El dirigente del PRI fractura a su partido y tensa a la alianza opositora; su desprestigio y sus vaivenes lo vuelven insostenible. En próximos días, aumentará la presión para que renuncie a la dirigencia

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El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, se ha vuelto insostenible, tanto para su partido, como para la Alianza Va Por México.

Su permanencia en el PRI pende de un hilo y de la fuerza que aún le da su alianza con Rubén Moreira, coordinador de la bancada priista en San Lázaro y esposo de la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional priista, Carolina Viggiano.

No han sido buenos tiempos para el trío Moreno-Moreira-Viggiano y, sin embargo, mantienen el control del grupo parlamentario priista en la Cámara de Diputados, conformado por 35 diputadas y 34 diputados que, en su mayoría, le deben la curul al dirigente que los hizo candidatos.

Ése es el principal sostén de “Alito” en la dirigencia nacional del PRI; una bancada un tanto esquizofrénica, que un día vota en contra de la militarización de la Guardia Nacional, y al otro presenta y defiende una iniciativa para prolongar la permanencia de ese cuerpo militares y marinos en labores de seguridad pública hasta 2028.

Un grupo que un día parece hacerle el juego al gobierno -aunque eso provoque la suspensión temporal de la alianza opositora- y al otro anuncia que no va a aprobar la propuesta gubernamental de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2023.

Los vaivenes del partido son los vaivenes de su líder, que un día acepta las palmaditas en la espalda y los susurros al oído de Adán Augusto López, y al otro día despotrica contra Morena y su gobierno, por ser “una desgracia para México”.

El mismo líder que un día, envalentonado, asegura que no va a aceptar ultimátums ni presiones de sus aliados, y al siguiente día implora porque no se rompa la alianza de la que depende su supervivencia.

Un dirigente que aprovecha la “suspensión temporal” de la Alianza Va por México, para sentarse a platicar con el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval. 

Lo cierto es que “Alito” se ha convertido en la manzana de la discordia, dentro del PRI y dentro de la alianza.

En el tricolor, el coordinador de los 13 senadores priistas, Miguel Ángel Osorio Chong, y la senadora Beatriz Paredes ya anticiparon que votarán en contra de la iniciativa de la diputada Yolanda de la Torre, que busca ampliar el mandato de la Guardia Nacional moviendo un transitorio a la ley aprobada en 2019. 

Además, Osorio Chong anunció el sábado que muy pronto se tramitará formalmente la solicitud para deponer al presidente del partido.

Es decir, lo que los exdirigentes del PRI no lograron en julio, cuando fueron a ver a “Alito” para pedirle que dejara la dirigencia del partido tras las desastrosas elecciones del 5 de junio en seis entidades, ahora tratarán de conseguirlo con un oficio.

En los próximos días crecerá la presión para que “Alito” concluya ya su periodo, sin esperar a que se acumulen más desastres y más desprestigio de aquí a agosto de 2023, fecha en la que concluye estatutariamente la dirigencia del campechano.

En el PAN, Moreno también es motivo de discordia, y a Marko Cortés cada vez le cuesta más trabajo justificar la necesidad y/o conveniencia de permanecer aliados con el PRI, su enemigo histórico.

El viernes, aprovechando el reflector por su primer informe de labores, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, se atrevió a declarar lo que muchos panistas piensan, pero no dicen: que la alianza con el PRI de “Alito” ya no es posible ni deseable.

No lo era desde hace cuatro meses, cuando Layda Sansores soltó desde Campeche, en una emisión de mayo del “Martes del Jaguar”, el primero de una decena de audios que exhiben al líder del PRI como un político corrupto y sin escrúpulos.

Hoy lo es menos, cuando el repentino acercamiento de “Alito” con el gobierno de López Obrador está antecedido de una extraña tregua campechana, anunciada primero con un tuit del 30 de agosto en el que Layda suspendió el Martes del Jaguar “por causas de fuerza mayor”, y confirmada con otro tuit, del 6 de septiembre, en el que la gobernadora dijo que “Alito” no volverá a ser tema de su programa por consejo de su abogado.

