Hay al menos 57 aspirantes de Morena a las nueve gubernaturas que estarán en disputa en 2024, preparados para emprender campañas adelantadas e ilegales en busca de las candidaturas

Por Ernesto Núñez Albarrán / @chamanesco

En las calles de nueve estados del país han comenzado a aparecer las fotografías de políticos en anuncios espectaculares que promocionan revistas que no existen; sus nombres -a veces convertidos en hashtags- son pintados en bardas o impresos en folletos y volantes que se reparten en mercados, autobuses y plazas públicas. Sus redes sociales rebosan mensajes en los que presumen su trayectoria, su compromiso con la “transformación” o su cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La guerra de bardas y espectaculares anuncia la contienda por las candidaturas de Morena en las entidades donde habrá elecciones por la gubernatura: Clara contra Harfuch, Mier contra Armenta, Manuela contra Sasil, Margarita contra Rabindranath, May contra Osuna, Nahle contra Gutiérrez Luna…

La lista de aspirantes es larga, pues al menos 57 políticos militantes de la llamada “cuarta transformación” quieren -creen que pueden- ser abanderados del lopezobradorismo y gobernar su estado.

El caso más absurdo quizás sea el de Cuauhtémoc Blanco, quien gobernó de la patada Cuernavaca y, aun así, fue adoptado por López Obrador como candidato del PES en las elecciones de 2018, y ahora -purificado por su registro como militante de Morena, aunque con resultados igualmente desastrosos como gobernador- busca participar en la encuesta para abanderar al “movimiento” en la Ciudad de México.

Pero en el desfile de “mini corcholatas” hay de todo: la ex directora de la Lotería Nacional, el ex director de Fonatur, la secretaria de Energía, el procurador federal del Consumidor, el director del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, la auditora fiscal del Servicio de Administración Tributaria, el secretario general del INFONAVIT, delegados de Programas del Bienestar, senadores, diputados, presidentes municipales, funcionarios de gobiernos estatales y parientes, como Manuela Obrador, quien podría pasar de prima a gobernadora de Chiapas.

La convocatoria

La contienda tiene meses, pero este lunes será formalizada por la dirigencia nacional de Morena, cuando el dirigente Mario Delgado dé a conocer la convocatoria para la selección de las “coordinaciones de defensa de la transformación” en las nueve entidades donde se elegirán gubernaturas en 2024.

De las seis, Morena gobierna actualmente seis: Ciudad de México, Chiapas, Morelos, Puebla, Tabasco y Veracruz. Y es oposición en tres: Guanajuato y Yucatán (gobernados por el PAN), y Jalisco, una e las dos entidades gobernadas por Movimiento Ciudadano.

Según se ha adelantado, la convocatoria de Mario Delgado establecerá un plazo para registrarse como aspirantes, del 25 al 26 de septiembre, por lo que es previsible que sea en octubre cuando las llamadas “mini corcholatas” lleven a cabo sus recorridos estatales y sus asambleas informativas, emulando lo ocurrido a nivel nacional en el proceso del que resultó electa Claudia Sheinbaum.

El proceso será, como ocurrió a nivel nacional, un abierto desafío a la legislación electoral, pues en todos los nueve estados las precampañas deberían arrancar hasta el mes de noviembre, pero es previsible que la violación a la ley por parte de los partidos Morena, PT y PVEM, y sus aspirantes, tenga las mismas consecuencias que en lo nacional: ninguna.

Más bien, los procesos terminarán siendo imitados por las candidatas y candidatos del Frente Amplio, donde también se perfilan ya competidores, aunque con severos problemas para concretar las alianzas en lo local.

Como también ocurrió a nivel nacional, los Organismos Públicos Locales Electorales de las nueve entidades en cuestión se llenarán de quejas y denuncias, y serán rebasados por la carga de trabajo, la presión política y sus problemas presupuestales. Cuatro de las nueve entidades han aparecido en el informe que realiza el INE sobre la situación financiera de los OPLE con riesgo alto o medio: CDMX, Morelos, Jalisco y Puebla.

La gran duda es si los OPLE terminarán generando lineamientos similares a los que se emitieron en el INE para tratar de contener a los aspirantes a la Presidencia de la República, y si serán capaces de crear mecanismos de fiscalización de estas campañas adelantadas que, desde hace meses, están implicando un gasto millonario.

Basta viajar a Puebla para ver las carreteras y avenidas tapizadas con espectaculares del diputado Ignacio Mier y el senador Alejandro Armenta. O pasear por el Periférico de la Ciudad de México, para encontrarse con decenas de anuncios de una revista llamada P4TRIOTAS, que hace meses entrevistó a la ex alcaldesa de Iztapalapa y aún sigue promocionando la venta de sus ejemplares.

Es previsible que los las quejas y denuncias en contra de las “mini corcholatas” rebasen a los OPLE, lleguen a los Tribunales Electorales de los estados y terminen en las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Todo ello implicará tiempo, recursos humanos y presupuesto, pero puede anticiparse que quienes compitan terminarán por no rendir cuentas, ni de sus gastos, ni de sus actos anticipados de campaña.

Haber permitido que se adelantaran los tiempos a nivel federal, haber tolerado lo ilegal con resoluciones aprobadas por la mayoría de consejeros y magistrados electorales, seguirá teniendo consecuencias.