13 junio, 2024
Indígenas rarámuri y ódami no dudaron en esperar hasta 6 horas para votar en estas elecciones. ¿Por qué esperaron tanto? Porque están desplazadas de su comunidad. Esta es su historia
Por Patricia Mayorga / Raíchali
Fotos: Karla Quintana, Leonel Barro, Patricia Mayorga y cortesía del INE
CHIHUAHUA.- Familias completas de personas indígenas desplazadas, principalmente ódami y rarámuri, salieron a votar en las diferentes ciudades donde se encuentran refugiadas. La mayoría ha decidido no cambiar su credencial de elector a los lugares en los que viven actualmente, por lo que varias de ellas no dudaron en esperar hasta 6 horas en las casillas especiales, para emitir su voto.
Ellas no pudieron votar por los alcalde de sus municipios de origen: Guadalupe y Calvo, Batopilas, Uruachi, entre otros. Y en la Sierra Tarahumara, donde resisten a la tala ilegal, a megaproyectos y al extractivismo, Morena ganó por primera vez en 10 de 20 municipios de la región, donde históricamente habían sido gobernados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en su mayoría.
Las casillas ubicadas cerca de las comunidades indígenas en la capital del estado, también estuvieron concurridas durante la mañana y la tarde del 2 de junio pasado.
Grupos de personas indígenas desplazadas y otras en sus territorios, fueron funcionarios de casilla y representantes de partidos en diferentes secciones.
En estas elecciones, también impugnaron las candidaturas del distrito 22 porque consideraron que las personas destinadas a ese cargo por diferentes partidos, no son indígenas, no han vivido en comunidades indígenas y por lo tanto, es difícil que les representen.
Los municipios ganados por Morena, tanto en la alcaldía como en la sindicatura son: Chínipas, Guadalupe y Calvo, Huejotitán, Madera, Matachí, Morelos, Moris, Temóscahi, El Tule y Urique. El mismo partido ganó la sindicatura en el municipio de Uruachi.
La coalición conformada Juntos por el bien de Chihuahua -conformada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD)-, gobernará ocho municipios: Balleza, Batopilas, Bocoyna, Carichí, Cusihuiriachi, Guachochi, Maguarichi y Uruachi.
En Guazapares y Nonoava ganó el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y en Santa Bárbara Movimiento Ciudadano. Nonoava y Santa Bárbara son considerados en algunas clasificaciones como parte de la Sierra Tarahumara y en otras no, pero tienen fuerte relación con ésta.
El conteo de los paquetes electorales del municipio de Ocampo no ha concluido por hechos violentos. Al finalizar el 2 de junio, el Consejo Estatal Electoral reportó el robo de 16 paquetes electorales en ese municipio. Los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional solicitaron el traslado de los paquetes hacia la capital, pero por mayoría, los consejeros decidieron que permanecieran en la Asamblea Municipal Electoral de Ocampo bajo resguardo policiaco.
Durante la semana, denunciaron amenazas en contra de la presidente de la Asamblea Municipal Electoral de Ocampo, por lo que al solicitaron el traslado de los paquetes al concluir los cómputos de la elección.
“Ayer se recibió información por parte directa de la presidenta de la Asamblea Municipal sobre amenazas que se le hicieron. Aún así se continuó con el cómputo, se le brindó seguridad. La presidenta solicitó que se trasladen los paquetes electorales que no forman parte del expediente, por lo tanto puede haber este traslado pertinente y la Asamblea va a seguir integrando el expediente”, informó Yanko Durán Prieto, consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral (IEE), durante la 44a. sesión extraordinaria realizada el sábado pasado.
En la sesión extraordinaria del sábado pasado, la consejera presidenta del IEE, Yanko Durán Prieto detalló que la decisión responde a la necesidad de brindar la atención pertinente y oportuna a la Asamblea Municipal de Ocampo, a quienes la integran, así como para dar certeza a las representaciones de los diversos partidos políticos y ciudadanía.
El traslado de los paquetes a la bodega central del IEE no afecta las posibles impugnaciones que podrían hacer las fuerzas políticas ni existe impedimento jurídico alguno para resguardarlos, respondió Yanko Durán a los representantes del PAN y el PRI, quienes cuestionaron las implicaciones del traslado de los paquetes electorales de Ocampo.
La consejera presidenta aseveró que fue necesario el traslado porque la documentación y la integridad de quienes integran el órgano municipal, podrían estar en riesgo.
Durante las campañas electorales, la Compañía de Jesús convocó a candidatas y candidatos de diferentes municipios serranos a firmar el Compromiso por la paz, en el que se comprometen a gobernar de la mano de la ciudadanía y realizar acciones concretas para recuperar el tejido social.
El primer acto de firma de Compromiso por la paz en la Sierra Tarahumara, lo realizaron en mayo en la parroquia de San Francisco Javier del poblado de Cerocahui, municipio de Urique.
