En los bosques y selvas de México existen recursos distintos a las maderas que representan una importante fuente de ingreso para las comunidades locales. Sin embargo, sin apoyos gubernamentales, los comuneros tienen que vender a precios muy bajos a intermediarios, lo que abre el deterioro de los ecosistemas

Texto: Redacción Pie de Página

Foto: Karla Itzel Ruiz / Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO.- Es probable que México se encuentre frente a una suerte de tesoro y no se da cuenta. Al menos es la idea que Salvador Anta y sus compañeros dentro del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) tienen desde hace años, tras calcular las posibilidades que ofrece la existencia de más de un centenar de productos forestales no maderables para millones de ejidatarios, comuneros y personas sin derechos agrarios que habitan las dos terceras partes del país.

“La amplitud de los proyectos forestales no maderables es bastante extensa. Estamos hablando de aprovechamiento en prácticamente todos los sistemas”, dice el biólogo.

En la base de datos que presentamos hacemos referencia solo a los que están autorizados, a los que tienen aviso. Es decir, hay muchos más que no entran a los circuitos de comercialización convencionales y que son muy importantes para las familias rurales que viven en los bosques, en los desiertos, en las selvas. Entonces, esto es apenas una pequeña fracción de lo que estamos mirando”.

La referencia de Anta es sobre la sistematización actualizada de datos que presentó el consejo a mediados de julio, precisamente para exponer las dimensiones de una riqueza menospreciada que bien pudiera ponerle fin a las precariedades de buena parte de la población rural. La presentación sirvió a un mismo tiempo para señalar la falta de respaldo institucional en algo tan básico como el impulso de programas que conduzcan a la organización comunitaria, lo que marcaría el inicio de una eventual cadena productiva.

“No obstante su importancia, los no maderables han quedado siempre relegados o subordinados a la producción forestal maderable”, se duele Anta. Pero la Comisión Nacional Forestal, la instancia gubernamental encargada del desarrollo, apenas sobrevive con un presupuesto menor al del pasado y eso frena la elaboración de los estudios necesarios que permitan realizar avisos sobre nuevas autorizaciones, lo que ha terminado por desalentar a los productores rurales que suelen optar por las rutas de lo ilegal. 

En términos forestales, el apoyo del gobierno ha estado enfocado a la explotación de los bosques maderables, una industria millonaria que hace tiempo llamó la atención de caciques y células criminales. La tala ilegal desatada a partir de ello, ha desolado millones de hectáreas. Los bosques, sin embargo, ocupan una parte menor del territorio nacional, y ahí es en donde los no maderables se convierten en una alternativa desaprovechada. En su información más reciente, que data de 2018, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) reportó ganancias por mil 34 millones de pesos durante ese año con la explotación de no maderables en 29 entidades. La base sobre la que se estimaron las ganancias es apenas una porción de lo que existe.

Los ejidos, tierras comunales y personas sin derecho agrario requieren por ley de avisos emitidos por la Semarnat para proceder con la explotación formal. El censo actualizado enumera 114 especies distintas, entre las que destacan la resina de pino, la lechuguilla, la candelilla, el orégano, la palma de guano y distintos tipos de agave con los que se produce mezcal, sotol y bacanora. Del universo de ejidos y tierras comunales apenas 187 cuentan con autorizaciones vigentes para explotar 72 de esas especies. El estancamiento que se tiene abarca al menos las últimas dos décadas, a juzgar por las propias cifras oficiales que indican la obtención anual inalterable de 91 mil toneladas de no maderables entre 2009 y 2018. 

Se trata de una explotación igualmente concentrada en un reducido grupo de estados, entre los que sobresalen Durango, Michoacán y Zacatecas, que concentran más de las dos terceras partes del tonelaje extraído. Por producto, Michoacán lidera el listado del principal recurso no maderable, la resina de pino, con 92 por ciento. Del total de 172 mil toneladas de producto explotado en 2018, la resina de pino aportó poco más de 24 mil, de acuerdo con Semarnat. Le siguieron la lechuguilla, de donde se extraen fibras, con 3 mil 709 toneladas y  las ceras de la candelilla con 2 mil 313.   

