No se conocen datos sobre la condición de estrés de guerra que enfrentan miles de militares que cumplen tareas de seguridad en el país. La falta de control puede causar que se repitan incidentes como la ejecución de jóvenes en Nuevo Laredo.

Por: Alberto Nájar

26 de febrero. Una unidad de soldados del Ejército Mexicano dispara contra seis jóvenes que viajaban en una camioneta en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Cinco de ellos murieron. El sobreviviente asegura que no había motivo para la agresión: los muchachos regresaban de una fiesta, no estaban armados y el vehículo donde viajaban estaba plenamente identificado.

8 de marzo. En Huimanguillo, Tabasco, un motociclista se niega a detenerse ante un retén de la Secretaría de Marina.

En respuesta uno de los elementos le dispara. El joven de 25 años muere a unos metros.

Hace dos años, el 29 de marzo de 2021 los soldados asignados a vigilar la comunidad de Bacantón, Chiapas, fronterizo con Guatemala, dispararon contra una camioneta que intentó rodear su puesto de vigilancia.

En el ataque murió Elvin Mazariegos Pérez, originario de Guatemala quien junto con amigos y familiares habían cruzado a México para comprar mercancía que luego revenderían en La Esperanza, el pueblo donde vivían.

Una rutina que repetían varias veces por semana. Nunca habían tenido problemas porque, hasta el día del incidente, en la zona no existían destacamentos militares.

Tres hechos en lugares y fechas distintas, pero con un común denominador: militares en tareas de seguridad pública que reaccionan como en un escenario de guerra.

Estos incidentes han ocurrido con frecuencia en los últimos años, y de hecho el número ha bajado en comparación con los gobiernos anteriores.

En el período que Felipe Calderón ocupó ilegítimamente el Gobierno de México las agresiones a civiles eran cotidianas, con mayor violencia e impunidad.

Más allá de filiaciones políticas hay elementos que se repiten.

Uno, que el número de encuentros con violencia entre militares y la población civil sería menor si el despliegue de las Fuerzas Armadas para sustituir a las policías no hubiera crecido exponencialmente en los últimos años.

No hay justificación alguna para agresiones como la ocurrida en Nuevo Laredo. Pero la frecuencia con que ocurren es parte del saldo de utilizar personal entrenado para funciones distintas a las de policía.

Otro elemento que prevalece es que no existe control suficiente sobre la situación personal de soldados y marinos a quienes se somete a operaciones de alto riesgo y extrema violencia.

No se conoce el nivel de estrés post traumático de las tropas que combaten a la delincuencia organizada en Tamaulipas, Michoacán o Guerrero, por ejemplo.

De acuerdo con un informe filtrado en la intervención a los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional por el colectivo Guacamayas, la Sedena no tiene un diagnóstico claro sobre la cantidad de militares con trastornos psicológicos por las acciones de alto impacto en su combate a la delincuencia organizada.

El documento, publicado por el diario El Financiero establece que el alto mando del Ejército ordenó dos estudios para determinar el nivel de estrés post traumático de la tropa.

Los análisis se hicieron en 1996 y 2011. No hay rastros de otros documentos similares.

Pero es claro que existen afectaciones en el equilibrio emocional de los elementos de Fuerzas Armadas, que en algunos casos llega a niveles extremos.

A través de peticiones al área de Transparencia de la Sedena y Semar, la revista Proceso estableció que entre enero de 2018 y septiembre de 2022 se registró el suicidio de 64 elementos.

Tampoco está claro si se aplican las medidas de contención psicológica y descanso cuando los elementos son reubicados.

Es algo que llevan a cabo los ejércitos que combaten en zonas de guerra, como es la realidad en algunas regiones de México.

Los soldados deben pasar un período de adaptación y vigilancia de su comportamiento antes de ser enviados de regreso a casa o a zonas sin conflicto.

Eso no ocurre en México. La rotación de elementos es intensa por la imparable ola de violencia en el país, dicen especialistas como el abogado César Gutiérrez Priego.

Eso ocurre particularmente en el Ejército. Con frecuencia los soldados pasan de áreas con alto riesgo a poblaciones urbanas o rurales, con una condición radicalmente distinta.

El problema es que los militares se llevan consigo el estrés de guerra. Difícilmente pueden distinguir, en el corto plazo, a personas civiles de probables agresores.

Un ejemplo, dice Gutiérrez Priego, fue el caso ocurrido en la frontera con Guatemala.

El soldado que disparó contra Elvin Mazariegos tenía pocos días de haber llegado de Tamaulipas.

Otro elemento que se ha repetido es el intenso contacto de las Fuerzas Armadas con la población civil.

El abogado asegura que en el país existen unas diez mil interacciones diarias de militares con civiles.

La cantidad se explica por el número de elementos desplegados a los distintos programas de apoyo, como la vigilancia de fronteras, puertos, terminales aéreas, combate a la delincuencia o atención sanitaria, entre otros.

Las interacciones de los militares mexicanos son muy superiores a las que registran los ejércitos que combaten en zonas de guerra, como Afganistán o Ucrania.

A estos elementos se suma uno más, el cansancio de las tropas por las nuevas actividades que deben cumplir desde hace varios años.

Se nota en el incremento de accidentes del personal militar dice Gutiérrez Priego, sobre todo en los traslados carreteros.

El estrés de guerra y cansancio no justifican, en modo alguno, agresiones como las de Nuevo Laredo, Huimanguillo o Chiapas.

Pero además de sancionar a los responsables, es urgente analizar la estrategia utilizada hasta el momento y el papel de todas las autoridades en la realidad que enfrentan las Fuerzas Armadas.

Porque es claro que actualmente los soldados y marinos no se encuentran en las mejores condiciones para cumplir con sus tareas.

Un problema que puede agravarse por la determinación de encargar la seguridad del país a una corporación militarizada como es la Guardia Nacional, y prácticamente hacer a un lado la formación de policías civiles.

Si no se atiende la condición de estrés de guerra de miles de elementos de las Fuerzas Armadas, incidentes como el de Nuevo Laredo pueden multiplicarse.