Los candidatos a la alcaldía de Urique, Ever Arturo Langarica Almanza de la coalición Sigamos haciendo historia (Morena y Partido del Trabajo) y Mario Alberto Urías, candidato por la coalición Juntos por el bien de Chihuahua (del PRI y del PAN) firmaron el 8 de mayo pasado. Posteriormente lo hicieron otros más.
Los jesuitas decidieron iniciar la firma del Compromiso por la paz en Cerocahui porque se convirtió en un sitio emblemático donde se inició el camino por la paz, después de los trágicos asesinatos de los los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora Salazar, el 20 de junio de 2022, acotó Jorge Atilano González, director ejecutivo del Diálogo Nacional por la Paz.
En el acto de la firma estuvieron presentes Juan Manuel González Sandoval, obispo de la Diócesis de la Tarahumara; el jesuita Javier “El Pato” Ávila Aguirre, presidente del Comité de Solidaridad y Defensa de Derechos Humanos (Cosyddhac); Omar Loya González, empresario y expresidente municipales de Urique; Angélica Torres Ramírez, docente de secundaria de Cerocahui; Esteban de Jesús Cornejo Sánchez, administrador parroquial de Cerocachui; Enrique Batista, párroco de San Rafael Arcángel; Julia María Morales Álvarez, de la congregación Esclavas de la Inmaculada Niña; Martín Cadena Rivas, siríame o gobernador indígena de Cerocahui y Néstor Muñoz López, presidente seccional de Cerocahui.
El obispo de la Tarahumara dijo en el acto que se trata de un hecho histórico porque fueron testigos de lo que desea la región: vivir en paz, luego de que los últimos 18 años han vivido en un clima de violencia que se ha agudizado cada vez más.
“Hace dos años llegó al culmen con el asesinato de los padres, de Pedro (Palma), Paúl Berreleza. Llegamos a un momento en que ese hecho, no porque fueran los padres, sino que nos despertó la conciencia a todos y digo a todos, incluso a la iglesia, de que es responsabilidad y corresponsabilidad no solamente de las autoridades sino de todos nosotros”.
Recordaron que a partir de aquel día, la Compañía de Jesús inició un camino para construir e impulsar una agenda nacional de paz.
La maestra Angélica Torres Rodríguez llamó a los candidatos a mejorar la seguridad, construir un Estado de derecho sólido y confiable, que tengan acceso igualitario a la justicia, así como a invertir en educación de calidad, políticas públicas que se apliquen de manera eficiente y transparente.
Jorge Atilano externó:
“Estamos frente a las tumbas de los padres jesuitas Joaquín y Javier”. Y recordó también al guía de turistas asesinado con los jesuitas, Pedro Palma, así como a Paúl Berrelleza, un joven beisbolista asesinado en el mismo contexto, por José Noriel Portillo Gil, a quien conocían como El Chueco y quien fue asesinado el año pasado sin que se hiciera justicia.
El jesuita refirió que esos asesinatos se suman a un acumulado de 92 asesinatos y 20 desapariciones, no precisó en cual territorio ni en qué lapso.
Posteriormente explicó que en una primera etapa en el camino para construir la paz en México, crearon una red nacional para contar con la agenda. La segunda etapa consistió en la firma del Compromiso de paz de candidatas y candidatos, que incluye 14 acciones locales que son las que se impulsaron durante las contiendas electorales, desde la sociedad civil. El documento incluye además 7 acciones nacionales que corresponden a la función pública para la construcción de la paz.
La agenda fue construida con el apoyo de 50 expertos en 7 temas. Los ejes de la agenda con seguridad y justicia, tejido social, adolescentes, gobernanza y derechos humanos.
El documento fue firmado por quienes eran las dos candidatas y el candidato a la presidencia de la República. Las recomendaciones o compromisos que contiene el Compromiso, entre otros, son programas de reconstrucción del tejido social; crear la policía de proximidad de trabajo colaborativo entre ciudadanía y gobierno municipal; conformar el programa de justicia cívica para conflictos sociales y vecinales, reconociendo a los pueblos indígena; tener un programa de reinserción social para los pobladores que salgan de la cárcel.
Asimismo incluye desarrollar política de prevención y atención especializada en adicciones; impulsar procesos de presupuesto participativo, con integración social; implementar programas para atener secuelas de violencia en las familias, violencia contra las mujeres, migración, el cuidado del medio ambiente. coordinación de ciudadanía empresas y autoridades.
En la tercera etapa darán seguimiento a los compromisos que hicieron los candidatos y candidatas ganadores.
“Se tuvo que dar esos asesinatos para que se haya logrado un poco de paz en el municipio, no podemos retroceder, más bien avanzar en las condiciones de paz y seguridad en el municipio. Que los modos de dirigir (los ayuntamientos) creen condiciones para la paz”, agregó.
Este trabajo fue publicado en RAÍCHALI que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Puedes consultar aquí la publicación original
Corresponsal de la revista semanal Proceso.
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