Los números pueden ser alentadores por tratarse de apenas una muestra del verdadero volumen existente y porque además se dejó fuera la actividad para el autoconsumo de miles de habitantes de zonas rurales. 

“El potencial es verdaderamente amplio. Hay productos que son la principal fuente de ingresos de los productores rurales. En el norte la candelilla, que es para los ejidos de Durango, de Chihuahua, de Coahuila, en el semidesierto en donde la ganadería y la agricultura son muy limitados, la candelilla es su principal fuente de ingresos”, explica Anta.

Hay tres historias que el biólogo usa como ejemplo de lo que puede generarse: la resina en Michoacán, el chicle en Campeche y Quintana Roo, y la palma sobrerera en Oaxaca y Guerrero. 

Es muy importante para muchas poblaciones detonar la producción de los no maderables”, explica. “Hay mujeres en la península de Yucatán que traen orégano. En el norte hay muchas otras especies. La gama es muy amplia para la población que es la más desprotegida y para aquella que no tiene derechos agrarios, los avecindados por ejemplo, que no tienen los mismos derechos que los ejidatarios y los comuneros”. 

Lo sucedido en torno a la explotación de la goma de chicle sirve para visualizar un poco la idea del CCMSS. Un par de décadas atrás, en Quintana Roo, se organizaron cooperativas que terminaron por constituir un consorcio chiclero. Son los productores de Chicza, un chicle orgánico para un mercado de nicho que llega a Estados Unidos y Europa. “Es lo que necesitamos encontrar para la mayor parte de los grupos que están en el país y que pueden extraer los productos no maderables. Organización y la agregación del valor”, dice Anta. 

Si bien son parte sustantiva del desaprovechamiento de los recursos, el desaire institucional y la falta de  organización son parte del mismo lado de la moneda. A ello debe sumársele el concierto de intereses de grupos políticos y empresariales en zonas concretas del país, así como la presencia de crimen organizado. Unos por la codicia de tierras ejidales y comunales para el emprendimiento de megaproyectos, otros por el simple llamado del dinero que pueda generarse a partir de la explotación de los recursos naturales. 

“Ciertamente es un problema grave”, dice Salvador Anta. “Creo que es difícil, pero es posible el desarrollo. Y existen también los grupos de poder político. […] El crimen organizado lleva muchos años en las regiones forestales y en los últimos años se ha incrementado. En años anteriores nunca se metían unos con otros, pero ahora hay regiones en donde están luchando y quedan fuera de control. Pero hay una serie de regiones en donde el crimen se mantiene y las unidades forestales maderables se mantienen y afortunadamente no han habido ni enfrentamientos ni choques. Es difícil ir a contra corriente, pero es posible continuar en la medida en que vaya generándose más unión, más fuerza, más grupos que se vinculan y que a su vez se pueden proteger y evitar enfrentamientos con estos grupos de poder o con los grupos violentos”.

Ahí el problema de origen, el del desinterés gubernamental. Algo que difícilmente cambiará en esta administración, de acuerdo con los escenarios previstos por el CCMSS. 

“Los enfoques se han dirigido a otros sectores, a otros proyectos y tenemos que esperar a que exista un cambio de gobierno y en ese cambio de gobierno, quien vaya a suceder el presente, hay que tener acercamientos para que se retome -no quiero decir que ha habido una política adecuada para los no maderables, no la ha habido más allá de momentos interesantes-, pero creo que es el momento en el que hay que atenderlo porque está en los ecosistemas del país una de las vías para darle ingresos, para  que la gente que está en esos ecosistemas los cuide y los proteja, los valore, los procese y agregue valor”, dice Salvador Anta.

“Pongo como ejemplo a los resineros. Donde hay zonas dedicadas a su extracción casi no hay incendios forestales porque ellos mismos están al pendiente, es la fuente de su ingreso. Y son este tipo de proyectos que debemos alentar”.