La campaña electoral de este 2021 ha sido plena en descalificaciones, denuncias por violación de leyes y golpes bajos, sobre todo de las autoridades electorales. Y en esta batalla de lodo juegan, felices, la mayoría de los medios de comunicación tradicionales.

Alberto Nájar

Solía ser una fecha esperada por muchos periodistas: ese día México se dedicaba a festejar la Libertad de Expresión

Se hacía de manera bizarra. Los gobiernos locales y algunas cámaras de empresarios convocaban a los comunicadores a un desayuno donde, además del jugo de naranja y chilaquiles, entregaban obsequios y organizaban rifas para los agasajados.

La costumbre está casi extinta, pero todavía prevalece, sobre todo fuera de Ciudad de México.

En todo caso la fecha se convirtió en evidencia de la cercanía de la prensa con el poder. En casos extremos, un emblema de sumisión.

El símbolo regresará este 2021. El próximo 6 de junio hay votaciones intermedias en el país, las más grandes de la historia, para elegir a poco más de 21 mil candidatos de diversos cargos.

La campaña electoral ha sido intensa, plena en descalificaciones y golpes bajos.

Paradójicamente los más fuertes provienen del árbitro electoral que se desnudó por completo, y abiertamente se puso al lado de una de las dos grandes coaliciones en la contienda.

El Instituto Nacional Electoral (INE) canceló decenas de candidaturas del partido en el poder, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

También modificó las reglas para asignar curules de representación proporcional en la Cámara de Diputados; esto con el argumento de frenar que algún partido tenga una mayoría que no le corresponde.

Es una vieja demanda promovida por la izquierda y que siempre fue rechazada… hasta ahora, cuando según las encuestas Morena tiene amplias posibilidades de repetir su victoria de 2018.

Las decisiones fueron avaladas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que se unió al INE en sus desnudeces.

Y lo son porque mientras el árbitro electoral aplica mano dura y fiscalización extrema al partido en el gobierno, no hace lo mismo con el resto de los actores de la contienda.

Por ejemplo, el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro se ha dedicado a promover programas sociales, entregar regalos -desde tinacos hasta lavadoras- y hablar abiertamente del proceso electoral.

O el senador con licencia Samuel García, candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de Nuevo León. En entrevistas y sus redes sociales presume que ha invertido más de 20 millones de pesos en lo que va de su campaña; esta cantidad que viola las leyes electorales del estado.

Dos casos muy visibles, que representan sólo una pequeña muestra de las denuncias por amenazas, dispendio de recursos y abierta intromisión de autoridades locales y empresarios en la contienda.

A ellos no les miran el INE y el TEPJF. De hecho, mantienen un extraño silencio. Y con ello no sólo fortalecen la hipótesis de que juegan de un lado, sino que alimentan una creciente ola de inconformidad en el país.

No son pocos los que advierten desde ahora un conflicto post electoral. Pero son más los que creen que las autoridades electorales serán, como ahora, parte del problema.

En tal escenario poco ayuda el papel de la mayoría de los medios de comunicación, lejanos al papel que debe ejercer el periodismo. 

Por ejemplo, otorgaron una cobertura minuciosa y detallada, como si fuera un evento histórico y extraordinario, al proceso para cancelar la candidatura a Félix Salgado Macedonio, postulado por Morena al gobierno de Guerrero. Y al mismo tiempo conceden espacios mínimos -cuando lo hacen- a las denuncias por violación de leyes electorales en algunos estados; por ejemplo Jalisco o Nuevo León.

Un papel que no les es desconocido, porque hicieron lo mismo en otros controvertidos procesos electorales como el de 1988.

Con matices; porque a diferencia de esos años –cuando su tarea de convalidar fraudes electorales rindió frutos–, ahora la mayoría de las encuestas -algunas patrocinadas por esos medios- advierten de una especie de blindaje de los electores a sus intentonas.

El presidente López Obrador mantiene el respaldo de entre 58 y 60 por ciento de los mexicanos.

Y el escenario para su partido, Morena, es que podría ganar la mayoría de las gubernaturas y diputaciones federales en disputa.

Los datos reales empezarán a conocerse al anochecer del 6 de junio, si no hay imprevistos. Quedarán más claros el 7 de junio.

Más allá de los números, lo cierto es que ese día será evidente el papel de la mayoría de los medios de comunicación en la contienda.

Una especie déjà vu, el regreso a los días de ignominia y sumisión de una parte de la prensa.