El gasolinazo llegó para restarle ánimos al año nuevo. En el primer minuto del 2017 los precios de los combustibles subieron hasta 20 por ciento. La prosperidad de este año se quedará en los empresarios gasolineros. Pero algunos expertos consideran que el verdadero beneficiado es el gobierno federal. Mientras, las protestas no cesan
Texto: Arturo Contreras Camero y José Ignacio De Alba.
Foto: Arturo Contreras Camero
Ciudad de México.- “El alza a los precios es simplemente que tratan de cubrir el boquete financiero que tiene el gobierno Federal, les hace falta dinero”, dice en entrevista con Pie de Página Antonio Castro, director de la asesora económica Oxford Economics en México.
El economista explica que impulsar una nueva política tributaria, o gravar un nuevo impuesto requeriría una discusión en las cámaras. Por eso, el gobierno de Enrique Peña Nieto optó por la manera más directa y sencilla de aumentar el ingreso de los impuestos: subir el precio de todos los bienes y servicios que da el sector público.
Ese es, desde su perspectiva, el motivo de la crisis social que vive todo el país desde el primer día de 2017: “Deciden aumentar los precios, y todos tenemos que pagar”.
De acuerdo con el gobierno mexicano, la medida es parte del plan para poner los mejores precios al consumidor. En la explicación tardía que han dado, tanto el presidente como el secretario de hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, lo que se busca es crear un mercado en el que los empresarios se esfuercen por ofrecer el mejor producto al precio más bajo. Por eso liberaron los precios de los combustibles, poniendo topes mínimos y máximos al precio como medida de regulación. Sin embargo, toda la gasolina que se vende en el país es de Pemex, por lo que las empresas gasolineras no tienen un margen de competencia real, así que los distribuidores optaron por ceñirse al tope máximo del precio.
Pero el gobierno sabe que no habrá una verdadera competencia hasta 2018, cuando los distribuidores puedan acceder a gasolina de empresas extranjeras, según lo establecido en la reforma energética. Por eso, expertos como Castro aseguran que el motivo real de los aumentos es captar recursos rápidamente, como una suerte de “impuestos disfrazados”.
La decisión ha provocado una crisis social que parece escalar. El mismo 1 de enero, la gente enfurecida salió a las calles a exigir al gobierno que diera revés a la “responsable” decisión de subir los precios a los combustibles. Desde Tabasco hasta Sonora los manifestantes tomaron calles y carreteras. La demanda fue unánime: “no al gasolinazo”. Hubo, también, quienes aprovecharon la ocasión para saquear centros comerciales, tiendas, robar televisiones, comida o lo que se pudiera. Luego, una ola de rumores restó credibilidad a las manifestaciones pacíficas. La rumorología creo pánico entre mucha gente que, ante las amenazas, prefirió quedarse en su casa o cerrar sus negocios.
Pero nada ha cebado la inconformidad. En Hidalgo, tras un duro enfrentamiento entre pobladores y la Policía Federal, los disparos hechos por policías mataron a dos personas. Otras tres personas murieron en Veracruz. Y en la Ciudad de México un policía murió atropellado, tratando de evitar el saqueo de una tienda.
Los últimos hechos de violencia se registraron en el norte del país. Primero en Rosarito, Baja California, donde la policía contuvo una manifestación con gases lacrimógenos, y el 8 de enero la policía de Nogales, Sonora, disparó con armas de fuego contra manifestantes.
El gobierno federal tardó cinco días en reaccionar a las protestas. El 5 de enero, Enrique Peña Nieto transmitió un mensaje en cadena nacional para explicar que el gasolinazo, como popularmente se ha llamado al aumento de las gasolinas, no es por la Reforma Energética, ni por los impuestos, sino que es culpa de los mercados internacionales.
“¿Ustedes qué hubieran hecho?”, remató el presidente, en un mensaje que ha sido cuestionado hasta por los empresarios.
Mientras tanto, en los días aciagos, de vacas flacas y de responsabilidades gubernamentales, los diputados federales se subieron el sueldo y luego, para no quedar atrás, los consejeros del Instituto Nacional Electoral también se aumentaron el sueldo y el aguinaldo 15 por ciento.
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