Hace un año, una comunidad entera del norte de Guatemala fue desalojada por el ejército y la policía. El desplazamiento forzado ha servido para unir a todas las poblaciones de la región en un reclamo y lucha legal por la certeza sobre la propiedad de sus tierras. El caso podría resolverse a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y determinar legalmente que las comunidades tienen una relación amigable con el medio ambiente

Texto y fotos: Arturo Contreras Camero

PETÉN, GUATEMALA.- “¿Queremos más desalojos?” Grita un hombre en el micrófono. A su alrededor, hombres, mujeres y niños, todos campesinos, responden: “¡No!”, . El grito resuena en dos países, en México y en Guatemala.

La multitud se reúne en territorio guatemalteco, pero a escasos 10 metros, entre la densa vegetación tropical y el reblandecido barro de la selva, está la línea fronteriza que divide ambas naciones.

Este tramo de frontera, antes desolado, es ahora el hogar de 450 personas que solían habitar la comunidad de Laguna Larga, en el departamento de Petén, al norte de Guatemala. Hace un año que viven aquí, en un improvisado campamento de refugiados; hace un año que esperan que solo temporal.

Entre la multitud, no sólo responden los habitantes de Laguna Larga. También hay unos 250 ejidatarios que representan a otras 60 comunidades de las regiones de Laguna del Tigre y de la Sierra del Lacandón, también en Petén.

La reunión conmemora el desalojo de hace un año, a manos del ejército y la policía guatemalteca. Sin embargo, cuando le preguntas a la gente, algunos dicen que están ahí para celebrar. Algunos lo dicen porque no conocen otra palabra, otros, porque en verdad festejan la lucha que desde hace un año ha sostenido la comunidad de Laguna Larga.

Y es que los esfuerzos que los han mantenido unidos como pueblo en la línea, y el apoyo que les han brindado diversas organizaciones de derechos humanos de México y Guatemala, podría ser la punta de lanza para garantizar la permanencia y propiedad de las tierras en las que todavía habitan miles de personas.

Actualmente, los abogados que los representan están luchando por llevar el proceso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mientras que intentan negociar un plan de permanencia y desarrollo integral para miles de personas.

Las tierras en discordia

La región norte del Petén es considerada una reserva natural protegida desde 1989, por lo que no admite asentamientos humanos ni explotación agraria o ganadera, sin embargo, asentamientos de este tipo han residido ahí desde varios años antes de que fuera declarada como área protegida.

Para atender estos pueblos, el gobierno desarrolló unos convenios de ocupación; un trato en el que le decían a la gente cuánta tierra podían ocupar y dónde podían sembrar. Tenían una duración limitada, y debían ser refrendados por el gobierno y por la comunidad.

Los pobladores de Laguna Larga cuentan que cuando los representantes de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, autoridad encargada de gestionar los convenios, llegaban al pueblo para renovar la concesión, la gente se ponía de fiesta y cocinaba un festín para recibirlos.

Sin embargo, las comilonas no duraron para ser tradición. La apertura del mercado de Bonos de Carbono cambió los planes del gobierno guatemalteco sobre la reserva ecológica del norte del Petén.

Guatecarbón, el proyecto estrella en la región, prevé reforestar 500 mil hectáreas de la zona natural protegida y así obtener un millón de créditos de carbón que, hasta el año pasado, tendrían un valor de mercado mínimo de 3.84 millones de dólares. Así lo explica un reportaje, “Laguna larga, un desalojo en nombre de la naturaleza” del medio guatemalteco Plaza Pública.

En el proyecto Guatecarbon, explica el mencionado reportaje, colaboran la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (Conap), las organizaciones ambientalistas Wildlife Conservancy Society y Rainforest Alliance, y la Asociación de Comunidades Forestales de Petén (Acofop). Así como el apoyo financiero de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros. “Incluso el actor Leonardo DiCaprio defendió el proyecto en su cuenta de Instagram.”

En resumen, Guatecarbon funciona así: “A cambio de reducir la tasa de deforestación en un área de 500 mil hectáreas de la reserva, dentro de la cual están Laguna Larga y El Reloj, los dueños del proyecto obtendrán créditos de carbono que pueden vender en el mercado internacional. Los compradores son empresas o gobiernos de países contaminantes que buscan borrar su huella ambiental y climática apoyando estos proyectos”.

En otras palabras, Guatemala conservaría de forma impecable la región del Petén, a costa de las comunidades de la región, para que otros países o empresas contaminen sin culpas.

De acuerdo con el mismo reportaje, además, se espera que durante los 30 años en los que se proyecta Guatecarbón, se generen otros 38 millones de bonos, cuyo valor bursátil irá subiendo año con año.

