Texto: Alberto Nájar. Foto: Mónica González

Paz, reconciliación, perdón, amnistía, legalización. Palabras ausentes en doce años de guerra contra el narcotráfico, y que ahora forman parte de la estrategia para terminar con la violencia en México. La ruta empieza en Ciudad Juárez con los Foros para la paz y reconciliación.

El número es 154,000. La cantidad de personas asesinadas que se espera como balance final en el gobierno del presidente Enrique peña Nieto.

Lo dicen especialistas como Alejandro Hope, quien revisa mes tras mes las estadísticas y formula proyecciones.

Lo subraya el regreso de ejecuciones, secuestros o extorsión en zonas que supuestamente habían recuperado la tranquilidad.

Lo padecen cotidianamente millones de mexicanos acechados por ladrones, vendedores de droga en sus calles, indiferencia y extorsión policíaca.

154.000 asesinatos. Ni siquiera Felipe Calderón, con todo su empeño, pudo alcanzar esa cifra a la que, por cierto, se suman los 120,934 que consiguió el militante del Partido Acción Nacional (PAN).

Es un país en guerra el que hereda Andrés Manuel López Obrador cuando asuma la presidencia el próximo 1 de diciembre.

Y como tal es la estrategia que diseña su equipo para recuperar la vida de los mexicanos. El primer paso es cambiar la narrativa.

Desde que Calderón ocupó irregularmente la residencia oficial de Los Pinos palabras como “levantón”, “enfrentamiento”, “daños colaterales” o “derecho de piso” se incorporaron al lenguaje en México.

Ahora la propuesta es un nuevo prontuario, en camino distinto a los códigos de violencia. AMLO, como se conoce en el país al candidato ganador, usa términos como “reconciliación, “paz”, “perdón”, “justicia”.

Las ausentes durante los doce años de guerra contra y entre carteles de narcotráfico. ¿Bastan para frenar la violencia?

Es una de las preguntas que se intentan responder en los Foros para trazar la ruta de pacificación del país y reconciliación nacional que empiezan este martes 7 de agosto en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Una una inédita propuesta para terminar la sangrienta guerra que desató Calderón.

El camino arranca con una serie de encuentros con organizaciones civiles, víctimas, campesinos, pueblos indígenas, empresarios, académicos, activistas de derechos humanos, sindicatos, comunidades religiosas, gobernadores, alcaldes, militares y el equipo de transición de AMLO.

Es una propuesta integral, explica Loretta Ortíz, coordinadora del Consejo Asesor para Garantizar la Paz, pues incluye una serie de modificaciones legales y el diálogo con víctimas.

“Dos sexenios de fallidas estrategias en materia de seguridad obligan al siguiente a hacer una modificación”, explica. “Como dice López Obrador no se va a arreglar esta situación a través de más balas, más violencia. Está demostrado que es fallido”.

Por eso la importancia de los Foros que son “una manera de legitimar las futuras reformas o acciones políticas” del próximo gobierno para pacificar al país.

Eso incluye una Ley de Amnistía, legalizar el cultivo de marihuana para fines lúdicos y amapola como uso farmacéutico. También se pretende crear comisiones de la verdad para resolver algunos de los casos más polémicos los últimos años, como la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

Y busca, además, el desarme, desmovilización y reinserción de los miembros de la delincuencia organizada.

El marco de la estrategia es un modelo de justicia transicional. Se aplica en países que sufrieron conflictos armados, represión o crímenes de lesa humanidad que no puede resolver su propio sistema de justicia.

Son casos de graves violaciones de derechos humanos cometidas de manera sistemática. “Eso ha venido sucediendo en México con estos 12 años de guerra contra el narcotráfico”, dice Tania Ramírez, directora de Política de drogas de la organización México Unido contra la Delincuencia (MUCD).

Un sistema de justicia de esta naturaleza “permitiría conocer la verdad histórica de qué está pasando en comunidades o poblaciones afectadas por la guerra contra el narcotráfico”.

El siguiente paso es construir un proceso de memoria que incluya no sólo la reparación del daño, sino la garantía de no repetición.

Este modelo se ha utilizado para encauzar la reconciliación en países como Guatemala o Perú, y recientemente se convirtió en la clave para el acuerdo de paz en Colombia.

Es, pues, una estrategia de sanación al tamaño de la guerra irregular que padece México, y cuyas consecuencias apenas se conocen.

Y un dato adicional: establecer un sistema de justicia transicional implica reconocer la sangrienta guerra en el país, algo que ni Calderón ni el presidente Enrique Peña Nieto han querido aceptar.

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No es la primera vez que desde el gobierno –en este caso uno virtualmente en funciones- se promueve un diálogo con víctimas de la violencia.

Pero es inédita la concepción de los Foros. Ahora dice Carlos Cruz, integrante del Consejo Asesor, la idea es “romper asimetrías” en el modelo de la conversación.

“Se busca dar a las familias de las víctimas una nueva posición donde la decisión y el poder esté en ellas y no en términos del acuerdo político”.

Tampoco la idea es recorrer varias regiones para conocer el estado del país, aclara Loretta Ortíz. “No es para saber la situación actual, sino preguntar si estarían dispuestos a aceptar como medios de reconciliación y como un mecanismo en los procesos de paz, el que se pudieran tomar acciones como una Ley de Amnistía”, explica.

El objetivo final del diálogo es encontrar la ruta para la paz, que no es lo mismo que pacificación insisten los expertos:

En el primer caso hay un proceso de reconciliación y justicia en consenso con las víctimas. La pacificación generalmente es una medida impuesta para tranquilizar regiones y sociedades.

No es el caso. “Queremos una paz para tener una convivencia que no sea a través de las armas”, señala la coordinadora del Consejo Asesor. “Hay lugares a los cuales no se puede ir, se encuentran en estado de sitio. Allí cualquier ser humano no viviría sin ejercer su derecho a la seguridad humana”.

En este camino el proceso de reconciliación y perdón es fundamental. Pero no en todos los casos. La amnistía que propone AMLO, por ejemplo, no incluye a los delitos donde hubo violencia, ni tampoco se contempla para crímenes de lesa humanidad como la desaparición masiva de personas.

De hecho está prohibido en la legislación internacional. “No se habla de perdón ni olvido, y menos en los crímenes de lesa humanidad. Eso nunca se olvida”, recuerda Loretta Ortíz.

“No puede haber perdón ni reconciliación si primero no hay justicia”.

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