En México, las mujeres que viven en zonas mineras enfrentan riesgos directos a su salud: un estudio basado en 76 mil nacimientos muestra que la proximidad a minas de cobre eleva hasta 56 % el riesgo de parto prematuro extremo y hasta 366  por ciento el de malformaciones congénitas del sistema circulatorio

Texto: Samanta Camacho, Tokya Casimiro y Ricardo Balderas / PODER LATAM

Foto: Cortesía

CIUDAD DE MÉXICO. – La evidencia y los registros oficiales de salud en México muestran que las mujeres que habitan en entornos mineros enfrentan exposiciones a metales potencialmente tóxicos como arsénico, plomo, cadmio y manganeso, los cuales pueden encontrarse en concentraciones elevadas en agua, suelo y polvo domiciliario en regiones con actividad extractiva. Investigaciones del Instituto Nacional de Salud Pública han documentado que la exposición crónica a arsénico en agua potable en regiones mineras del norte del país se asocia con mayor riesgo de enfermedad renal crónica y alteraciones metabólicas en población adulta.

Asimismo, en materia reproductiva, un análisis basado en registros oficiales de nacimientos, que evaluó más de 76 mil nacimientos en localidades ubicadas cerca de grandes minas de cobre en México, encontró que las mujeres embarazadas que vivían en las zonas de mayor proximidad presentaron un incremento de 56 por ciento en el riesgo de parto prematuro extremo (antes de las 28 semanas) en comparación con zonas más alejadas. El mismo estudio identificó que el riesgo de malformaciones congénitas del sistema circulatorio en recién nacidos aumentó hasta 366 por ciento en áreas de mayor exposición a estas sustancias tóxicas. 

En comunidades mineras con presencia documentada de plomo en suelo y polvo, evaluaciones ambientales coordinadas por autoridades sanitarias han mostrado concentraciones que superan valores de referencia internacionales, lo cual implica riesgo para la salud neurológica y cardiovascular. Las mujeres en edad reproductiva constituyen un grupo de especial preocupación debido a que el plomo puede movilizarse desde el tejido óseo durante el embarazo y transferirse al feto. Las investigaciones académicas mexicanas también han documentado que la exposición a metales pesados en zonas mineras se asocia con mayor prevalencia de síntomas respiratorios y afecciones dermatológicas en población residente, derivadas de la dispersión de partículas contaminadas en el aire.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) ha señalado que la exposición prolongada a arsénico en agua potable puede producir lesiones cutáneas, alteraciones cardiovasculares y daño renal, efectos que impactan de manera acumulativa a mujeres adultas en comunidades con fuentes de abastecimiento contaminadas. En conjunto, los estudios nacionales indican que las mujeres en entornos mineros enfrentan riesgos diferenciados principalmente en salud reproductiva, perinatal y renal, así como efectos sistémicos asociados a exposición crónica a metales pesados.

El mismo pulso del desgaste

Micaela, Cristina y Claudia no se conocen entre sí. Una vive en Cananea, Sonora; otra en la región de Pasta de Conchos, Coahuila; la tercera en la sierra de Ixtacamaxtitlán, Puebla. Sus territorios son distintos: desierto, cuenca minera, bosque. Sus paisajes, su clima y sus historias familiares son quizás opuestos. Pero si se escucha con atención, sus testimonios comparten un mismo hilo… el de la vida cotidiana de las mujeres reorganizada por la presencia de la minería.

Micaela recuerda cómo su rutina se transformó desde que la empresa Grupo México tomó las riendas de la mina en su comunidad. Las promesas de desarrollo y empleo no tardaron en contrastar con la realidad: largas jornadas, exposición constante a polvo y químicos, y el desgaste físico de jornadas que empiezan antes del amanecer y terminan entrada la noche. Su día comienza preparando el desayuno de sus hijas. Al regresar a casa, aún debe atenderlas, revisar tareas y mantener el orden en el hogar, mientras su cuerpo carga con dolor de cabeza, cansancio y tensión muscular. Para Micaela, estas dolencias son parte del costo invisible de la minería en su vida y en la de su familia.

Cristina, por su parte, describe la carga adicional que el contexto minero impone sobre la salud reproductiva. Recuerda la tragedia de Pasta de Conchos y además evoca cómo cada embarazo se convierte en un motivo de preocupación: partos prematuros, complicaciones en la gestación y recién nacidos con problemas de salud son experiencias que ella observa de cerca en su comunidad. Cada embarazo despierta temor, cada nacimiento exige cuidado extra, y estas vivencias se suman al cansancio físico y emocional que conlleva cuidar de la familia en un entorno marcado por la industria minera. Y su información se fortalece con los señalamientos de las organizaciones y personas académicas sobre el tema:

“En mi región no hay incubadoras, si una mujer necesita dar a luz, tendrá que emigrar por atención médica, imagina el resto de atenciones”, asegura preocupada.

