Un personaje clave para la localización de los estudiantes desaparecidos habría sido víctima de ejecución extrajudicial, en un operativo con graves irregularidades a cargo de la Fiscalía General de la República.

@lydicar

Los informes suelen dar datitos para meses. Uno de estos datitos es el número de personas  vinculadas a la desaparición forzada de 43 estudiantes; y que han ido muriendo o han ido matando. Tan sólo desde el 26 de julio de 2021 (es decir, durante los últimos 15 meses) murieron nueve personas, todas vinculadas al llamado cartel de los Guerreros Unidos (GU). 

Escojo contar desde el 26 de julio de 2021 porque aquel día falleció, por covid, el líder de GU Mario Covarrubias, alias Sapo Guapo. Él se encontraba en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Y su caso era más o menos conocido porque había interpuesto algunos amparos. 

Unos meses después ocurrió la probable ejecución extrajudicial de un familiar suyo, Juan Salgado Guzmán. Esto fue el 22 de septiembre de 2021, en Metepec, Estado de México. Unos días antes del terrible aniversario. 

En aquel entonces, la prensa y los medios de comunicación reportaron que Juan Salgado El indio resultó abatido cuando elementos de la Fiscalía General de la República “perseguían a unos secuestradores, entre los que estaba Salgado Guzmán. Este sujeto trató de enfrentar a la justicia, resultando herido de muerte”. 

Repito: lo anterior fue lo publicado en aquel momento a partir de comunicaciones oficiales. 

Sin embargo, según el informe de Comisión por la Verdad y la Justicia (CoVaJ) no ocurrió así. 

El informe advierte:

“Tras un largo proceso de investigación, la CoVaJ proporcionó a la FGR informaciones sobre la ubicación y movimientos de Juan Salgado Guzmán (a) “el Caderas” [en esta información no se le apoda el Indio, sino el Caderas], en el municipio de Metepec, Estado de México. 

Es decir, la FGR no iba por secuestradores; iba por Salgado.

Continúa:

“El 22 de septiembre de 2021, a las 13:30 horas inició un fallido operativo para su captura que derivó en un enfrentamiento, en el que se registraron diversas irregularidades, falta de planeación, personal no acreditado y un uso desmedido de fuerza, donde, una vez sometido, Salgado Guzmán fue ejecutado”.

Esto se encuentra en la página 14 del Informe. Si las cosas ocurrieron como asegura la Covaj, estamos ante una ejecución extrajudicial, cometida por agentes de la Fiscalía General de la República, en contra de un personaje clave en el caso Ayotzinapa. 

Según el informe, hubo 13 elementos asignados al operativo; pero solo cinco contaban con arma de cargo y ocho no presentaron registro de armamento oficial. ¿Iban entonces sin armas o llevaban armas no registradas, sin posibilidad de identificar quién hizo cuál disparo? 

En efecto, sin embargo, hubo una balacera. Según el informe, Salgado se defendió; y realizó siete disparos. Pero luego cayó herido y no disparó más. Entonces se acercaron los agentes y “un tercer elemento de la policía ministerial dio la orden de ‘tirar’. Esto aún cuando Salgado se encontraba herido y sometido. El resultado de la autopsia señala que el occiso presentó 23 lesiones provocadas por arma de fuego”. 

Hasta la fecha no hay una investigación contra los agentes involucrados.