Bajo la fachada de conservación ambiental, una fundación del «Niño Verde» impulsa un desarrollo inmobiliario de lujo en la zona núcleo de la Sierra de la Laguna, corazón hídrico de Baja California Sur

Texto: Andrea Amaya

Foto: Cortesía

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde finales de abril, la organización Rescate de los Pueblos, Tradiciones y su Economía de Baja California Sur ha denunciado el inicio ilegal de obras inmobiliarias y la introducción de materiales de construcción pesados en la zona núcleo y de amortiguamiento de la Reserva de la Biósfera Sierra de la Laguna.

Señalan directamente a la fundación Hermandad en Armonía, propiedad del empresario y político Jorge Emilio González Martínez (conocido como el «Niño Verde»), de utilizar un falso discurso de conservación ambiental como fachada para apropiarse de los recursos naturales estratégicos de la región, principalmente el agua y los minerales.

La urgencia de la denuncia radica en que la Sierra de la Laguna ha permanecido históricamente libre de desarrollos inmobiliarios, siendo el motor ecológico que abastece de agua potable a todas las comunidades, pueblos y rancherías desde Los Cabos hasta La Paz. Ante la opacidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno y la simulación de las dependencias ambientales, los defensores del territorio advierten que este proyecto representa un grave riesgo de ecocidio, despojo de tierras y pérdida de la soberanía nacional en favor de capitales privados.

Un área natural sagrada en medio del desierto

Para los habitantes de Baja California Sur, la Sierra de la Laguna posee un valor biocultural y espiritual que la convierte en un territorio sagrado. Según explica Javier Ávila, investigador encargado del área de ordenamiento ecológico y territorial de la asociación, la zona es el corazón hídrico del estado al ubicarse geográficamente en medio del Pacífico y el mar de Cortés, alimentando los acuíferos de toda la región.

Ávila señala que, ecológicamente, su valor es único a nivel mundial, pues cuenta con el único bosque de encino en todo Baja California Sur, emergiendo de manera excepcional en medio de una zona completamente desértica; posee una combinación de especies endémicas y ha sido históricamente una de las áreas naturales más resguardadas, mejor cuidadas y más preservadas de todo México.

Además, a nivel sociocultural, la sierra alberga a poco más de 300 rancherías. Tras la desaparición de las comunidades indígenas originarias durante la época colonial, los rancheros y rancheras se convirtieron en los guardianes históricos del lugar. De acuerdo con el investigador, salvaguardar la sierra es también proteger la identidad sudcaliforniana, su cosmovisión, su relación con la tierra y su cultura laboral tradicional.

El origen del conflicto: capitalismo verde

La investigación realizada por la organización civil rastrea el origen político de esta incursión desde el año 2019, cuando se documentaron las primeras intenciones de Jorge Emilio González Martínez de promover inversiones privadas en Áreas Naturales Protegidas (ANP). Ávila expone que este proyecto forma parte del denominado «capitalismo verde» o extractivismo de inversión en la naturaleza, impulsado por partidos políticos que operan bajo agendas occidentales de mercantilización ambiental.

El defensor del territorio enfatiza que la fundación Hermandad en Armonía —constituida hace apenas un año, sin trayectoria, equipamiento ni personal calificado— adquirió recientemente dos predios en la zona núcleo (la parte más alta y restrictiva de la montaña) y un tercer predio en la zona baja conocido como «San Miguelito». El objetivo de los empresarios es retomar viejos proyectos de ecoturismo y cabañas de lujo que los dueños anteriores ya intentaban perfilar, aprovechando lo que Ávila califica como un «modelo perverso» que permite la compraventa de terrenos dentro de reservas federales, señalando además el trasfondo de despojo que esto implica:

«La idea que se vende a la ciudadanía es que un área natural protegida es de conservación, pero lo menos que tiene es la protección, sino que termina siendo una forma de despojo a la gente local de sus recursos naturales y, más bien, una pérdida de soberanía nacional. Entonces es una forma contemporánea, una forma encubierta, engañosa o confusa de perder soberanía nacional».

Los sobrevuelos de helicópteros

El punto crítico de la confrontación comenzó el 30 de abril, cuando los habitantes de la sierra detectaron y grabaron en video una intensa actividad aérea no reportada. Un helicóptero comenzó a realizar entre 13 y 20 vuelos diarios en rutas ocultas —según denuncia la organización—, operando entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m., para transportar vigas de construcción pesadas hacia la parte alta de la sierra.

A través de la movilización de la comunidad y de la activista Elizabeth Álvarez, se logró identificar que el helicóptero operaba desde un helipuerto improvisado en la localidad de Miraflores, acarreando materiales resguardados por la empresa constructora Frondoso. Tras las primeras denuncias interpuestas ante la Profepa, las autoridades federales y estatales realizaron una inspección tardía donde afirmaron falsamente que no había construcciones, pero cayeron en contradicciones al incluir fotografías en sus propios informes que confirmaban la existencia del material pesado en la zona núcleo, denuncia Ávila.