El proyecto Guatecarbon, clasifica a las comunidades de la región en tres grupos: las que tienen un convenio con el Conap, los asentamientos reconocidos pero que representan un problema de gobernabilidad y las no reconocidas, que, por tanto, son ilegales. Según un documento obtenido por Plaza Pública, Laguna Larga es una de ellas.

El departamento de Petén equivale al 32 por ciento del territorio de Guatemala –es el más grande del país– y el 60 por ciento de dicho departamento es área natural protegida. En otras palabras, la reserva ecológica en la que habitan estas 60 comunidades representa casi el 20 por ciento del territorio de la nación.

El proceso en contra

Parece que la estrategia para desalojar esas tierras inició desde 2005, cuando el ministerio público de Poptún, una de las municipalidades de Petén, abrió una carpeta de investigación en contra de las más de sesenta comunidades que habitan la reserva por usurpación de tierras, lo que abría la puerta a los desalojos. Pero ninguna de ellas fue notificada.

Sólo hasta cuatro años después, en 2009 las comunidades se enteraron del proceso. Y “coincidentemente” se aparejó una ola de criminalización en su contra. De la noche a la mañana habían pasado de ser campesinos que vendían su producción agrícola en México, a narcomadereros, narcoganaderos, así como colaboradores del tráfico de armas y personas.

Las comunidades se tuvieron que articular ante el desalojo, latente y cercano. Casi todas desarrollaron una estrecha dinámica, sin embargo, Laguna Larga, por ser una de las más lejanas, quedó al margen de la vinculación, cuenta Enrique Vidal Olascoaga, de Voces Mesoamericanas, una de las organizaciones de Derechos Humanos que ha acompañado el proceso de desalojo de la comunidad.

La lejanía y el hecho de que Laguna Larga se encuentra en una de las zonas de amortiguamiento del área natural protegida hizo parecer la amenaza del desalojo una ficción lejana.

Pero era todo lo contrario. En 2016, las comunidades supieron que el ministerio público de Poctún, donde se había abierto la averiguación previa, ya tenía un calendario de desalojos programados. El primero en la lista era Laguna Larga.

El Bufete Jurídico de Derechos Humanos, encabezado por el abogado Edgar Pérez, que defiende a todas las comunidades en el proceso judicial, interpuso un amparo a favor de Laguna Larga, y con ello se fue difiriendo el desalojo, pero, finalmente, el primero de junio de 2017 un juez lo rechazó.

El desalojo, el día y la memoria

Aquel primero de junio, antes de la noticia, la comunidad no estaba muy angustiada, todos creían que ya tenían el amparo en la bolsa. “Estábamos esperando la última palabra del juzgado, para saber si ganábamos o perdíamos. Nadie creía que nos iban a desalojar, al menos en mi familia. Ellos se fueron hasta el medio día a sembrar chihua, que es como le dicen acá en México a la pepitoria”, dice Carmen Mejía mientras señala a la derecha, donde le queda la frontera.

“Como por ahí del medio día oímos que nos llamaban a sesión en el pueblo. Mi hermano se levantó y dijo ‘vamos’. Y nosotras, mi hermana y yo, fuimos a escuchar también, pero antes habíamos pasado a la laguna, porque ahí nos bañábamos”.

“Nosotros no teníamos nada arreglado, y cuando fuimos llegando a las casas del centro, vimos que la gente tenía todas sus cosas en la calle, con cara de espantados. ¿Y qué?, les digo, ¿por qué están con esas caras de espantados? ‘Aquí ya no tenemos nada’, me respondieron, ‘ya no, dicen que ya no tenemos nada’”.

En ese instante, Carmen salió corriendo a empacar todo lo que pudo. Principalmente ropa. Su hermano, que había estado sembrando desde las 6 de la mañana cargó sus bestias con costales de maíz y emprendieron camino al monte, rumbo a la montaña.

Ese día empezó a llover a las cuatro de la tarde. Cuando llegaron a la línea fronteriza entre los dos países la zona parecía un montarral, como le dice Carmen; es decir, un monte lleno de matorrales.

“Nos entró la noche jalando cosas. Y el agua no se quitaba. Y nosotras sentadas aquí, ya, bajo la lluvia”.

“A eso de las 6, cuando arreció el aguacero, me dijo mi niña: ‘tengo sueño mamá, y tengo frío’, y se me acostó en el regazo. Me recuerdo que una señora, una amiga de aquí, vino a poner su media chambrita así como una carpita. Nos dijo pásense para acá, tal vez se detiene un poco más el agua. Entonces mi niño se me recostó en una pierna y ahí pasamos toda la noche del primero, sin dormir”.

