El nuevo Programa General de Ordenamiento Territorial pretende transformar casi 30 mil hectáreas del suelo de conservación de la ciudad, principalmente bosques, para crear uso de suelo rural, lo que permitirá el ingreso de servicios como agua y luz al suelo de conservación; vecinos de pueblos y barrios originarios de la ciudad advierten que esto solo acelerará la urbanización de la ciudad

Texto y fotos: Arturo Contreras Camero 

CIUDAD DE MÉXICO.- Bajaron de los bosques para defenderlos de la mancha urbana. Bajaron de los cerros del sur, de lo que queda de los canales del poniente y en general de todas las periferias, esas que por décadas estuvieron esperando la llegada de la urbanización que hoy está enfrente de sus casas. Un centenar de vecinos de los pueblos y barrios de la ciudad se dieron cita el jueves 10 de noviembre frente a las oficinas del Instituto de Planeación de la Ciudad. Piden parar con lo que llaman la Ciudad Mercancía.

Acusan que el nuevo Programa General de Ordenamiento Territorial pretende borrar de un plumazo 29 mil 393 hectáreas de suelo forestal de la ciudad y convertirlas en suelo rural, un uso de suelo que oficialmente no existía en los programas de ordenamiento territorial de esta urbe. Estos programas son planes de cómo se debe disponer el suelo en la ciudad, es decir, cuánto territorio se le destina a lo urbano y cuánto a los campos y bosques que brindan servicios ambientales como agua potable, temperatura fresca y aire limpio a la ciudad. 

El último plan vigente de este tipo data de 1998 y se proyectó para 20 años, por lo que está caduco desde hace cuatro, por ello, y por un mandato de la Constitución de la Ciudad, el plan está en proceso de renovación, mismo que se vio interrumpido por la pandemia de covid. El proceso, según dice la Constitución, debe ser un proceso participativo y democrátivo, a cargo del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, un órgano nuevo que depende de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México. Es frente a estas oficinas que protestan los oriundos de los pueblos y barrios, constituidos bajo la bandera del Frente por la defensa de los derechos de los pueblos y barrios originarios de la cuenca del Anáhuac.

“Antes había dos categorías de uso de suelo en la ciudad, pero ahora hay tres contempladas en la Constitución, sin embargo, en ella no se qué o cómo se va a definir lo rural, lo urbano o el suelo de conservación”, explicó en una conferencia previa a la protesta Miguel Ángel García, experto en suelo forestal.

“La nueva propuesta incluye una nueva clasificación de uso de suelo, que es rural, van a quitar 29 mil y tantas de suelo de conservación y esa modificación termina por mandar el suelo de conservación a una figura que no está regulada, ni siquiera la propia propuesta de trabajo se establece”.

Luis Miguel Robles Gil. 

Ambos, Luis Miguel y Miguel Ángel, estuvieron profundamente implicados en el desarrollo del Programa General de Ordenamiento Ecológico de la Ciudad de México, que se desarrolló hace 20 años. En ese entonces estableció que más de la mitad del territorio de la ciudad debería conservarse y no ser sujeto de urbanización; sin embargo, desde entonces los más de 900 asentamientos urbanos irregulares de gente que no puede comprar una casa en las zonas centrales de la ciudad han ido empujando la mancha urbana hacia el interior del suelo de conservación. 

En ese entonces, el gobierno organizó amplios comités de consulta que visitaron y consultaron la voluntad de los pueblos y barrios que aún no eran absorbidos por la mancha urbana. Ello, según dice, creó un amplio consenso sobre el uso del territorio, no como las consultas que ha organizado en estos años el gobierno de Claudia Sheinbaum.

“Lo que hacen con el proceso de consulta, los del Instituto de Planeación y los de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios, es que están firmando espuriamente los protocolos de consulta. Se acercan con uno o dos de los de las Copacos –las Comisiones de Participación Comunitarias, órganos de participación reconocidas por los gobiernos de las alcaldías– y entre ellos, que normalmente pertenecen a los partidos de las alcaldías, están avalando el proceso”. 

Carmen Chavarría, habitante de Iztapalapa y que desde hace años lucha por preservar lo que queda verde del Cerro de la Estrella.

Según explica Carmen, el próximo 26 de noviembre el gobierno de Ciudad de México pretende hacer una asamblea en las colonias para que se avale el Programa General de Ordenamiento, aunque este no tenga la representación necesaria. Durante las visitas de información, cuenta Carmen, los brigadistas del Instituto de Planeación dieron información incompleta o poco precisa sobre los alcances del propio plan. 

En algunas de estas reuniones, cuenta, los encargados de acercar la información a la población ni siquiera mostraron un mapa de la ciudad ni explicaron lo que implicará el nuevo plan. En otras, presentaban un mapa incompleto o con información imprecisa sobre el destino de lo que se pretende renombrar como suelo rural. 

Durante la protesta del jueves, algunos representantes de los pueblos y barrios fueron recibidos por Óscar Moreno Corzo, director de la oficina especializada en consulta pública y participación social del Instituo de Planeación. Según dicen quienes entraron a la reunión, se les escuchó y se tomó en cuenta sus propuestas, pero ninguna autoridad les prometió que serían integradas al Plan que está por aprobarse. 

“Para nosotros sí hay otro modelo, pero esta consulta nos da la idea de que la ciudad tomó una trayectoria que no tiene cambio. Nosotros creemos que esto busca sostener el dinero y no la vida, dar prioridad a las inmoibliarias, porque si entran los servicios, es como abrirles las puertas a ellas”.

Natalia Lara, integrante del Frente.