El feminicidio de Mariana detonó comentarios racistas por parte de médicos que pidieron dejar de ir a atender a “zonas rurales”. Para la Brigada de Salud Comunitaria 43, que firma este texto, esa exigencia habla de un clasismo existente en la comunidad médica, y su miopía sobre el tema de los feminicidios. Además de que representa un atropello en contra del derecho a la salud de las comunidades más vulneradas del país.

Texto: Brigada de Salud Comunitaria 43

La práctica médica solo es efectiva si responde al contexto en el cual se desenvuelve, con un entendimiento serio de los llamados “determinantes sociales de la salud” – la marginación económica, el racismo, el machismo y otras violencias sistémicas. 

La violencia de género provoca impactos graves en la calidad de vida de las mujeres, en México es una emergencia de salud pública que se debe atender de manera prioritaria en la salud institucionalizada y comunitaria. No podemos ser cuidadores sanitarios y esperar que otras y otros resuelvan las problemáticas sociales que en gran medida definen las enfermedades y la salud de quienes cuidamos. 

Varios profesionales de la salud han abordado el feminicidio de Mariana Sánchez Dávalos, joven médica pasante. El 29 de enero, “Federaciones, Asociaciones y Colegios Médicos de México”, emitieron un comunicado respecto al tema, pero en ningún momento exigen justicia y esclarecimiento del asesinato y omisiones cometidas en el caso, tampoco proponen acciones para atender la violencia de género. La exigencia recalcada en el documento es “de manera inmediata, la cancelación de la rotación de médicos pasantes por las regiones donde el Gobierno del Estado de Chiapas no pueda garantizar la integridad y seguridad de los médicos pasantes” y hacer “extensiva esta misma exigencia para hacerla valer en todo el país”. 

En paralelo con las declaraciones de los grupos médicos, en redes sociales y foros públicos se han circulado un número importante de publicaciones racistas y clasistas de profesionales de la salud en contra de la población rural, señalan: “En los pueblos que mantienen sus usos y costumbres, que se curen con sus usos y costumbres”, “Creen que a uno le encanta ir a sus pinches ranchos olvidados hasta por Dios”. 

Las preguntas que no  plantean son: ¿Quién mató a Mariana? ¿Quién ejerció la violencia sexual en su contra? ¿Fueron las autoridades escolares y sanitarias y la fiscalía quienes ignoraron su solicitud urgente de auxilio o fue “la población rural”?

Culpar a la “población rural” es racismo

El feminicidio y la violencia sexual no son problemas exclusivos de las comunidades rurales. Al contrario, en el 2018, la mayor prevalencia de delitos sexuales contra mujeres adultas fue en municipios de 100 mil habitantes o más. Entre el 2011 y 2016, las tasas más elevadas de homicidios contra las mujeres se concentraron en 10 municipios de distintas latitudes del país, todos pertenecientes a zonas urbanas. 

Culpar a la “población rural” de las agresiones en contra de Mariana se vuelve intrigante  considerando los detalles, hasta ahora sabidos del caso. De acuerdo a una queja escrita por Mariana, más los testimonios de su madre y compañeros estudiantes, la persona responsable durante meses por el acoso en su contra fue el médico del centro de salud donde ella realizaba su servicio social. Mariana acudió a reportar lo que sufría con la directora de la clínica y con las autoridades universitarias, nadie tomó acción para asegurar la integridad física, mental y emocional de la médica.

No obstante, los medios de comunicación y un sinfín de profesionales de la salud aseguraron que las agresiones sexuales se cometieron por parte de “pobladores de la comunidad”. Esas aseveraciones erróneas sirvieron para desviar la exigencia de justicia por el abuso sexual y el feminicidio  a un reclamo de destitución del servicio social a “zonas rurales”. 

Ahora que salió a la luz la responsabilidad del médico, quien además tenía denuncias previas de acoso sexual, hasta el momento, no ha habido una rectificación de quienes rápidamente condenaron a la población rural. ¿Por qué no cuestionan el machismo en los espacios de la comunidad médica? ¿Por qué el silencio de parte de las federaciones, asociaciones y colegios médicos sobre la complicidad de autoridades educativas y sanitarias? Y, una pregunta todavía más importante, ¿Cuál es el compromiso real del sector salud con la erradicación de la violencia de género y con el bienestar de sus alumnas y alumnos?

