Tanto en el caso Ayotzinapa, como en la Estafa Maestra, la sociedad sigue esperando esclarecimiento, deslinde de responsabilidades y castigo a los culpables. En dos palabras: verdad y justicia

Twitter: @chamanesco

El 1 de diciembre de 2012, el diputado Jesús Murillo Karam presidió la sesión en la que Enrique Peña Nieto juró el cargo de presidente de la República. 

En su calidad de presidente del Congreso, correspondió al experimentado político hidalguense recibir la banda presidencial de manos de Felipe Calderón y entregársela al nuevo mandatario, quien rindió la protesta de ley y abandonó inmediatamente el Palacio Legislativo de San Lázaro, sin hacer uso de la tribuna.

El primer mensaje a la Nación lo daría un par de horas después, desde Palacio Nacional, ante cientos de invitados especiales. 

Algo andaba mal aquel 1 de diciembre de 2012: mientras la clase política celebraba el regreso del PRI tras 12 años de gobiernos panistas, en las calles la policía reprimía con fuerza las manifestaciones de protesta.

Peña asumió la Presidencia encerrado tras un cerco de vallas metálicas, resguardado por escuadrones de granaderos y militares vestidos de civil que “tomaron” la Cámara de Diputados, el Palacio Nacional y todas las calles del primer cuadro de la Ciudad, donde los soldados se infiltraron entre los grupos de jóvenes que se manifestaban en contra de un presidente al que repudiaban.

Ese triste #1D, las chavas y los chavos del #YoSoy132, que en campaña habían puesto al nuevo PRI contra las cuerdas, recibieron como respuesta la mano dura de un régimen intolerante a la disidencia.

Al día siguiente, el presidente Peña Nieto y los dirigentes del PRI, PAN y PRD firmaron el Pacto por México del que derivarían una serie de reformas constitucionales y legales acordadas para “mover a México”.

En primera fila de aquella ceremonia en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, estaba el presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Murillo Karam, y detrás del presidente, los 32 gobernadores de la República. En la toma de televisión, el guerrerense Ángel Aguirre Rivero aparece justo detrás del presidente, feliz con el regreso del partido en el que militó durante décadas y del que solo se separó momentáneamente para ganar la gubernatura bajo las siglas del PRD.

Algo no estaba bien en el país, pues mientras la clase política iniciaba una tregua electoral, en las agencias del Ministerio Público de la Ciudad de México decenas de jóvenes permanecían detenidos tras la persecución del día anterior.

Murillo Karam tomó protesta como titular de la Procuraduría General de la República el 4 de diciembre, tras una breve ceremonia en el Senado, donde hubo un solo voto en abstención a la ratificación de su cargo.

“La Procuraduría no debe tener opciones políticas, la Procuraduría debe ser absolutamente imparcial debe ser ciega, ante el color de la política para estar absolutamente despierta en la aplicación de la Justicia, esto no puedo hacerlo sólo y para eso es fundamental el Poder Legislativo” dijo en su primer discurso como procurador.

Luego ofreció comparecer cuantas veces fuera necesario ante el Senado para explicar las acciones de la PGR, y selló su intervención con una frase: “prefiero que me corrijan a que me sancionen”.

Dos años después, el procurador Jesús Murillo Karam se puso en el centro de la polémica, cuando compareció ante los medios de comunicación para dar a conocer el resultado de las investigaciones por la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, en hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014.

Los resultados de la indagatoria apuntaban a la complicidad entre autoridades municipales y miembros de un grupo delictivo con presencia en la región; exoneraban al Ejército, al gobierno federal y estatal, y fueron presentados por Murillo Karam no sólo como la versión oficial de lo ocurrido, sino como “la verdad histórica”.

Con los años, las investigaciones periodísticas, la insistencia de los padres y las madres de los normalistas y defensores de derechos humanos y la participación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) echaron por tierra la “verdad histórica”.

Exhibido por el caso Ayotzinapa -al que se sumó en semanas siguientes la investigación periodística de la Casa Blanca-, el peñismo comenzó su declive.

En diciembre de 2014, los mismos jóvenes que habían sido duramente reprimidos el #1D salieron a las calles a exigir la renuncia de Enrique Peña Nieto.

En los meses posteriores, la aplicación de la reforma educativa -la primera del Pacto por México- sacó a miles de maestros a las calles y plazas públicas.

Los disidentes llamaron a boicotear las elecciones federales intermedias de 2015, que estuvieron a punto de suspenderse en todo el estado de Oaxaca y algunos distritos de Guerrero, Chiapas y Michoacán.

En febrero de ese año, Murillo Karam dejó la PGR y asumió la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial Urbano (Sedatu), que sólo ocupó durante seis meses. En septiembre dejó el gabinete de Peña Nieto, tras la promoción de un juicio político en su contra, y se retiró de la vida pública. 

Tras el “engaño histórico”, el Pacto por México perdió sentido, el peñismo se atrincheró en el Estado de México -donde en 2017 el presidente operó personalmente una elección de Estado- y, en 2018, el PRI, el PAN y el PRD -los partidos del Pacto- sufrieron una descomunal derrota.

El sexenio de Peña Nieto fue juzgado en las urnas aquel 1 de julio, pero los juicios penales por múltiples casos de corrupción y abuso de poder aún siguen pendientes.

El engaño histórico fue desenmascarado, pero México sigue esperando la auténtica verdad histórica: ¿qué pasó durante el peñismo, no sólo en la noche de Iguala, sino en todos aquellos expedientes que se acumularon en el sexenio de la corrupción?

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Las investigaciones de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa, con el subsecretario Alejandro Encinas a la cabeza, parecen ir en el sentido correcto.

No basta la detención de Murillo Karam, pero es un paso en la dirección deseada siempre y cuando no ocurra con él lo mismo que con su compañera de gabinete -quien, por cierto, le entregó la estafeta de la Sedatu-, Rosario Robles Berlanga.

A Rosario no se le pudieron comprobar los delitos que se le imputaban, y se le enderezó un proceso que la mantuvo tres años en prisión sin que ello implicara, ni hacer justicia, ni el esclarecimiento del caso “Estafa Maestra”, otra de las vergüenzas del peñismo.

Ni la detención de Murillo Karam, ni la libración de Rosario Robles resultan suficientes. Tanto en el caso Ayotzinapa, como en la Estafa Maestra, la sociedad sigue esperando esclarecimiento, deslinde de responsabilidades y castigo a los culpables. En dos palabras: verdad y justicia.