En una sentencia excepcional, un juzgado federal reconoció el derecho al territorio de la comunidad indígena rarámuri de Bosques de San Elías Repechique, en Chihuahua. Dejó sin efectos los permisos de aprovechamiento forestales que particulares tenían sobre la propiedad ancestral de la comunidad

Texto: Astrid Arellano / Mongabay Latam

Foto: Carolina Ruiz / Contec

CHIHUAHUA. -La Sierra Tarahumara ha sido testigo del largo camino recorrido por los indígenas de Bosques de San Elías Repechique, en Chihuahua, para defender su territorio comunitario y, en especial, el bosque de coníferas que ha padecido la tala, así como la construcción de un aeropuerto y el establecimiento de un gasoducto. Después de una larga lucha, un Juzgado Federal dio la razón a la comunidad rarámuri: ese territorio les pertenece y nadie más tiene derecho a intervenir.

A inicios de febrero de 2024, el Juzgado Federal Décimo de Distrito del Estado de Chihuahua emitió una sentencia en favor de la comunidad de Bosques de San Elías Repechique  —luego de un trámite de seis años, en el juicio de amparo 642/2018— que reconoce su existencia como pueblo indígena, así como las afectaciones en 11 mil 415 hectáreas que conforman su territorio.

“Nuestros antepasados nos dejaron el encargo de cuidar el bosque, de cuidar los aguajes y los ríos. Cada una de esas cosas tiene un significado místico para la comunidad. Ahora un juez obliga al Estado y a las instituciones del gobierno a que respeten nuestros territorios y bosques antes de hacer cualquier proyecto que afecte a la comunidad”, dice Luis Pérez Enríquez, vocero y gobernador de Bosques de San Elías Repechique.

Sin embargo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como el gobierno estatal y dos particulares que poseen permisos de aprovechamiento forestal sobre el territorio rarámuri, promovieron —a inicios de marzo— recursos de inconformidad en contra de la sentencia, según informó la defensa legal de Repechique, a cargo de la organización Consultoría Técnica Comunitaria A.C. (Contec).

A lo largo del territorio de Bosques de San Elías Repechique existen predios de particulares con permisos de aprovechamiento forestal para la explotación de madera, sin embargo, la comunidad y su defensa legal han argumentado que la autoridad ambiental no consultó a los rarámuri antes de autorizarlos.

Mongabay Latam buscó a la Semarnat para conocer su postura al respecto, sin embargo, no se obtuvo respuesta.

“Es lamentable que las responsables —en este caso, las autoridades— lejos de acatar la sentencia, hacen todo por dilatar su cumplimiento y litigan en contra de las comunidades; es muy común que lo hagan”, dice Isabel Saldívar, abogada de derechos humanos responsable del área jurídica de Contec, organización que lleva 24 años acompañando a las comunidades de la Sierra Tarahumara en sus procesos de defensa territorial.

Defender el bosque

Los habitantes de Bosques de San Elías Repechique —en el municipio de Bocoyna— han encabezado una lucha que data del siglo pasado. El objetivo de sus más de 500 integrantes ha sido defender las tierras y los bosques que han habitado toda su vida, pero de los que todavía no tienen documentos que avalen su propiedad.

“Ellos se entienden como dueños de un territorio ancestral de muchísimas más hectáreas —casi 34 mil—, a diferencia del que es reconocido y que se peleó en el último juicio (de 2018), que son 11 mil 400 hectáreas. Es una comunidad muy fuerte, con una resistencia y una sistematicidad en sus luchas muy importante. Antes de entrar a acompañarlos en el 2014, nos dimos cuenta que ellos tenían escritos desde 1960; eso da cuenta de todo el tiempo de lucha que llevan para que no saquearan sus recursos naturales”, explica Isabel Saldívar.

Sin embargo, hace más de cuarenta años, empresarios de la región adquirieron 12 propiedades —que en extensión corresponden a las 11 mil 400 hectáreas reclamadas por los rarámuri— y para las que al menos ocho han obtenido permisos de aprovechamiento maderero otorgados por la Semarnat, a pesar de las denuncias del pueblo indígena.

En 2020, Mongabay Latam documentó que quienes aprovechan la madera de Repechique no son habitantes del lugar, sino que mandan trabajadores a cortar los árboles, mientras que tampoco se encargan de realizar acciones que garanticen la recuperación y el cuidado del bosque. Ante esta situación, los rarámuri no sólo están presenciando la destrucción de sus bosques, sino también viviendo la escasez de agua que la deforestación tiene como consecuencia.

