La justicia no llega ni a cuentagotas porque en México la procuración y administración de justicia es para la élite, mientras que los pobres se les impone el garrote y en el peor de los casos la balsa asesina

Tw: @kausirenio

Las vírgenes, los ángeles y el cristo crucificado yacen pedazos en el piso de la iglesia de la colonia Tepeyac, municipio de Tlapa. Las bancas están pata arribas, el lugar se parece a un campo de guerra.7

Nadie sabe quién se enojó primero: ¿Jesús? o los elementos de la policía federal, tampoco se sabe quién ganó la batalla, lo único que se supo esa noche de 7 de junio de 2015, es el asesinato extrajudicial de Antonio Vivar Díaz.

A un costado del atrio de la iglesia, seis patrullas de la corporación policiaca arden en llama, mientras que en las calles se escuchan los ladridos de los perros que presagian un largo camino por la justicia.

El lugar huele a gasolina, a pólvora, a sangre, a muerte, el llanto de los niños y de las mujeres se yen atarás de las puertas, nadie quiere salir. Se respira el miedo entre la oscuridad de la impunidad.

Ese día, en Guerrero, se realizaba una jornada electoral para renovar una gubernatura, ayuntamientos, congreso local y la intermedia de los comicios federal. 

Antonio Vivar Díaz era integrante del Movimiento Popular Guerrerense (MPG). Estudiába en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), sede de Tlapa. Participaba activamente en las organizaciones sociales que reclamaban la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Previos a la jornada electoral, centenas de organizaciones sociales nacionales y estatales se reunieron en las instalaciones de la Normal Rural de Ayotzinapa para analizar el contexto político en el estado y las acciones que realizaría el movimiento social para exigir de presentación con vida de los 43 normalistas.

En la asamblea con las mamás y papá de los jóvenes desparecidos por el Estado mexicano, el MPG de la Montaña y las demás organizaciones sociales acordaron boicotear las elecciones en Guerrero.

El 1 de junio, en Tlapa, las distintas organizaciones pusieron en marcha distintas actividades de luchas con mira a las elecciones que estaba en puerta. Las protestas en las calles de centro político y económico de la Montaña de Guerrero fueron reprimidos por la policía estatal, así como golpeadores del PRI y el crimen organizada en Tlapa.

El resultado de esta brutal agresión en contra de la población civil fue de varios heridos. El profesor Juan Tenorio fue torturado salvajemente ante las cámaras que documentaron la represión del 5 de junio.

Al día siguiente, el gobierno federal arribó a Tlapa cientos de policías federales bajo el mando del Comisario General, Enrique Galindo Cevallos. A pesar del ambiente hostil en contra la movilización popular. El movimiento no se resquebrajó, contrario a esto se preparan para el día de la jornada electoral.

A mediodía del día de la jornada electoral fue incendiada una camioneta del Instituto Nacional Electoral en el puente del río, estos hechos provocaron que la Policía Federal allanaran las oficinas de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación (CETEG) y detuvieron sin ordenes de aprehensión a ocho profesores que fueron a las instalación de 93 Batallón de Infantería, para trasladarlos en helicópteros de la Marina Armada de México a Acapulco.

El usos excesivo de la fuerza polaca y militar en contra de los profesores convocó a los colonos con el repique des las campanas de la iglesia de Tepeyac, en cuestión de minutos creció la protesta y retuvo a elementos de la Policía Federal.

Las policías fueron llevados a la iglesia, sin que fueran desarmados, cuando la oscuridad besaba las calles de Tepeyac y la señal de telefonía celular fue bloqueado. Un comando de Elementos del Ejército mexicano ingreso a la colonia mientras los policías federales retenidos en la iglesia forzaron la puerta y desde adentro dispararon a quemarropa en contra de la población civil que se encontraba desarmada.

La ojiva asesina se incrustó en la cabeza de Antoni Vivar Díaz. En ese instante la fuerza bruta de los militares y policía se impuso en contra de las mujeres y niños que se encontraban defendiendo la dignidad de la colonia Tepeyac, que había ultrajada por el régimen priísta.

La investigación la Fiscalía General de Justicia de Guerrero y la entonces Procuraduría General de la República, sin embargo, desde el inicio de la pesquisa no se respetó el protocolo de investigación, las pruebas y datos fueron borrados y destruidos. Aunque la FGR atrajo el caso, hasta ahora no ha presentado avances ni ha detenido a los responsables.

Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recabó datos de prueba científicos y testimoniales que establece qué Policías Federales que se encontraban dentro de la capilla estaban armados y dispararon contra Antonio Vivar privándolo de la vida, a pesar de las evidencias que existe, la FGR no a querido seguir las líneas que estableció la CNDH.

Así las cosas, en la Montaña Roja de Othón Salazar sigue teñida de sangre de los indígenas y activistas por derechos humanos que han defendido la vida. La justicia no llega ni a cuentagotas porque en México la procuración y administración de justicia es para la elite, mientras que los pobres se les impone el garrote y en el peor de los casos la balsa asesina.