Claudia Paola relata su experiencia en la sierra poblana, donde el impacto de la empresa minera se sintió en la vida cotidiana y en la herencia de su territorio. Nacida en Cruz de Ocote, ha vivido la transformación de su comunidad desde joven. Su jornada inicia a las 6:30 de la mañana, preparando alimentos, cuidando animales y caminando para llegar al trabajo en el Ejido, donde documenta la carga de madera que sale del monte. Durante los años de lucha contra la minería, Claudia vivió estrés, desvelos, dolores de cabeza, problemas digestivos y episodios de presión alta. Aunque la lucha rindió frutos cuando se logró que en Ixtacamaxtitlán no se instalara una mina, los momentos de cuidado hacia sus hijas se complicaban: en algunas semanas apenas las veía cuatro días, y las noches de preocupación y cansancio la dejaban emocionalmente agotada. Aun así, nunca contempló dejar su territorio; para ella, la tierra de sus abuelos es un vínculo que define su identidad y su responsabilidad.

Los testimonios de Micaela, Cristina y Claudia muestran cómo la minería reorganiza la vida de las mujeres. La jornada laboral se superpone al cuidado familiar, el estrés y el cansancio se vuelven permanentes, y los cuerpos reflejan la presión física y emocional que implica mantener la salud propia y la de quienes dependen de ellas. Desde la exposición a polvos y químicos, hasta el temor por la salud reproductiva y el desgaste diario, sus relatos construyen un mapa íntimo de cómo la industria minera deja huellas tangibles en la vida y la salud de las mujeres.

Transparencia contra la impunidad: caso Grupo México

En México, el mapa de las concesiones mineras no es una abstracción técnica sino un retrato del poder económico y de la política pública. En ese mapa, Grupo México aparece como uno de los actores dominantes. Investigaciones periodísticas construidas a partir de bases de datos oficiales estiman que la empresa concentra 604 concesiones mineras en el país, registradas a nombre de distintas subsidiarias. La cifra no es menor en un sector donde el acceso al territorio define la escala del negocio.

La dispersión territorial de esos títulos dibuja una geografía precisa. Zacatecas encabeza la lista con 152 concesiones vinculadas al consorcio; le siguen Sonora con unas 130 y Chihuahua con cerca de 115[1]. En Guerrero se contabilizan 51; en Coahuila, 42; en San Luis Potosí, 28. El registro continúa con Baja California (20), Sinaloa (19), Nayarit (15) y Jalisco (14). En Michoacán aparecen siete; en Durango, cinco; y en Aguascalientes y Estado de México, una respectivamente. Existen además títulos que abarcan límites interestatales, como dos entre Zacatecas y Coahuila, uno entre Durango y Zacatecas y otro entre Michoacán y Estado de México. Cada número corresponde a un polígono concreto inscrito en el Registro Público de Minería.

El volumen no equivale automáticamente a explotación activa. En el sistema mexicano coexisten concesiones para exploración y para extracción (aunque con la nueva Ley de Minería de 2023, se establece que las nuevas concesiones mineras serán otorgadas solo para la fase de explotación y no como títulos separados para exploración como ocurría antes. Es decir, ya no se entregan concesiones exclusivamente para exploración minera como sucedía bajo ese esquema tradicional), y no todas se traducen en minas en operación. Tampoco todas permanecen vigentes indefinidamente: pueden cancelarse, transferirse o modificarse. Pero la suma ofrece una fotografía de alcance territorial. En estados históricamente mineros como Sonora o Zacatecas, la presencia empresarial coincide con distritos de larga tradición extractiva; en otros, como en Puebla, la concesión puede anticipar proyectos futuros o reservar derechos estratégicos sobre el subsuelo.

Para entender el alcance real de estos datos es necesario distinguir entre el discurso corporativo y la arquitectura jurídica que lo hace posible. Las concesiones mineras en México se otorgan por periodos prolongados y confieren derechos amplios sobre el aprovechamiento del subsuelo. En la práctica, el número de títulos funciona como indicador de capacidad de expansión y de influencia regional. No es solo una estadística empresarial: es una cartografía de derechos otorgados por el Estado.

