Una reforma constitucional de 2008 acabó con “el día del presidente”, pero también con la posibilidad de un diálogo normal y democrático entre el titular del Poder Ejecutivo y los legisladores

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La última vez que un presidente de la República llevó personalmente su informe de gobierno al Congreso fue hace 15 años, cuando Felipe Calderón entró al recinto de San Lázaro, pronunció un mensaje protocolario de 90 segundos y se fue del lugar antes de que regresaran los legisladores perredistas.

Era 1 de septiembre de 2007, y Calderón pudo pisar la tribuna de San Lázaro gracias a un acuerdo entre las bancadas del PAN y PRD, que pactaron una tregua para impedir una crisis como la ocurrida el año anterior, cuando Vicente Fox tuvo que dejar el documento en el vestíbulo de San Lázaro ante la amenaza de que los ánimos se desbordaran dentro del recinto legislativo.

Vivo el conflicto postelectoral entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador, al panista Vicente Fox le tocó cerrar su sexenio a salto de mata, perseguido por las huestes perredistas que reclamaban fraude y exigían un recuento voto por voto, casilla por casilla.

Aquel conflicto hizo que acabara, de manera abrupta, el “día del presidente” que, en los tiempos de esplendor del priismo, daba pie para la exaltación del primer mandatario.

Desde la famosa interpelación de Porfirio Muñoz Ledo al presidente Miguel de la Madrid, ocurrida en septiembre de 1988, tras la caída del sistema y la polémica elección de Carlos Salinas, la ceremonia en San Lázaro se fue volviendo cada vez más caótica y carnavalesca.

Ya con Ernesto Zedillo y Vicente Fox fueron acabándose los rituales del día de asueto obligatorio, la transmisión en cadena nacional de un mensaje que llegaba a durar más de tres horas, el paseo en auto descapotable, el besamanos y los pendones colgados en toda la capital del país con la efigie del presidente en turno.

En lugar de todo ello, sobrevinieron las cartulinas, los gritos desde las curules, los abucheos, los silbidos y la decisión de Vicente Fox, en 2006, de no entrar al recinto, entregar “el mamotreto” en el vestíbulo e irse a Los Pinos a grabar un mensaje para que se transmitiera en cadena nacional. 

Con Felipe Calderón se llegó al extremo de cancelar toda posibilidad de que el presidente hablase ante los senadores y diputados.    

En su primer informe, Calderón pudo entrar a San Lázaro tras un acuerdo parlamentario que consistió en que la presidenta de la Mesa Directiva, Ruth Zavaleta, decretara un receso en la sesión de Congreso general, abandonara el salón junto con las bancadas del PRD y el PT, y dejaran solos a panistas y priistas para recibir al presidente.

Calderón, por su parte, debía subir rápido a la tribuna, entregar el informe al vicepresidente de la Mesa, el panista Cristian Castaño, pronunciar unas cuantas palabras y retirarse antes de que los perredistas regresaran.

El acuerdo se cumplió casi a la perfección, salvo por tres detalles: 

1. Antes de declarar el receso, la diputada Ruth Zavaleta explicó que abandonaría el recinto porque no podía aceptar recibir un documento de quien provenía de un proceso electoral “legalmente concluido, pero cuestionado en su legitimidad por millones de mexicanos”.    

2. Calderón también se salió del guion y, tras leer las líneas de entrega formal del informe, añadió que quedaba a disposición del Congreso “para tener un diálogo público y directo sobre el estado que guarda la nación”.

3. La Presidencia de la República se había comprometido a transmitir íntegra la ceremonia, pero alguien decidió cortar el discurso de Ruth Zavaleta, lo que enfureció a los perredistas y terminó costándole el cargo al director del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (CEPROPIE). 

Así se acabó “el día del presidente”, pero también la posibilidad de un diálogo normal y democrático entre el titular del Poder Ejecutivo y los legisladores.

En abril de 2008, la Cámara de Diputados reformó el artículo 69 constitucional, para retirar la obligación del presidente de la República de asistir a la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de cada año legislativo y establecer que el titular del Ejecutivo federal sólo estará obligado a presentar por escrito el informe sobre el estado que guarda la Administración Pública Federal.

El decreto se publicó en agosto de 2008, unos días antes del segundo informe de Calderón y, desde entonces, ningún presidente volvió a San Lázaro un 1 de septiembre.

Con la reforma, se abrió paso a la pregunta parlamentaria como supuesto mecanismo de rendición de cuentas y se estableció que, en la glosa del informe, los secretarios y secretarias de despacho comparezcan ante la Cámara y el Senado bajo protesta de decir verdad.

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Felipe Calderón y su sucesor, Enrique Peña Nieto, pasaron “el día del presidente” al 2 de septiembre, con ceremonias en el Auditorio Nacional, el Museo de Antropología o el Palacio Nacional, en las que, como en los viejos tiempos, leían a sus anchas largos mensajes con los “logros” de su administración, sus planes a futuro o sus posicionamientos políticos.

Aderezado todo con una buena dosis de autoexaltación y servilismo por parte de los invitados especiales a dichas ceremonias: líderes de cúpulas empresariales, sindicatos, iglesias; titulares de los otros Poderes de la Unión y de organismos autónomos, gobernadores, dirigentes partidistas y demás integrantes de la “clase política”.

Adicionalmente, desde 2008 los presidentes se benefician con un periodo de gracia para difundir su imagen en los spots de obras y acciones del gobierno federal, lo cual está estrictamente prohibido desde la reforma de 2007 al artículo 134 constitucional.

Sin embargo, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales permite que los spots de informe de gobierno no sean considerados propaganda gubernamental en los siete días previos y cinco días posteriores a la fecha del informe.

Por ello, alrededor del 1 de septiembre el presidente aparece a todas horas en spots de radio y televisión, en breves monólogos dirigidos a la población en general.

Andrés Manuel López Obrador heredó este marco legal y los usos y costumbres de Calderón y Peña Nieto, aunque él ha preferido leer su mensaje el mismo 1 de septiembre, desde Palacio Nacional y ante grupos reducidos de funcionarios públicos.

Además, el presidente decidió dar cuatro informes al año: uno en abril, otro cada 1 de julio para celebrar su triunfo electoral, el del 1 de septiembre y uno más cada 1 de diciembre al cumplirse un año más de gestión.

De manera que el próximo jueves, López Obrador rendirá al mismo tiempo su cuarto informe de gobierno legal y el 15 informe al pueblo.

En los hechos, con su presencia permanente a través de las conferencias mañaneras, López Obrador ha logrado que cada día sea “el día del presidente”.

Y sus informes, los legales y los populares, suelen ser un gran resumen de las mañaneras recientes.

Actos de propaganda, más que de auténtica rendición de cuentas. Así ha sido desde hace muchos años, así sigue siendo y, por lo visto, así seguirá ocurriendo durante muchos años más.