Las personas jornaleras agrícolas hacen posible que el resto del país nos alimentemos. Sin embargo, más de tres millones de trabajadoras y trabajadores del campo enfrentan condiciones precarias, salarios bajos, riesgos laborales y exclusión de los servicios de salud y protección social

Por Oxfam México

Ermelinda, una mujer me’phaa bathaa originaria de Santa María Tonaya, Tlapa de Comonfort, ha trabajado en el campo, bajo el sol, desde los 13 años. Muchas mujeres trabajadoras como ella se encuentran en extrema pobreza: según datos del Coneval, en el 2022 por lo menos 470,200 personas jornaleras se encontraban en extrema pobreza. En este mismo sector, por lo menos el 92% de la población realiza su labor sin acceso a seguridad social.

Las personas jornaleras agrícolas en México son esenciales para la seguridad alimentaria del país, no obstante, su situación es de vulnerabilidad extrema. A pesar de los avances en derechos laborales en otros sectores, la seguridad social sigue siendo un derecho inalcanzable para más de tres millones de trabajadoras y trabajadores del campo, quienes enfrentan condiciones precarias, salarios bajos, riesgos laborales y exclusión de los servicios de salud y protección social.

El panorama es aún más crítico para las mujeres jornaleras, especialmente aquellas migrantes e indígenas, quienes además de enfrentar discriminación de género y bajos salarios, trabajan en condiciones que ponen en riesgo su salud y la de sus familias. La carga de trabajo no remunerado que asumen –como el cuidado de hijas e hijos en entornos sin infraestructura adecuada–, sumada a la exposición a sustancias tóxicas y la falta de acceso a licencias de maternidad, las coloca en una posición extrema de precarización.

Un sistema que ha excluido a una población laboral por años

El actual esquema de seguridad social en México ha fallado en adaptarse a la realidad de las personas jornaleras. La falta de registros laborales formales, la intermitencia del empleo y la movilidad de estos trabajadores han generado un sistema excluyente que deja sin cobertura a quienes más lo necesitan. A esto se suma la evasión de las responsabilidades patronales, pues muchos empleadores registran de manera parcial o nula a sus trabajadores en el IMSS, privándoles de prestaciones básicas como atención médica o retiro.

Las mujeres jornaleras enfrentan barreras adicionales: la falta de acceso a servicios de salud adecuados durante el embarazo y la inexistencia de estancias infantiles en los campos agrícolas. Testimonios como el de Rosalba, una mujer originaria de la comunidad de Joya Real, municipio de Cochoapa el Grande que trabaja en la pizca en Baja California, muestran esta realidad: “Seguía trabajando casi hasta el final [del embarazo], tenía que cargar una cubeta de 20 litros de jitomate. Apenas el año pasado empezaron a dar incapacidades, pero a mí no me tocó nada de eso”.

¿Cómo garantizar la seguridad social para las jornaleras?

La Alianza Campo Justo propone algunos criterios para crear un modelo de seguridad social adaptado a la realidad jornalera basado en tres pilares fundamentales:

1. Un esquema diseñado con la participación de personas jornaleras, similar al modelo de trabajadoras del hogar, que considere sus condiciones laborales, migración interna y diversidad étnica, entre otros factores.
2. Acceso pleno a las cinco ramas de seguridad social, con énfasis en salud, maternidad y cuidados, garantizando atención médica oportuna y estancias infantiles.
3. Mecanismos de cobertura flexible, que reconozcan la discontinuidad del trabajo agrícola y permitan acumular semanas cotizadas sin depender de la inscripción irregular de los empleadores.

En este sentido, México tiene una deuda histórica con las personas jornaleras. Sin acceso a seguridad social, estas trabajadoras y trabajadores quedan a merced de la informalidad y la explotación. Si el actual gobierno ha reconocido la importancia de la población jornalera en el plan de gobierno 2025-2030, entonces es momento de garantizar que quienes sostienen la producción agrícola tengan los mismos derechos que el resto de la población trabajadora. Para lograrlo, es crucial fortalecer la inspección laboral, sancionar a los empleadores que evaden sus responsabilidades y garantizar que el Estado implemente políticas con enfoque de género e interculturalidad.

Algunas acciones inmediatas por parte del Estado podrían ser:

• Crear un registro nacional de jornaleras y jornaleros para asegurar su acceso a seguridad social.
• Adaptar el modelo de seguridad social de trabajadoras del hogar al sector agrícola
• Fortalecer la inspección laboral en campos agrícolas con perspectiva de género
• Implementar estancias infantiles en los lugares de trabajo para garantizar derechos de maternidad

Estas acciones deben acompañarse de políticas públicas con enfoque de género e interculturalidad, asegurando que las mujeres jornaleras no queden fuera de los beneficios. El acceso a la seguridad social no puede depender de la voluntad del empleador, sino de un compromiso del Estado con quienes sostienen el campo mexicano. Las mujeres jornaleras agrícolas no pueden seguir siendo invisibles en las políticas públicas. Sin ellas, el campo mexicano no funciona. ¿Cuánto más deberán esperar las mujeres jornaleras para que se les reconozca como lo que son: trabajadoras con derechos?