Violencia sexual al interior de sector salud

Es sabido y documentado que la violencia en contra de las mujeres en el ámbito médico prevalece a lo largo de su formación y la ejercen hombres que tienen poder sobre ellas por las estructuras jerárquicas que predominan en esos ámbitos académicos y laborales. Aun cuando son reportados,  los agresores en pocas ocasiones son sancionados. Ejemplo es el caso del médico que acosó a Mariana, fue reportado por otra víctima en el 2014 pero no fue destituido, y tras la queja de Mariana en el 2020, la única acción que se realizó fue cambiar al doctor de turno. 

Limitar las actividades de las médicas a las “zonas urbanas” no reduce su exposición a la violencia, por lo contrario las revictimiza porque invisibiliza la responsabilidad de los agresores y se atribuye el motivo de la violencia que sufren a las actividades relacionadas a su formación profesional. Una preocupación real de la comunidad médica por el bienestar de las mujeres debería incluir acciones concretas para garantizar que todos sus espacios sean libres de violencia y que ellas puedan contar con mecanismos justos y eficientes en caso de ser violentadas. Ese compromiso, además, debe ir más allá de intereses gremiales, independientemente de quienes sean las mujeres violentadas y en dónde sufren esa violencia. 

Las mujeres, independientemente de su lugar de residencia o profesión, sufren violencia física, sexual, emocional, y psicológica, una de cada cinco mujeres reporta haber sufrido violencia sexual en algún momento de su vida, en promedio se mata a diez mujeres al día. Es decir, hay miles de agresores en el país. ¿Quién cuestiona eso? 

«Demandar el fin del servicio social médico en regiones rurales a raíz de un feminicidio, solo habla de un clasismo existente en la comunidad médica, y su miopía sobre el tema de los feminicidios. Esa demanda representa otro atropello en contra del derecho a la salud de las comunidades más vulneradas del país en donde, como consecuencia del racismo del sistema sanitario desde el periodo colonial, sufren de un rezago enorme en materia de salud, evidenciado por los indicadores de morbilidad y mortalidad. Una política draconiana que limita aún más el acceso a servicios de salud en esas comunidades nos parece peligroso ya que esos indicadores afirman que el racismo del sector salud no solo lesiona, también mata».

La estructura y organización del servicio social médico y la provisión de servicios de salud en regiones rurales requiere de cambios importantes. Creemos fundamental empezar esa evaluación con preguntas serias que van a la raíz del problema. 

¿Cómo llegaron a deteriorarse tanto las condiciones del servicio social médico? Más allá de una simple anulación, ¿Qué acciones mejorarían las condiciones de aprendizaje, trabajo y seguridad para las y los médicos en formación, así como la calidad y dignidad en los servicios de salud ofrecidos en comunidades rurales, sin aumentar aún más la distancia entre quienes se dedican al cuidado de la salud y quienes son violentados por la falta de acceso a ello? ¿Cómo evitar que las siguientes generaciones de médicos en México normalicen el racismo que hoy muchos expresan con tanta facilidad? ¿Cómo entender que los problemas como el feminicidio son consecuencia de la estructura machista, perpetuada por todos los sectores de la sociedad? ¿Cómo formar practicantes de la medicina que entiendan que la salud es un derecho fundamental y que lo defiendan como tal?

El llamado a la justicia para Mariana Sánchez debe ser coherente, claro y enfocado, se trata de un caso de agresión sexual y feminicidio en un contexto de impunidad. 

Como grupo que se dedica a la salud comunitaria en México, nos sumamos a la denuncia enérgica del feminicidio de Mariana. Exigimos justicia, esclarecimiento total de los hechos y las sanciones correspondientes a todos los responsables, incluyendo a las autoridades educativas y sanitarias. Llamamos a poner fin al racismo y clasismo del sector salud en contra de las comunidades rurales, campesinas e Indígenas de este país.