“Vivimos el despojo del territorio por los megaproyectos. Además de mucha tala y los incendios, tuvimos el proyecto del gasoducto y hay un aeropuerto que ahí sigue [que inició operaciones en Bocoyna a finales de enero de 2024]. También estamos viendo que viene el turismo, con los carros racer y cuatrimotos. Pero ahorita lo que tenemos es una escasez de agua, porque ya no llueve tanto como antes”, se lamenta Luis Pérez Enríquez.

La sentencia

El viernes 02 de febrero del 2024, el juzgado ordenó en la sentencia en favor del pueblo rarámuri “dejar sin efectos los permisos de aprovechamiento forestales sobre la propiedad ancestral de la comunidad de Bosques San Elías Repechique emitidos por Semarnat” y que, en caso de que estos se vuelvan a solicitar, la autoridad ambiental deberá llevar a cabo una consulta indígena conforme al artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “que contemple evaluar el impacto social, espiritual, cultural y sobre el medio ambiente que el otorgamiento de permisos forestales, produjo y producirá sobre la comunidad”.

En un comunicado, Contec agregó que la sentencia también concedió un amparo por la omisión de proponer medidas legislativas y administrativas que garanticen a la comunidad de Repechique sus derechos de propiedad y posesión sobre el territorio. “Ya que no se cuenta con el mecanismo de delimitación, demarcación, titulación y registro que permita reivindicar la propiedad a las comunidades indígenas de las tierras que constituyen su propiedad ancestral”, sostuvo la organización. Por eso, se ordena el establecimiento de un mecanismo o un procedimiento sencillo y efectivo que garantice la integridad de sus tierras al pueblo indígena.

“Su sola presencia en el área geográfica donde se otorgaron permisos de aprovechamiento forestal presupone la existencia de un derecho sobre las mismas por la forma tradicional en que las han ocupado y, por eso, las autoridades están obligadas a tomar las medidas que sean necesarias para garantizar la protección efectiva de esos derechos”, señaló Contec.

De acuerdo con la abogada Saldívar y el gobernador Pérez Enríquez, la sentencia es un avance que califican como impresionante, pues pone a la delantera a los rarámuri en un proceso que debe encaminar a la titulación de su hogar, una comunidad en donde siempre han ejercido el derecho al territorio de manera natural, haciendo uso de los recursos naturales para su supervivencia.

“Aunque eso lo hemos estado exigiendo de manera directa con las autoridades, no hemos sido escuchados”, afirma Pérez Enríquez. “Lo que ahorita vemos, es que un juez obliga a los tres niveles de gobierno a tomar en cuenta a la comunidad, a los miembros de este territorio. Lo que esperamos es que las autoridades a nivel estatal y federal reconozcan ese derecho y que se entregue un título para que la misma comunidad decida qué es lo que va a hacer”.

La negativa

A un mes de distancia de la sentencia, los pasados 2 y 4 de marzo, Repechique y su defensa legal se enteraron de la inconformidad de la Semarnat, el gobierno estatal y los particulares. Isabel Saldívar apunta que el siguiente paso es esperar a que un tribunal colegiado decida si la sentencia fue apegada a derecho y así la pueda confirmar, revocar o modificar.

Mientras tanto, la comunidad se está organizando para revisar la sentencia escrita y comenzaron reuniones con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) para saber cómo avanzar en el proceso de titulación de su territorio, explica Saldívar.

“Sería importante que dadas las sentencias emitidas por los tribunales a favor de las comunidades originarias, las autoridades avanzaran en la conciencia y el compromiso que deben tener como tales en la protección de los derechos de los pueblos indígenas”, concluye la abogada. “No pueden estar orillándolas a acudir a los tribunales para que ellas hagan lo que deben hacer de oficio: respetarles y garantizarles sus derechos es parte del deber ser del Estado”.

El futuro que Luis Pérez Enríquez imagina para el territorio que comparte con su comunidad, es uno en donde, además de conservar el bosque con mejores prácticas para hacer un uso sustentable de sus recursos, puedan vivir sin miedo a ser desplazados.

“Ha sido muy difícil, porque nos amenazan, porque nos quieren correr”, dice el líder indígena. “Muchas personas se van temporalmente, otras se quedan. Realmente es difícil para muchas personas seguir en la comunidad. Pero esto nos da certeza jurídica —el reconocimiento del juzgado— para que nosotros podamos continuar viviendo aquí”.

Este trabajo fue publicado inicialmente en MONGABAY LATAM. Aquí puedes consultar la versión original.