Colectivas trans y disidentes realizaron una contramarcha política en la Ciudad de México durante el Día del Orgullo LGBTIQ+ para denunciar la violencia institucional y acuerpar el plantón que mantienen frente a la Secretaría de Gobernación. Lejos del desfile festivo, la movilización exigió una Ley Integral Trans y visibilizó la exclusión laboral y el abandono estatal

Texto y foto: Andrea Amaya

CIUDAD DE MÉXICO.- Las colectivas Justicia Histórica Trans y Lleca mantienen un plantón permanente en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob) que cumple más de una semana de resistencia. Según expone Ilse Victoria, coordinadora general de Justicia Histórica Trans, la movilización responde de manera directa al abandono institucional, la exclusión laboral y la falta de políticas públicas para las poblaciones trans y no binarias en México.

La activista señala que el detonante central del conflicto fue el cierre formal, hace menos de veinte días, de la Recomendación 42/2024 por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Dicha recomendación obliga al Estado a legislar en favor de una Ley Integral Trans; sin embargo, la CNDH la dio por satisfecha y concluida de manera unilateral, lo que las integrantes de las colectivas denuncian como un acto institucional que perpetúa la precariedad y la transfobia sistemática.

Ilse Victoria expone que la protesta escaló de una manifestación pacífica a un plantón en la vía pública debido a la negativa de las autoridades federales de otorgar una fecha de audiencia directa con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. Tras un intento de diálogo inicial, la activista detalló que las manifestantes escalaron dentro de un salón de la dependencia, del cual fueron desalojadas con violencia el pasado martes por elementos de la Guardia Nacional, quienes utilizaron gas de extintor, golpearon a integrantes de la comunidad con bastones y confiscaron los víveres recaudados. Este desalojo forzó el traslado del campamento a la calle de Bucareli, donde, denuncian, se mantiene bajo amenazas constantes de desmantelamiento nocturno.

En este contexto de vulnerabilidad, el marco del Día del Orgullo LGBTQA+ modificó la dinámica de la protesta con la organización de una contramarcha disidente que partió de la Plaza Palestina Libre rumbo al plantón. A diferencia de los desfiles comerciales, esta movilización tuvo un carácter político y de autodefensa. La jornada estuvo marcada por un fuerte operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), cuyos elementos encapsularon a los manifestantes por más de una hora en el Eje Central Lázaro Cárdenas. A pesar de que el contingente policial duplicaba en número a las disidencias, la marcha logró romper el cerco para unirse y fortalecer el plantón en Bucareli.

El origen de la exigencia: la justicia histórica y la Ley Integral Trans

Para comprender el fondo del conflicto, Ilse Victoria —activista, trabajadora sexual y coordinadora general del colectivo Justicia Histórica Trans— expone el nivel de marginación estructural que motivó la toma del espacio:

«Nosotras seguimos viviendo en condiciones de precariedad, de exclusión, de abandono institucional y de una transfobia sistemática que ha perdurado por décadas».

Y señala que las mesas de trabajo previas con los subsecretarios de la Segob carecían de avances reales que permitieran a la población trans salir de la vulnerabilidad social: como dejar la situación de calle o dejar de estar excluidas de un empleo formal, del acceso a la educación, a la vivienda y a la salud.

Asimismo, detalla que la Ley Integral Trans busca instaurar un cupo laboral trans a nivel federal, garantías de no discriminación y acceso simplificado al cambio de identidad de género sin burocracias exhaustivas. Y expone que la ley exige protocolos médicos especializados —particularmente para la atención de la alogenosis— y la reparación de daños por los abusos históricos cometidos por el Estado en las décadas de los setenta y ochenta, cuando las mujeres trans eran recluidas en los sótanos de Tlatelolco.

El desalojo del martes pasado agravó la indignación de la colectiva, tal como denuncia de viva voz Ilse Victoria al describir la intervención de la Guardia Nacional:

«Había más de treinta elementos de la Guardia Nacional que no portaban armas, pero sí bastones, con los que le abrieron la cabeza a una de mis compañeras. Tomaron el espacio por la fuerza. Se quedaron todas nuestras pertenencias personales, dinero en efectivo y víveres que habíamos recaudado, por lo tanto, decidimos movernos a la calle de Bucareli para continuar con la protesta».

Orgullo en resistencia

Las calles del centro histórico se transformaron en un escenario de tensión. La contramarcha disidente avanzaba no para celebrar, sino para confrontar la narrativa oficial del «Orgullo» con la cruda violencia de Estado vivida días antes. Cuando el operativo de la policía capitalina detuvo el avance del contingente, las portavoces de la comunidad tomaron el megáfono y, rodeadas de uniformados, lanzaron una dura crítica al gobierno local:

«Este cuerpo de granaderos únicamente cambió de nombre y de uniforme. El martes fuimos víctimas de la Guardia Nacional, que nos desalojó con fuerza pública. Nos están intimidando para no llegar al plantón. Hoy, en el Día del Orgullo, vimos cómo desde hace un mes empezaron a pintar todos los edificios gubernamentales, a poner banderas, pero nuevamente nos encontramos con la cruda realidad de que solo es para unas cuantas, para unos cuantos; a las disidencias que nos decidimos rebelarnos contra este sistema que nos explota y que nos agrede, así es como nos reciben».

La atmósfera se tensó, pero el miedo no paralizó la marcha. Sabiendo que el objetivo final era acuerpar a sus compañeras en Bucareli, la consigna a través del altavoz fue mantener la calma y la cohesión interna para evitar provocaciones.

La resistencia física dio resultados. Tras más de una hora, la movilización logró cruzar el cerco policial y avanzar para integrarse con quienes resguardaban el campamento en Bucareli. Al llegar, el pronunciamiento fue claro:

«Denunciamos el uso desmedido de la fuerza. En un día de orgullo nos demuestran que para ellas es más importante cuidar una valla o una puerta, antes que las vidas de cientos de disidencias».

Bajo la mirada vigilante de los cuerpos de seguridad en todas las calles aledañas, las colectivas responsabilizaron directamente de la represión a la presidenta Claudia Sheinbaum; a la secretaria Rosa Icela Rodríguez; a la jefa de Gobierno, Clara Brugada; al secretario César Cravioto; al subsecretario Fatlala, y a Hilda Telles Lino, titular de la Unadis.

La movilización, que nació como una respuesta de autodefensa frente a la violencia homofóbica y capitalista, culminó consolidando el plantón permanente en un acto de dignidad colectiva. Al final, resonó el mensaje que Ilse Victoria había grabado previamente para guiar esta jornada de lucha:

«Así como existe una deuda histórica con las mujeres obreras y las jornaleras, el Estado y la sociedad tienen una deuda pendiente con la comunidad trans. No exigimos privilegios, sino los derechos fundamentales que se nos niegan, porque legalmente ni siquiera estamos constituidas social o políticamente. Por eso exigimos reformar el artículo primero constitucional: hoy en día no incluye la identidad de género como motivo de discriminación, y es precisamente bajo ese vacío que nos vulneran. Lo único que pedimos es ser reconocidas ante la Constitución para vivir sin violencia y acceder a las mismas oportunidades que la población heterocis. El Estado nos debe y queremos que pague».