«No se dice que hay construcción, no se denuncian construcciones, se denuncian materiales. Y en su informe, en su afán de querer deslindarse, tranquilizar a la gente y engañar a la sociedad civil, en sus mismas fotos y en su mismo informe se dice que sí hay material, entonces confirma la denuncia que nosotros habíamos hecho», afirma el defensor del territorio.

Posteriormente, la organización activó el uso de drones, documentando que en el predio de Miraflores continuaban almacenadas más vigas, arena y grava. Asimismo, en el predio de San Miguelito —un sitio catalogado de importancia internacional Ramsar por sus cuencas— se detectó el desmonte y aplanamiento de terrenos con maquinaria pesada, ejecutado de manera ilícita a pesar de que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto fue suspendida y rechazada para modificaciones por la Semarnat. Esto provocó que el municipio de Los Cabos procediera a la clausura de dichos predios ante el escándalo mediático.

El modelo de despojo territorial

La organización señala que el avance de las obras coincide con una reforma aprobada el 19 de febrero de 2026 al artículo 46 de la LGEEPA, impulsada por el Partido Verde, que faculta la reintroducción de especies ajenas al ecosistema dentro de las Áreas Naturales Protegidas. Los denunciantes consideran que esta modificación podría estar relacionada con el proyecto del Santuario del Tío Checo, un espacio de especies exóticas que, según rancheros locales, funcionaría como gancho comercial para los desarrollos turísticos de lujo de la fundación.

La asociación civil denuncia que el ambientalismo institucional de Estado se ha convertido en una herramienta de intervención política para despojar a las comunidades. Al mantener en la precariedad presupuestal a instituciones como Semarnat, Conanp y Profepa, se justifica la entrada de corporaciones privadas y extranjeras para administrar y usufructuar los recursos estratégicos del país, lo que representa una pérdida directa de soberanía nacional. El investigador detalla que este modelo importado en el salinato no ha sido modificado por los gobiernos recientes:

«Cabe destacar que no lo modificó López Obrador, no lo ha modificado Sheinbaum, y esa es la lucha en la que nosotros estamos. Realmente la Sierra de la Laguna se nos atravesó, pero nuestra lucha está enfocada en ir hacia cambiar el modelo de ordenamiento ecológico y territorial, que son modelos de protección marina, modelos de área natural protegida y modelos de planeación urbana que son formas de despojar a los mexicanos de su soberanía».

Confrontación y exigencias de la sociedad civil

Frente a las omisiones gubernamentales y el acoso denunciado por activistas locales, la organización convocó a la resistencia pacífica mediante movilizaciones ciudadanas en la ciudad de La Paz, las cuales escalaron en convocatoria hasta reunir a miles de personas en rechazo absoluto al proyecto e irrumpir en el Congreso local para exigir la comparecencia de las autoridades ambientales y de los desarrolladores.

Ante la falta de respuestas oficiales, los integrantes de la asociación civil sostuvieron un encuentro público con Carlos Esquivel Lacroix, representante de la Fundación Hermandad en Armonía. En dicha reunión, acompañados por el ingeniero forestal Jesús Eleazar Quiñones Gómez —perito ambiental y exdirector del Consejo Asesor de la Reserva—, se demostró científicamente que el diagnóstico de la fundación es falso, pues la Sierra de la Laguna no necesita intervención externa al ser una de las zonas mejor conservadas del país gracias al cuidado histórico de sus rancheros. Asimismo, la confrontación evidenció que la fundación carece de bases técnicas y de un proyecto claro, operando bajo un esquema de ensayo y error.

Por otra parte, la organización constituyó formalmente la Asamblea General Pueblos Soberanos de Baja California Sur en la localidad de Santiago, publicando un pliego petitorio dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En este documento se exige el cese inmediato de los vuelos de helicópteros y de cualquier intento de desarrollo inmobiliario en la Sierra de la Laguna; la emisión de un decreto presidencial para recuperar de manos privadas y extranjeras los predios ubicados dentro de las Áreas Naturales Protegidas; el reconocimiento del agua como un asunto de seguridad nacional; la consulta pública y efectiva obligatoria a las comunidades locales antes de autorizar cualquier plan de manejo o de desarrollo urbano, y la apertura de los libros financieros de la Fundación Hermandad en Armonía para transparentar el origen de sus inversionistas, quienes operan bajo un esquema de «filántropos anónimos» presuntamente vinculados a capitales de Medio Oriente.

A pesar de las denuncias presentadas ante las dependencias correspondientes, de las mesas de trabajo legislativas y de las clausuras locales preventivas, los rancheros de las comunidades afectadas y los miembros de la organización denuncian que el asedio sobre el territorio no ha cesado, pues en la zona se siguen escuchando de forma regular los sobrevuelos de helicópteros.