En el momento de la concesión hubo ocho empresas interesadas, pero únicamente la española realizó una oferta. El despacho Arthur Andersen había fijado un mínimo de 80 millones de pesos y Agbar ofreció 81.9 millones, ganó de inmediato y sin competencia. De este modo, obtuvo el 49 % de las acciones de Simas.

Ocho días después de ganar la licitación, Agbar formó una nueva empresa integrada por una sociedad denominada Interaguas de México, a la que revendió el 49% de las acciones de Simas y fundó así Interagbar de México, que entró en operación como Aguas de Saltillo (Agsal).

La información de la constitución de la empresa estuvo oculta varios años debido a que el Archivo General de Notarías de Coahuila se negó a revelar los nombres de los socios e inversionistas, y derivado de esto, en el Palacio Legislativo local, vía el diputado Alejandro Martínez Hernández del Partido de la Revolución Democrática (PRD), se promovió un punto de acuerdo en el que solicitaban a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se hiciera pública dicha información.

Pero PODER tuvo acceso al documento de constitución de Agsal. Y se revela que la empresa fue constituida como una sociedad mercantil el 15 de julio de 2001 mediante la escritura 87825, que quedó inscrita en el libro 3075, folios 2772 a 76 de la Notaría Pública 42 de Coahuila por el fedatario Rubén Roberto Sánchez Montemayor, y que el 2 de agosto de 2001 obtuvo el asiento 214640 del registro Público de la Propiedad.

La sociedad quedó repartida con 25,500 acciones para el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Saltillo y 24,500 acciones para Interagbar de México S.A de C.V. Su consejo quedó conformado por el ex alcalde Óscar Pimentel González y Alejandro Treviño Saldaña como suplente.

Pero las quejas en materia legislativa no terminan ahí. Agsal (como es conocida en Saltillo Agbar) también es acusada de modificar las leyes a su favor para mejorar su recaudación. En 2007, la Ley Estatal del Agua tuvo que ser modificada para que Agbar tuviera el privilegio de mejorar sus recaudaciones y cambiaron el artículo 84 de la Constitución de Coahuila, permitiendo suspender completamente el servicio de agua a quienes no paguen las cuentas; con eso, la compañía logró que la cobranza pasara del 65% al 95%, pero violando la Carta Magna.

La AUAS, algunos legisladores y varios activistas siguen esperando que las autoridades de Conagua revelen la información sobre la empresa, pero hasta el momento Conagua no ha respondido el llamado, y mientras tanto el señor Pimentel González fue nombrado, en diciembre del año pasado, director del Instituto Municipal de Planeación (Imeplan).

El futuro, el enemigo público y las comunidades

Recién inicia la administración del también priista Miguel Ángel Riquelme Solís en Saltillo, y las nuevas bancadas del Congreso ya autorizaron un endeudamiento de 60 millones de pesos (mdp) para Agsal que supuestamente aplicará en un proyecto de inversión para la reubicación de la línea de conducción de agua potable en la carretera Saltillo-Zacatecas. Otra amenaza para las comunidades del sur de Saltillo se acerca.

Para justificar dicho proyecto, las autoridades contrataron a una empresa radicada en Texcoco, Estado de México, de nombre Sanx Ingeniería Integral y Desarrollo, S.A de C.V, que a su vez contrataría a una de sus propietarias para que dirigiera la investigación denominada: “Estudio Técnico Geohidrológico para Proponer Zonas Factibles de Explotación de Aguas Subterráneas”. Se trata de Laura Delia Esparza Hernández, socia minoritaria de Sanx, quién además posee un negocio de depilación de genitales con láser en Ciudad de México de nombre UroGyne.

Sanx Ingeniería está ubicada en el centro de Texcoco, en el Estado de México, y se dedica a vender e instalar lavamanos, lavaderos, instalaciones de gas, mingitorios e inodoros según la ficha de registro del INEGI; además está clasificada como microempresa en los directorios del Estado de México. Y por algún motivo, le fue delegado el estudio del Acuífero Saltillo Sur.