A las 10 de la mañana del día siguiente, el 2 de junio, llegó el Grupo Beta del Instituto Nacional de Migración de México, un equipo que brinda ayuda humanitaria en el camino a migrantes. También llegó la gente de El Desengaño, una comunidad a pocos metros de la frontera, del lado mexicano.

“Ellos fueron los primeritos que nos auxiliaron, los mexicanos. De mi país nada, ni porque ellos nos habían sacado”, cuenta Carmen un año después, mientras borda una manta junto con otras mujeres. En ella se lee ‘Fuerza y resistencia, volveremos’.

La desesperanza alcanzó el clímax la noche del 2 de junio de 2017. Seguía lloviendo y con los naylos, como le dicen a los plásticos y lonas, la gente apenas se las había arreglado para hacer unos refugios precarios. Entonces, empezaron a escuchar unos zumbidos.

El ejército, para ese momento ya había alcanzado la aldea, y usaba motosierras para derribar las casas de palma y troncos de Laguna Larga. Después, a lo lejos, un fulgor naranja iluminó el cielo plomizo. Columnas de humo se alzaban a lo lejos. El fuego de los militares consumía los recuerdos y el patrimonio de cientos de personas.

Ana María Pérez está sentada junto a Carmen. Bordan la misma manta. No levanta la cara, mientras habla pausadamente, como tentando las emociones que le brotan para no romper en llanto.

“Realmente nosotros cuando llegamos a Laguna Larga no teníamos nada, nosotros trabajamos muy duro, muy duro para tener lo que teníamos. Nosotros íbamos a chapiar (limpiar el monte), nosotros íbamos a sembrar. Regresando de la escuela, la mayoría de nuestros padres nos enseñaban a hacer todo eso.”

“Para hacer nuestras casas, a nosotros el gobierno nunca nos regaló nada, tuvimos que trabajar, sembrar, cultivar la tierra. Salíamos al Desengaño con el lodo hasta las rodillas a vender chihua, maíz, frijol, lo que lográbamos cultivar para hacer lo poquito que teníamos. Algunos teníamos casas de lámina, porque ya teníamos muchos años de vivir ahí. Fue triste cuando nos enteramos de que la aldea había sido arrasada hasta con fuego.”

En ese momento levanta la vista y ve hacia el resto del campamento que les ha servido de refugio desde hace un año. Sus manos no dejan de bordar. “Es triste porque hasta el día de hoy ver entre el lodo y los charcos que hay aquí… así tienen que andar los niños. Lo que le digo a muchos compañeros es que mientras muchos de nuestros gobernantes (viven) en palacios, nosotros (estamos) sufriendo todo esto sin tener ningún delito. Lo único que hemos hecho es trabajar y luchar por lo que tenemos.

La lucha con esperanza

“En un inicio, estábamos peleando por que el Estado de Guatemala reconsiderara la decisión sobre el desalojo de la comunidad de Laguna Larga, sin embargo, eso no funcionó”, explica Edgar Pérez, abogado del Bufete Jurídico de Derechos.

“Las cortes nacionales no han terminado de resolver ese problema, por lo que hubo necesidad de irse al sistema interamericano por la emergencia en la que está la comunidad”, dice el abogado en entrevista.

En Mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares en las que pedía se atendiera la emergencia humanitaria en la que vivía la comunidad de Laguna larga, pero desde ese mes hasta hoy, dichas medidas no se han cumplido, por lo que espera acudir de nuevo ante esta instancia.

“Principalmente se ha pasado por alto la de dar una vida digna a la comunidad. Tampoco se ha tomado en cuenta a la comunidad para tomar decisiones de Estado, ya sea sobre su reubicación o sobre su retorno”, explica Edgar Pérez.

Como las autoridades de justicia locales no han podido resolver las demandas que la defensa legal hace al Estado, entonces se espera contar con la anuencia de la CIDH a un plan alternativo que la defensa de Laguna Larga plantea como solución al conflicto.

En resumen, el plan alternativo es una propuesta que nace desde las comunidades y busca esencialmente cuatro objetivos: la certeza sobre el territorio de las más de 60 comunidades, su desarrollo económico, que se reconozca su relación amigable con el medio ambiente y que cese la ocupación militar en la zona.

Si Laguna Larga obtiene un fallo positivo, ya sea de la Comisión o de las autoridades nacionales, ello sentaría un precedente positivo para el resto de las comunidades amenazadas.

Por otro lado, existe la petición de reubicar a la gente de la comunidad en su lugar de origen de manera temporal, en lo que se desahoga otro juicio por violación a un desalojo con debido proceso.

En este caso, la carpeta de investigación que se lleva en contra del resto de las comunidades perdería fuerza, lo a éstas que les vendría bien.

Es por ello que el 2 de junio de 2018, en el campamento fronterizo de Laguna Larga se celebra un año de lucha. Se celebra, y se conmemora.

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