El acceso a esta información no es automático ni siempre está sistematizado en un solo documento público actualizado. Las cifras disponibles suelen reconstruirse a partir de la Cartografía Minera y del Registro Público de Minería de la Secretaría de Economía, cruzando razón social, subsidiarias y ubicación geográfica. Esa dispersión obliga a un ejercicio de verificación constante. Por ejemplo a confirmar que los títulos estén vigentes, distinguir entre exploración y explotación y revisar posibles cambios administrativos. Sin embargo para las personas que viven en los territorios donde se otorgan estas concesiones, este proceso resulta particularmente difícil. Para las mujeres, además, acceder a esta información implica dedicar tiempo y recursos que muchas veces no tienen disponibles, debido a las responsabilidades de cuidado dentro de sus hogares y comunidades.

Y el problema de la falta de información o acceso a ella es generalizado. Cristina, por ejemplo, pone otra pregunta sobre la mesa: “Si no existen datos públicos sobre acceso a servicios de salud para las mujeres, cómo podemos exigir esos mismos datos sobre las minas”, denuncia. En el mismo sentido del acceso a la información para las mujeres en contexto minero, Claudia de Puebla denuncia que sólo fue debido a la llegada de personas aliadas que lograron tener total acceso a la información de lo que implica vivir frente a una mina: “pues nos llevaron la información de la realidad, fue una apertura de ojos y una noticia impactante porque nosotros teníamos la otra perspectiva, la de la empresa”, finaliza.

La exigencia de transparencia no es retórica. En un sector marcado por conflictos socioambientales y litigios comunitarios, conocer cuántas concesiones existen, dónde están y bajo qué condiciones fueron otorgadas constituye el punto de partida para cualquier discusión informada.  Con ellos, se abre la posibilidad de escrutinio público. Dicha información también es respaldada por el estándar de referencia mundial para la transparencia y la rendición de cuentas en los sectores del petróleo, el gas y la minería, la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés). En  su informe del 2019 se asegura que las mujeres se enfrentan a obstáculos estructurales que les impiden participar en el sector de los recursos naturales y beneficiarse de él de forma equitativa.

La magnitud de las concesiones asociadas a Grupo México, distribuidas en más de una decena de entidades federativas, no es en sí misma una irregularidad. Y como todo dato en materia de recursos naturales, exige vigilancia, contraste y contexto. En un país donde los recursos del subsuelo pertenecen a la nación, la transparencia no es un gesto administrativo: es una condición para que la legalidad pueda ser comprobada.

El mapa del despojo

Otro caso desde Sonora, completa el cuadro. No son sólo Micaela, Cristina y Claudia, sino cientos de mujeres que todos los días se enfrentan a una condición desfavorable causada por la minería. Rosy desde su trinchera comunitaria, su trabajo, y explica: 

Si Cristina hablaba del polvo que sangra la nariz y del cerro que desaparece, Rosy pone nombre a la rutina que sostiene ese paisaje: jornadas que empiezan a las cuatro de la mañana y explosiones que hacen vibrar paredes a dos kilómetros de distancia. “Yo quisiera defenderla con las 20 uñas”, dice sobre su ciudad. En esa frase cabe la ambivalencia entera. Reconoce los beneficios (la orquesta, los festivales, el salario que “sí está bien”), pero los coloca junto a los costos: el agua que “antes era del pueblo”, los espacios recreativos a los que “ya no nos dejan entrar”, el polvo que cae “como ceniza” y huele a azufre.

En su historia laboral se condensa otra dimensión del poder empresarial. Un accidente menor deriva en un cuestionario que sugiere culpa. “¿Si fumaba o me drogaba?”, recuerda que le preguntaron tras torcerse el tobillo. Meses después llegó el finiquito. “Yo digo que por eso me liquidaron”, afirma. No hay una sanción explícita ligada a la incapacidad, pero sí una consecuencia concreta: la puerta que no vuelve a abrirse. La violencia empresarial que en otras voces aparece como contaminación o devastación ambiental, aquí adopta forma administrativa y laboral.

Integrada con los otros testimonios, su historia revela una estructura común: territorio, cuerpo y trabajo atravesados por el mismo centro de poder. “Aquí es mi pueblo”, responde cuando se le pregunta si ha pensado irse. Esa permanencia, incluso en condiciones adversas, explica mejor que cualquier cifra el alcance del fenómeno. En Cananea, la minería no es solo una actividad económica; es el eje que organiza la vida. Y en ese eje, las promesas de desarrollo conviven con pérdidas que no aparecen en los balances corporativos.

*Los datos presentados sobre concesiones mineras se basan en información geoespacial oficial disponible en la plataforma GeoInfoMex del Servicio Geológico Mexicano y en fuentes periodísticas verificadas. Las cifras por estado corresponden a títulos inscritos en el Registro Público de Minería y se han resumido para fines informativos por PODER; pueden existir variaciones en función de actualizaciones de registros, cambios de titularidad o concesiones en trámite.