Entre martes y martes, y sin que el jaguar rugiera, ocurrieron las palmaditas y susurros de Adán Augusto, la iniciativa de la diputada Yolanda de la Torre y la sugerencia del presidente López Obrador para que el PRI se divorcie del PAN.

Un líder así no parece ser el indicado para mantener firme la alianza legislativa Va por México y la moratoria constitucional que impediría a López Obrador hacer reformas electorales previas al 2024.

Un dirigente impresentable, como lo es Alejandro Moreno, luce incapaz de reanimar a un partido al que le quedan dos gubernaturas (Coahuila y Estado de México), un gobernador electo (en Durango), 13 senadores y 69 diputados.

Mucho menos se antojaría como el vocero de la causa opositora en lo que resta del sexenio y, sin embargo, “Alito” sigue soñando con ser candidato presidencial en 2024. 

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A todo este panorama se añade un factor que hace aún más complicada la subsistencia de la alianza PRI-PAN-PRD: las elecciones de 2023 en Coahuila y Estado de México.

Y es que, a estas alturas, “Alito” podría alegar que no fue él quien tiró la primera piedra en contra de la alianza, sino el dirigente panista Marko Cortés, quien quiso madrugar a los priistas el 5 de agosto pasado, cuando destapó al exalcalde de Huixquilucan, Enrique Vargas, como candidato a la gubernatura el Estado de México.

Es bien sabido que el gobernador priista, Alfredo del Mazo, impulsa a dos mujeres para ocupar la candidatura del PRI -y de la alianza- en los comicios mexiquenses: la secretaria de Desarrollo Social, Alejandra del Moral, y la diputada federal Ana Lilia Herrera.

También es sabido que la tradición priista indica que toca a los gobernadores poner la candidatura en sus estados y, para desgracia de la alianza PRI-PAN, en 2023 los dos estados donde habrá elecciones son gobernados por el PRI; de hecho, son los dos únicos estados en los que jamás ha habido alternancia.

La lógica indica que el PRI mexiquense y el Grupo Atlacomulco -si es que algo queda de él- pelearán por dejar su bastión en manos de una mujer priista, y no de un exalcalde panista a quien, por cierto, le sobran los escándalos y las polémicas.   

En Coahuila, como en el Estado de México, el gobernador Miguel Ángel Riquelme se prepara para la contienda, con el exalcalde de Saltillo y actual secretario de Desarrollo Social, Manolo Jiménez Salinas, como su delfín.

Riquelme ha sido el único gobernador priista electoralmente eficaz: logró mantener la mayoría priista en el Congreso local en las elecciones de 2020 y, en 2021, consiguió que el PRI fuera el partido más votado en las elecciones federales (más de 514 mil votos, contra 426 mil de Morena) y ganó cinco de siete distritos.

Con esos números, y ante la extinción del PAN en la entidad, suena probable que Riquelme exija la candidatura.

Además, el PRI tendría resuelto el tema de la paridad si postula a una mujer en el Estado de México y a un hombre en Coahuila. 

En cambio, si el PAN lograra que Enrique Vargas fuera candidato de la alianza en el Estado de México, surgiría otro problema: buscar una candidatura femenina para encabezar a la coalición en Coahuila.

(El PRD, por cierto, no pinta en este rejuego, pues carece de cuadros como para proponer a alguien en cualquiera de las dos entidades).

En teoría, correspondería a Del Mazo y Riquelme poner las dos candidaturas de la alianza en 2023, pero no está claro que el PAN y el PRD quieran ceder las dos posiciones al PRI, sobre todo si quien se sienta en la mesa de negociaciones se llama Alejandro Moreno.

Así las cosas, en lo electoral la alianza opositora también podría terminar en divorcio en 2023.