Ante ese acumulamiento de irregularidades, el Comité de Cuencas de Saltillo (CCS) denunció, en conversación con PODER, que la empresa Agsal contrató a Sanx Ingeniería Integral y Desarrollo S.A. de C.V para realizar un estudio de uso del agua “a modo” (sic) en el que aparece más recurso del que verdaderamente existe. El objetivo que ellos identificaron es el de llevar el agua de la cuenca de la comunidad de Saltillo Sur a una ciudad modelo (copia de la ciudad modelo AUDI) en el municipio de Ramos Arizpe.

El hecho levantó enojo entre un gran grupo de pobladores que incluye el apoyo del sacerdote local. En concreto, el mega proyecto contempla la extracción de 31 millones de metros cúbicos de agua del acuífero Saltillo Sur, del que los pobladores, tras los desabastos aseguran que no tiene agua suficiente.

Los dueños de las tierras, el Comité de Cuencas y algunos activistas, tuvieron una reunión con autoridades federales de CONAGUA, en la que les prometieron que el estudio realizado por Sanx Ingeniería sería sujeto a revisión; sin embargo, hasta el momento eso tampoco ha ocurrido. El presidente del CCS, José Felipe Rodríguez, explica a PODER que el desabasto de agua ya está presente en toda la región y piden apoyo para detener el proyecto.

“Lo más importante y lo más alarmante que contiene el estudio es que en el 2018 la cuenca de Saltillo estaba ya con una sobre explotación, entonces tras el estudio de Aguas de Saltillo, aparece que está ya una recarga natural de 70 millones de metros cúbicos, entonces de la noche a la mañana el acuífero aparece con esa recarga y aparece que tiene una posibilidad de explotación de 40 millones, entonces la empresa Agsal levanta la mano y dice que quiere más de 30 millones para Ciudad Derramadero”, comentó el activista.

Asimismo, este medio de comunicación posee pruebas de que algunos otros activistas de Saltillo han recibido amenazas y desacreditaciones por defender el agua, incluso, existen campañas asegurando que se trata de personas “peligrosas y conflictivas”. El desconcierto de las comunidades es muy grande.

Agbar y Odebrecht, 30 años con el agua de Veracruz

El 2015 fue el año de la bonanza. Tras otra alianza con una empresa acusada por corrupción, Agbar logra ganar dos concesiones más. Junto a Odebrecht Ambiental, S.A. (empresa señalada en toda la región por corromper funcionarios públicos para realizar negocios), Agbar logró también privatizar el agua de las comunidades de Veracruz y Medellín.

La asociación empresarial ocurrió entre las razones sociales: Interagbar de México, S.A. (de Grupo SUEZ environement) y Odebrecht Ambiental, S.A. Tras lograr el acuerdo, les fueron adjudicadas las gestiones del ciclo del agua de las ciudades conurbadas de Veracruz y Medellín de Hidalgo (México) durante 30 años.

La participación pública privada (PPP) que conformaron estas dos empresas quedó formada en un 80% por el Consorcio Odebrecht-Interagbar y un 20% por la Administración Pública: eso incluye el antiguo organismo operador SAS (2%), el municipio de Veracruz (9%) y el municipio de Medellín de Hidalgo (9%).

En Veracruz esta alianza también trajo conflictos por desabasto a esas localidades. A pocos meses de que se firmara aquel contrato, un grupo de diputados locales de las fracciones del PRD, Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC) solicitaron cancelar los contratos con el consorcio Odebrecht/Interagbar, según dijeron, ante los casos de corrupción.

Pero el contrato continuó y ahora las cabeceras municipales de Boca del Río advierten de problemas de desabasto de agua en las alcaldías conurbadas donde las concesiones fueron entregadas a Agbar. Según narró el primer edil, Humberto Alonso Morelli, el nivel del Río Jampa se encuentra al mínimo por falta de precipitaciones pluviales.

Las declaraciones, que ocurrieron en el mes de abril del año en curso, también revelaron que la cuenca con problemas de sequía se encuentra ubicada en el curso de Veracruz-Boca del Río-Medellín de Hidalgo. Justo donde esta PPP obtuvo su contrato.